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Cuidar la caja

Dicen los directores financieros de las empresas que la cuenta de resultados es una opinión mientras que la caja es un hecho. Las famosas PyG’s lo aguantan casi todo en el papel. Son como una fotografía borrosa de previsiones sobre la que luego opinan auditores internos y externos, dando finalmente su visto bueno, con o sin salvedades. Pero lo que precipita el cierre de una empresa no es tanto el desequilibrio en el cumplimiento de sus cuentas como la falta de liquidez. Es el dinero existente en la caja el principal indicador del estado de salud financiero de toda institución. Los Presupuestos de la Comunidad no son formalmente distintos a los de una empresa. Aunque se proyectan para mantener los servicios públicos y la Administración regional al servicio de la ciudadanía, que es una diferencia de fondo sustancial, se basan también en proyecciones de gastos e ingresos con alto grado de incertidumbre. Una vez aprobados son revisados por el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Independiente Fiscal y Financiera (Airef), que acaba de opinar sobre la marcha de nuestras finanzas públicas.

Según cree la Airef, cuatriplicaremos en 2016 el objetivo de déficit, asignado injustamente por igual a todas las comunidades (ricas y pobres, bien y mal financiadas), lo que, sumado a la deuda pública, suscita riesgos en el medio o largo plazo para nuestra sostenibilidad financiera. Es solo una opinión, la de un organismo independiente, aunque sin duda tiene su peso. La ventaja del sector público es que el Estado hará lo que sea para evitar la quiebra de cualquier Comunidad (detrás de los números hay personas y servicios esenciales), pero a cambio del cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Es razonable la exigencia a Murcia del ministro Montoro, el único que no está en funciones porque el Ejecutivo europeo no lo está, de que la Comunidad pague en tiempo a quienes compra o contrata. Tan importante como el cumplimiento del déficit es el pago a los proveedores en el plazo fijado por ley (30 días), lo que obligará al consejero Andrés Carrillo a preparar un plan de tesorería que reduzca a la mitad la demora media (52 días). Si continuamos con un alto déficit el crecimiento económico será inestable, no se podrán bajar impuestos, perdurará el fantasma de nuevos ajustes, se tardará más en invertir en obra pública, se ahuyentará a los inversores porque percibirán una Administración poco fiable y se dejará una deuda mareante. Lo difícil es hacerlo cuando ya apenas hay grasa y se toca hueso, o acometerlo a un ritmo que puede ser asfixiante para los ciudadanos y los servicios públicos. Todo es más complicado si además la Administración tarda en pagar más allá de lo razonable y lo legal, porque continuará metiendo en serios apuros a las empresas proveedoras, muchas de las cuales cerraron en estos años de crisis porque, si bien en sus cuentas se preveían ingresos suficientes, en sus cajas había solo telarañas a causa, frecuentemente, de los retrasos de las administraciones públicas.

El problema no tiene hoy las dimensiones de los años más duros de la crisis, pero no todos los proveedores tienen la misma capacidad de resistencia en este contexto económico de ralentización. El plan de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica, dos de los aciertos en el particular balance del controvertido ministro, aún son imprescindibles porque a corto plazo seguirá sin modificarse el modelo de financiación autonómica que perjudica a la Región. Al consejero Carrillo no le va a resultar fácil cumplir con los dictados del Ministerio de Hacienda, habida cuenta además de que las enmiendas de la oposición han descuadrado parte de los Presupuestos y debe ajustar a pulmón, esto es, con mejor gestión y reformas, sin recortes del gasto público y facilitando medidas de activación económica que mutipliquen los ingresos. De hecho, ya ha solicitado audiencia urgente con Montoro para advertirle de que no podrá hacer lo que le pide: la no disponibilidad de nuevo gasto, un techo para el gasto farmacéutico y un plan económico-financiero que debe presentarse en quince días. En el tiempo de descuento, el mismo ministro que fue muy laxo antes del año electoral, porque había muchos votos en juego, ha sacado el látigo, uno muy parecido al que Bruselas descarga sobre él en los últimos días.

Las claves de la actualidad analizadas por el director editorial de La Verdad

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