Empieza a ser entre penosa e indignante la insistencia de C’s en que las facturas irregulares fueron producto de un error administrativo cuando está constatado que hubo una orden política para manipular fechas y conceptos y así pagarlas a través de la Asamblea. No son facturas falsas porque los servicios se prestaron, pero se roza el supuesto de falsedad en documento mercantil. Se alega inexperiencia, pero hablamos de un partido fundado en 2006 e integrado en Murcia por dirigentes que, en algunos casos, pasaron por una e incluso dos formaciones diferentes en los últimos cinco años. Que son abogados o economistas desde hace mucho más tiempo, pero no leyeron ni la Loreg ni el reglamento del Tribunal de Cuentas. Empiezo a dudar si el Código Penal también. Aquí hay o mucho cuento o una insolvencia política descomunal. Puede que ambas cosas.