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Contratos bajo la lupa

Hay muchos desafíos urgentes para recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Ya no basta con que los gobernantes tengan los bolsillos de cristal, como dijo en su día el alcalde Tierno Galván. Un reto acuciante, como apuntó el Consejo Económico y Social de España, es acabar con la corrupción en la contratación pública. «Socava las instituciones, provoca desafección ciudadana respecto a los poderes públicos y, en última instancia, pone en cuestión el Estado de Derecho», subrayó el CES, al dictaminar sobre el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del sector público, presentado el pasado año por el Ministerio de Hacienda y hoy en vía muerta por el parón legislativo causado por las elecciones. El objetivo del equipo de Montoro era adaptar la legislación nacional a dos directivas europeas para mejorar la eficiencia a través de la contratación electrónica, simplificar y abaratar los procedimientos, incluir en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación, y sobre todo, mejorar la transparencia de cara a evitar posibles casos de corrupción. El volumen de recursos que moviliza la contratación pública representa el 15,5% del PIB nacional, lo que explica que sea una de las áreas más propensas a las corruptelas. No solo por el volumen de dinero en juego sino también, según el CES, porque el margen de discrecionalidad de la administración contratante es muy elevado en las distintas fases del procedimiento de adjudicación. Uno de los objetivos del anteproyecto es restringir la fórmula de la contratación sin publicidad que, pese a ser excepcional, es hoy la más empleada por las administraciones públicas en España. Según datos de la Plataforma de Contratación, desde 2009 los contratos negociados sin publicidad superan ya a los adjudicados por procedimiento abierto, más transparentes por el anonimato de las ofertas, la publicidad de la licitación y la supervisión de una mesa de contratación.

Los legisladores nacionales y europeos han puesto la lupa en los contratos negociados sin publicidad porque, siendo útiles en situaciones de urgencia, limitan la libre concurrencia y tienen un importante componente a dedo que favorece los ‘dedazos’: son las administraciones las que designan a los licitantes, pudiendo reducir a tres el número de empresas que son invitadas a optar en base a un pliego y unas ofertas que no quedan bajo el control de una mesa de contratación, sino generalmente en manos de un cargo electo. Lo que la ley estipulaba para casos excepcionales, las administraciones públicas lo han convertido en la herramienta habitual para contratar obras que cuestan de 50.000 a 200.000 euros y servicios y suministros que oscilan entre 18.000 y 60.000 euros. Esa mayor opacidad y riesgo de arbitrariedades han supuesto en todo el país un coladero para el clientelismo o irregularidades que derivan en múltiples casos de presunta corrupción. Por citar un único ejemplo ahí está la rama de la ‘Púnica’ en la Región de Murcia, donde el juez investiga una contratación negociada sin publicidad por el Instituto de Turismo, al que se presentó la presunta trama con una oferta real y dos ‘fantasmas’. Este tipo de casos no son excepcionales, lo que no significa, como es lógico, que tras los miles de contratos públicos negociados sin publicidad haya conductas prevaricadoras. Que el alcalde de Cartagena, José López, se haya comprometido a reducirlos, a aumentar la transparencia, y a poner en marcha medidas para eliminar sospechas de favoritismo, es una decisión sensata y acertada tras su irreflexiva reacción inicial, con una catarata de insultos y amenazas, ante la publicación por este periódico de que el Ayuntamiento había adjudicado a una empresa de su primo hermano un contrato negociado sin publicidad, cuyo único criterio de adjudicación es el precio. Entonces, como ahora, nuestra opinión es que, pese a que el proceso se ajuste a la legalidad, resulta poco estético que la Concejalía de Contratación designe como licitante, por invitación, a una empresa de sonido de un familiar directo del alcalde para el montaje de exposiciones. Más aún en una Corporación donde, como ha venido informando este diario, en la etapa de Pilar Barreiro existió un abusivo uso de estos procedimientos opacos de contratación, lo que debería obligar a extremar la transparencia para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Es llamativo, por otra parte, el desconocimiento de muchos responsables municipales sobre los problemas legales que están originando en España los contratos públicos negociados sin publicidad, fundamentalmente aquellos que utilizan el precio como un único criterio de adjudicación. Numerosos ayuntamientos españoles, como el de Cartagena, siguen utilizando la fórmula de la subasta, en desuso desde la reforma de la ley en 2011, obviando el posterior proceso de negociación de las ofertas económicas, cosustancial a este procedimiento, como vienen reiterando numerosos órganos consultivos y tribunales administrativos. El resultado está siendo la nulidad de pleno derecho de muchas adjudicaciones en los tribunales. Es verdad que en algunos casos no cabe la negociación porque, como es fácil de comprobar, sencillamente se aceptan ofertas que rozan la baja temeraria.

La reforma de Montoro pretende pinchar el globo de los negociados sin publicidad con un nuevo procedimiento abierto simplificado, con una duración muy corta de contratación (un mes) y publicación obligatoria en internet. Pero no conviene hacerse demasiadas ilusiones sobre su eficacia en la lucha contra posibles corruptelas. Así lo cree el CES: «Esta reforma de la legislación no aborda este grave problema con la suficiente ambición y profundidad, desaprovechando la ocasión para introducir de manera transversal cuantas disposiciones, procedimientos y cautelas sean necesarios». El anteproyecto de ley, que sigue sin resolver los conflictos de intereses ni la protección de los empleados públicos frente a las presiones políticas, puede quedar a la postre en una mera declaración de intenciones si no cambia su redacción actual.

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