Corría 2010 y en plena crisis, la UE fijó límites al déficit público, conminando con mano de hierro al Gobierno de Zapatero a realizar ajustes estructurales. Llegó la reforma laboral, con la consiguiente primera huelga general de su mandato, la fusión de las cajas y su conversión en bancos, y la imposición de estrictos planes de control financiero a las comunidades y los ayuntamientos. Fue un año demasiado duro como para olvidarlo. La Comunidad Autónoma tuvo que emitir deuda para lograr liquidez y los recortes de gasto público del Gobierno de Valcárcel llevaron a la calle a los funcionarios murcianos en masivas protestas, mientras el paro engrosaba sus listas y crecían las colas ante los comedores sociales. La situación forzó un parón de las inversiones en infraestructuras, que castigó de pleno a las líneas del AVE en fase de construcción en todo el país. Aún así, el ministro de Fomento, José Blanco, tras reunirse con el presidente Valcárcel en octubre de 2010, ratificó el compromiso de que la alta velocidad llegaría a la Región en 2014. No solo eso. Habría estación del AVE en el aeropuerto de Corvera, como pidió Valcárcel, se impulsaría la autovía del bancal y por supuesto se relanzaría la variante de Camarillas. Lo sorprendente no es que nada de eso se haya cumplido. La historia de las infraestructuras de transportes en la Región, tanto antes como después de ese fatídico año, es un cadena de promesas, fechas y anuncios en Madrid y Murcia que no se han llevado a término. Lo que no cabía imaginar es que en esa época tan difícil para nuestra sociedad había quien en Murcia, Madrid y Alicante se estaba preparando, desde fuera del mundo de la política, para lucrarse a velocidad de vértigo con los tramos de la línea del AVE a la Región que comenzaron a adjudicarse en la Vega Baja.

El sumario de la ‘Operación César’, que ha conducido a la imputación de medio centenar de personas, entre ingenieros, constructores, administradores de empresas ‘fantasmas’, directores de banca y directivos de grandes adjudicatarias, es un paradigma de la corrupción más ruin. Diecisiete millones de euros procedentes de las arcas públicas fueron desviados de Adif entre 2010 y 2014 y acabaron presuntamente en manos de una trama corrupta que se enriqueció durante los años más duros de la crisis. Es una historia sórdida, con nombres y apellidos, que revuelve las tripas a cualquier persona con un mínimo de honestidad, pero que merece ser conocida porque cada euro desviado presuntamente de los fondos del AVE a la Región salió de los bolsillos de los ciudadanos. En lo más alto de esa trama organizada, según las investigaciones de la Guardia Civil y de Aduanas, aparece ni más ni menos que quien era el jefe de Infraestructuras de la línea del AVE al Levante, un septuagenario ingeniero llamado José Luis Martínez Pombo, decano de los colegiados en Castilla-La Mancha, quien aparentemente dedicó los últimos años de su vida profesional en Adif a prepararse una espléndida jubilación. Cuando las Fuerzas de Seguridad lo detuvieron el pasado mes de febrero en su piso de la calle Claudio Coello, en el barrio de Salamanca de Madrid, descubrieron que mantenía oculta en su vivienda y en cajas de seguridad de dos bancos una importante cantidad de dinero en efectivo (148.130 euros, 55.680 francos suizos, 44.978 dólares…). Las investigaciones de Hacienda revelaron que este exjefe de Adif se acogió a la amnistía fiscal de Montoro en 2012, justo cuando se habría producido el presunto desvío de fondos, para regularizar más de dos millones de euros en efectivo. Aún mantiene en un banco suizo una cartera de valores superior a los 400.000 euros y, por orden de la juez, los investigadores buscan en ese país el rastro de un millón de euros en cuatro cuentas a su nombre. Las unidades policiales del caso no encuentran justificación posible para semejante patrimonio, que se completa con numerosas fincas y viviendas en Beteta (Cuenca), Sevilla, Madrid, Toledo y Águilas.

No solo su abultado patrimonio le ha puesto bajo la lupa de la Justicia. Martínez Pombo firmó todos los acuerdos con el Juzgado de Aguas y la comunidad regantes de San Felipe de Neri para la reparación de las acequias afectadas por la línea de alta velocidad, así como todas las acreditaciones de gasto en las reparaciones realizadas por una pequeña constructora murciana, Obras Marimar, que presuntamente utilizó empresas ‘fantasmas’ para desviar con pagarés y facturas falsas más de siete millones de euros de obras ficticias. El dinero extraído en efectivo acababa, según la investigación, en manos de un ingeniero murciano a sueldo del Juzgado de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, quien frecuentemente viajaba a la finca de Cuenca donde el exjefe de Adif solía invitar a directivos de las adjudicatarias. El patrimonio del ingeniero residente en Murcia también se incrementó de forma espectacular en esos años en los que la principal preocupación de sus vecinos era cuándo llegaría el AVE y si lo haría soterrado a la estación de El Carmen.

El sumario de la ‘Operación César’ no es un caso aislado. El pasado mes de junio, la Guardia Civil practicó 14 detenciones y varios registros en Barcelona y Madrid, en una operación contra una red acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de 82 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de Barcelona. La investigación judicial tuvo su origen en una denuncia de Adif ante la Fiscalía. Junto al saqueo de las arcas públicas por tramas de funcionarios y empresas, la historia del AVE en España ha estado marcada por los sobrecostes y los modificados de obra que han disparado su factura total y ralentizado su ampliación a las principales capitales de provincia. Solo en la línea Madrid-Barcelona, el precio de los contratos adjudicados se disparó un 21% sobre la previsión inicial. El AVE, uno de los iconos de la modernidad de España, tiene también una cara sucia llena de historias ignominiosas.