Tras los acuerdos sobre el déficit y el salario mínimo, los populares han propuesto a los socialistas en Madrid un pacto por la justicia, que incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de los causas penales. Pero también para limitar la acusación popular en estos procesos, un asunto controvertido tras las supuestas extorsiones de Manos Limpias o por las sospechas de su utilización en no pocos sumarios de calado político como una defensa encubierta. Lo más sustancial es que PP y C’S, y puede que PSOE, parezcan de acuerdo en poner freno a la acusación popular de los partidos y sindicatos para romper con la imagen de la politización de la justicia. Como recordatorio conviene apuntar que Podemos y PSOE ejercen la acusación popular en el ‘caso Auditorio’ contra Pedro Antonio Sánchez, mientras el PP la ejerce en el ‘caso de los Ere’ contra Manuel Cháves y José Antonio Griñán. La reforma solo acertará si existe un amplio consenso político, se multiplica la plantilla de fiscales y se les garantiza su independencia.