No hubo que rascar mucho tras la brutal agresión de un portero a un joven en Murcia para comprobar el descontrol regulatorio sobre estos profesionales, por la falta de desarrollo normativo de una ley regional desde hace cinco años

La brutal agresión de un portero de un bar de copas a un joven que hoy se encuentra en coma en la UCI de La Arrixaca ha causado consternación esta semana en la Región. No hace falta tener un hijo de esa edad para sentir escalofríos ante un acto de semejante barbarie. El vídeo grabado por un testigo no refleja toda la película de los hechos, pero muestra inequívocamente quién es el autor de esa salvajada y quién es la víctima, abandonada a su suerte en mitad de la calle por el agresor y sus acompañantes. Cualesquiera que pudieran ser los motivos o las circunstancias previas jamás justificarían ese ataque contra una persona que hoy se debate entre la vida y la muerte en la cama de un hospital. Como periodista siempre he entendido que el tratamiento informativo de la violencia, ya sea terrorista, de género o callejera, no permite la equidistancia moral con quienes agreden y con quienes son agredidos. Cuando claramente están identificados los unos y los otros, no es aceptable establecer equivalencias factuales en el relato de los verdugos y en el de las víctimas, porque de lo contrario se es cómplice de los primeros y se daña la dignidad de los segundos. La búsqueda de la verdad obliga siempre a un retrato veraz de los hechos, pero eso no implica neutralidad con las víctimas, sino todo lo contrario. Ya sean guardias civiles, como los brutalmente agredidos en Alsasua (Navarra), o un joven taxista de Alcantarilla, cuya vida pende de un hilo por el puñetazo de un portero.

Delimitar las responsabilidades penales corresponde a los jueces, mientras que la obligación de los periodistas es profundizar en los hechos sin dejarse llevar por reacciones irracionales de aplauso fácil en las redes sociales. Ni todos los porteros de los locales de noche son malas bestias de instintos violentos ni las empresas del ocio nocturno que los contratan son desalmados irresponsables. (Muy probablemente jamás habría escrito este artículo ni ningún otro si un gigantesco portero llamado Tibi no hubiera cumplido con su trabajo aquella noche de 1983, impidiéndome de buenas formas, pero taxativamente, el acceso a la discoteca Alcalá 20 a falta de una hora para su cierre).

No hubo que rascar mucho tras el suceso acaecido el pasado fin de semana en Murcia para comprobar que existe descontrol en la regulación de las funciones y criterios de selección de estos profesionales, cuya responsabilidad pública directamente recae en la Administración regional. Han pasado cinco años desde que la Comunidad aprobó la ley de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia. Se trata de una norma fraguada en caliente, como en otras regiones, a raíz del homicidio del joven Álvaro Ussía a manos de un portero de discoteca en Madrid. La Comunidad madrileña puso en marcha su propia norma y la desarrolló, obligando a superar unas pruebas de aptitud a quienes controlan los accesos a los locales nocturnos. Exigencias similares figuran en la normativa murciana, pero el Gobierno regional no la ha desarrollado un lustro después, lo que ha dejado sin efecto el cumplimiento de los requisitos exigibles a estos profesionales de la noche. A lo más que se ha llegado en la Región es a la apertura de 29 expedientes sancionadores a raíz de denuncias por distintos motivos. La propia Asociación de Empresas de Seguridad de la Región (Aresmur) denuncia cómo este vacío legal favorece la actividad de grupos organizados que ofrecen personal de seguridad a pubs, discotecas y prostíbulos. La consecuencia de esa dejadez normativa es que hoy, según Aresmur, solo un 10% de locales nocturnos contaría con vigilantes que han superado todo tipo de pruebas tras una formación reglada por el Ministerio del Interior. La propia Asociación Profesional de Porteros de Discoteca de la Región también alerta de los efectos negativos del actual limbo jurídico, por la existencia de esa ley que no se cumple porque falta su desarrollo. El único responsable penal de la agresión a Andrés será quien determine el juez, pero solo desde una impúdica adulación acrítica se podría pasar por alto que el Gobierno regional está incurriendo desde hace cinco años en un flagrante incumplimiento de su responsabilidad política, que es lo que debe denunciar un medio de comunicación que está al servicio de sus lectores, a fin de que la situación mejore. Ya tardan.