No hay suficientes palabras para describir el bochorno vivido en el Parlamento catalán, pero la vicepresidenta Sáenz de Santamaría estuvo atinada al tildarlo de «patada a la democracia». La ley del referéndum sobre la independencia de Cataluña no solo viola la legalidad establecida en la Constitución. También la propia legalidad catalana, dado que el Estatut requiere para su cambio una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados. La prueba evidente de la ilegalidad fue el rechazo del letrado mayor de la Cámara a tramitar la norma. Ayer, sin embargo, con la presidenta Forcadell a la cabeza, los independentistas decidieron saltarse a la torera hasta los propios trámites y garantías parlamentarias para fraguar este insensato órdago de quienes están dispuestos a dejar de pertenecer a la UE, con tal de intentar culminar su delirante aventura separatista.