No deja de ser lamentable que se hable de la ‘vía murciana’ como solución al ‘caso Cifuentes’ y pase desapercibido el modelo murciano que trajo, a través de un plan plurianual, la estabilidad financiera a nuestras universidades públicas

La Constitución española de 1978 recogía el principio de autonomía universitaria para garantizar que los centros públicos de enseñanza superior pudieran ejercer la docencia y la investigación de forma totalmente libre de injerencias externas. Pero lo que hemos visto en el ‘caso Cifuentes’ es que, al amparo de ese incuestionable principio constitucional, la Universidad Rey Juan Carlos creó un centro asociado, el Instituto de Derecho Público, cuyo máximo responsable hizo presuntamente uso de su poder académico sobre las titulaciones de máster para conceder todo tipo de privilegios a quien hoy preside la Comunidad de Madrid. La propia Universidad afectada, que otorgó su propio CIF a ese centro y ahora descubre, estupefacta, todo tipo de graves irregularidades en su funcionamiento, ha debido trasladar el asunto a la Fiscalía por un posible delito de falsedad documental en las actas del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Más allá del posible cambio de signo político en la Comunidad si prospera la moción de censura o de si la presidenta madrileña cede su cargo a un compañero de filas, lo más lamentable es el daño reputacional que afecta a esa universidad pública. A su equipo de gobierno, a sus docentes, a su personal administrativo y, desde luego, a los alumnos, que ven cómo el prestigio de sus títulos ganados con esfuerzo está empañado por el trato de favor a una dirigente política. La propia Cifuentes ha contribuido bastante a ello poniendo en marcha el ventilador y atribuyendo toda la responsabilidad a quienes, muy posiblemente, le ofrecieron cursar un máster con todo tipo de facilidades. Cantos de sirena que hoy se tornan en el canto del cisne para Cifuentes porque la responsabilidad del indecente ofertante no puede diluir la suya propia, como alumna beneficiada de esos favores y como máxima garante de la calidad de las universidades madrileñas. En esta historia tampoco hay excusa posible para los engaños a la opinión pública con justificaciones que se demostraron inciertas en el curso de la investigación universitaria.

Aunque la práctica de engrosar los currículum con titulaciones inexistentes acumula un largo y transversal historial en nuestra clase política, el ‘caso Cifuentes’ ha hecho saltar todas las alarmas en los rectores, que se han visto obligados a reclamar a todos los partidos que mantengan a la universidad al margen de sus legítimas contiendas políticas. Si bien estamos ante un caso concreto y acotado, el estigma reputacional puede terminar por dañar, de forma inmerecida y altamente contraproducente, a toda la sociedad si este torpedo abre una vía de agua en la línea de flotación de ese principio constitucional que ampara la autonomía universitaria. Es incuestionable que las universidades españolas deben hacer mucho más en términos de transparencia, rendición de cuentas y control interno, como otras muchas instituciones que se nutren del dinero de los contribuyentes. De hecho, mucho antes de este escandoloso episodio ya estaban en ello. Pero ha venido a suceder justo cuando las universidades empezaban a recuperarse de los recortes sufridos por la crisis y en pleno debate del pacto educativo, con cuestiones en el tapete tan cruciales como el proceso de elección de los rectores, los mecanismos internos de gobernanza o la puesta en marcha de una financiación estable. Tiene razón la Conferencia de Rectores cuando afirma que es inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de toda la universidad española. «Esa actitud manifiesta una mayúscula e irresponsable frivolidad, impropia del ejercicio de un representante democrático», aseveró su presidente, el rector Roberto Fernández.

Pero dicho eso, solo si los equipos rectorales asumen con liderazgo este debate, la mancha no irá a más. No basta con condenar cualquier irregularidad en la vida universitaria. Toca exhibir mucha ambición en el escrutinio interno y una actitud expeditiva en el control de esos centros asociados de gestión opaca. Esa es la mejor manera de demostrar que no hay un problema que afecte a la esencia misma de la Universidad española sino solo casos individuales. Una tarea que también compete a las comunidades autónomas, proclives a hacer dejación de su responsabilidad sobre la calidad y la buena ordenación académica de la enseñanza superior.

No deja de ser lamentable que este escándalo haya traído a colación la llamada ‘vía murciana’, en referencia a la ineludible salida de Pedro Antonio Sánchez de San Esteban por la presión de Ciudadanos, y sin embargo pase desapercibido el plan plurianual pactado por ese expresidente con los responsables de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, el modelo murciano que garantizó la estabilidad financiera de los centros públicos de la Región en los últimos años y se ganó el reconocimiento del mundo académico nacional. El Ejecutivo autonómico y la oposición, que empujó en la dirección correcta, estuvieron entonces a la altura del problema. Veremos qué ocurrirá ahora que se avecina la nueva y necesaria ley regional de universidades.