Este domingo, más de un millón de murcianos están llamados a votar en unas elecciones legislativas decisivas para el futuro de nuestra Región y de España. Con toda probabilidad, la incertidumbre no quedará resuelta con el escrutinio de esta noche porque, sin solución de continuidad, las fuerzas políticas encaran los comicios autonómicos, municipales y europeos. Al contrario, dada la alta fragmentación del voto que anticipan las encuestas, surgirán al cierre del recuento nuevos interrogantes sobre los posibles pactos de gobierno. Por primera vez parece que ganar en votos y escaños no garantiza el gobierno del país. Todo dependerá, inicialmente, del voto ciudadano, que luego deberá ser gestionado con responsabilidad por los líderes políticos. Ahora más que nunca estarán obligados a buscar acuerdos para poner fin a la inestabilidad política que vivimos desde 2015 por falta de mayorías legislativas. De lo contrario será difícil contar con las condiciones adecuadas para el crecimiento económico, la generación de empleo y la resolución de los grandes retos del país, desde la mejora de la educación y la financiación autonómica de los servicios públicos a la reforma del sistema de pensiones. Atrás queda una campaña bronca y polarizada, con constantes apelaciones al voto útil y entreverada de consignas dirigidas a activar los resortes del miedo por parte de ambos bloques ideológicos. Como se vio en los dos debates electorales, hubo más efectismo y estrategia que formulación de propuestas. Mentiras y medias verdades inundaron en muchos momentos el espacio público de debate. Y ya no solo a través de las redes sociales, donde se movió como pez en el agua la derecha radical de Vox. Una vez más, los problemas específicos de la Región de Murcia, como la financiación autonómica, las infraestructuras y el agua, apenas tuvieron presencia en la campaña nacional. No deja de ser sintomática la ‘huelga de votos’ de los vecinos de las pedanías más aisladas de Moratalla, hartos del abandono político y de que las agendas ciudadanas y de los partidos apenas converjan, en perjuicio de los núcleos de población más pequeños.

Dicho todo lo anterior, no hay duda de que era absolutamente urgente salir del bloqueo político en el que se encuentra el país. Que no haya sido la mejor de la campañas no significa que la convocatoria a las urnas no fuese manifiestamente necesaria. Aunque el nivel de incompatibilidad y confrontación observado en las últimas semanas no invita al optimismo, desde mañana habrá que apelar insistentemente a la responsabilidad de los líderes nacionales para que alcancen pactos dentro del marco constitucional. Esta misma noche habrá múltiples análisis de urgencia sobre los ganadores y los perdedores que arrojarán las urnas, pero el destino personal o la situación de cada fuerza política tiene una relevancia mínima comparada con todo lo que se juega España en su actual encrucijada histórica. Tiempo tendrán los cabezas de lista para analizar las causas de sus respectivos resultados electorales. No hay tiempo que perder porque persiste la amenaza global de una nueva desaceleración económica y el órdago separatista en Cataluña continúa latente.

De ahí que la primera responsabilidad de lo que ocurra a partir de mañana es de los propio españoles que tienen, con sus votos, la posibilidad de determinar una nueva correlación de fuerzas. Votar es un derecho político que debe ejercerse con libertad aunque no está eximido de responsabilidad. Más bien al contrario. Que las elecciones sean calificadas como la gran fiesta de la democracia no supone que sean una invitación a participar irreflexivamente en el destino de nuestra región y de nuestro país. En caso de duda pensemos por un instante cuánto ha costado lograr asentar la democracia y qué fácilmente se puede debilitar, sobre todo ahora que han irrumpido fuerzas emergentes que desde la radicalidad quieren poner en cuestión mucho de lo logrado en los últimos cuarenta años.

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