Hubo un tiempo en el que el fuerte sentimiento nacionalista en Argelia habría hecho impensable la huida masiva de jóvenes hacia a la UE, a bordo de precarias embarcaciones en las que se juegan la vida. El propio régimen de Abdelaziz Buteflika, quien gobernó el país con mano de hierro durante las últimas dos décadas, lo habría impedido, pero el colapso económico por el desplome del precio del petróleo en 2014 y la corrupción política desembocó en una situación explosiva que estalló esta pasada primavera, justo cuando el octogenario presidente anunció que se presentaría a un quinto mandato. Hartos del deterioro de los servicios públicos y de la ausencia de futuro laboral, cientos de miles de argelinos, la mayoría estudiantes, forzaron con masivas manifestaciones la dimisión de Buteflika el pasado 2 de abril. Pero las protestas continúan, con decenas de opositores, estudiantes y periodistas detenidos en estos últimos meses, contra un gobierno que tenía el mandato de convocar elecciones antes del verano, y aún no lo ha hecho, y que está formado por antiguos colaboradores de Buteflika procedentes del estamento militar. En este contexto de grave crisis política y económica, aprovechando las favorables condiciones meteorológicas en el Mediterráneo y que todo el esfuerzo policial no está en el control de las fronteras sino de las protestas en las ciudades, cientos de jóvenes argelinos arriesgan sus vidas intentando alcanzar las costas del sureste español. Solo en los últimos quince días, 450 inmigrantes argelinos fueron rescatados en alta mar y trasladados a Cartagena. El billete de tan peligroso viaje oscila entre los 1.000 y los 4.000 euros, según el tipo de embarcación elegida por las mafias que se lucran con el drama de la inmigración irregular en el Mediterráneo. No es una aventura sino una huida dramática, en ocasiones con funestas consecuencias (un juzgado de Cartagena investiga si seis inmigrantes dejaron morir a Ayman, un niño de 11 años que viajaba sin chaleco salvavidas, cuando volcó la patera que les trasladaba). Desde principios de año han arribado a la ciudad portuaria 844 personas de forma ilegal, cifras inferiores a las de 2018, cuando llegaron 1.672, o 2017, año en el que lo hicieron 2.084. La crisis económica y política de Argelia se agudizó hace cinco años y es muy probable que siga durante mucho tiempo más. Y con ella, las oleadas de pateras.

Sin embargo, lejos de hacer frente al gigantesco desafío con responsabilidad y colaboración institucional, la avalancha de las últimas semanas se ha convertido aquí en un arma arrojadiza con la que obtener réditos en plena recta electoral. Es obvio que las instituciones de la Región de Murcia no tienen capacidad para resolver un fenómeno transfronterizo que solo podría encauzarse si existiera una verdadera política migratoria común en la UE. Pero contamos con instrumentos para gestionarlo con mucha mayor eficacia, velando por el cumplimiento de la Ley de Extranjería de forma acompasada con la protección de la dignidad y la integridad física de quienes llegan irregularmente a bordo de esas frágiles pateras. Faltan fondos públicos, pero sobre todo falta voluntad política.

El Defensor del Pueblo tiene razón cuando señala que es imprescindible que Cartagena cuente con un Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), como San Roque (Cádiz), Motril (Granada) y Málaga, para acoger a los inmigrantes en esas 72 horas previstas hasta la puesta a disposición judicial, un paso previo al eventual internamiento en el CIE de Sangonera para su posterior repatriación o tutela en centros para menores no acompañados (‘menas’). Las imágenes de los inmigrantes pasando la noche en sillas bajo carpas de lona en el patio de la Comisaría de Cartagena no debería repetirse. Ni tampoco la puesta en libertad con nocturnidad de los recién llegados porque son tantos que ni caben todos en las dependencias policiales, ni siquiera en esas precarias condiciones antes descritas. Es entendible el recelo del Ayuntamiento con la posibilidad de instalar un CATE, dada su apuesta por el turismo de cruceros. Pero lo cierto es que no hay otro punto de llegada posible de las pateras rescatadas que el Puerto de Cartagena y de seguir así las infraestructuras disponibles seguirán viéndose sobrepasadas con cada desembarco masivo. Sea cual sea la mejor solución, ésta deben consensuarla la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Cartagena, el Ejecutivo regional y las ONG por la vía de la colaboración, no de la disputa partidista. Paralelamente, modernizar y ampliar el CIE de Sangonera debe ser tan prioritario para la Delegación del Gobierno como para el Ejecutivo de López Miras debe serlo la creación de más plazas para los ‘menas’ en los emplazamientos más adecuados. Si no se actúa responsablemente, más pronto que tarde veremos como otra oleada de pateras volverá a desbordar a las autoridades, obligadas a la puesta en libertad de tapadillo de los inmigrantes irregulares, la mejor manera para terminar de consolidar esta vía marítima como una de las preferidas para las mafias de la inmigración.