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Caiga quien caiga

Por encima de la reputación colectiva está el valor de la vida. Y en el Mar Menor está desapareciendo de forma dramática. De ahí que lo prioritario y urgente sea salvarlo a toda costa. Luego hablaremos de recuperarnos del grave daño a nuestra imagen

El macabro espectáculo protagonizado por miles de peces agonizando por falta de oxígeno fue el epílogo de otras escenas que ya nos habían consternado, como aquellas imágenes escandalosas de guardias civiles inspeccionando desalobradoras ocultas en zulos subterráneos y de un mar convertido en una densa sopa verde… El revés reputacional para la Región de Murcia por la grave crisis del Mar Menor está provocando un daño incalculable. Tres años después de los primeros signos de colapso, ya existe un conocimiento público a nivel internacional de la fatal degradación de este ecosistema único en Europa. Lo conocen los 19 millones de seguidores que tiene en las redes sociales el músico Alejandro Sanz, los millones de cualificados lectores del National Geographic y quien sabe si en las próximas semanas, como ya ha ocurrido en el pasado, cientos de miles de consumidores alemanes o británicos, muy sensibles a la hora de comprar frutas y hortalizas con el respeto al medio ambiente, a través de algún especial informativo en televisión. Si este gigantesco eco internacional sirviera para conservar nuestra gran joya natural y toda la biodiversidad que cobija, esa mala imagen que soportamos sería más llevadera porque, por encima de la reputación colectiva, está el valor de la vida. Y en el Mar Menor está desapareciendo de forma dramática. De ahí que lo prioritario y urgente hoy sea salvar la laguna a toda costa. Tiempo tendrán quienes han generado este problema, con distinto grado de responsabilidad desde ámbitos público y privado, de combatir este destrozo reputacional y de pagar por sus consecuencias. Nuestras más punteras empresas agroalimentarias se han lamentado públicamente en la feria Fruit Attraction de la estigmatización para todo el sector regional que está suponiendo este desastre, aunque la realidad es que ese daño se propaga a toda la agricultura nacional en los mercados internacionales y, lo peor, al conjunto de los ciudadanos de esta Región, que inmerecidamente tenemos que cargar con el sambenito de depredadores medioambientales a causa de este ecocidio del que somos relatores, testigos y víctimas colaterales. Sí, es muy injusto que las inadecuadas prácticas agrícolas de una pequeña parte perjudique al conjunto, cuando nuestra agricultura es modélica en muchos aspectos y tiene innumerables ejemplos de buen hacer en materia medioambiental, de innovación y de gestión del agua. En todas las actividades aparecen malas hierbas. Nadie conoce mejor sus perjuicios que los agricultores, sabedores de que lo mejor es arrancarlas. Hasta ahora no lo han hecho. Asumir, como hicieron varias organizaciones esta semana, que la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena es una parte importante del problema llega más bien tarde, aunque es un paso en la correcta dirección porque científicamente no había ninguna duda de que la eutrofización del Mar Menor es debida a los nitratos que en más de un 80% proceden de los cultivos. El positivo proyecto tecnológico impulsado por Fecoam en Sevilla para trabajar en la desnitrificación del agua ya anticipaba implícitamente el reconocimiento de cuál es el principal problema y la voluntad de colaborar en resolverlo. Aceptar ahora que no podrá cultivarse en la zona más próxima al Mar Menor, y que deberán transformarse los regadíos ilegales en cultivos de secano, apunta por dónde irá el decreto ley que prepara el Gobierno regional, a buen seguro que en conversaciones con el sector.

La primera obligación de los gobernantes no es elaborar nuevas leyes sino cumplir las existentes. En el caso del Mar Menor no son pocas las directivas comunitarias que se han pisoteado durante lustros. Incluso ahora se le olvida al Gobierno regional que actuar en la Red Natura exige evaluación ambiental previa, aunque sea para el urgente frenazo a los vertidos, pinchando y bombeando aguas contaminadas con nitratos del freático, bajo la rambla del Albujón. No solo hay que cumplir las leyes. También hay que no derogar las existentes, como se hizo con la de 1987, si se crea desprotección y vacío legal. Por eso es necesaria una ley integral que blinde la laguna, a través de la ordenación del territorio y de todas las actividades que en él se desarrollan. Antes de dos meses sabremos hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno regional. Si hará su trabajo «caiga quien caiga», como dicen en privado, o todo queda en un lavado de cara. La Confederación parece haberse tomado en serio, por fin, su labor inspectora. Los técnicos investigan ya la legalidad de más del 20% del regadío del Campo de Cartagena, donde hay 9.500 hectáreas que no figuran en el Registro de Aguas públicas. De esa cifra, más de 1.500 hectáreas pertenecen a fincas cuyos propietarios están identificados y sometidos a un expediente sancionador. La CHS no puede quedarse ahora a mitad de camino después de que en su anterior etapa dejó sin ejecutar su hoja de ruta, presupuestada en más de 400 millones, contra los vertidos de nitratos al Mar Menor. Es hora de que todas las Administraciones asuman sus obligaciones y colaboren lealmente con sentido de Estado para intentar salvar la laguna. Pronto habrá una nueva norma regional. La incógnita hoy es si esta vez incorporará mecanimos para garantizar su cumplimiento y si detrás hay un plan, un verdadero plan de futuro para el Mar Menor y todo el Campo de Cartagena.

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