Hacerse oír en la calle siempre fue una opción, una legítima vía de participación política en democracia. Es lamentable que ahora sea una necesidad. Quién puede reprochar a los vecinos de Los Alcázares que, tras tres inundaciones, corten la AP-7

A la altura de la plaza de Murillo, entre el Museo del Prado y el Jardín Botánico, cientos de ciudadanos llegados de la Región de Murcia iniciaron el recorrido de la gran Marcha del Clima de Madrid para hacer oír su grito de auxilio en favor del Mar Menor. Y puedo atestiguar que su visibilidad fue muy superior a la de muchas organizaciones y colectivos participantes que tienen mayor implantación y más larga trayectoria pública. El grave deterioro de nuestra laguna costera ya es ampliamente conocido a nivel nacional, pero empieza a convertirse en todo un símbolo de la lucha por la preservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, que despierta todo tipo de adhesiones, incluso fuera de España, como se desprende de las palabras pronunciadas en Madrid por un líder indígena, Mario Agreda, con presencia en las cumbres climáticas de la ONU desde hace treinta años. No hay ninguna duda de que las medidas que adopte el Gobierno regional en su próximo decreto no solo serán analizadas a nivel regional, sino que tendrán eco y lectura nacional. Esa no tendría que ser la preocupación principal del Ejecutivo de López Miras, sino la eficacia de las medidas de protección medioambiental, pero es bueno que lo sepa porque muchas miradas estarán puestas en la batería de actuaciones que sean adoptadas en la Región de Murcia para el Mar Menor. Me consta que los equipos de la administración regional que trabajan en el decreto están revisando al detalle todas las aristas jurídicas que surgen desde el ámbito del derecho administrativo, pero doy por hecho que el presidente regional es consciente de que la reputación pública de toda la Comunidad Autónoma estará en juego cuando, previsiblemente el 26 de diciembre, el Consejo de Gobierno apruebe una norma que, por una u otras razones, será ampliamente discutida por todas las partes implicadas. La masiva manifestación de Cartagena y el sondeo del Cemop para la Asamblea Regional ha dejado meridianamente clara cuál es la posición mayoritaria de la ciudadanía en la Región de Murcia, aunque habrá que esperar y ver.

En la mayoría de las ocasiones, las movilizaciones sociales no arreglan los problemas por sí mismas, pero todas sirven para visibilizar los posicionamientos ante asuntos de interés público y forzar a que sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones políticas. Hay veces, también, que han tenido un efecto decisivo para evitar un desastre o poner freno a una injusticia. En nuestra edición de ayer relatábamos cómo hace justo diez años, las protestas ciudadanas impidieron el desmantelamiento del yacimiento de San Esteban y cómo hace veinte, la protesta de plataformas cívicas, ayuntamientos, sindicatos y ecologistas obligó al Gobierno central a poner en marcha un plan de saneamiento integral del río Segura. También fue decisiva la movilización ciudadana para lograr el Plan de Defensa contra las Avenidas, que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González y cuya segunda fase en la comarca del Guadalentín, como certeramente recordaba ayer nuestro compañero Manuel Buitrago, aún está por completar. Eso nos hace preguntarnos si el soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por Murcia terminará siendo, como parece que será, fiel a su concepción original solo por la inquebrantable tenacidad de un grupo de vecinos de Santiago el Mayor. Movilizarse y hacerse oír en la calle siempre fue una opción, una legítima vía de participación política en democracia. Lamentablemente, hace tiempo que se ha convertido en una necesidad. Después de sufrir tres inundaciones en los últimos tres años quién puede ahora reprochar a los vecinos de Los Alcázares que hayan cortado la AP-7 para exigir soluciones. Qué otro camino les queda a quienes han visto cómo sus casas y sus negocios se han visto anegados por continuas riadas. No voy a aplaudir este tipo de actuaciones porque, a mi juicio, sería caer en una grave irresponsabilidad pública, pero entiendo perfectamente la desesperación de quienes no encuentran respuestas para un grave problema.

El espectáculo ofrecido por las administraciones central y autonómica con el asunto del Mar Menor, a cuenta de sus distintas competencias, está siendo muy poco edificante. Solo contribuye a generar hartazgo ciudadano y a ralentizar las soluciones precisas para este complejo desafio. No es de recibo que el Ministerio se replantee ahora el Plan de Vertido Cero que reclamó insistentemente desde la oposición al anterior equipo de García Tejerina, ahora que está aprobado y con declaración ambiental incluida, o que el Gobierno regional sobreactúe pidiendo celeridad en su aplicación cuando no hizo lo propio con su decreto de medidas urgentes. PP y PSOE discuten de quién es la responsabilidad y cómo se debe actuar para evitar las inundaciones en Los Alcázares, sin aportar ningún beneficio evidente para los vecinos afectados y proporcionando todo tipo de retos políticos para los rivales de ambos partidos, que solo tienen que esperar sentados a recoger los frutos de tan infausta cosecha. El presidente de la Comunidad debía haber modificado su agenda de encuentros con los alcaldes de la Región y haberse visto ya con el primer edil de Los Alcázares. Esta sensación de perpetua confrontación partidista, una vez superado el maratón de citas electorales, tendría que terminar cuanto antes.