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Trasvase y Mar Menor

Por la cuenta que nos trae, como Región deberíamos ser capaces de blindar nuestro más preciado ecosistema natural y el acueducto para abastecimiento y fines agrícolas que representa el sustento de decenas de miles de familias

Acaba una semana convulsa para el regadío de todo el Levante por una inédita y polémica decisión política del Ministerio de Transición Ecológica. En contra del criterio de los técnicos de la Comisión de Explotación del Trasvase, pero en el uso de la discrecionalidad que la ley otorga al Ministerio si la cabecera del Tajo está en el nivel 3, el equipo de Teresa Ribera denegó esta semana agua para regar a todo el Levante, apelando al principio de precaución por la situación actual del Mar Menor y los «efectos que el regadío produce en él». Desde la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, los Estados aplican ese principio en virtud del cual, cuando existe peligro de daño grave o irreversible para el medio ambiente, la ausencia de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para retrasar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación de los ecosistemas. Pero el Ministerio fue mucho más lejos y dejó sin agua a más de 60 comunidades de regantes de la Región de Murcia, Almería y Alicante. Para cerrar el grifo al Campo de Cartagena, también se cortó el suministro a los agricultores de Elche, Librilla y Almanzora, y eso no hay principio de precaución ni ningún otro que pueda explicarlo, por mucho que se apele a la unidad de cuenca. Hay demasiados interrogantes en el aire derivados de una decisión que el Ministerio no termina de explicar. Ni siquiera hoy, en un artículo para LA VERDAD del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se despejan todas las dudas que suscita esta medida.

Si el Ministerio ha puesto el tablacho al acueducto para evitar el riego y los vertidos de nutrientes de origen agrícola al Mar Menor, por la misma razón debería cesar la desalación. ¿Por qué el trasvase sí y la desalación no, si lo que se pretende evitar es el riego y los consiguientes vertidos a la laguna? El principio de precaución solo puede invocarse si va a acompañado de medidas eficaces y tiene un soporte científico: ¿Dónde está el informe técnico que avala esta decisión política? El Ministerio no optó por ninguna de las 21 medidas del Plan de Vertido Cero, sino por otra, la más extrema, que sin embargo tendrá eficacia limitada porque en los próximos meses se seguirá regando junto a la laguna. No solo habrá agua desalada. También del Trasvase: hay más de 23 hectómetros cúbicos asignados al Levante que están en la cabecera del Tajo, pendientes de llegar a la cuenca del Segura porque hasta ahora no fueron necesarios. Si los regantes están preocupados es porque sus campañas se planifican con meses de antelación y no está claro cómo habrá evolucionado la cabecera en primavera o si el Ministerio mantendrá este criterio hasta que se recupere el Mar Menor.

Los regantes, que ya estaban en alerta por el blindaje del Tajo que prepara García-Page a través de la Red Natura, sospechan que en bambalinas hay un plan para reducir al mínimo los trasvases a todo el Levante y propiciar una reducción del regadío, probablemente a través de un cambio en las reglas de explotación. Es posible que el Ministerio ha dejado sin agua de riego a todo el Levante (técnicamente desde el embalse de la Pedrera podría haberse cerrado el tablacho para el entorno del Mar Menor) porque, por la ley desde 1980, alrededor de un tercio de las transferencias aprobadas por la Comisión de Explotación del Tajo Segura deben ir sí o sí al Campo de Cartagena. Si se está ganando tiempo para cambiar esa ley, y si esa hipotética modificación legal afectaría solo a la zona próxima al Mar Menor, es algo que nadie sabe a día de hoy, salvo la ministra, el secretario de Estado y su director general del agua.

Lo que de momento han conseguido es un cierre de filas absoluto de todas las comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, conscientes de que su fuerza está en su unidad sin fisuras. Ya preparan movilizaciones masivas y advierten de que reclamarán indemnizaciones millonarias si, por un estrangulamiento del Trasvase, se produce el desmantelamiento de cultivos. Políticamente, el equipo del Ministerio se ha metido en un lío importante, que ha pillado por sorpresa a Diego Conesa, Ximo Puig y a destacados alcaldes socialistas, como el de Lorca o Elche. Todo un regalo navideño para PP y Vox, que intentan sacar provecho político de una coyuntura que, a mi juicio, paradójicamente no favorecerá la aplicación de medidas para salvar el Mar Menor, una tarea urgente que, entre otras muchas cuestiones, pasa indefectiblemente por la reducción de nitratos y fosfatos de origen agrícola, la principal causa del grave proceso de eutrofización de sus aguas, y por la máxima colaboración entre las administraciones central y regional. El Mar Menor requiere de medidas drásticas con amplio consenso científico, lo que conlleva un progresivo cambio de modelo de agricultura en la zona de afectación que debería iniciarse ya, pero sin generar más incertidumbres y con el mayor de los consensos posibles con un sector, cuya implicación es ineludible. Por la cuenta que nos trae, como Región deberíamos ser capaces de blindar nuestro más preciado ecosistema natural y, a la vez, el Trasvase que representa el sustento de decenas de miles de familias.

 

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