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Vivir en el alambre

El pacto con ERC entraña riesgos. Tantos que pueden llegar a dinamitar la presidencia de Pedro Sánchez. De partida ya le resultará difícil gobernar en coalición. Que se lo digan al debilitado PP murciano, enmendado y bloqueado por sus socios

Ni es el ‘gobierno bonito’ de la primera etapa de Pedro Sánchez, que sorprendió con el relumbrón profesional de sus independientes, ni tampoco parece el ‘gobierno del insomnio’, ese monstruo de dos cabezas, una roja y otra morada, que puede reventar el marco constitucional del 78. Todo, sin embargo, es posible con el imprevisible y zigzagueante Sánchez. Con probabilidad, su Ejecutivo acentuará la faceta que más le convenga en cada momento para transitar por una legislatura que nace bronca y turbulenta. La debilidad parlamentaria del PSOE (su investidura solo fue posible con la abstención de Bildu y ERC) y las exigencias del independentismo condicionan la singladura de un Gobierno de alto peso político, marcado perfil económico y una indeseable hipertrofia de altos cargos en la bancada azul (cuatro vicepresidentes y dieciocho ministros) que no obedece a razones funcionales, sino a reparto de cuotas de poder, egos y estrategias para diluir el protagonismo de Iglesias y Podemos, portadores de carteras ‘blandas’. Hay decisiones que solo se explican por esta inédita condición de primer gobierno nacional de coalición. Por ejemplo, es positivo que el Medio Ambiente tenga una vicepresidencia y que la transición ecológica implique a todos los Ministerios. Pero tras esa decisión se atisba también un intento de opacar a Iglesias. Será difícil que él y Teresa Ribera no choquen por la agenda 2030, que compete al líder de Podemos, pero en la que hay mucho contenido medioambiental. Solo por la necesidad de dar carteras a sus socios puede entenderse el error mayúsculo de separar Universidades y Ciencia, cuando históricamente el PSOE luchó por lo contrario, en consonancia con el deseo de científicos y docentes universitarios. O crear un Ministerio de Consumo, que dirigirá Alberto Garzón, para competencias que podían depender de una secretaría de Estado, dado que casi todas se transfirieron junto a la Sanidad a las comunidades autónomas.

El aspecto más positivo de este Ejecutivo es el reforzamiento del área económica con perfiles técnicos de alto nivel, como Arancha González Laya en Exteriores y José Luis Escrivá en Seguridad Social, ambos muy en la línea de la vicepresidenta Nadia Calviño. Sánchez, que citó a Manuel Azaña durante investidura, habrá tenido en cuenta una recomendación clave del expresidente republicano: no hay mejor propaganda que la prosperidad. En un escenario de desaceleración, una gestión económica equivocada puede acortar la vida del Gobierno. Su otro ‘Everest’ será el órdago separatista catalán. Para escalarlo, Sánchez ha concentrado el máximo poder político en el Gobierno, en detrimento de las estructuras orgánicas de un partido, con menguados contrapesos y con los barones territoriales en camino hacia la irrelevancia. Salvo Iceta, no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo con ERC que facilitó la investidura, un pacto que luego refrendó el plenario de la Ejecutiva sin el debate previo que históricamente habría sido intenso en una cuestión de semejante calado. Ese pacto con ERC, partido imprescindible para aprobar los Presupuestos, entraña riesgos. Tantos que pueden llegar a dinamitar la presidencia de Sánchez. No solo porque ERC dejó claro en la investidura que les importa un comino la gobernabilidad de España. También por los compromisos adquiridos por el PSOE en un documento que asume el relato independentista del «conflicto político» que Puigdemont y Junqueras llevan años vendiendo en Europa (¿Qué pensará Borrell?). En virtud de ese acuerdo se crea una mesa de negociación bilateral entre los Gobiernos central y catalán, que solo es admisible en nuestro ordenamiento jurídico para resolver conflictos competenciales entre administraciones. Parece haberse olvidado que el TC ya dejó sentado que la bilateralidad es inconstitucional si se plantea en términos de igualdad dado que el Ejecutivo central tiene primacía como garante del interés general. En términos genéricos se habla de evitar la «judicialización» del «conflicto político» mediante el diálogo. Ya hubo en el Gobierno de Rajoy quien pensó lo mismo y fracasó con el ‘dialogante’ Junqueras. De no haber sido precisamente por los tribunales del Justicia que garantizan el Estado de Derecho ahora estaríamos en una situación bien diferente. El Gobierno de Sánchez caminará por el alambre, de la mano con Podemos, y con el plácet de partidos independentistas que no respetan el principio de legalidad y que buscan a toda costa un referéndum que, a día de hoy, solo sería legal como consulta para una reforma estatutaria

De partida siempre es complicado gobernar en coalición. Que se lo digan al PP murciano, enmendado por su socio de gobierno con el decreto del Mar Menor y bloqueado en los Presupuestos por Vox, su apoyo externo. Miras intenta proyectar normalidad pero su Ejecutivo atraviesa momentos delicados. No avanza en sus dos tareas cruciales y eso transmite vulnerabilidad e impotencia. Lo deseable es que el decreto del Mar Menor hubiera entrado en vigor con el mayor consenso político y social, pero hoy su eficacia suscita dudas y deja resquicios en materia urbanística que crean inseguridad jurídica. La norma incorpora actuaciones positivas. Otras parecen mejorables. Lo sorprendente es que Cs, coautor del decreto, se dé cuenta a posteriori y lidere su enmienda, con un pie en el Gobierno y con el otro en la oposición.

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