Con los Gobiernos central y autonómico escorados por sus alianzas hacia las posiciones más radicales de izquierda y derecha, la polarización va a tensionar la vida pública regional, con riesgo de deterioro de las instituciones y la convivencia

Es necesario hacer un gran esfuerzo de memoria para recordar la última vez que, en una rueda de prensa del Consejo de Ministros, hasta tres miembros del Ejecutivo han comparecido para anunciar que se llevará a los tribunales a una comunidad autónoma si no rectifica una decisión supuestamente ilegal. Habría que remontarse a los momentos más delicados del órdago independentista catalán para encontrar una imagen similar a la ofrecida por María Jesús Montero, Isabel Celaá e Irene Montero, que no ven ninguna incoherencia en defender la «desjudicialización» del conflicto en Cataluña y a la vez advertir al Ejecutivo murciano de que acabará en los tribunales si no retira el llamado ‘pin parental’. No es comparable el conflicto en Cataluña con «la vulneración de una norma», precisó con naturalidad la nueva portavoz de Pedro Sánchez. Si tiene razón o no viene en la práctica a ser lo mismo, porque en la política española ya no rige el principio de no contradicción (ahora se puede ser o decir una cosa y la contraria a la vez, sin que pase factura en las urnas). Cada vez se parece más a la definición que repite Pablo Iglesias cuando se le afean incoherencias: «La política consiste en cabalgar contradicciones». Lo importante es conquistar el poder y ejercerlo.

Nada de lo ocurrido estos días es improvisado. La ofensiva del PSOE contra el Gobierno regional de PP y Cs por el ‘pin parental’ de Vox comenzó a planificarse desde que se atisbó que la negociación de los Presupuestos regionales podía fracasar por ese asunto. Con Cs hecho trizas aquí por sus luchas de poder y las particulares exigencias de Vox, el Ejecutivo de López Miras dio muestras de tambalearse. Un ‘tuit’ del presidente Sánchez anticipaba el jueves que toda la maquinaria de Moncloa iba a ponerse en marcha. Así fue. De nuevo, la Región volvía el viernes a estar en el foco nacional, eclipsando el antiestético nombramiento (impecable según Sánchez) de la exministra Delgado como fiscal general del Estado. El desastre del Mar Menor, la victoria de la derecha radical y populista en las urnas y ahora el ‘pin parental’. Esto es lo que tiene ser el laboratorio territorial de las políticas de Vox.

El problema para López Miras y sus socios es que la ofensiva judicial del PSOE, como teme ahora Ciudadanos, puede prosperar: la orden dictada en agosto por la Consejería de Educación a los colegios e institutos para que cuenten obligatoriamente con el consentimiento de los padres en las actividades complementarias (charlas, salidas a museos, conferencias… en horario lectivo) parece contraria a los propios decretos curriculares del Gobierno regional. Con el ruido de la polémica en un ámbito tan sensible e ideologizado como la Educación, es posible que parte del debate se desvíe hacia una frase de Celaá («no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres») o hacia las apelaciones genéricas a la libertad realizadas por Teodoro García Egea. Pero eso no cambia el escenario que se avecina. Si el apoyo a los Presupuestos de Vox estaba condicionado al blindaje normativo de ese veto parental, que ya aceptaron PP y Cs en el pacto de investidura de López Miras, es porque teme la debilidad de la instrucción emitida por la Consejería, pese a que dice contar con el visto bueno de sus Servicios Jurídicos y la Inspección. A lo largo de los últimos meses, los sindicatos de docentes y la asociación de directivos de centros públicos de Educación Secundaria presentaron recursos de alzada contra la orden, pero fueron rechazados sin entrar en el fondo de la cuestión y ya están en marcha recursos contencioso-administrativos, al margen de lo que pueda hacer el Gobierno central. El ‘pin parental’, una propuesta que crea problemas donde no existían, produce rechazo hasta en algunos dirigentes populares, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se niega a aplicar una medida que no figura en la Lomce y que pone en cuestión la autonomía de los docentes para elegir los contenidos. No le falta razón: una cosa es la libertad de elección de centro y otra que los padres puedan negar la participación de sus hijos en actividades complementarias que son seleccionadas por los equipos docentes y directivos y luego se detallan en la Programación General del Aula. Actividades que son evaluables a efectos académicos y obligatorias para los alumnos, según el decreto que establece el currículo de la Educación Primaria en la Región. Es posible que el Gobierno de Miras opte por seguir adelante y modifique los decretos curriculares, pero eso no le librará de la acción del Ejecutivo central porque, además de apreciar que contraviene normas autonómicas, ve indicios de inconstitucionalidad (no cabe la objeción de conciencia en los contenidos curriculares).

La legislatura que se inicia será especialmente bronca. Todo apunta que habrá mucha batalla ideológica. A esto lo llaman hacer política, aunque al final acabe en los tribunales de Justicia. Especialmente con la Educación, un frente donde la izquierda y la derecha acentúan sus divergencias e imposibilitan un pacto de Estado, para desgracia de los españoles. El nuevo Gobierno de coalición ya ha anunciado que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota. Y pronto recuperará su proyecto de ley educativa que sustituirá a la Lomce del PP. Pasaremos de la ley Wert a la ley Celaá. Será la enésima desde el inicio de la democracia. Con los Gobiernos central y autonómico escorados hacia las posiciones más radicales de izquierda y derecha por sus respectivas alianzas, la polarización que se avecina puede llegar a tensionar la vida pública, con un claro riesgo de deterioro de las instituciones y de la convivencia, si todos optan por estrategias de confrontación para sacar un rédito político.