Habrá que esperar hasta después del verano para atisbar si Valcárcel acierta con la configuración de su nuevo Ejecutivo, que está marcado por otra vuelta de tuerca en materia de austeridad, con la reducción de dos consejerías, y por la continuidad en los perfiles, con la única incorporación del decano del Colegio de Ingenieros, Antonio Sevilla. Avalado por los resultados en las urnas, Valcárcel no ha querido hacer experimentos, ni someterse a criterios de paridad o territorialidad, en un contexto muy adverso por el deterioro de la actividad económica y la evolución del desempleo. Con ese incierto panorama ha optado por la estabilidad, la experiencia y más peso técnico que político.
Los problemas de la Región no son un secreto. Junto a la crisis y el paro, dos males que con distinto nivel de intensidad son comunes a todo el país, el nuevo Gobierno nace con las rémoras de una financiación menguante y el desafío de la reconstrucción de Lorca. Por el desplome de ingresos a causa de la crisis económica, el Ejecutivo regional ha perdido su autonomía financiera y cada vez es más dependiente de las transferencias del Estado. En paralelo, el margen para reducir gasto público comienza a agotarse, si se quiere preservar los servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación, sin subir los impuestos. Valcárcel no parece tener otro camino que seguir avanzando por la senda del control del déficit público, apostando por incentivar la actividad económica con la búsqueda de inversiones en territorio murciano. Salvador Marín, hasta ahora consejero de Universidades, Empresas e Investigación, es un economista al que se le reconoce, además de solvencia técnica y gran capacidad de trabajo, una habilidad especial para buscar soluciones imaginativas. Falta le hará porque, para colmo de males, la factura de la reconstrucción de Lorca duplica las estimaciones iniciales y en los días posteriores al terremoto, cuando la prioridad era la colaboración institucional en plena campaña electoral, no se quiso apretar en las negociaciones con el Gobierno central para el reparto financiero del coste de la rehabilitación. Tarde o temprano este problema llegará a la mesa de Marín, que tendrá que demostrar si será capaz de imponer coordinación y disciplina presupuestaria al resto de Consejerías, una de las vías de agua del anterior gabinete y fuente de tensiones que amenazaban a su cohesión. Marín y el consejero José Ballesta, que llega a un departamento que conoce bien por su larga trayectoria universitaria, tendrán que seguir buscando y propiciando inversiones privadas, tarea a la que contribuyó Pedro Alberto Cruz a través del proyecto Paramount. Por su parte, Cruz tiene ante sí el reto de situar, con un presupuesto limitado, el turismo como la principal prioridad de su Consejería, ya que es uno de los pocos sectores que crecerá en el país y donde más largo recorrido tiene por delante la Región de Murcia.
La incógnita es el nuevo consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla. No por su cualificación técnica, sino por su inexperiencia en materia de gestión en la administración pública y porque coge las riendas de una consejería que hoy tiene un escuálido presupuesto. Algunos proyectos ya están definidos o muy avanzados, como el aeropuerto de Corvera, pero por delante tiene otros que van a exigir tanta pericia política como técnica debido al concurso de Madrid y Bruselas, como el macropuerto del Gorguel, el cumplimiento de los plazos del AVE y el Corredor Mediterráneo, de vital importacia para el transporte de mercancías. Ahí será clave el papel de Salvador Marín como responsable de los grandes proyectos de inversión. Sin duda, el mayor reto es para la consejera Angeles Palacios, que asumirá un altísimo porcentaje del presupuesto regional al frente de la superconsejería de Sanidad y Política Social, pero también una importante deuda con los proveedores sanitarios, un gasto farmacéutico en cotas aún muy elevadas y un sistema de dependencia infrafinanciado.