¿Han perdido el juicio nuestros jueces? Se lo preguntaron muchos al ver cómo se metía al congelador la sentencia de las hipotecas, se desautorizaba a los magistrados expertos en materia fiscal y se aplazaba dos semanas el desenlace definitivo

El Tribunal Supremo no se ha librado de la nefasta epidemia de descrédito institucional, aunque en esta ocasión nadie puede culpar a terceros. El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso, fijando que los bancos, y no los clientes, deben pagar el impuesto vinculado a la escritura pública de las hipotecas, tuvo un eco trascendental porque suponía un giro jurisprudencial de 180 grados en un ámbito de enorme repercusión social y económica. Pero aquello no fue nada comparado con el estupor ciudadano desatado menos de 24 horas después cuando, en pleno derrumbe en Bolsa de las entidades financieras, el presidente de esa Sala emitía una nota dejando en suspenso el criterio jurídico de la sentencia por la «enorme repercusión económica y social» de ese «radical cambio». En su insólito comunicado, el magistrado Luis María Díez-Picazo anunciaba que serían los 31 jueces de la Sala quienes fijarían jurisprudencia el 5 de noviembre, lo que vino a crear más incertidumbre y una desconfianza ciudadana sobre las razones de esta marcha atrás.

¿Han perdido el juicio los jueces?, se preguntaron muchos, con sobrados motivos, al ver cómo en 24 horas se metía una sentencia en el congelador, se desautorizaba a los seis jueces firmantes, precisamente los competentes por ser expertos en materia tributaria, se generaban todavía más dudas sobre quién asumirá el impuesto sobre actos jurídicos documentados, se paralizaban todos los recursos pendientes de sentencia relativos a ese tributo y se anunciaba un desenlace que tardaría dos semanas en llegar. Nada tiene de extraño que el Supremo, ante un asunto tan relevante desde el punto de vista económico y social, quiera oír la opinión de todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso, pero lo irresponsable y extravagante es que no se haga de forma previa. La imagen ofrecida por el presidente de esa Sala, argumentando que no estaba al tanto de la sentencia, tardará tiempo en restañarse. Hasta el propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes, tuvo que pedir disculpas este jueves por la desastrosa gestión de un asunto donde todas las partes, de momento, han salido perdiendo, especialmente el Alto Tribunal, que en una sentencia de febrero dictada por otra Sala, la de lo Civil, todavía mantenía que debían ser los clientes quienes abonaran ese impuesto.

Además, aún no se ha dicho la última palabra. En principio, lo más probable es que los 31 miembros de la Sala no rectificarán a sus compañeros expertos en materia fiscal, si bien uno de los seis emitió un voto discrepante y otro magistrado un voto concurrente. La cuestión mollar reside en si habrá retroactividad y, en ese caso, hasta cuándo podrán reclamar los clientes el pago abonado por el impuesto de las hipotecas. De confirmarse el nuevo criterio jurídico, y si se fija un periodo de retroactividad de cuatro años, casi 45.000 murcianos estarían en disposición de exigir la devolución de hasta 65 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Hacienda. En función del plazo de retroactividad, las pérdidas para los bancos podrían ascender a 12.000 millones de euros. Un duro golpe que se suma a otros reveses judiciales, como el de las cláusulas suelo, que ya le han costado 2.200 millones a las entidades financieras, si bien es cierto que los bancos siempre acaban recuperando por otras vías lo abonado a los clientes o logran reducir las pérdidas inicialmente estimadas porque muchos consumidores desisten en sus reclamaciones cuando se judicializan y se enquistan en los tribunales.

La polémica se produce cuando los partidos políticos debaten la nueva ley hipotecaria en el Congreso, en cuya comisión de Economía se alcanzó el acuerdo, con el voto de PP, PSOE y Ciudadanos, de que el pago fiscal por las escrituras públicas se reparta entre bancos y consumidores, frente al criterio de Podemos, partidario de que las entidades lo asuman por completo. El reparto de gastos entre ambas partes se decidirá una vez oído el criterio definitivo del Tribunal Supremo el próximo día 5. En esa reunión decisiva, los magistrados están obligados a actuar de forma independiente, pese a las repercusiones que puede tener su decisión en cualquiera de las partes implicadas. De lo contrario, perderán todo su crédito ante la ciudadanía, que espera del Alto Tribunal una respuesta estrictamente jurídica, como haría si el posible damnificado fuera un particular. El Supremo desempeña un papel crucial en nuestra democracia. Y lo sucedido no es un asunto menor. Si ha existido descoordinación interna, tendrá que revisar sus normas de funcionamiento. Y, si las diferencias de criterio jurídico son tan profundas, habrá que concluir que, en parte, es porque los legisladores no estuvieron acertados en el pasado. Ahora se presenta una oportunidad para eliminar incertidumbres y ganar en seguridad jurídica con la nueva ley hipotecaria. Nuestros representantes públicos deberían aprovecharla por el bien de todos.