La disparatada actuación del Supremo merecería una depuración de responsabilidades, pero no justifica la demagogia desatada por los partidos, más ocupados en sacar rédito electoral que en restañar el crédito de una institución clave

Cuando parecía que el Tribunal Supremo no podía enredarse más con el impuesto de las hipotecas llegó esta semana una nueva rectificación, la segunda en dieciocho días, sobre quién debe pagar ese tributo. Por quince votos a trece, la Sala de lo Contencioso dio marcha atrás y decidió que fueran los clientes quienes sigan pagando este tributo en lugar de los bancos. Como no podía ser de otra forma, la retractación de la más alta instancia judicial despertó un natural malestar ciudadano, que no hace sino aumentar la desconfianza en la Justicia y empañar la imagen de independencia del Alto Tribunal en un momento particularmente sensible. Fueron las propias organizaciones de jueces quienes se mostraron especialmente críticas con la gestión realizada por la cúpula del Supremo, cuestionada por las formas más que por el propio fondo de esta crisis a cuenta del impuesto de los actos jurídicos documentados. Pero a todo lo anterior le sucedió una insólita reacción del Gobierno y de los partidos políticos, aparentemente más ocupados en sacar rédito electoral de la ola de indignación que en minimizar el descrédito de una institución clave para nuestra democracia. La disparata actuación del Supremo merecería una depuración de responsabilidades, pero en ningún caso justifica la demagogia desatada en todos los partidos políticos. Conviene recordar que solo diez días antes del Pleno de la Sala de lo Contencioso, en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde se aborda la reforma de la ley hipotecaria, PSOE, PP y Ciudadanos votaron a favor de que los gastos derivados de las hipotecas fueran pagados conjuntamente por los clientes y los bancos en una proporción que quedaba por determinar. Querían, dijeron, oír antes el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso. Sin embargo, sin esperar siquiera a conocer el fundamento jurídico del fallo de la Sala, el presidente Pedro Sánchez anunció que en menos de 24 horas el Gobierno aprobaría por decreto una modificación de la ley para que los bancos, y no los clientes, paguen el impuesto. Sánchez no solo rectificaba al Supremo sino que pedía públicamente al Alto Tribunal que hiciera autocrítica. Ni que decir tiene que esa misma mañana, contagiados por este denso clima preelectoral, PP y Ciudadanos también rectificaron lo que votaron con el PSOE en el Parlamento y abogaron porque sean los bancos quienes sufraguen en exclusiva ese tributo (Rivera) o bien sea eliminado (Casado). Podemos se había adelantado a sus rivales, fijando el marco del debate público (el facilón hashtag #ganalabanca arrasó en Twitter) al poco de conocerse el giro jurisprudencial del Supremo. A partir de ahí ningún partido quiso quedar desubicado en este planteamiento tan maniqueo como reduccionista (o con la banca, o con los ciudadanos). En efecto, el desprestigio del Supremo fue mayúsculo, pero el oportunismo puro y duro de los partidos fue monumental en esta historia de final lampedusiano: los ciudadanos están ahora abocados a un encarecimiento de los créditos hipotecarios, lo que no afectará a los partidos, ya que según el decreto ley aprobado, sus préstamos seguirán exentos de tributación.

Si se pide autocrítica, la clase política debe asumir su parte correspondiente. No en vano, el origen de este caos es una redacción confusa de un artículo de esa ley aprobada por Felipe González para aportar más fondos a las comunidades autónomas, que son las que siempre han ganado con este impuesto, no la banca o los clientes, eternos paganos por vía indirecta. Un tributo que, por cierto, no existe en muchos países. El Gobierno de Rajoy tiene su cuota de responsabilidad porque debía haber enmendado ese artículo a través de la pendiente ley de contratos de crédito inmobiliario. Una norma que debía adaptarnos a la legislación europea antes del 21 de marzo de 2016. Pero la inestabilidad política y los cientos de enmiendas presentadas paralizaron una reforma que habría evitado este caos y que ahora nos puede suponer una multa europea de 100 millones. Al final, con el argumento de garantizar la seguridad jurídica, la modificación ha llegado a instancias de Pedro Sánchez a través de la vía extraordinaria del decreto-ley, arriesgándose, paradójicamente, a un posible recurso en el Constitucional por parte de la banca. En suma, una chapuza de principio a fin.

Quienes más han disfrutado con esta polémica son los partidos independentistas, que intentan extender el descrédito de la Sala de lo Contencioso al conjunto del Supremo para debilitarlo, ahora que se acerca el juicio a los líderes del ‘procés’. Desacreditar a la justicia española forma parte de su plan de cara a continuar la batalla judicial en Europa. Y en esa tarea están contando con la ayuda, quiero pensar que de forma inadvertida, de otros partidos que están más preocupados de sus propias estrategias que de la inminente vista oral a los líderes independentistas, la más importante desde el punto de vista político para España en los doscientos años de vida del Alto Tribunal.