En la gestión de las cuentas públicas, los gobiernos regionales tuvieron aciertos y errores. Uno mayúsculo sería no pelear por recuperar o ser compensado por los 7.519 millones que no llegaron a la sanidad y la educación de los murcianos

Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, dijo en una ocasión un exrector de Harvard. En efecto, invertir en educación, sanidad y otros servicios públicos del estado del bienestar tiene un elevado coste económico, pero las consecuencias de no hacerlo siempre son más gravosas en el largo plazo. Por de pronto, haber apostado por la calidad y la universalidad de la atención sanitaria nos ha proporcionado uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, tanto en excelencia asistencial como en acceso igualitario a la atención sanitaria. Disponer, por ejemplo, de un sistema nacional de trasplantes que es referente internacional exige grandes recursos humanos y materiales, pero ha contribuido, junto a los avances terapéuticos y las nuevas prestaciones asistenciales, a que la esperanza media de vida haya crecido en España diez años en las últimas cuatro décadas, superando ya con creces los 80 años. La crisis económica sopló en contra de lo construido con tanto esfuerzo. Combatida en toda la UE con medidas de contención del gasto público, llegaron recortes que repercutieron en la calidad y en la universalidad de la educación, la sanidad y la dependencia. Cabía esperar ahora, con el repunte del crecimiento económico, que la financiación de estos servicios por parte de las comunidades autónomas hubiera tendido a mejorar. La realidad desgraciadamente es bien distinta. Al menos para algunos territorios. El modelo de financiación vigente desde 2009 arrastra una asimetría en su equidad que perjudica especialmente a la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. Lo han constatado desde los técnicos del Ministerio de Hacienda a reconocidos expertos en cuentas públicas, como Ángel Fuentes, del IVIE. Ahora, un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi), la consultora creada por el economista Emilio Ontiveros, estima que la infrafinanciación estatal ha supuesto para la Región de Murcia un ‘agujero’ de 7.519 millones, cantidad que se acerca al montante total de deuda pública generado en la Administración regional desde el inicio de la crisis. Con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) creado por Rajoy, la Región pudo sortear su colapso financiero, aunque el salvavidas lanzado desde Madrid era una solución a corto plazo. Un préstamo en buenas condiciones que habrá que devolver. De ahí que, pese a los esfuerzos acometidos en la reducción del déficit, nuestra comunidad sigue siendo, año tras año, la más incumplidora en materia de estabilidad presupuestaria y la quinta con mayor endeudamiento relativo.

Mientras no cambie el modelo de financiación autonómica, cuyo fecha de caducidad era 2014, se seguirán aprobando presupuestos regionales con una dotación para el Servicio Murciano de Salud muy inferior a su coste real, lo que irá engordando la deuda mientras se acercan, para colmo de males, los plazos de vencimiento para proceder a devolver lo recibido a través del FLA. Pese a las protestas de todas las comunidades, ni Rajoy ni Sánchez han visto, o han querido ver, el momento político oportuno para reformar el modelo. Parecía que 2018 iba a ser el año. Sin embargo, la moción de censura alteró el calendario y el nuevo Ejecutivo del PSOE decidió postergar la negociación, ofreciendo unas mejoras puntuales en financiación que solo sirven para salir del paso. Todas las comunidades, tanto las gobernadas por el PSOE como por el PP, están convencidas de la urgencia en la renovación del modelo, aunque discrepan de los criterios para el reparto de fondos, lo que aleja cualquier posibilidad de avanzar hacia un acuerdo global antes de las próximas elecciones. Por eso es importante que el Gobierno regional, sea cual sea el que surja de las urnas en mayo, vaya provisto de argumentos convincentes a unas futuras negociaciones que serán a cara de perro. El informe de Afi acredita la existencia de un enorme ‘agujero’ que debe ser compensado por el Estado. En la gestión de sus cuentas públicas, los distintos gobiernos regionales tuvieron aciertos y no pocos errores. Ahora se equivocaría si visto el desfase financiero no pelea políticamente por buscar fórmulas que reparen un grave problema que puede afectar a la sanidad y educación de las próximas generaciones de murcianos.