Es llamativo el desinterés de los políticos regionales por la lastimosa situación de nuestros juzgados. Nadie se da por concernido y es fácil escurrir el bulto, porque las competencias siguen en Madrid y no se visibiliza una demanda social

La endémica lentitud y saturación de la Justicia murciana parecía que no podía ir a más y, sin embargo, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan un agravamiento de la situación durante el pasado año, especialmente en la jurisdicción civil. La elevada tasa de litigiosidad y la baja ratio de jueces, sobrecargados cada uno con hasta 1.290 casos de media al año, continúan haciendo estragos. Batimos sonrojantes marcas: nuestros juzgados de lo Civil son los que más tardan en resolver los casos. Por término medio, los murcianos esperamos 10,2 meses para una sentencia en primera instancia, un periodo de demora que duplica al de otras regiones. Por ejemplo, asturianos y navarros no aguardan más de cinco meses para una primera respuesta en demandas judiciales sobre asuntos relevantes para sus vidas, como la reclamación de deudas, la tramitación de divorcios y separaciones, los desahucios o los perjuicios originados por accidentes de tráfico, entre otros muchos tipos de asuntos que se dirimen en los órganos civiles.

Lo peor es que las perspectivas de mejora no son halagüeñas a corto plazo. Tal y como adelantábamos el pasado viernes, de los cinco juzgados reclamados para 2019 por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, solo dos parece que llegarán, uno de lo Civil para Murcia y otro mixto en Molina de Segura. Queda en suspenso, entre otros, el nuevo juzgado de lo Civil que Cartagena necesita con urgencia. La única buena noticia del último balance del CGPJ es que se reducen los tiempos de respuesta en las jurisdicciones de lo Social y Contencioso-Administrativa, aunque solo en primera instancia, porque en segunda siguen subiendo. Pese a los parches de turno, nada irá a mejor de forma sustancial en la Región si seguimos con la cuarta tasa de magistrados y jueces más baja del país y con el imparable incremento de la litigiosidad. Y todo a pesar de que los tribunales murcianos destacan por su gran actividad y su elevado porcentaje de sentencias dictadas. Poco avance habrá si no se hace frente a esos dos grandes lastres que dañan la Justicia murciana. El pasado año, hubo movilizaciones, con paros hasta entonces inéditos, para reclamar soluciones, aunque de momento sus demandas no tuvieron una respuesta a la altura de los problemas que sufren. Ni ahora ni a lo largo de las últimas décadas por parte de ningún Gobierno. Es particularmente llamativo el desinterés que muestran nuestros políticos regionales por la lastimosa situación de los tribunales. Nadie se da aquí por especialmente concernido. Es fácil escurrir el bulto porque las competencias en materia de Justicia siguen en Madrid (hace una década, Valcárcel rechazó esta competencia con el argumento de que venían sin dotación financiera suficiente) y no se visibiliza una demanda social. Las actuaciones políticas se limitan a puntuales reclamaciones al ministro de turno desde la Delegación del Gobierno o por el Gobierno regional. Regularmente, coincidiendo con la apertura del año judicial, se escucha alguna que otra declaración política reivindicativa. Poca cosa, en suma, y básicamente para cumplir el expediente. Es probable que todo fuese distinto si la mayoría de los ciudadanos tuviéramos que recurrir a la Administración de Justicia en algún momento de nuestra vida, como sucede con la educación o con la sanidad pública. En ese caso habría multitudes en las calles para presionar a los responsables políticos. La Justicia tendría su propia ‘marea’ de protesta. Pero no es el caso porque la mayoría de las personas pueden pasar toda su vida sin necesidad de pisar un juzgado y, por tanto, desconocen las consecuencias económicas, sociales y personales que genera la Justicia cuando esta se imparte ineficientemente por falta de medios humanos y materiales. Tal vez si jueces, fiscales, abogados, procuradores y demás profesionales que trabajan diariamente en los tribunales fueran un nicho de votantes de irresistible peso numérico, la situación sería distinta. Entonces tendrían esa atención de la que ahora carecen pese al hecho irrefutable de que una Justicia lenta y poco fiable no solo genera cuantiosas pérdidas económicas. También deja en posición vulnerable al pilar fundamental que garantiza el Estado de Derecho. La Justicia es uno de los valores fundamentales de nuestro sistema político y así seguirá siendo aunque su achacoso estado de salud apenas ocupe tiempo y protagonismo en el debate público. Son innumerables las veces que desde estas páginas hemos reclamado el respaldo que exige la Administración de Justicia en la Región para hacer frente a su labor con total independencia. Y así seguiremos. Que haya servido de poco, no nos desalentará.