La gobernabilidad del país está completamente en el aire y, para pasmo general, en manos de un político condenado a prisión por sedición. Tampoco arranca 2020 de la mejor manera en la Región, sin la obligada aprobación de sus cuentas

El futuro es incierto por definición. Con seguridad, los asuntos de los que hablaremos en la Región en este 2020 están recogidos en el reportaje con el que hoy abre LA VERDAD, pero el desenlace de cada uno es impredecible. Luego habrá otros muchos que irán apareciendo sorpresivamente a lo largo de los próximos doce meses. No pocos son hoy inimaginables. Auténticos cisnes negros de imposible vaticinio. Hace justo un año, sin ir más lejos, nadie habría creído a quien hubiera dicho que iríamos en dos ocasiones a elecciones generales en 2019 y aun así acabaríamos el año sin un Gobierno constituido. Y quién iba a pensar, habiendo oído en campaña electoral a Pedro Sánchez, que la llave de la gobernabilidad de España iba a estar en manos de quienes precisamente quieren romperla para independizarse. Deberíamos estar ya vacunados de espanto porque llevamos cuatro años atravesando zonas de turbulencias políticas, con Ejecutivos quebradizos e inestables y unos presupuestos prorrogados ‘ad eternum’. Con esas mayorías legislativas tan precarias no hay forma de impulsar programas de gobierno, cuentas públicas ajustadas a las necesidades actuales y reformas que la inmensa mayoría de españoles reconocen como necesarias. Ni siquiera ha sido posible, o no se ha querido que fuera, la prometida actualización de las pensiones con el IPC y la subida salarial de los funcionarios, que quedaron congeladas por el Gobierno en funciones hasta que se haya producido la investidura de Pedro Sánchez. Una medida probablemente de presión para acelerar la negociación con Podemos y ERC de cara a lograr que Sánchez salga elegido del Congreso a finales de la próxima semana. Todo dependerá en última instancia de si los independentistas de ERC aprecian un gesto de Sánchez en el informe de la Abogacía del Estado que, previsiblemente mañana, entregue al Supremo con sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. La gobernabilidad del país está hoy completamente en el aire y, para pasmo general, en manos de un político que cumple condena de prisión por sedición. Y así seguimos en el laberinto cuando deberíamos estar debatiendo sobre los asuntos de fondo, como el futuro de las pensiones, que acumula otro año perdido, y más ahora que asoma una desaceleración agravada por el freno en el consumo. Empresas y familias encaran el nuevo año con el convencimiento de que el crecimiento de la economía se estanca. En ese contexto habría sido más que razonable que el presidente en funciones hubiese comparecido ante los medios de comunicación, como ha sido tradicional antes de Nochevieja, a excepción de 2011, cuando tampoco lo hizo Rajoy, para arrojar algunas certezas entre tantas incertidumbres. Sin duda, prefirió evitar preguntas incómodas sobre la negociación con ERC y el inminente informe de la Abogacía del Estado.

En la Región de Murcia, la gobernabilidad no arranca de la mejor manera porque se produce sin la obligada aprobación de los Presupuestos regionales para 2020. Desconozco si la culpa es de la pachorra e inexperiencia de Ciudadanos en la gestión administrativa, como algunos apuntan, pero basta con mirar a Andalucía, donde gobierna un bipartito idéntico, para comprobar que allí sí fue posible. Aunque se quiera minimizar las consecuencias de un retraso en la aprobación de las cuentas regionales, el panorama es intranquilizador porque todo apunta a que Vox venderá muy caro su apoyo en la Asamblea Regional. Esta vez, la negociación a tres bandas se presume más larga y complicada que la que desembocó en la investidura de López Miras.

Un Gobierno sin presupuestos es un Ejecutivo débil y sin hoja de ruta. Más aún cuando su gran objetivo político para el próximo año (el inicio de la recuperación integral del Mar Menor) necesita de muchos fondos específicos. Se debate sobre la eficacia de las medidas incluidas en el decreto del Mar Menor cuando la credibilidad de la normativa ya está comprometida de inicio por carecer de memoria económica. ¿Cuánto dinero dispondrá el Ejecutivo regional para propiciar un cambio de modelo agrícola en el Campo de Cartagena, con regadíos declarados de interés nacional por el Estado y blindados por ley, o para vigilar el cumplimiento de las medidas diseñadas para limitar todo tipo de presiones sobre la laguna? Si las arcas de la Comunidad estuvieran boyantes, y no hay visos de que vayan a mejorar en el corto plazo, estas preguntas tendrían menor relevancia. La realidad es que iniciamos el año sin perspectivas de acuerdo a nivel nacional sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Y el déficit de la Región hasta octubre ya cuadruplicaba el máximo permitido para todo 2019, la deuda pública está a dos pasos de los 10.000 millones y encabezamos la morosidad de la administración pública con sus proveedores. La cruda realidad no debe conducirnos al desánimo, pero tampoco a pecar de ingenuos. De algo debe servir ir acumulando años.