Alguien con mucho criterio me comentaba días atrás que España parece abocada a un proceso de ‘italianización’ donde convivirían, en mundos paralelos y desconectados, una clase política en permanente bronca, sin visión de Estado y alejada de los ciudadanos, y una sociedad civil emprendedora pero condenada a avanzar, sin ayuda, por la senda del crecimiento económico. Y aunque es posible abrirse paso como país con esos mimbres, nadie en su sano juicio apostaría por ese modelo de sociedad. Esta desafección con los dirigentes políticos es hoy perceptible en asuntos centrales que preocupan a la ciudadanía, como el mercado de trabajo, el problema del agua, la financiación local, la inmigración o la gestión de los desechos nucleares. Mientras la mayoría de los españoles reclaman soluciones urgentes y consensuadas sobre esos temas, los partidos políticos están a otra cosa. Toda las prioridades, ritmos y posiciones están ahora supeditadas al calendario electoral y a las expectativas en las urnas. Este año hay una cita importante en Cataluña y el próximo habrá municipales y autonómicas. En este escenario, PSOE y PP se mueven por cálculo electoral. El caso del estatuto de Castilla-La Mancha transita por esas coordenadas. Zapatero sabe que no tiene asegurada la victoria de Barreda y Rajoy cree que Cospedal puede ganar. Con Murcia no hay dudas, ni en Ferraz ni en Génova: la victoria de Valcárcel se da por descontada en 2011. De ahí el interés de la dirección nacional del PP en proteger las aspiraciones de Cospedal y en trasladar toda la responsabilidad sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura a Moncloa. Esa estrategia centrada en el desgaste de Zapatero tiene sus réditos, aunque es insuficiente porque no sirve para que los populares sean percibidos como alternativa. Los ‘barones’ lo saben e insisten a Rajoy en que también es hora de exhibir la gestión realizada en Murcia, Madrid o Valencia. Los riesgos son aún mayores si por asegurar una victoria en Castilla-La Mancha, el PP cae en contradicciones y se desdibuja una posición inequívoca y única, a nivel nacional, sobre el agua o la energía nuclear. El último episodio sobrevino esta semana cuando el municipio de Yebra (Guadalajara), gobernado por los populares, anunció que quiere el almacén de residuos nucleares. Cospedal se opuso, Javier Arenas la desautorizó y Rajoy se quitó de en medio («no tengo una opinión fundada»). A eso se le llama jugar con fuego.