El acuerdo de fusión entre CAM y Cajamurcia, que hubiera dado lugar a la cuarta caja del país pero que hoy está en vía muerta, descarriló el pasado lunes cuando el pacto entre ambas entidades estaba cerrado. Sólo faltaba comunicarlo ese día al Banco de España, pero un cambio de última en las exigencias de CAM auspiciado por la Generalitat quebró en un instante la confianza mutua que tanto costó cimentar. Las claves de la ruptura están directamente relacionadas por las injerencias políticas de última hora del Gobierno de Francisco Camps, en un proceso que había llegado a su tramo final con criterios puramente empresariales. No sólo es absolutamente legítimo, sino además rotundamente exigible, que el Ejecutivo de Camps esté activamente preocupado por el futuro de CAM. Más aún ante una posible fusión alternativa con Caja Madrid, que hubiera alejado el centro de decisión a Madrid, con todo lo que eso conlleva de negativo para el tejido empresarial y la obra social en el arco mediterráneo. También el Gobierno de Valcárcel alentó la alianza con CAM ante la evidencia de que probablemente era la mejor opción para ambas cajas y para la Región de Murcia. Pero lo que resulta absolutamente incomprensible es que, una vez dado el visto bueno político a la operación, uno de los dos Gobiernos, en este caso el de la Generalitat, decidiese tutelar y finalmente condicionar el acuerdo entre CAM y Cajamurcia. En el último suspiro, el conseller de Economía Gerardo Camps puso reparos a varios puntos del acuerdo y, de forma indirecta, la existencia de esa intervención política llegó a los dirigentes de Cajamurcia. Para colmo, el entorno del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, contribuyó a romper el compromiso de confidencialidad suscrito por ambas delegaciones, aireándose ese lunes que la negociación con Cajamurcia había fracasado. La sensación de desconcierto y de intervención política creció aún más tras filtrarse una reunión entre el director general de CAM, Roberto López Abad, y la secretaria de Organización del PSOE, la alicantina Leire Pajín, para conocer la posición de los socialistas ante una eventual fusión interregional de la que empiezan a recelar los empresarios de Alicante y Valencia, ahora partidarios de un acuerdo CAM-Bancaja. La presión del Banco de España y el temor a una fusión no deseada con Caja Madrid han precipitado los acontecimientos en la CAM en el momento políticamente más inoportuno, justo cuando la debilidad política de Francisco Camps llega a su momento álgido con la decisión del Supremo de reabrir la causa de los trajes de la trama ‘Gürtel’. A esa fragilidad de Camps contribuye de manera indisimulada José Joaquín Ripoll, dispuesto a meter cuantos palos pueda en la rueda de los campistas, incluso en el momento más crucial para una de las entidades señeras de la Comunitat.