Nadie lo ha afirmado con mayor rotundidad esta semana como el exministro Jordi Sevilla en el Foro Nueva Murcia («el rescate de España es inevitable») y nadie lo ha negado con mayor contundencia que el ministro Luis de Guindos y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría («no va haber rescate, es una opción descartada»). En estos días de infarto marcados por una prima de riesgo y unos intereses insostenibles para la deuda española, todo el debate ha girado en torno a la posibilidad de que nuestro país sea objeto de un rescate soberano ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de deuda que afronta el Tesoro en octubre. Ni siquiera las palabras del presidente del Banco Central Europeo, anunciando que el martes tomará medidas excepcionales para salvar el euro, con la consiguiente repunte de la Bolsa y el enfriamiento de la prima, han apagado los ecos de esta amenaza. Los medios británicos, como ‘The Guardian’, ‘Financial Times’ y ‘Reuters’, a quienes les importa un bledo que se hunda el euro mientras sobreviva la libra y mucho menos el destino de España, se han encargado de avivar las llamas, apuntando probables fechas y cantidades. Pese a los desmentidos del Gobierno, es cierto que en las elites empresariales y políticas españolas hay quienes, como Jordi Sevilla, contemplan esa posibilidad. De Guindos insiste en que el rescate no es un opción porque la economía de España e Italia suponen el 30% del PIB de la UE y el resto de los países no podrían aportar los más de un billón de euros que serían necesarios. Pero si el BCE se limita a dar un manguerazo al acoso especulativo y no pone en marcha una solución estructural, las alternativas restantes son pocas: una quita de la deuda soberana de ambos países o el peor escenario, la desaparición del euro y la vuelta a las monedas nacionales. Si finalmente la UE y el FMI tomaran el mando de nuestra economía las consecuencias políticas podrían ser muy relevantes. En su intervención en Murcia, Jordi Sevilla afirmó que «sería una vergüenza que nos obliguen a ponernos de acuerdo». Y es que la primera exigencia para salvarnos sería un Pacto de Estado firmado al menos por PP y PSOE, como ha ocurrido en Grecia, sin descartar la formación de un Gobierno dirigido por Rajoy, pero con presencia de algún miembro afin al partido socialista de perfil técnico para mantener y proyectar una posición consensuada. Muchos podrían pensar que, vistas así las cosas, no sería tan negativo proceder a negociar el rescate, como propone Sevilla, pero no se puede olvidar que esa primera condición sería seguida por numerosos y duros sacrificios que serían impuestos desde fuera y que menoscabarían nuestra soberanía económica y política. El Gobierno central está haciendo en este caso lo que debe al intentar asegurarse, por la vía diplomática, que se cumpla lo pactado en el último Consejo Europeo. Lo penoso es que es más fáctible conseguir respaldos en la UE, porque todos saben lo que les va en ello, que trenzar internamente los consensos que son también precisos. Enredarse en la matraca de quién tiene la culpa de esta catástrofe (si el PP o el PSOE) no vale más que para dar más cuerda a una dinámica nefasta a la que los subalternos de uno y otro partido se dedican por todos los rincones de este país, hastiando a la ciudadanía.