Entre la espada de los mercados y la pared de las protestas en la calle, el Gobierno de Rajoy se halla en una situación límite si el Banco Central Europeo (BCE) no sale al rescate con una compra masiva de deuda española. El Ejecutivo no logró el más mínimo respiro ni con el dramático «no hay dinero» para pagar a los funcionarios de Montoro ni con el diagnóstico hiperrealista de Rajoy (la deuda española equivale ya a todo nuestro PIB tras gastarnos 90.000 millones más de lo que ingresamos en 2011). La inacción del BCE no entraba en los planes del Gobierno central y es lo que más preocupa, aunque lo que más le escuece es la actitud de algunos ejecutivos autonómicos. A micrófono cerrado son varios los ministros que acusan a las comunidades de no querer enterarse de la gravísima situación de un país que está a un paso de ser rescatado como Portugal y Grecia. El cambio de estrategia del PSOE y el justificado malestar social se daban por descontados, pero lo que no imaginaban en La Moncloa es que algunas comunidades del PP, como se vio en el Consejo de Política Fiscal, podrían escenificar un conato de motín. Hacienda insiste en que se les ha facilitado un plan de pago a proveedores, se les ha anticipado dinero en el primer trimestre y se ha creado el fondo de liquidez autonómica para rescatar a las que no puedan hacer frente a los vencimientos de deuda. El equipo de Montoro reprocha a las autonomías que, pese a esas ayudas, siguen sin asumir la situación, eligiendo la parte más baja de la horquilla de las tasas universitarias o manteniendo empresas y televisiones públicas. Por eso, el Gobierno ha endurecido sus mensajes: «No se puede pensar que cabe todo en la oferta de servicios públicos», advirtió Montoro. En privado y por videoconferencia, Antonio Beteta, secretario de Estado al que se le ha reservado el papel de ‘poli malo’, ya ha recalcacado a las comunidades que los presupuestos regionales de 2013 deben ser muy restrictivos porque seguirá la recesión y que el objetivo de déficit (endurecido al 0,7%) tiene que ser cumplido por todas las autonomías a tajo parejo, como dirían en la huerta. A la Región de Murcia le tocará en 2013 recortar 110 millones más de los 673 previstos. Y como otras muchas, tendrá díficil poder cumplir con la cifra de déficit de 2012 por el desplome brutal de ingresos. Lo más probable es que para financiarse también acabe recurriendo al fondo de liquidez ante el cierre de los mercados, con el consiguiente control de sus cuentas desde Madrid y Bruselas. En este tira y afloja, las comunidades también tienen su lista de reproches (no se puede recortar mucho más sin deteriorar la sanidad y la educación, o la subida del IVA solo beneficiará a la administración central, que tiene una deuda cinco veces mayor que toda la autonómica). Incluso en los ejecutivos regionales del PP se oyen críticas sobre la falta de un plan que dinamice la economía. Mientras, la ciudadanía observa con indignación cómo se hunde el país sin que, salvo por algunos jueces, se exijan responsabilidades. En las últimas masivas manifestaciones hubo una idea que despunta: en los momentos de hacer sacrificios, el sufrimiento no se reparte por igual y acaban pagando los mismos. Si hay que meter un tajo a todo, mejor empezar por lo que está duplicado y por aquello que no es imprescindible para salvar lo esencial.