Más de 185.000 personas han perdido sus casas desde el inicio de la crisis en 2008, pero solo cuando dos en Granada y Baracaldo han perdido también sus vidas, precipitándose al vacío desde sus viviendas, en los últimos veinte días, se ha visualizado la reacción urgente y decidida que cabía esperar ante el drama de los desahucios. La escalofriante imagen de un cuerpo inanimado, cubierto con un plástico en mitad de la calle, ha despertado con una dolorosa bofetada de su letargo a quienes tienen la responsabilidad de frenar esta tragedia denunciada inicialmente por colectivos sociales, pero a la que se han sumado los jueces en los últimos meses en medio de un auténtico clamor en el conjunto del país. El problema de los desahucios toca tanto la fibra sensible y los valores humanos que, sumidos en la indignación, podemos llegar al absurdo de pensar que nos encontramos ante un conflicto entre una ciudadanía angelical y una clase política y financiera diabólica. La diversidad de casos de impagos es tan amplia que caer en juicios sumarísimos globales es inapropiado para un drama que se originó en aquellos tiempos de bonanza y burbuja inmobiliaria cuando desde todos los sectores sociales, fundamentalmente desde el político, se propugnaba que los españoles debían gozar de créditos hipotecarios a bajo interés. Dicho eso, lo cierto es que el colectivo más vulnerable y débil era y es quien, alentado por unos y otros, se decidió a comprar esa vivienda, necesaria o soñada, bajo una normativa hipotecaria obsoleta y que deja desprotegido al comprador frente a ciertas cláusulas abusivas, como apunta la abogada del Tribunal de Justicia europeo. Desde marzo, dos meses después de constituirse, el Gobierno de Rajoy intentó abordar la sangría de los desahucios con un código de buenas prácticas al que se adherirían los bancos. Se buscaba una fórmula que armonizasen los derechos de las entidades financieras, sometidas a tasas de morosidad que amenazan su propia solvencia, con la defensa de los colectivos más castigados por la crisis. La medida, bienintencionada pero no vinculante, ha tenido a la postre una eficacia casi nula. Como informamos hoy, pese a que se registran cada día 14 ejecuciones hipotecarias en los juzgados de la Región, solo una familia logró este año beneficiarse de ese código de buenas prácticas al exigirse condiciones muy concretas de extrema pobreza. Si se han producido una veintena de casos de dación en pago fue por acuerdos puntuales negociados, al margen de ese código, entre los afectados y las entidades financieras. Ahora, el Gobierno central quiere buscar soluciones más eficaces y consensuadas con el PSOE. Se anuncia ya una moratoria temporal de dos años para los desahucios que afecten a las familias con mayor riesgo de exclusión, como paso previo a una reforma que no tendría efecto retroactivo ni tampoco para los procesos de ejecución en marcha. Los dos grandes partidos políticos tienen ante sí un reto complicado aunque ineludible porque los impagos y los desahucios seguirán durante el tiempo que reste de profunda crisis. A ello debe sumarse una revisión de la ley hipotecaria para garantizar el adecuado equilibrio entre quien presta el dinero y el deudor. Habrá que hacerlo rápido y ‘en caliente’, pero esperemos que finalmente bien.