Me lo contaba un amigo hipocondriaco en un escueto correo electrónico sobre sus vacaciones: «Lo de viajar por este país se está poniendo imposible. El cambio de aguas me está tocando los riñones y por la noche tengo delirios cuasimísticos por el calorazo. Ahora en serio, lo que de verdad me impide dormir es la duda de si me pillará la huelga de los controladores aéreos». Media España ha cerrado en agosto, pero algunos problemas enquistados y otros sobrevenidos por la crisis no dan tregua al ciudadano. El de los controladores ya es un clásico del verano que explota cuando toca negociar su convenio colectivo. No es la primera vez que estos 2.200 profesionales, por la vía de huelgas de celo o encubiertas, han impuesto su capacidad de intimidación para perpetuar un status laboral marcado por unos privilegiados salarios, el control sobre la organización de su trabajo y una capacidad decisiva para condicionar el acceso a la profesión. El ministro José Blanco ha tenido los arrestos necesarios para abordar la regulación y liberalización de la gestión del tráfico aéreo, una decisión conflictiva pero a la que estaba abocado por la deuda de 15.000 millones que arrastra AENA (el ente gestor de los aeropuertos) y por el proyecto comunitario del cielo único europeo que persigue, entre otros fines, reducir a la mitad el coste de volar en la UE. La respuesta de los controladores ha sido el anuncio de que irán a su primera huelga legal a partir de la segunda quincena de agosto, sin precisar la duración ni las fechas concretas, lo que ha tenido ya un efecto disuasorio en las reservas de vuelos y alojamientos, con las consiguientes pérdidas para el turismo y las líneas aéreas. Blanco, el único ministro visible en este arranque de agosto, tiene otro frente abierto con el recorte en obra pública. El lobby de los constructores reclama un plan de reestructuración y ayudas crediticias como las recibidas por la banca y el sector del automóvil. Mientras, los transportistas andan con la mosca detrás de la oreja ante la posibilidad de que Fomento implante la ‘euroviñeta’, una directiva que obligaría a pagar tasas por el uso de las autovías. Y antes de coger vacaciones, los ministros Corredor y Sebastián dejaron también sumidos en la incertidumbre a los promotores inmobiliarios por el recorte de las ayudas a la compra de vivienda de protección oficial y a los productores de energía fotovoltaica, fomentada por una retribución muy generosa, que afrontan ahora un drástica rebaja de las primas. Son muchos los colectivos damnificados por el repentino ajuste de las cuentas públicas que, como mi amigo, viven en la incertidumbre en un verano transmutado por la crisis en un auténtico test de resistencia ciudadana.