La primera víctima de una guerra es la verdad, dijo hace un siglo el congresista estadounidense Hiram Johnson. No hay más que asomarse al horror de los conflictos de Gaza y Ucrania para ver que tenía razón. Aquella frase de Johnson también es aplicable a otro tipo de batallas menos cruentas, como la entablada entre comunidades a cuenta de la financiación del Estado. La publicación, esta semana, de las balanzas fiscales sirvió para desenmascarar una de esas solemnes mentiras que hay en todas las disputas territoriales, el «España nos roba» del ‘delfín’ de Jordi Pujol, quien vergonzantemente acaba de reconocer que ocultó dinero a Hacienda durante 34 años fuera del país. También fue útil para verificar una certeza, que la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares reciben una financiación por habitante muy inferior a la de otros muchos territorios. Pero superado este ejercicio de transparencia, sobreviven conceptos equívocos en torno a la financiación (se habla de territorios en lugar de personas) y crece el malestar de las comunidades peor tratadas. Todo, estratégicamente en la antesala de la reunión de Rajoy y Mas, para dejar todo como está porque no habrá, de momento, un nuevo modelo de financiación autonómica, pese al clamor mayoritario. A la postre, el regusto de este destape contable es frustrante porque, cifra arriba o cifra abajo, en la Región de Murcia se sabía de esa infrafinanciación y se experimentaba en carne propia. Que Montoro y Beteta nos prometan que la Comunidad no tendrá problemas de liquidez y que suavizarán las exigencias del control del déficit supone un alivio, pero que nadie olvide que los adelantos a cuenta de hoy habrá que pagarlos mañana y que la deuda regional supera con creces los 6.000 millones. El ministro alega que ni hay suficiente consenso territorial ni recaudación para aumentar el dinero a repartir. Es verdad que la Región, con su limitado peso político, lo tendría difícil en una negociación colectiva de un nuevo modelo, donde el principal condicionante sería la desactivación del problema catalán con un significativo montante de fondos. El vigente y el anterior avanzaron en la corresponsabilidad fiscal, cediendo más capacidad impositiva y recaudatoria a las comunidades. Como ocurrió al negociar las transferencias de sanidad y educación, en Murcia no se peleó lo suficiente en 2005 porque la economía regional iba como un cohete, pero hoy, superado ese espejismo cegador y con el menguado nivel de renta per capita, otra vuelta de tuerca en la corresponsabilidad fiscal agravaría los apuros financieros de la administración. En los despachos oficiales de Madrid y Murcia se fía todo al crecimiento de la economía. Si la velocidad del repunte se acelera, no habrá problemas. Pero si se estanca, volverán los recortes. Y ya hay poco donde podar sin tocar lo que nadie desea. Solo queda una salida: acentuar las políticas de estímulo y reclamar, con vigor, compensaciones a Madrid que no inflen aún más el globo de la deuda pública.