El Gobierno central acertó en abril cuando decidió rebajar el gasto público en numerosas empresas y entidades públicas por la vía de la reducción del número de altos cargos y consejeros. Nada menos que 80 directivos y 450 miembros de consejos de administración fueron amortizados. El tijeretazo fue especialmente acusado en las Autoridades Portuarias. De un plumazo se decidió suprimir en un 40% el número de miembros de los consejos de administración, lo que obligó a una posterior modificación de la Ley de Puertos de 1997. Pero a la vista de lo que está ocurriendo con la disputa entre la patronal regional Croem y la organización empresarial cartagenera COEC por un sillón del Puerto de Cartagena quizá hubiera sido mejor reducir drásticamente las dietas de los consejeros, si lo que se quería era disminuir gasto público, y mantener el nivel de representatividad de las organizaciones políticas, económicas y sindicales en esas entidades públicas que son estratégicas a nivel regional. Aunque el origen del problema pudiera estar aguas arriba por un error de cálculo no malintencionado, el deplorable espectáculo que están ofreciendo los líderes de las dos organizaciones empresariales ante la opinión pública sólo es responsabilidad de quienes no están sabiendo encauzar sus diferencias. Todo lo que se gana poniendo en valor el Puerto de Cartagena como infraestructura estratégica para la Región se pierde con el deterioro de la imagen de los empresarios, enzarzados en una batalla fratricida plagada de descalificaciones por la silla de un consejo de administración que se reúne cuatro o cinco veces al año. Por muy legítimas que sean las aspiraciones y razonables los argumentos de unos y otros, esta tangana es impropia de quienes ostentan cargos representativos y no puede enquistarse en el momento en que más arrecian los problemas financieros para la economía de la Región. Lo que esperan los ciudadanos en estos momentos es justamente lo contrario de lo que están protagonizando Miguel del Toro y Diego Illán. La coyuntura exige unidad, diálogo y pactos sólidos entre el Gobierno regional, partidos políticos, empresarios y sindicatos para encarar la crisis con todas las medidas precisas, por muy duras que sean, y garantizar así el futuro económico de la Región. Eso debería ser lo prioritario para quienes tienen en sus manos el deber de zanjar un culebrón con tintes de duelo personal y el riesgo de azuzar caducas disputas territoriales. Con este conflicto ni se contribuye a la cohesión de la Región, que debería estar más unida que nunca, ni se garantiza el progreso de Cartagena, que hoy es una de las ciudades más atractivas y pujantes del Mediterráneo porque ha existido un empeño colectivo de la ciudadanía y sus representantes.