La estrecha colaboración que mantuvieron los sindicatos mayoritarios con el Gobierno de Valcárcel durante quince años es llamativa porque no ha sido la tónica en las comunidades gobernadas por el PP, ni siquiera en tiempos de bonanza. Es obvio que la paz social y la articulación de acuerdos con los agentes sociales es deseable y fructífera, pero tanto pacto y tanta fotografía en el Palacio de San Esteban resultaban desconcertantes incluso para la izquierda política. El acuerdo por el empleo con la Croem y Valcárcel escoció en junio pasado a los socialistas murcianos, que acusaban, intramuros, a los líderes sindicales regionales de dar balones de oxígeno al Ejecutivo del PP. No fue ni mucho menos un episodio aislado. Esa imagen de proximidad volvió a repetirse hace sólo dos meses con una alianza para impulsar la FP. Si sorprendente era esa sintonía no menos insólita ha sido la virulencia y la celeridad del divorcio, escenificado bajo el domicilio del presidente con el que alcanzaban pacto tras pacto, muy pocas horas después del recorte de los complementos salariales y el fin de las 35 horas semanales impuesto a los funcionarios. El profundo malestar de médicos, maestros y otros empleados públicos resulta completamente comprensible porque llueve sobre mojado, dado que el Gobierno de Zapatero decidió por primera vez en la democracia reducir el sueldo de los funcionarios, víctimas de congelaciones salariales desde hace dos décadas. Pero la acción-reacción en el caso de los sindicatos mayoritarios es, por el contrario, difícil de asimilar si se compara con la mostrada frente al Gobierno central por unas medidas de semejante tenor. El recorte regional ha alcanzado a la estructura y capacidad de acción de los propios sindicatos, que ven reducidas sus subvenciones de las arcas regionales y son eliminados la mitad de los 300 liberados sindicales. Pero esgrimir ese argumento como el único determinante sería como aceptar que el idilio entre los sindicatos y Valcárcel era en realidad un matrimonio de conveniencia y que las organizaciones sindicales ocuparían, junto a otros muchos colectivos, un lugar en esa telaraña de supuesto clientelismo que denuncian los socialistas. Todo es confuso y desproporcionado en estos tiempos tan distintos de aquellos días de vino y rosas cuando el dinero público circulaba a la velocidad de un porsche cayenne. El duro, durísimo recorte, ha tenido una dura, durísima respuesta que se ha extendido hasta al círculo familiar del propio presidente. Gobernar y ejercer la defensa de los derechos sindicales no es tarea sencilla cuando la caja está vacía, pero conviene a todos los murcianos que el Ejecutivo regional y los sindicatos hallen un punto de encuentro que no sea en el asfalto de la Gran Vía para encarar una crisis de la que nadie escapa.