Esta guerra se va a ganar, pero la victoría sería menos amarga si un cualificado grupo de expertos independientes hubiera asesorado durante la batalla, en lugar de profesionales que se ponen de perfil en momentos políticamente sensibles para el Ejecutivo

En 1957, el físico Charles Percy Snow dictó una conferencia llamada ‘Ciencia y Gobierno’ que ha sido evocada durante el veloz avance del Covid-19. El motivo es que encierra claves sobre cómo los Gobiernos deben asesorarse, para la toma de sus decisiones políticas, sobre cuestiones donde la ciencia bordea las fronteras del conocimiento. En su escrito, C. P. Snow narró la disputa iniciada entre dos investigadores, Henry Tizard y F. Lindemann, en la Gran Bretaña de los albores de la II Guerra Mundial. Tizard dirigía el comité de expertos que asesoró al Ejecutivo laborista sobre cómo hacer frente a los bombardeos de la Alemania nazi. Su recomendación fue concentrar todo el esfuerzo financiero en el desarrollo de un incipiente invento, el radar. Esa estrategia era frontalmente despreciada por Lindemann, el principal asesor del entonces jefe de la oposición, Winston Churchill. Tizard acertó y Gran Bretaña sobrevivió a la ofensiva aérea de Hitler. En 1940, con Churchill al frente y la guerra de cara para los aliados, Tizard y sus colaboradores fueron desplazados por Lindemann, que sobre la base de cálculos erróneos, que nadie revisó, recomendó un bombardeo brutal de la industria y la población civil alemana, que resultó tan innecesario como cruel por ser trágicamente fallido.

Ahora estamos en otro tipo de guerra. También es mundial y se libra contra un enemigo que se desplaza por el aire, aunque en esta ocasión es genuinamente invisible, salvo para el radar molecular de los sofisticados test de diagnóstico que lo detectan en las mucosas de nuestra boca y nariz. Es un virus que nos invade y se propaga a enorme velocidad, obligando a adoptar medidas de contención propias de un conflicto bélico. Cierres de colegios, confinamientos en domicilios, limitación en la circulación de personas, controles policiales… Es probable que, con toda la comunidad científica volcada en el empeño, en año y medio se podrá derrotar al virus con una vacuna. Si así ocurre, habrá sido a pesar de una clamorosa descoordinación internacional, con cada país tomando sus propias medidas, aconsejados por científicos de cabecera sin que trasciendan las evidencias y los argumentos de sus decisiones.

Como intuía C. P. Snow, el tiempo está demostrando que cuando aparece un desafío pleno de interrogantes científicas es crucial que los Gobiernos recluten a los mejores investigadores, pidan opiniones discrepantes de otros expertos y gestionen la información de forma transparente y abierta. Justo lo que no está ocurriendo en esta pandemia. El primer error fue ignorar las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, institución que coordinó la lucha contra el precedente del Covid-19, el síndrome agudo y respiratorio (SARS) causado entre 2002 y 2003 por otro coronavirus. Muchos políticos, científicos, médicos y periodistas vivieron esa crisis en España. Cierto es que la magnitud del Covid-19 sorprende y desborda a todos, pero el riesgo era conocido, empezando por la posibilidad de que la información que llegaba de China no fuera fiable.

Entonces, como ahora, las autoridades chinas informaron a la OMS de la existencia de un brote cuando el virus ya se había diseminado por su territorio. El primer caso se produjo el 17 de noviembre en Wuhan, pero no fue hasta el 31 de diciembre cuando la epidemia es oficialmente comunicada a la OMS, después de días de censura en los medios locales y de persecución a médicos que intentaron alertar de los casos que tenían entre manos. Hasta el 11 de enero, China no compartió internacionalmente la secuencia genética del virus, de la que disponían desde el día 5. Dos días después, el 13 de enero, se declara la primera infección fuera del gigante asiático. Ahora se sabe, por un estudio publicado esta semana, que el virus circulaba por el norte de Italia ya a principios de enero. El primer caso se diagnosticó un mes después, el 20 de febrero, en Lombardía. El análisis de muestras de los 5.800 primeros infectados arroja un dato revelador: la cantidad de virus en las fosas nasales de los contagiados, la llamada carga viral, es similar tanto en pacientes con síntomas como en infectados asintomáticos. La conclusión es preocupante: el coronavirus está siendo propagado de forma inadvertida por personas sanas, posiblemente de forma masiva.

El Ministerio y las consejerías autonómicas de Salud pecaron de exceso de confianza cuando, después de que la OMS declaró el 31 de enero la emergencia mundial y tras el Consejo Interterritorial del 4 de febrero, anunciaron por boca de Salvador Illa que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado. Aún no sabían que ya había transmisión comunitaria del virus en Europa, pero anticipar escenarios forma parte de sus responsabilidades. ¿Estuvieron bien asesorados? ¿Tuvieron todos la misma actitud? Imposible saberlo porque desde diciembre de 2018 el Ministerio ya ni cuelga las actas de los Consejos Interterritoriales de Salud. Es difícil explicarse las tibias recomendaciones del portavoz científico del Ministerio a finales de la primera semana de marzo, cuando ya había más de 380 casos, 9 de los cuales eran de origen desconocido, lo que implicaba que había personas infectadas moviéndose por España sin ser conscientes de ello, como advirtió el día 5 el mayor experto español en coronavirus, Luis Enjuanes, del CSIC. Inexplicable cuando, además, un informe del propio Ministerio del día 6 decía que no era descartable la transmisión asintomática, una posibilidad suscitada en febrero cuando la mitad de los viajeros del crucero ‘Princess Diamond’ dieron positivo sin tener síntomas.

Esta guerra se va a ganar, pero la victoria habría sido menos amarga con un Tizard liderando un equipo independiente de expertos que con un Lindemann poniéndose de perfil en momentos políticamente sensibles para su Gobierno. El comité anunciado hace una semana por Sánchez llega tarde, pero su actuación aún es decisiva y ojalá acierte. Ayer propició una decisión relevante de Pedro Sánchez, la suspensión durante dos semanas de la actividad no esencial en todo el país. Dicho esto, la responsabilidad última es indelegable. Recae en el presidente y en los gestores del Sistema Nacional de Salud, que tuvieron la posibilidad de actuar, como hicieron sus antecesores en la crisis de las ‘vacas locas’, conforme al Principio de Precaución previsto en los Tratados de la UE para amenazas medioambientales o de salud pública.