España sería un polvorín social si no existiera la solidaridad intergeneracional. En este país machacado por el paro, con miles de familias con todos sus miembros sin trabajo, los abuelos tiran sin dudar de su pensión para contribuir a superar el trance de sus vástagos. Una de cada cinco abuelas cuida de forma regular a sus nietos y el 42% de los padres septuagenarios conviven con sus hijos. Nos salvamos del caos porque persiste esa malla de seguridad trenzada con lazos de sangre. Fuera del ámbito familiar, la cohesión se diluye. En Francia, la sociedad se frota aún los ojos con indignación tras saber que la primera fortuna del país, Bernard Arnault, el propietario de Möet & Chandon y Louis Vuitton, ha decidido pedir la nacionalidad belga por la subida de impuestos a los más ricos decretada por el presidente Hollande. Ese gesto de insolidaridad no es muy diferente al que impulsa el presidente Artur Mas, con la agravante diferencia de que quiere arrastrar al conjunto de los catalanes en su irresponsable huida hacia la independencia. Existe, eso es verdad, un amplio espectro de la sociedad catalana con sentimientos soberanistas, pero en buena parte han sido propiciados por una clase política que abandonó el catalanismo integrador para poner en ebullición el caldo de cultivo del victimismo y del hecho diferencial, con la torpe ayuda de algunos dirigentes nacionales que ya han pasado a la historia. Lo más vergonzante de esta espita abierta en Cataluña es que dinamita la solidaridad y la corresponsabilidad interterritorial justo cuando es más necesaria. Y todo para enmascarar con una gran humareda el desgaste por una gestión y unas políticas que hace solo unos meses hicieron manifestarse a miles de catalanes frente ante los hospitales donde Mas acometió los ajustes más duros. La estrategia es meridiana: propagar que la causa de la asfixia financiera no fue la gestión del manirroto gobierno tripartito ni la del actual convergente, sino la injusta financiación estatal que recibe Cataluña. Artur Mas chantajea con la secesión para forzar un Pacto Fiscal como el vasco, calculando que, si el órdago no surte efecto, al menos la agitación del descontento general le puede servir para ganar las próximas elecciones. De hecho, todo huele a que se adelantará la llamada a las urnas, siendo la manifestación del domingo el primer movimiento de ficha en el tablero electoral. Y como Rajoy y Rubalcaba tampoco son nuevos en esto, han reaccionado con tibieza para no echar más gasolina y porque intuyen la jugada de CiU. El problema para todos, incluido Artur Mas, es que cuando se apela a los sentimientos para movilizar a miles de personas, luego resulta muy difícil controlar las banderas que uno levanta. Pero eso no parece preocuparle a quien quiere crear estructuras propias de un Estado y al mismo tiempo recibir, sin adquirir compromisos, dinero estatal del Fondo de Liquidez Autonómico. Afortunadamente, la fórmula de los hispanobonos, que implicaría una mutualización del riesgo para el conjunto de las autonomías (eso no es solidario, sino temerario), fue descartada por un fondo que obliga a rendir cuentas por separado de los esfuerzos para reducir el déficit y de la marcha de las cuentas públicas, lo que abochorna al nacionalismo catalán, prisionero de un sueño delirante que está abocado al fracaso en la Europa actual.