Cuando empezó la pandemia, los policías a los que se les encomendó velar por que se cumplieran las restricciones, prohibiciones y nuevas normas de convivencia y desplazamiento, comprendieron de inmediato que era necesario establecer nuevos protocolos de actuación para poder hacer frente a la pandemia. Mientras los políticos y los técnicos competían para ver quien acertaba más, que medidas eran más populares y más aplaudidas o quien se anticipaba antes a lo que estaba por venir, nosotros los policías seguíamos actuando dando por bueno el proceder habitual, aplicable a las condiciones de libertad y prosperidad del Estado del bienestar.
Ahora se ha comprobado que las nuevas normas y prohibiciones sirven para contener a los ciudadanos que están convencido de que hay que ir todos a una, pero no a los que habitualmente infringen la ley o viven del delito, ni a aquellos insolidarios que dicen negarse a ser rebaño.
Con el cierre de la hostelería y la necesidad de confinamiento o de distancia social, han ido germinando las reuniones en los hogares, locales o naves a puerta cerrada. Por ello las diferentes policías, después de estériles tira y afloja para intentar conseguir la colaboración ciudadadana, siguen reclamando instrucciones claras y medidas facilitadoras de la intervención policial, precisamente para evitar esa patada en la puerta que ha terminado por hacerse viral… Todas las cadenas de televisión se han horrorizado con dicha práctica, a todas luces ilegal, aunque no han tenido reparo, durante estos últimos meses, a pedir que a los infractores bailongos se les lleve al paredón .
¿De verdad que a nadie se le ha ocurrido establecer, de forma urgente y como medida excepcional, para los casos de fiestas letales, un novedoso juzgado de guardia para la agilización de las peticiones de órdenes de entrada judicial en domicilio, en los casos demostrados de ruidos, aglomeraciones, falta de medidas de protección, molestias al vecindario que se eternizan y negativas reiteradas a atender a los agentes que se hubieran desplazado al lugar? Sobra aclarar que me refiero a casos graves, perfectamente motivados y contrastados que además constituyan una desobediencia grave, con riesgo exponencial de contagio.
La finalidad principal de dicha medida sería la disuasión. Si la ciudadanía entiende que la policía dispone de medios para actuar, tendría que valorar si le compensa infringir. Pero actualemente, organizar fiestas ilegales es un aliciente más para la diversión. ¿Habrá algo más molón que, salirse del rebaño, y desafiar al Poder sin riesgos, ni consecuencias, mientras los demás obedecen sin rechistar?