Acabo de recibir el boletín informativo de Médicos sin Fronteras en el que las noticias sobre el ébola no son nada esperanzadoras. Más de 370.000 niños se han quedado ya huérfanos por la pandemia. En España, donde todos andan peleando por el poder, se ha decidido mandar a África, unos 500 000 euros para luchar contra la propagación de la enfermedad.
Como ciudadana no puedo menos que admirar tanta generosidad frente a tan letal amenaza. Un Ayuntamiento como el de Murcia gasta anualmente mucho más para mantener, en plena crisis, un servicio de escolta, que no existía en las décadas de la ETA más sanguinaria. El tinglado implica un grupo de policías locales dedicados en exclusiva a la protección de un puñado de concejales.
Estos funcionarios acompañan a los políticos en las fiestas, cuando se sientan en las tribunas o cuando se disfrazan de huertanos, de sardineros o de moros y cristianos o participan en procesiones y pruebas deportivas en las que suele pulular la policía uniformada.
Los llamados escoltas se han convertido en merodeadores, que eternizan sus plantonadas, vigilando las propiedades de los políticos allá donde estén ubicadas. También se dedican a seguirles a distancia en los actos protocolarios, viajes, comidas e incluso asistencia a funciones de teatro o salidas nocturnas.
Esos policías, que no visten uniforme, acumulan así horas extraordinarias, prolongaciones de jornada, sábados y festivos, nocturnos, jornadas partidas, además de dietas, kilometraje y pluses por su especialidad. A ello hay que añadirle el material que dichos seguimientos necesitan como teléfonos, armas, despachos, ordenadores, una bicicleta, turismos, motocicletas y como no combustible ya que en muchas ocasiones, por su disponibilidad, han de ejercen de conductores y también, por decirlo con sutileza, de asistentes.
Para más inri muchos ayuntamientos han creado la figura del coordinador de servicio. Estos disponen de despacho, secretario, coche oficial y un sueldo actualmente envidiable. Integrados en las plantillas, nadie sabe cómo han sido elegidos, ni a que se dedican salvo, se supone, los que les han puesto ahí.
Con el dinero que se podría ahorrar eliminando la duplicidad de servicios y los gastos de relumbrón y pleitesía se podría hacer frente a los peligros reales que acechan a la ciudadanía.
La Comunidad Autónoma de Murcia, para seducir al electorado, promete ahora legislar para castigar a los gestores públicos que se hayan dedicado al derroche. Pero todos sabemos que si no hay denuncia no hay sanción. Así que:¿ quién le pone el cascabel al gato?. En Cataluña han tardado más de treinta años en hacerlo.