Resoluciones como la del ‘caso Tótem’ pueden ayudar a pensar que la corrupción sale barata en España

Resoluciones judiciales como la del ‘caso Tótem’ pueden contribuir a reforzar la creencia de que la corrupción sale barata en España, y –peor aún– también la idea de que un buen abogado permite a cualquiera salvarse del infierno. Los recientes procesos por el asesinato de Marta del Castillo y el cohecho impropio de Camps han concluido con sentencias absolutorias que, aunque discutibles, se fundamentan en un ordenamiento jurídico garantista y en la presunción de inocencia que de éste dimana: a nadie se condena sin las necesarias pruebas de culpabilidad. Pero, a diferencia de la ‘operación Tótem’, en ambos casos se celebró una vista oral en la que confluyeron numerosos testimonios e informes periciales aportados por las defensas y las acusaciones, y que concluyó, a su tiempo, con sendos fallos debidamente razonados.
A la ‘Tótem’, sin embargo, se le ha privado de subir al estrado. Frente a los supuestos de Sevilla y Valencia, el acuerdo alcanzado ayer entre la Fiscalía y las defensas de los trece imputados ha dejado a mitad de camino la sustanciación jurídica de la mayor causa acometida en Murcia contra políticos que cobraban comisiones ilegales por conceder licencias de obra. El sentido de la proporción, que tanto gusta a la Justicia y que hunde sus raíces en la esencia misma del Derecho romano, no parece haberse observado en la ‘Tótem’; no, si las penas de conformidad pactadas ayer –en lo que uno de los procesados llamó ‘mercadeo’–, se ponen en comparación con el alcance y la aparatosidad de la redada, que incluyó la ‘condena del telediario’ y una verdadera tormenta con fuerte aparato eléctrico. Especialmente llamativa resulta la suerte que cuatro años largos de instrucción han deparado a Juan Morales, quien primero se libró de la detención gracias al fuero de que gozaba en 2007 por su condición de político electo (un privilegio de cuya bondad disienten muchos juristas), y ahora probablemente escapará también a la cárcel porque –muy al final del camino– ha firmado una confesión. Y lo sorprendente no es tanto que pueda eludir la prisión, sino el hecho de que le sea posible hacerlo porque –también en el último suspiro–, la Fiscalía ha reconsiderado su petición anterior, de tal forma que donde anteayer veía motivos para imponerle una pena superior a los 28 años de reclusión, ayer aceptó una condena lo suficientemente nimia para que siga, de hecho, en libertad. Alguien podría pensar que, o bien en 2007 se entró en Totana como elefante en cacharrería, o que algo de cierto hay en la creencia popular de que dilapidar el dinero de todos sale a cuenta en España.