La Verdad

img
Humo y espejos en la vida pública
img
Joaquín García Cruz | 15-08-2017 | 15:39| 0

El Mar Menor, la sierra minera y la autovía del bancal son verdaderos ejemplos de la magia que hacen los políticos

Humo y espejos. Magia. Es la política. Tras verse confinado en una dacha por el mismo politburó que él había presidido (hacerlo antes le habría costado, literalmente, la cabeza), el exdirigente soviético Nikita Jrushchov definió a los políticos como unos demagogos capaces de prometer la construcción de un puente aunque no haya río. Más ocurrente resulta la descripción acuñada por Groucho Marx («política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados»), pero esta de Jrushchov se ajusta mejor -40 años después- a la realidad actual. Hay políticos robaperas y políticos capaces, honrados y corruptos, sinceros y cuentistas, nuevos y viejos, pero todos ellos parecen marcados por su habilidad prestidigitadora, un rasgo casi arquetípico de quienes gestionan la ‘res publica’, ya lo hagan al abrigo del Gobierno o desde la oposición.

Los políticos consiguen, remando a contracorriente del desafecto ciudadano, que se confíe en sus promesas, que se les vote, que sus afiliados y subalternos les sigan, arracimados, como al flautista de Hamelín. Eso es magia. ¿O acaso no es ilusionismo hacernos creer que los partidos alcanzarán en esta legislatura un pacto nacional del agua, que la enfermedad del Mar Menor no estaba de sobra diagnosticada -y se la dejó evolucionar inmisericordemente-, que la sierra minera lleva medio siglo contaminada por alguna razón ajena a la estulticia de los gobernantes, o que las calles de Murcia se inundan porque llueve con fuerza inusitada, cuando lo cierto es que aún no se han construido los tanques de tormentas anunciados casi desde el Paleolítico? Al humo y a los espejos se recurre también desde la Administración para justificar que la autovía A7 pierda su tercer carril allí donde la provincia de Alicante se adentra en territorio murciano, o para explicar que Rajoy no haya encontrado en cuatro meses un hueco en su agenda para recibir al nuevo presidente de la Región de Murcia, lo que acentúa el convencimiento de que desde Madrid se nos maltrata hasta en los asuntos protocolarios.

Algún día olvidaremos estos y otros despropósitos. El Centro Médico de las universidades de Columbia y McGill (EE UU) ha publicado en la revista ‘Current Biology’ el avance de un estudio encaminado a regalarnos la posibilidad de borrar los malos recuerdos de nuestra memoria. Los investigadores apuntan que los recuerdos asociativos podrán suprimirse de forma individual, inhibiendo en consecuencia fobias y traumas que suelen arrastrarse de por vida.

Esto último no es magia. Es ciencia. Pero la tecnología para humanos aún no está disponible, así que entretanto las pastillas no se puedan adquirir en la farmacia tendremos que apechugar con la mala sangre que los dislates de la vida política nos provocan. O mirar hacia otro lado y seguir jugando al juego de sombras y engaños que se nos propone, un ejercicio de fabulación que resulta menos insano que tomarse un berrinche cada vez que se nos disfraza la realidad con humo y espejos. Con esta misma y vieja metáfora de la magia (‘Humo y espejos’, editorial Salamandra), titula Neil Gaiman uno de sus libros más divertidos, en el que relata, con la apariencia de hechos reales, cómo un tendero de segunda mano le vende el Santo Grial a una anciana por cuatro ‘chavos’ o cómo una banda de asesinos se anuncia en el periódico bajo la tapadera de una ‘empresa de control de plagas’. Todo en la narración de Gaiman es, claro, imaginación, magia y ficción, pero, magistralmente contado -o bien disfrazado-, se presenta como realismo literario. Llegado el caso, el Gobierno de turno es capaz de conseguir que una autovía termine en un bancal y que además se le llame así en el BOE (‘la autovía del bancal’). Es magia, porque la autovía existe pero no conduce a ninguna parte. Magia es también que un partido en apuros venda como ‘errores administrativos’ imputaciones judiciales de naturaleza penal, o que se renombre caprichosamente una ley para que al imputado de toda la vida deba llamársele ahora ‘investigado’. Es lo mismo, pero suena menos embarazoso. Así es, a veces, la política. Magia pura. Nada por aquí, nada por allá.

Ver Post >
Una tensión que se transparenta
img
Joaquín García Cruz | 22-06-2017 | 10:36| 0

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) trae al recuerdo la historia del rey desnudo, de Andersen, que es un cuento de hadas. El organismo que preside José Molina se cobija en una ley de 2014, la de Transparencia y Participación Ciudadana, rezuma en sus fundamentos el mejor espíritu posible, como «órgano independiente de control en materia de transparencia», posee funcionarios y presupuesto, y de vez en cuando reúne a sus 18 integrantes, que llevan allí las voces del Gobierno regional, los cuatro partidos representados en la Asamblea (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), las dos universidades públicas (UMU y UPCT), el Consejo Jurídico de la Región, la Federación de Municipios, los consumidores, la patronal Croem y los sindicatos UGT y CC OO. Pero, contra lo que estos ropajes pudieran hacer creer, el Consejo de la Transparencia está en realidad tan desnudo como el rey del cuento, y la parálisis que lo atenaza empieza a resultar llamativa.

La última sesión que el Consejo mantuvo, el martes pasado, constituye un buen ejemplo de su inoperancia. Después de dos horas, no se pasó del primer punto en un orden del día que recogía media docena de acuerdos y propuestas de resolución, y la reunión quedó marcada por la tensión reinante, la decepción de algunos de los participantes y los reproches que se cruzaron-y no solo ellos- José Molina y Enrique Ujaldón, el secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, que se estrenaba como consejero en representación del Gobierno regional y que sacó a pasear su mejor vis política. Miguel Sánchez, el portavoz de Ciudadanos, llegó a lamentar en su intervención -antes de anticipar su próxima renuncia- que el Consejo «está más politizado que la propia Asamblea Regional», y explicó que su dimisión responde a motivos personales (quiere más tiempo para el hijo que espera). Aunque Ciudadanos no abandona el Consejo, pues dejará paso a otro representante de la formación naranja, Miguel Sánchez anunció que propondrá a los grupos parlamentarios que los políticos salgan del Consejo de la Transparencia.

Eran ya las tres de la tarde y el representante de CC OO, José Luis Sánchez Fagúndez, se empeñaba aún, sin éxito, en defender una ponencia así de farragosamente titulada: ‘Criterios de la comisión interdepartamental para la transparencia en la Región de Murcia sobre publicidad activa de las medidas contenidas en la ley de Transparencia regional en materia de recursos humanos que afectan a datos de carácter personal’. ¿Se puede ser más opaco en el enunciado? No. En román paladino: señores, ¿publicamos en internet todos los sueldos de la Comunidad Autónoma, funcionarios y médicos incluidos, o seguimos mareando la perdiz? Dos horas estuvo el Consejo dándole vueltas a la matraca, sin avanzar un solo palmo. Se oyeron palabras gruesas. Molina reiteró su conocida creencia de que el Gobierno realiza una labor obstruccionista en el Consejo, y Ujaldón se encargó de situar la línea roja de la transparencia en las limitaciones impuestas por otras leyes que protegen la privacidad.

Ante el cariz que tomaba la sesión, Molina y Ujaldón se reunieron ayer en el despacho del primero para negociar por separado un acuerdo de mínimos que ambos pudieran trasladar la próxima semana a una nueva sesión del Consejo. No está claro que lo hayan conseguido, aunque se aprecia un acercamiento. La propuesta de Molina consiste en que la Comunidad airee, con nombres y apellidos, los sueldos de todos los cargos de libre designación, incluida la pléyade de asesores del Gobierno, y que del resto de los funcionarios se publique también cuánto cobra cada cual, pero con un indicativo que proteja sus identidades personales. A Ujaldón no le parece mal, aunque exige que una comisión mixta, compuesta por técnicos del propio Consejo de la Transparencia y de la Administración regional, garantice -antes de seguir hablando- que esta fórmula no vulnera derechos individuales. El Gobierno no quiere que le tire de las orejas la Agencia de Protección de Datos, y el presidente del Consejo, si bien se muestra prudente en sus manifestaciones, no oculta su escepticismo sobre la verdadera voluntad del Gobierno en materia de transparencia. El uno piensa que se avanza muy deprisa, y el otro, que se va muy despacio.

Aunque informes legalistas hay ya de sobra (en un sentido y en el contrario), el nuevo dictamen que salga de la comisión mixta de técnicos podría ayudar a que las deliberaciones del Consejo avancen y permitir, en última instancia, que se publique la nómina completa de la Comunidad Autónoma, asesores y médicos incluidos. Está por ver. De momento, el Consejo de la Transparencia sigue, al menos en este asunto, atrapado en la casilla de la que salió.

Ver Post >
Papeles mojados
img
Joaquín García Cruz | 13-03-2017 | 09:11| 0

Si Trump llegó a asegurar en la campaña electoral que Obama no era americano, y muchos de sus compatriotas le creyeron y además lo votaron, ¿por qué no iba a declarar Pedro Antonio Sánchez (PAS) ante el juez que no conocía al arquitecto del auditorio de Puerto Lumbreras? Dos años antes de convocarse el -preceptivo- concurso de ideas, ya Sánchez se hizo con Martín Lejarraga fotos que aún siguen colgadas en la Red, y ambos anunciaron públicamente que Lejarraga diseñaría el auditorio, lo que no impidió que el presidente perdiera el otro día la memoria en sede judicial. Estaba en su derecho, el mismo que asiste a cualquier imputado, de faltar a la verdad para protegerse. Pero a los ojos de la opinión pública queda claro que PAS conocía a su arquitecto, que le encargó la obra, que la adjudicación contravino el procedimiento administrativo, y que, si no sufre amnesia (esperemos que no), el presidente hizo uso de su derecho a protegerse de preguntas incómodas que pudieran perjudicarle.

Desde que la crisis institucional se hizo patente con la investigación a Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), valores como la verdad, la honorabilidad de la palabra y el respeto a la ley se están yendo al garete, un poco cada día, y dejando que ocupen su lugar la mendacidad, el ruido dispersador y la laxitud en la observancia de la norma jurídica. Algo de esto apuntaba Zygmunt Bauman al introducir en el debate social su teoría de la modernidad líquida, según la cual la zozobra se apodera del individuo, y de los colectivos, al punto de terminar renegando de los valores que hasta el estallido de la crisis sostenían en pie nuestro modelo de convivencia. La complicidad del electorado estadounidense con Trump, y las veleidades extremistas de un signo y otro que también asoman en Europa, son buenos ejemplos, aunque entreverados hasta el tuétano por la fiebre populista, de esa pérdida consciente de valores que antes creíamos esenciales.

Da la impresión de que Rajoy ha decidido ensayar en el tablero de Murcia sus movimientos en la política nacional. Solo esto explicaría el apoyo firme del PP al enrocamiento de Sánchez a costa de la palabra dada, del compromiso firmado con su socio de investidura y del acatamiento de la ley, que parecen los valores a sacrificar para ganar la partida en juego. Que Sánchez, una vez investigado, se niegue a dimitir y meta en una licuadora el término ‘imputación’, para extraer según su conveniencia y la de sus correligionarios la inexistente figura de la ‘imputación formal’, encuentra su justificación en los incumplimientos del propio Rajoy. Si el presidente del Gobierno quebranta el pacto, también de investidura, que suscribió con Albert Rivera para seguir en La Moncloa, ¿por qué habría de respetar Sánchez el suyo de aquí con Ciudadanos? Lo haría únicamente si se dejara guiar por un sentido elevado del honor y se obligara por la palabra dada, valores estos anteriormente sólidos pero hoy evanescentes al pairo de la modernidad líquida.

Y luego está la ley. El ruido que se oye en torno al ‘caso Auditorio’ no debería hacernos olvidar la ley regional de Transparencia, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional (también con los votos del PP), y cuyo artículo 54 emplaza a los cargos públicos imputados a dimitir; su redacción es tan farragosa y dubitativa que ni siquiera parece vinculante, pero su espíritu y la finalidad con la que se promulgó resultan más claros que el agua cristalina. El ‘terremoto PAS’ amenaza con reducir también a cenizas el Código Penal y hacernos olvidar que no solo debe respetarse la  presunción de inocencia, sino también, y con idéntico entusiasmo, la vigencia de cuantos artículos tipifican como delitos las conductas que se investigan en el ‘caso Auditorio’: prevaricación, malversación, fraude y falsedad. Al margen de lo que resuelva en su día la Sala de lo Civil y lo Penal, que es donde quedará establecida la inocencia o la culpa del presidente, debería convenirse al menos la necesidad de respetar las leyes -todas-, en lugar de fijar la raya roja en el hecho de meter la mano, como viene haciendo el PP en una dialéctica perversa de la que podría colegirse que todo vale mientras no se robe.

Perder la memoria en sede judicial está permitido, pero hacerlo desde el Gobierno, no. Faltar a la palabra dada por escrito merece un reproche democrático, y reinterpretar las leyes a gusto del consumidor, también. Más allá del desenlace judicial y político de esta situación, y por encima incluso de la erosión que sufre la imagen regional y la reputación de las instituciones (circunstancias, todas ellas, importantes pero a la postre pasajeras), haríamos bien en apuntalar los principios que cimentan una sociedad democrática, antes de que se nos caigan los palos del sombrajo. La crisis económica nos deja la enseñanza de cuán difícil resulta recuperar algunas de las conquistas y algunos de los valores que se quedaron por el camino mientras intentábamos remontar la cuesta.

Ver Post >
Otra victoria de PAS
img
Joaquín García Cruz | 01-03-2017 | 00:17| 0

El Consejo de la Transparencia tomó ayer el camino equivocado, el que lo arrastrará a la futilidad si no remonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el guardián de las esencias. Tal es, que sepamos, su razón de ser, de la que ayer desertó, embaucado por la zorrería del PP, que le ganó la partida antes de tirar los dados. Llegó el representante popular a la reunión acusando a José Molina, su presidente, de convertir el Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y Podemos. Y se salió con la suya, a juzgar por el resultado de la sesión. Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria, pero la marró. Más aún: tenía el deber de iluminar a la sociedad, la noble obligación de pronunciarse acerca de si el presidente de la Comunidad Autónoma incurre estos días en fraude de ley, por su interesada interpretación del artículo 54 de la ley regional de Transparencia (el que habla de los imputados por corrupción), o si es la oposición quien hace una lectura espuria de la norma. Que el PP y la oposición discrepen al respecto no aporta sino confusión. Más de lo mismo, mucho ruido. Es el Consejo de la Transparencia quien debería alumbrar en estos casos con una declaración valiente, en el sentido que tocara, y bien invitar a Pedro Antonio Sánchez a dimitir -en aplicación de la ley- o avalar su permanencia en el cargo. Porque el Consejo de la Transparencia, aunque desprovisto de competencias para desalojar al presidente, está, sin embargo, legitimado (¿quién mejor?) para alzar la voz y emplazarlo en público. Pero ayer optó por soltar al aire una filípica sobre «valores esenciales» y sobre «observancia de la ley», que para nada sirve. Ninguna virtualidad tiene una ley -la de la Transparencia- que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional -también con los votos del PP-, si nadie hay que la haga cumplir. Ninguna utilidad tiene el Consejo de la Transparencia, si el Gobierno le niega el pan y la sal, la Asamblea y los ayuntamientos le regatean la fuerza legal que reclama, los partidos se pelean en su interior para tapar la realidad con cortinas de humo, los vocales no abren la boca, quizá para no molestar, y finalmente -cuando más se esperaba un esclarecedor dictamen- se resigna a soltar una perorata de cuatro líneas sobre la ética y el buen gobierno.

Ver Post >
Un calvario por recorrer
img
Joaquín García Cruz | 22-02-2017 | 16:12| 0

El respaldo del PP a Sánchez topará, en los próximos días, con nuevas dificultades

Debió de incomodar a Rajoy que le preguntaran el lunes por la imputación del presidente de Murcia en la rueda de prensa que compartía con François Hollande durante la cumbre hispano-francesa de Málaga. Pero se habría llegado a sonrojar si algún periodista bien informado le hubiera vuelto a interpelar después de que el presidente del Gobierno repitiera, por enésima vez, que Pedro Antonio Sánchez (PAS) «ha tenido 16 archivos en los últimos dos o tres años».

Esta intervención de Rajoy en una reunión internacional sirve para visibilizar hasta qué punto llega ya la ola expansiva del ‘caso PAS’, que en apenas una semana se ha adueñado de la escena política, a escasa distancia de la sentencia del ‘caso Nóos’ y el desafío separatista de Cataluña. Nunca como ahora se habló tanto de Murcia. Es posible que ningún dirigente político de primera fila falte ya por sumarse al coro declarativo en torno a PAS y, desde luego, ningún otro jefe del Gobierno regional recibió antes desde Madrid un apoyo tan ruidoso a su persona como el que el PP y el Gobierno de España brindan estos días a PAS. Pero el martilleo va para largo. Un vistazo al calendario de las próximas semanas deja entrever un viacrucis doloroso, en el que las hojas están señaladas con una muy probable exposición razonada que el juez de la ‘Púnica’ enviará al TSJ (con la consiguiente posibilidad de que se le abra una segunda investigación penal), el ultimátum de una semana marcado ayer por Albert Rivera para que PAS dimita, las inminentes comparecencias en el Senado y el Congreso del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado -para responder de la orden que se transmitió a las dos fiscales del caso para no acusar a PAS en la ‘Púnica’-, la declaración del propio presidente ante el TSJ en calidad de investigado, fijada para el 6 de marzo, y las iniciativas parlamentarias registradas por la oposición, en Madrid y Murcia.

Difícil congreso del PP

La encrucijada que tiene ante sí el PP, mientras sostenga a su hombre fuerte en la Región, no termina ahí. Los populares celebrarán los días 18 y 19 de marzo el congreso regional que debe elevar a Sánchez a la presidencia del partido, en lugar de Ramón Luis Valcárcel, y los tiempos habituales de la Justicia convierten en una entelequia pensar que PAS llegará a esa fecha libre de la imputación por el ‘caso Auditorio’, que acaba de incoarse. No hay tiempo para acelerar un sobreseimiento. Más razonable parece imaginar que para entonces pueda pesar sobre él una segunda investigación, la de ‘Púnica’. ¿Se aceptará desde Madrid que el PP encumbre a la cima del partido en Murcia a un candidato con tan pesada carga?

Albert Rivera dejó claro ayer que Ciudadanos va en serio cuando exige al PP un relevo en la presidencia de Murcia. Si no lo hiciera, se dejaría por el camino la bandera de la regeneración, que constituye su principal activo, y perdería la legitimación para exigir el cese del presidente, pues incumpliría su pacto de investidura en la misma medida que lo haría el PP. Aunque la moción de censura con la que amaga Podemos en la Asamblea Regional tiene pocos visos de prosperar, por la complicación que entrañaría ponerse de acuerdo con PSOE y Ciudadanos para consensuar un candidato alternativo, es posible que, llegados a este punto, Rivera quiera cobrarse la cabeza política de PAS a cambio de apoyar al PP en los Presupuestos Generales del Estado. En el mejor de los casos para el presidente de Murcia, ahí estaría la línea roja que llevaría a dimitir a Pedro Antonio Sánchez: en los apoyos parlamentarios que Rajoy necesita para mantener la gobernabilidad de España.

Medias verdades y mentiras

Es precisamente la estabilidad institucional lo que más inquieta hoy -aunque se mantenga mudo- al empresariado de la Región: que el rifirrafe se prolongue mucho más, con el buen nombre de Murcia ligado a la corrupción, a un cambio traumático de gobierno y a términos como crisis e inestabilidad, sus demonios tradicionales. La frustración, ayer mismo, del acuerdo que debía adoptar el Consejo de Administración de Aena para cerrar el aeropuerto de San Javier, paso previo para licitar Corvera, bien podría interpretarse como una primera consecuencia tangible de este enrarecido clima que se respira en Murcia.

La desatinada intervención de Rajoy en Málaga en favor de PAS encarna igualmente la ofuscación por disfrazar la realidad -cuando esta se tuerce- con un mantra que acoge legítimos argumentarios partidistas, medias verdades y también alguna mentira. Los ‘16 archivos’ mencionados por Rajoy para invocar la presunción de inocencia y el acoso judicial de la oposición al presidente de Murcia abarcan -aunque esto no lo dicen los dirigentes del PP- desde una misma causa archivada y recurrida después -pero contada como si fueran dos distintas- hasta cuatro viejas denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos contencioso-administrativos.

No es esta la única posverdad que el PP trata de construir. El pacto de investidura firmado con Ciudadanos para sostener a PAS en el Gobierno es muy claro en el compromiso mutuo de «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Tan claro que, para posibilitar su investidura, y en aplicación del mismo acuerdo escrito con Ciudadanos que ahora discute, el PP dejó caer a su delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a su alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y a la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín. El intento de redefinir el término ‘imputación política’, como último escudo para PAS, parece también condenado al fracaso. El Consejo General del Poder Judicial tiene dicho que la prevaricación sí es un delito de corrupción política, y la ley regional de Transparencia hace lo propio en su artículo 54, donde estipula que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones». Aunque esta norma tenga efectos jurídicos discutibles, se trata de una ley en vigor, cuyo incumplimiento podría provocar un reproche social -o una denuncia ante los tribunales- del Consejo Regional de la Transparencia.

Las apelaciones constantes a la presunción de inocencia, también en boca de Rajoy, están fuera de lugar. Cualquiera sabe que se trata de un derecho individual que nada tiene que ver con la política y que acompañará a Pedro Antonio Sánchez mientras no recaiga contra él, no ya una imputación -ni dos ni tres-, sino una condena judicial firme, algo que, hoy por hoy, no se atisba en el horizonte.

Es la política, no la Constitución ni los tribunales, lo que aprieta al presidente. La presión agobiante de Ciudadanos, el riesgo de poner en jaque la gobernabilidad de España y de Murcia, la paciencia de Rajoy, y el pacto suscrito de su puño y letra para asegurarse el poder. Y también la palabra que dio, que era la palabra del presidente de todos los murcianos.

Ver Post >
Señor Lobo
img
Joaquín García Cruz | 16-02-2017 | 12:55| 0

Cuánto agradecería esta región la llegada de un ‘señor Lobo’ como el de ‘Pulp Fiction’, un acreditado especialista en sacar las castañas del fuego. «Soy el señor Lobo, soluciono problemas», dice Harvey Keitel en la película de Tarantino. La reputación de Murcia cotiza otra vez a la baja, empujada por el Mar Menor, la ‘crisis de las lechugas’ y el trajín de los tribunales, que, más allá de sus efectos jurídicos y políticos, causa daños colaterales a la imagen regional. Convendría limpiarla. Pero los dos asaltos a la casa del fiscal Anticorrupción, el perpetrado (también sin botín) en la vivienda del inspector de Hacienda que elabora informes tributarios de gente bajo sospecha, y la injerencia de la Fiscalía General del Estado en la instrucción de la ‘Púnica’ son para temerse lo peor. Quizá los malos se han adelantado en la contratación de un ‘señor Lobo’.

Ver Post >
Esto no es América, ¿ok?
img
Joaquín García Cruz | 02-02-2017 | 23:13| 2

La designación como juez vitalicio del Supremo del ultramontano Neil Gorsuch ha sido la última astracanada de Trump. Gorsuch deshace con su presencia en el más alto tribunal de EE UU el empate numérico entre los magistrados conservadores y los progresistas, lo que garantiza al atrabiliario presidente un parapeto frente a cuantos recursos contra sus decretos ejecutivos lleguen al Supremo. Cualquier juez de distrito puede dejar provisionalmente en suspenso las resoluciones de Trump, pero, cuando los recursos subsiguientes deban sustanciarse en la cúspide de la judicatura, allí estará Neil Gorsuch para echarlos abajo. La decisión de vetar la entrada a los ciudadanos de siete países de confesión islámica, y la de levantar un muro en la frontera con México, por citar solo dos de los antojos del presidente, resultan más mediáticas que la designación de un juez amigo, pero son menos trascendentales -y más peligrosas para la higiene democrática- que el aseguramiento de un Tribunal Supremo sumiso.

La anomalía que implica esta politización de la Administración de Justicia se da también en España. Los partidos se reparten magistraturas en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, al que ayer mismo enviaron PP y PSOE desde la Asamblea Regional sus respectivas propuestas para cubrir sendas vacantes (cada una, de su color, claro), y también en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas. La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que ayer metió en graves problemas al presidente de la Comunidad Autónoma, adolece de idéntica tacha. De sus tres integrantes, dos son magistrados de carrera (Miguel Pasqual del Riquelme y Julián Pérez-Templado), pero el tercero, Enrique Quiñonero, es un catedrático promovido al TSJ por la Asamblea Regional, que, como sucede en todos los parlamentos, toma sus acuerdos en función de una mayoría política. Del PP, en este caso. Más allá de las consideraciones meramente jurídicas, la decisión de asumir el ‘caso Auditorio’ o devolverlo al juzgado instructor de Lorca era delicada para los tres componentes de la Sala, perfectamente conocedores de su alcance social. Tampoco a ellos se les escapa que mantener en su auto los indicios delictivos apreciados desde Lorca en la fase de instrucción acarrearía consecuencias políticas para la Región, y no solo para la persona de Pedro Antonio Sánchez. La Sala podía haber archivado la exposición razonada, lo que habría salvado el pellejo -definitivamente- de Sánchez. Podía haberle dado una patada adelante, regalándole en tal caso al presidente lo que este más anhela: tiempo para seguir gobernando. Pero la Sala aceptó quedarse con la patata caliente, en una resolución que a muchos habrá sorprendido. Los jueces del TSJ forman parte de una sociedad pequeña y por tanto influenciable, sujeta a presiones de todo tipo, y parecía natural que la extracción política de alguno de sus integrantes diera que pensar. Eran prejuicios: han firmado la resolución más comprometedora para el presidente, que es también la menos acomodadiza para ellos.

En Estados Unidos, cualquiera acertaría hoy qué pasaría si la suerte de Trump cayera en manos del Supremo y de su amigo Gorsuch. Pero la resolución del ‘caso Auditorio’ viene a demostrar que esto no es América, pese a las imperfecciones del sistema y a la necesidad de cambiarlo. Afortunadamente.

Ver Post >
El PSOE ante su historia
img
Joaquín García Cruz | 12-01-2017 | 09:26| 0

El PSOE-RM se obstina en reencontrarse con su historia, cainita y electoralmente suicida. Una simple andanada radiofónica contra Susana Díaz no parecía -en ningún caso es- razón suficiente para atacar con mortero al secretario general. Está claro que se la tenían guardada. La embestida de los críticos, ayudada por la reacción ultradefensiva de González Tovar, deja al desnudo la carencia de liderazgo de que adolecen los socialistas en la Región. Lo mismo sucede en España desde que Pedro Sánchez se fue al garete en aquel grotesco Comité Federal del que Fernández Vara salió escondido en el maletero de su coche, pero sería terrible, para el PSOE-RM y para la Región, que una costurera lograra suturar al final la herida en Ferraz, y aquí, sin embargo, hubiera que meter otra vez al partido en un quirófano.

Ver Post >
Dejen las pensiones en paz
img
Joaquín García Cruz | 11-01-2017 | 09:24| 0

El copago farmacéutico de los pensionistas debería ser una raya roja, como las recetas de antes, que ningún Gobierno traspasara. Ni crisis ni milongas. A esa provecta edad, las mieses son menos y el gasto en botica, más. Por no hablar de lo que viene. Los veinteañeros y muchos cuarentones de hoy se jubilarán con una pensión miserable, dado que difícilmente podrán reunir el periodo de cotización necesario para disfrutar de un retiro digno. Cierto es que la hucha se agota, porque el mercado laboral está hecho una calamidad, pero sumen ustedes el sueldo que los diputados cesantes cobran por gracia divina, el que perciben muchos políticos inútiles, las fortunas que en la Administración se dilapidan, y lo que algunos roban, y verán que hay más tela donde cortar, antes que tocarle los ‘güevos’ a los pensionistas.

Ver Post >
Quedamos a las seis
img
Joaquín García Cruz | 16-12-2016 | 10:01| 0

España se confirmaría como un país ‘different’ si fraguara la sugestiva propuesta de generalizar la conclusión de la jornada laboral a las seis de la tarde. El globo sonda de la ministra de Empleo para lograr un pacto de Estado en este asunto parece más una maniobra de distracción (fue lanzado en la víspera de que el Congreso tumbara la reforma laboral del PP) que un intento sincero de racionalizar los horarios de trabajo y así facilitar la conciliación. Antes de embarcarse en la quimera de echar la persiana casi a la hora de la siesta, España debería recuperar el huso horario de Greenwich (aunque la ley de la Memoria Histórica no haya reparado en que fue Franco quien nos sacó del meridiano), y aplicarse los partidos en alcanzar otros pactos de Estado -educación, agua, corrupción- para los que, hasta hoy, se han mostrado vergonzosamente incapaces.

Ver Post >

Últimos Comentarios

Jael 03-02-2017 | 09:15 en:
Esto no es América, ¿ok?
menaraconsultingsl 14-12-2016 | 11:06 en:
Matones
Stanfield 14-12-2016 | 07:54 en:
Matones

Etiquetas

Otros Blogs de Autor