La Verdad
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Sé fuerte, Pilar, y hazlo tú
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Joaquín García Cruz | hace 10 horas| 0

El abogado de Pilar Barreiro conmina a la Prensa a pedir perdón a su clienta. ¿Por qué? ¿No será más bien que es la senadora quien debe disculparse, si hasta el propio Rajoy lo hizo cuando estalló ‘Púnica’, el mismo caso en el que ella está imputada?

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Ciudadanos, tres al día
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Joaquín García Cruz | 14-01-2018 | 06:36| 0

El partido naranja, que sigue subiendo en afiliación como un suflé, encarga a Miguel López Bachero el papel de cazatalentos, prescriptores sociales de prestigio que ya trabajan como expertos

Lo verdaderamente emocionante de la cadena de oro, aquella estafa piramidal que en los años ochenta reportó pingües ganancias a los más espabilados del juego (a costa de otros muchos pardillos), era llegar cada mañana al banco, actualizar la cartilla y constatar un día más el crecimiento fulgurante de la cuenta corriente a base de imposiciones anónimas de mil pesetas, que entraban por remesas y proporcionaban un chute de adrenalina similar al que Ciudadanos experimenta cada vez que consulta su base de afiliados y contempla nuevas incorporaciones. De los 22.000 inscritos que el partido de Albert Rivera registraba en España en noviembre pasado, 1.047 eran de Murcia, la segunda región con un mayor aumento de la militancia (22%), solo por detrás de Cataluña, donde Ciudadanos es la primera fuerza en votos gracias al triunfo de Inés Arrimadas en las elecciones del 21-D. El censo va ya por los 1.210 militantes (dato del viernes pasado), lo que confirma un goteo constante, a razón de tres altas al día, y dibuja una tendencia que parece destinada a consolidarse y está directamente relacionada con el desencanto creciente hacia el PP, sin duda el caladero donde más papeletas pescarán Ciudadanos y el nuevo partido de Alberto Garre.

La identificación de Rivera con la unidad nacional, cuando –y donde– más amenazada se veía esta por el independentismo, y la frescura de su candidata Arrimadas, explican un éxito cuyas razones resultan de difícil extrapolación a Murcia. De hecho, habrá que esperar a mayo de 2019 para verificar si las urnas confirman también aquí el robustecimiento de Ciudadanos que anticipan las encuestas, pero la subida de la afiliación es ya un hecho –especialmente llamativo en Murcia, Molina de Segura y Alcantarilla–, al igual que el aterrizaje en el partido de destacados miembros de la sociedad civil, algunos situados en puestos de responsabilidad dentro de los ámbitos de la Región en los que se mueven. Ciudadanos prevé darlos a conocer en breve, envueltos en la vitola de grupos de expertos en economía, sanidad, justicia, educación y cultura. Algunos de ellos han llegado a la casa de la mano de Miguel López Bachero, profesor de la UMU y ex director gerente del Círculo de Economía, cuyo alistamiento en octubre pasado como secretario de Programas y Áreas Sectoriales insufla al proyecto autonómico de Albert Rivera una pátina de rigor y seriedad que viene a contrarrestar la idea primigenia de que Ciudadanos se nutre en parte de advenedizos y desechos de tienta, una imagen que hoy ya no se sostiene. López Bachero es el cazatalentos del partido, un ‘fichador’ de caras reconocibles en Murcia, por el momento colaboradores (no todos se han afiliado), entre los que hay personas a las que se asociará con el PSOE y otras vinculadas en mayor o menor medida al PP, si bien el perfil que se busca desde el Comité Autonómico responde a un dibujo distinto: influyentes, profesionales, clase media e independientes, etiquetas todas ellas muy queridas por los liberales, que también se enorgullecen de estar recibiendo un aluvión de mujeres.

A diferencia de Podemos, donde sus círculos asamblearios no impiden saber quién lleva la batuta (Óscar Urralburu), y de los partidos tradicionales, representados en el PP por un presidente (Fernando López Miras), y en el PSOE por un secretario general (Diego Conesa), en Ciudadanos se hace difícil localizar entre sus dirigentes a un líder omnímodo, alineados como están en una extraña estructura horizontal de mando en la que Albert Rivera sobresale por encima de las nubes, pero sin que haya un referente regional nítido. Miguel Sánchez tiene más visibilidad que nadie debido al altavoz que le da su doble faceta de portavoz en la Asamblea Regional y en el partido, pero en la parcela orgánica se sienta casi a la misma altura, aunque con voto de calidad, que Valle Miguélez (secretaria de Organización), López Bachero (Programas y Áreas Sectoriales), José Luis Ros (Comunicación), Francisco Álvarez (Acción Institucional) y María Dolores Jiménez (Relaciones Institucionales). Todos ellos son secretarios ejecutivos, junto con Miguel Garaulet (diputado al Congreso), Juan José Molina (diputado regional) y los portavoces municipales de Murcia (Mario Gómez), Cartagena (Manuel Padín) y Yecla (Antonio Puche). Ciudadanos cerrará la semana próxima la composición de siete comités territoriales, y sus respectivos coordinadores se sumarán al Comité Autonómico, que quedará formado por un total de dieciocho dirigentes y funcionará de forma parecida al Comité Ejecutivo en el PP o a la Comisión Ejecutiva del PSOE.
Miguel Sánchez figura como ‘primus inter pares’, pero ¿puede hablarse de él como un líder indiscutible de Ciudadanos? ¿Goza del respaldo mayoritario de los afiliados para superar las primarias del partido –a las que se presentará–, y de la confianza social necesaria para ganar las elecciones autonómicas? Hay quienes dudan de su liderazgo, pero él se ve fuerte, y convencido de sus opciones para vencer en las primarias que la formación naranja celebrará, probablemente a la vuelta del verano, para elegir a los candidatos a la Comunidad Autónoma y –atención– a las 45 alcaldías de la Región. El notable crecimiento de afiliados, y su certeza de que la política regional asiste ya a un cambio de ciclo, alimentan el entusiasmo de Ciudadanos, que tiene ya decidido un cambio sustancial con respecto a los comicios de 2015:el partido de Albert Rivera no volverá a suscribir un pacto de investidura. Si otro partido necesita a sus diputados, deberá compartir el poder con Ciudadanos, y pactar un programa de gobierno. Ciudadanos se ha cansado ya de estar en la oposición.

La pregunta era otra

López Miras se hace mayor con la imputación de Pilar Barreiro

La ceremoniosa rueda de prensa en la que Fernando López Miras (FER) anunció una rebaja del IRPFen el tramo autonómico, con todos sus consejeros esperando sentados a que el jefe descendiera por las escaleras del palacio de San Esteban, tuvo su miga. Puso de manifiesto que el presidente autonómico más joven de España se está haciendo mayor. Se le preguntó si permitirá, en su condición de presidente regional del PP, que Pilar Barreiro retenga su escaño en el Senado pese a que mañana comparecerá ante el Tribunal Supremo como imputada por sus relaciones con la trama ‘Púnica’, y FER contestó: «Si tengo que echar a patadas a alguien de mi proyecto, será cuando lo diga un juez». Pero esa no era la respuesta que se esperaba de él, no la que debió dar, porque la pregunta era otra, y la respondió como si llevara toda la vida al frente del PP.

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La esquela
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Joaquín García Cruz | 07-01-2018 | 10:08| 0

Pilar Barreiro es ya el problema principal de López Miras, que quedará tocado en sus intereses electorales si como presidente regional del partido no consigue, inmediatamente y sin conmiseración, que la senadora deje el escaño

Una esquela de página entera en los primeros periódicos del nuevo año, con su cruz gigante, su D. E. P., sus letras negras y su mal rollo, fue la forma elegida por los populares para comunicar a los cuatro vientos la defunción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En realidad, el gravamen habita aún entre nosotros, aunque ciertamente reducido a cenizas porque se ha minorado hasta un simbólico 1% el dineral que antes se apoquinaba por recibir una herencia entre padres, hijos y cónyuges y por realizar una donación ‘inter vivos’ con estos mismos grados de consanguinidad. La publicidad mortuoria no parece el mejor modo de felicitar a nadie ni de alborozarse ante una rebaja fiscal, pero el logro está conseguido, y con creces, si lo que se pretendía era hacer ruido y llamar la atención en las redes sociales, donde Mariano Rajoy contribuyó al debate con un ‘me gusta’ y la oposición sigue dándole cera a la esquela.

Lo sustantivo del asunto, sin embargo, no radica en tan singular alboroque, sino en la supresión misma del impuesto. Lleva razón el consejero Andrés Carrillo cuando la considera «una medida de política social de primer orden». Muchos de los 15.000 murcianos que cada año afrontaban el pago de este tributo terminaban renunciando por cientos al legado de una casa paterna, o de cuatro tahúllas en la huerta, ante la imposibilidad de abonar el gravamen, que no siempre era soportable para una economía modesta: recibir en herencia un bien valorado en 180.000 euros, por ejemplo, comporta ahora el pago previo a Hacienda de 240 euros, pero hasta 2015 suponía un castigo de 24.000 euros, que ya en 2016 se limitó a ‘solo’ 3.000 merced a una primera rebaja, también significativa (del 60%), pero que entonces no se anunció con tantas alharacas. La eliminación del impuesto no es, por consiguiente, una decisión que favorezca únicamente a los ricos. Y objetar que los 26 millones que la hacienda regional dejará de ingresar este año podrían destinarse a mejorar la sanidad llevaría al absurdo de preguntarnos por qué no volcar en el maltrecho sistema de salud la totalidad de las arcas públicas, dada la voracidad insaciable del gasto sanitario, que solo podrá contenerse -y va veremos hasta qué punto- de la mano de un nuevo y más razonable sistema de financiación autonómica. A mi parecer, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones constituye una buena noticia, quizá el primer mojón de un año, 2018, del que Fernando López Miras vaticinó en su discurso de Nochevieja que será el «más positivo de la historia reciente», empujado sin duda por un entusiasmo que, con independencia de que se antoja exagerado, anticipa la ruta de campaña que el PP ha dibujado ya, y que está marcada por la necesidad de poner tierra de por medio con Ciudadanos. El partido de Albert Rivera le comió la tostada a los populares en Cataluña y amenaza con un crecimiento electoral análogo en el resto de las comunidades, así que en esta pugna a codazos con la formación naranja es donde encaja el hecho de que PP y Ciudadanos se disputen como niños el mérito de haber eliminado el impuesto sucesorio. Tan lejos llegan unos y otros en su empeño por atribuirse la gloria de la rebaja fiscal -incluida por el PP en su programa electoral de 2015- que a la esquela de marras respondió enseguida en Twitter el jefe de filas de Ciudadanos, Miguel Sánchez, con un mensaje más propio de un consejero con mando en plaza que de un portavoz de la oposición: «Comenzamos el año eliminando impuestos».

La gresca durará hasta que las urnas se abran en 2019. Aún no habían terminado los dos partidos de enterrar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y allí mismo, en el velatorio, volvieron a chocar, pero esta vez por algo más peliagudo, de mayor gravedad y de resonancia nacional: la citación por el Tribunal Supremo de la senadora Pilar Barreiro, imputada en ‘Púnica’, el mismo caso que tumbó al expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos quiere su cabeza, y está en su derecho a cobrársela porque firmó un pacto de investidura con Mariano Rajoy, y los pactos se cumplen o se tiran a la basura.

Pilar Barreiro es ya el problema principal de Fernando López Miras. Si el PP sigue haciéndose el remolón con sus imputados, no podrá afianzar la solvencia de su candidato a la Comunidad Autónoma y su virginidad política quedará desautorizada como principal activo para conducir al PP hasta una victoria electoral. O López Miras hace valer su condición de presidente regional del partido, y aparta del Senado a la exalcaldesa de Cartagena -inmediatamente y sin la menor conmiseración-, o quedará tocado para siempre por la misma conchabanza que tantos disgustos ha traído al PP cuando le ha tocado lidiar con la corrupción y se ha cruzado de manos. Malo sería que López Miras se dejara conducir por su antecesor en la resolución de este asunto, y peor aún que aceptara las presiones de la propia Barreiro para mantenerse en el escaño, desoyendo el consejo que Paul Aster ofreció ante los periodistas durante la reciente presentación en Madrid de su (soberbia) novela ‘4 3 2 1’: «Los moribundos nunca deberían dar consejos».

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La foto peligrosa
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Joaquín García Cruz | 18-12-2017 | 20:36| 0

A los políticos  de todos los colores que se manifestaron en la calle junto a los regantes no les bastará con retratarse bajo la pancarta. Su gesto quedará en agua de borrajas si no ponen sobre la mesa lo que tienen que poner

 

Siempre hay una primera vez. Mariano Rajoy nunca había protestado en la calle contra nada y contra nadie (salvo en las concentraciones para condenar el terrorismo), hasta que en julio de 2005 se manifestó en Murcia en defensa del Trasvase Tajo-Segura, junto a 400.000 agricultores, regantes, empresarios y ciudadanos llegados también de Valencia y Andalucía. Eran los tiempos del ‘agua para todos’. Zapatero acababa de derogar el trasvase del Ebro, en cumplimiento de su compromiso con Esquerra Republicana (que le devolvió el favor votándole en la investidura), y su Gobierno, el de Cristina Narbona en Medio Ambiente, no daba señales de garantizar siquiera la supervivencia del Tajo-Segura para mantener con aliento a la cuenca del Segura. La receta alternativa de Narbona consistía entonces en la construcción de veinte desaladoras y «el ahorro, la mejora de la gestión y la reutilización del agua».

Qué peligrosas son las fotos, y qué traicionera la memoria. Aquel caluroso día de julio en Murcia, el presidente nacional del PP asistió a un almuerzo multitudinario con dirigentes y afiliados populares. Subió al atril con una hoja de lechuga de la ensalada y, blandiéndola, preguntó a los suyos si hay alguna agricultura mejor que la murciana. «¡Nooooo!». Rajoy se hinchió de ardor militante, reivindicó el Plan Hidrológico Nacional recién derogado parcialmente por el PSOE, y dejó sembrada allí la esperanza de los regantes en un vuelco electoral. Era la primera vez que Rajoy se manifestaba en su vida, pero no fue aquella, sin embargo, la primera ensoñación con que se embaucó a los regantes. José María Aznar se le anticipó durante un mitin de la campaña de 1996 en la plaza de toros. Sin importarle que años antes se hubiera mostrado desde su cuna vallisoletana partidario de no alterar con los trasvases el curso natural de los ríos (qué traicioneras resultan también las hemerotecas), Aznar levantó el vaso de la tribuna de oradores y enardeció a su auditorio: «Murcianos, dadme votos y os daré agua». Zapatero le ganó la partida de las urnas en 2004 y su promesa quedó reducida a una primera piedra y finalmente truncada como un junco del delta del Ebro azotado por el mistral.

No hay duda de que las fotos las carga el diablo. Bien podrían atestiguarlo los socialistas Pedro Saura y Ramón Ortiz, a quienes su partido comunicó que el trasvase de Aznar iba a quedar sepultado en el BOE… cuando apenas habían pasado de Fuente la Higuera a su regreso de una concentración en Valencia convocada para exigir el inicio de las obras. Ítem más. El alcalde Ballesta, a la sazón consejero y portavoz del Gobierno regional, y el entonces alcalde Miguel Ángel Cámara protagonizaron a su pesar otro ejemplo de imágenes bumerán en febrero de 2014, al situarse tras la pancarta de la Plataforma Pro Soterramiento en una manifestación contra la llegada del AVE a Murcia en superficie, que es -con los matices que se quiera- lo que ahora defienden, añado yo que acertadamente: no existe otra forma de que el soterramiento avance sin frenar la entrada de la alta velocidad.


Las verdades del barquero

Cuánto peligro encierra también la foto que Fernando López Miras y su Gobierno en pleno se hicieron el miércoles pasado con los miles de manifestantes que exigían agua por las calles de Murcia. Los regantes son pacientes, pero tontos, no, y pedirán más fotos como esa, hasta conseguir que se les resuelva el problema, que ningún gobierno se ha atrevido a abordar, tantos años después, por la sencilla razón de que no le salen las cuentas electorales. Imágenes como la del miércoles, con el presidente de la Comunidad Autónoma y toda la oposición paseándose por la Gran Vía en comandita y junto a los agricultores, dejan un reguero de preguntas a contestar. Por ejemplo, dónde estará cada uno de esos políticos cuando la siguiente sequía venga a visitarnos. Cuánto tiempo más la cabecera del Tajo almacenará menos de los 400 hectómetros cúbicos por debajo de los cuales la ley del Memorándum impide los desembalses. Qué hará Rajoy para sacar adelante un plan hidrológico al que está cantado que Aragón y Castilla-La Mancha se opondrán con fuerza, en el caso de que incluya trasvases a otras cuencas. Cómo, a falta de trasvases, se paliará el déficit estructural del Segura. Hasta cuándo seguirá abierto el canal del Tajo, del que dependen decenas de miles de familias. A qué precio habrá que pagar el agua de las desaladoras, y a qué coste medioambiental. Cómo Diego Conesa será capaz de convencer a los barones del PSOE (presidido por Cristina Narbona) de la bondad del acueducto. Qué podrá hacer Alberto Garre para remediar la situación, aparte de sacarle lustre a su merecida insignia de oro del Sindicato Central de Regantes. A qué espera Ciudadanos para poner en marcha la comisión de sabios que anunció para articular una respuesta global y despolitizada a la penuria hídrica. Cómo explicará Podemos a sus círculos que sus diputados compartieron manifestación con quienes gritaban contra el desmantelamiento por la Confederación Hidrográfica de un gigantesco salmueroducto contaminante. Cuál de todos ellos advertirá alto y claro de que reclamar un riego de socorro en las circunstancias actuales supone un error estratégico de calado. Quién tendrá la gallardía de admitir que hay empresarios agrícolas sensatos pero también otros codiciosos, y que no todos los agricultores son intocables, pese al mantra extendido desde San Esteban durante los años fructuosos del ‘agua para todos’, en una suerte de chantaje emocional. Más preguntas. Cómo embridar las 20.000 hectáreas de regadío supuestamente ilegales en el Campo de Cartagena recién denunciadas en el Juzgado por el fiscal superior. Quién y cómo acabará con los vertidos irregulares al Mar Menor antes de que la laguna se muera y sin arrastrar a nadie a la ruina. Hasta dónde permitirá Rajoy a López Miras convertir en duradero su compromiso, que el presidente formalizó en Twitter, de estar «siempre junto a mi gente» en tanto no se alcance «una solución definitiva». Quién se atreverá a reunir a los sindicatos del campo para persuadirlos de que no hay futuro sin agricultura sostenible, y de que los desafíos del cambio climático no son un canto de sirenas.

Estas y otras preguntas sin respuesta configuran la foto fija de este momento en la Región, que es la foto de verdad, esa que nadie puede ignorar si no es dándole largas por enésima vez. Tarde o temprano, los políticos -todos- que se retrataron el miércoles bajo la pancarta de los regantes deberán despejar tales interrogantes, como única manera de verificar que no era palabrería lo que allí dijeron. Tendrán que hacerlo, y entonces se darán cuenta del peligro que algunas fotos encierran para su credibilidad.

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¡Viva el coche!
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Joaquín García Cruz | 10-12-2017 | 13:29| 0

El concejal de Tráfico pidió que se usara menos el coche en Murcia, para rebajar la contaminación. Pero no parece que el tráfico se haya reducido, salvo en el macropuente, porque casi todos nos fuimos (en coche) a contaminar a otros lugares

¿Alguien pensaba que encontraría eco la recomendación del Ayuntamiento de Murcia para dejar el coche en casa y rebajar así la contaminación atmosférica procedente de los atascos de tráfico? El llamamiento, hace dos semanas, del concejal Antonio Navarro llevaba aparejada la orden de que la Policía Local se volcara en prevenir los embotellamientos, y fue publicado al constatarse que la estación de San Basilio que mide la calidad del aire en Murcia había rebasado durante seis días consecutivos los niveles legalmente admisibles de PM10, partículas contaminantes liberadas por las emisiones del tráfico rodado y, en menor medida, por las quemas agrícolas. Aunque no hace al caso hurgar aquí en la polémica, sí conviene recordar que aquello fue «un grave episodio de contaminación, de consecuencias para la salud pública», según el experto de Ecologistas en Acción Pedro Belmonte, mientras que para Juan Madrigal, el director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, «los ciudadanos podemos estar tranquilos porque los parámetros del aire que respiramos están controlados». Queda a juicio del lector discernir cuál de estos dos diagnósticos, tan dispares, merece su confianza.

Sea como fuere, el tráfico no se ha reducido en Murcia, salvo durante el macropuente, que lógicamente no cuenta porque casi todos nos fuimos (con el coche) a contaminar a otros lugares. El Ayuntamiento se muestra optimista acerca de la evolución del tráfico y la contaminación en los quince días transcurridos desde su petición a los ciudadanos, pero mi observación personal es que no he visto, en mis cuatro trayectos cotidianos de ida y vuelta al trabajo, más policías locales regulando la circulación para aliviar la congestión de mediodía en Teniente Flomesta o evitar las retenciones en Reino de Murcia y Miguel Indurain, incesantes desde que ambas avenidas se estrangularon para dejar hueco a carriles bici que nadie utiliza porque a ningún sitio conducen. Tampoco me ha parecido apreciar en los días posteriores a la recomendación municipal una mayor ocupación del tranvía y de los autobuses, hechos incontestables de los que no puedo sino colegir que, una vez más, los políticos van por un lado y el personal, por otro. Me he registrado -para que no se diga- en la web municipal que fomenta el uso compartido del coche, pero aún espero -cuatro días después- una respuesta a mi intento de contribuir modestamente a una ciudad más limpia y menos ruidosa. Respecto a los índices de contaminación, mi ceguera es total, por más que he intentado suplir mi desconocimiento de lo que se esconde tras las partículas PM10 con las preguntas pertinentes a quien sí lo sabe y tiene además la obligación (incluso por ley) de explicarlo a la opinión pública, con el fin de que los ciudadanos sepamos si conviene agenciarse una mascarilla o nos enfrentamos a otra exageración de los malvados ecologistas. La página web de la Comunidad Autónoma que contabiliza las incidencias en la calidad del aire (sinqlair.carm.es) no hay quien la entienda sin un máster previo de educación medioambiental, más allá de percibirse frecuentes concentraciones de PM10 en los medidores de San Basilio y Alcantarilla superiores a las que la ley permite, con el añadido de un mensaje tan poco tranquilizador como inescrutable acerca de una ‘intrusión sahariana confirmada’.

Cualquiera diría que Murcia es una ciudad tranquila, sin los inconvenientes de las grandes urbes, quizá porque los 439.000 habitantes que la sitúan como la séptima metrópoli más poblada de España viven dispersados en 52 pedanías que se reparten a lo largo y ancho de 885 km2, de tal suerte que configuran una de las capitales con menos densidad de población (500 habitantes/km2). Esta morfología municipal ayuda a que no suframos aquí las aglomeraciones de las grandes ciudades, sus atascos perennes y los episodios de contaminación que obligan a limitar ocasionalmente la velocidad de los coches, la circulación en momentos puntuales y el estacionamiento en el centro para los no residentes. El apiñamiento ha alcanzado en Madrid tal magnitud que el equipo de Manuela Carmena ha ordenado a los peatones (bajo pena de multa) que caminen en sentido único por las aceras de las calles Carmen y Preciados, el cogollo comercial, siempre que la Policía Local considere que la marea humana lo hace intransitable.

Pero esta Murcia de apariencia tranquila, y en la que tanto nos gusta vivir, empieza a reproducir las molestias de las grandes ciudades dentro de los 13 km2 de su casco urbano, ensartado de arterias estrechas y atestadas de autobuses concurrentes, una zona de convivencia difícil con la bicicleta (pese a la llanura y a la bondad climática), con un tranvía que solo te lleva de compras y una estación de autobuses de imposible peor ubicación.

Parece llegado el momento de adoptar decisiones valientes para evitar que Murcia se transmute a medio plazo en un lugar asfixiante, y eso al margen del riesgo que para la salud pública pudieran deparar las dichosas partículas PM10. No hace falta ser un experto para percatarse de que existe mucho margen en este terreno, desde una mejor sincronización de los semáforos hasta la implantación de una red de carriles bici que sea útil, la devolución de su tercera vía a las nuevas rondas de circunvalación, la prolongación del tranvía hacia El Carmen y La Arrixaca, aparcamientos disuasorios bien cuidados a las afueras, subterráneos más baratos para capuzar el vehículo, una conexión más operativa de los autobuses con las pedanías… y más calles peatonales, de las que me confieso muy fan. Aún recuerdo la polvareda que se levantó por la peatonalización de la avenida de la Libertad, ahora un espacio amable y sin tubos de escape que disfrutan vecinos y comerciantes. O la zapatiesta que se armó cuando el Ayuntamiento sacó para siempre los coches de la plaza de Belluga y luego levantó allí el edificio Moneo, cuya modernidad parecía chirriar con la Catedral y desmerecer el barroquismo de la plaza, convertida hoy, sin embargo, en uno de los iconos de Murcia, si no en su imagen más representativa.

Si el Ayuntamiento quiere reducir el tráfico y la contaminación, mejor será que se olvide de la colaboración vecinal, impulse por fin un transporte público atractivo, consiga que moverse en bici deje de ser en Murcia una actividad de riesgo y aplique medidas que resultan inicialmente impopulares pero se consolidan después como positivas. No será necesario poner a los peatones en fila de a uno para caminar por Trapería y Platería, pero algo más de lo que se hace tendrá que hacerse para acabar con los atascos y los malos humos que a ratos recuerdan en Murcia lo peor de las grandes ciudades.

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No me hagas elegir
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Joaquín García Cruz | 04-12-2017 | 10:29| 0

Es probable que la incapacidad de Rajoy para paliar el déficit hídrico ponga a López Miras en la tesitura de optar entre la lealtad hacia la dirección nacional de su partido y la lealtad que debe a la Región y a sus regantes

«Tendrás mi lealtad, Pedro, como presidenta de Andalucía y como secretaria general de los socialistas andaluces, pero no me hagas elegir entre las dos lealtades». Al dirigirse en estos términos a Pedro Sánchez, que venía de derrotarla en las primarias, Susana Díaz estaba marcándole territorio al jefe de su partido, trazándole una línea roja que no franquearía: los intereses de su comunidad autónoma. No le importó a Susana Díaz que Pedro Sánchez estuviera más crecido y legitimado que nunca como líder de los socialistas españoles. Su patria es Andalucía, por delante del partido, y apostó por su patria, aunque su filípica a Pedro Sánchez, y la frialdad con que lo trató en el congreso regional de Sevilla (ni un beso se dieron), le costara caer definitivamente en el ostracismo de Ferraz, donde sigue arrinconada. Los devaneos de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, y su inclinación al reconocimiento de las plurinacionalidades, actúan contra el interés general de Andalucía, según cree su presidenta, que se niega a mirar a otro lado.

Puede ocurrir que también Fernando López Miras tenga que optar entre dos lealtades, la de Murcia y la del PP. A los pocos días de acceder a la presidencia de la Comunidad Autónoma, en abril pasado, Miras quiso almorzar con el director de ‘La Verdad’ y con un servidor, y entre plato y plato me permití sugerirle que, si yo estuviera en su lugar, y quisiera empezar a labrar una victoria en las elecciones autonómicas de 2019, me haría cuanto antes ‘panochari’, daría un puñetazo en la mesa de la ministra Tejerina y me desmarcaría de la dirección nacional del PP en lo que al agua respecta. La inacción de Rajoy, incapaz de impulsar un verdadero pacto de Estado después de seis años en La Moncloa, y la pertinacia de la sequía, sitúan nuevamente el agua en el centro de la contienda política de la Región, y ahí el PP, que siempre fue el rey del mambo, lleva hoy las de perder. Empresarios, regantes, agricultores y exportadores de frutas y hortalizas, aliados naturales del PP, preparan movilizaciones en Murcia y Madrid en protesta por la indolencia del Gobierno para acometer una planificación hidrológica plausible sin miedo a arrostrar las consecuencias, de partido y territoriales, que pudieran derivarse. Basta acudir a cualquier foro público de agua, o a las asambleas de los comuneros, para observar que los colectivos damnificados por la sequía están más cerca de Alberto Garre que del PP, lo que podría castigar con severidad la candidatura de López Miras en favor del partido de corte regionalista que Garre promueve. De otra parte, los socialistas, a los que el PP no está ya legitimado para sonrojarlos otra vez con el ‘Agua para todos’ de Valcárcel, se han puesto manos a la obra para redimir su pecado original. No podrán borrar de la historia la ruin derogación por Zapatero del trasvase del Ebro, de la que el PSOE murciano fue tan cómplice entonces como el PP es partícipe hoy de la pachorra de Rajoy, pero han celebrado este fin de semana una conferencia monotemática sobre agua en Torre Pacheco (a la que asisten, ojo, todos los otrora aliados naturales del PP), con el objetivo de pasar página, dejando atrás su ambigüedad en lo tocante al Tajo-Segura, exhibiendo la eficacia de ‘sus’ desaladoras y rediseñando, en fin, una oferta electoral que parezca coherente. Al menos, lo intentan, espoleados por la fragilidad que los populares exhiben en este asunto.

A la vista de tal cúmulo de adversidades para el PP, y puesto que no está para llover, resulta muy probable que Fernando López Miras se vea impelido también a elegir entre lealtades. Algún mensaje ha enviado ya en el sentido -me parece- correcto. Ordenó a sus dos diputados que no votaran el miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso contra una enmienda de Ciudadanos que pedía eximir a los regantes del ‘tasazo’ del Trasvase y, un día después, su grupo parlamentario registró en la Asamblea Regional una iniciativa similar; en realidad se trata solo de un guiño al sector, porque la Asamblea carece de competencias para modificar el BOE, y porque era en Madrid donde había que estar y votar a favor de la exención, en lugar de ausentarse de la comisión, pero una política de gestos es siempre mejor que una política inexistente y, en esa voluntad de acercamiento gestual a sus votantes cabreados, no sería extraño ver incluso a López Miras encabezando alguna de las manifestaciones venideras en pro de soluciones al déficit hídrico. Ahora bien, una foto bajo la pancarta no bastará para apaciguar los ánimos de quienes han perdido la fe en las recetas de los populares. El verdadero reto para el presidente Miras -y para Mariano Rajoy- será conseguir agua. O, en su defecto, volver a convencer al electorado, como hizo en los años noventa, de que solo el PP será capaz de acabar algún día con el déficit estructural de la cuenca del Segura y garantizar -llueva más o llueva menos- la subsistencia de las 100.000 familias que viven del agua. Si al final López Miras no logra llenar el botijo, y tampoco se planta en la calle Génova vestido de ‘panochari’, parecerá que ha escogido la lealtad equivocada, y dará a entender, peligrosamente para su interés electoral, que la Región seguirá condenada, con la aquiescencia ciega de sus gobernantes, a tragar por los siglos de los siglos con lo que desde Madrid se disponga.

Más aún. El presidente deberá fajarse también a la vuelta de la esquina en la pelea de la financiación autonómica, para evitar que la conveniencia política de satisfacer a Cataluña o bien la mayor picardía de otros barones más influyentes de su partido marginen nuevamente a Murcia (la comunidad peor tratada por el sistema actual) en el reparto de las aportaciones del Estado para el sostenimiento de la educación, la sanidad y los servicios sociales. Mucho toro parece para el joven Fernando López Miras este que asoma por los chiqueros, con la sequía colgando de un cuerno y la financiación autonómica del otro. Pero las circunstancias no le dejan ya más opción que lidiarlo, estocarlo y salir a hombros de la plaza o bien plegarse ante Madrid y asumir que será un presidente más, uno cualquiera. La historia lo ha situado frente a un sudoku mucho más difícil de resolver que el que les cayó en suerte a sus predecesores en el palacio de San Esteban, porque es verdad que tampoco Valcárcel, Garre y Pedro Antonio Sánchez consiguieron llenar el botijo ni mostraron arrojo para plantarle cara a la dirección nacional del PP por su maltrato crónico a Murcia, pero al menos ellos tuvieron la suerte de que entonces llovía y el agua del cielo tapaba las vergüenzas.

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Cartagena, ‘día D’
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Joaquín García Cruz | 04-12-2017 | 10:28| 0

Al Gobierno de Rajoy le entró un tembleque cuando los servicios de inteligencia alertaron de que esa noche, la del viernes, 17 de noviembre, otras noventa pateras habían zarpado de Argelia, todas ellas con la bocana del puerto de Cartagena en los vectores de navegación. Ya habían arribado esa misma tarde 200 inmigrantes en una veintena de chalupas, pero de camino venían 900 ‘sin papeles’ más. La puesta en libertad de muchos de los 284 argelinos interceptados dos semanas antes, debido a la falta de sitio en el CIE de Sangonera y en las comisarías, había generado un ‘efecto llamada’ que empujó a las mafias a desencadenar una operación masiva que el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, no dudó en tildar de «ataque coordinado y sin precedentes contra la Unión Europea». La bondad inusual del clima en esta época del año, con el agua del mar a una temperatura rayana en los 20 grados, y la facilidad para sobornar a unos policías a los que la Administración de Bouteflika no paga el sueldo desde hace meses, hicieron el resto.

Para formarse una mejor idea de la dimensión del fenómeno migratorio con destino en Cartagena, hay que sumar a los 200 ‘sin papeles’ atendidos el 17 de noviembre los casi 300 que fueron liberados a principios de mes, y los 405 arrestados en la segunda semana de octubre: casi un millar de irregulares en apenas un mes, y otros tantos surcando el Estrecho, también rumbo a Cartagena, en las noventa pateras que aquella noche del viernes pusieron de los nervios al Gobierno de Rajoy. Ningún otro puerto de España había recibido a tantos inmigrantes de una tacada, y la previsión meteorológica, de un lado, y la agudización de las difíciles circunstancias socioeconómicas que sufre Argelia, por otra parte, presagiaban que la oleada se repetiría.

Mientras la Cruz Roja desplegaba su labor humanitaria en los muelles de Cartagena, un gabinete de crisis nunca visto antes en la Región coordinaba la asistencia de los cientos de ‘sin papeles’ ya desembarcados y aceleraba al máximo las diligencias tendentes a su expulsión, para lo que se habilitó un polideportivo con víveres y literas y se montaron, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, ‘juzgados de campaña’ con abogados de oficio que en un santiamén ordenaban -no sin las críticas de algunos colegas en las redes sociales- el internamiento provisional de los inmigrantes hasta que pudieran ser devueltos a Argelia una vez verificada su identidad, ardua tarea porque suelen viajar sin documentos y algunos se declaran menores de edad con el fin de evitar su deportación.

La diplomacia se pone en marcha
Aquel ‘día D’, La Moncloa tomó cartas en Cartagena. Fuera del foco de atención de los medios de comunicación, otras gestiones tenían lugar en Murcia y Madrid a un ritmo frenético. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, estuvo en contacto telefónico constante con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el delegado del Gobierno en Murcia hacía lo propio con la secretaria general de Inmigración y Emigración. El dispositivo que se puso en marcha perseguía tres objetivos. Antes que nada, se imponía cambiar el ‘efecto llamada’ por el ‘efecto puerta cerrada’, para que los GPS de las mafias argelinas viraran hacia otros lugares y -como parece que finalmente sucedió- se olvidaran por un tiempo de tocar costa española. La segunda finalidad del operativo era la de evitar que los ‘sin papeles’ reventaran la capacidad de los servicios sociales de España con una irrupción masiva y la consiguiente saturación asistencial de un solo lugar, Cartagena en este caso. Para lograrlo, se ordenó neutralizar en alta mar a las noventa pateras adicionales detectadas por los servicios de inteligencia y distribuir a sus tripulantes en varios puertos, entre ellos, Almería y Alicante; tres embarcaciones de Salvamento Marítimo y patrulleros de la Armada Española y de la Guardia Civil levaron anclas de noche e interceptaron algunas barcazas; otras, al saberse sorprendidas, optaron por dar la vuelta y regresar a Argelia. De los casi 500 ‘sin papeles’ que, aun así, pisaron tierra en Cartagena, 474 fueron trasladados a la cárcel sin estrenar de Archidona (Málaga) por los antidisturbios de las UIP (unidades de intervención policial) enviados desde Madrid por la Dirección General de Policía. Hasta la ONU ha censurado el arresto entre rejas de estos inmigrantes, que cometieron una falta administrativa (entrar sin permiso en el país), pero no un delito que deba castigarse con la reclusión. Y eso, pese a que, contra lo que algunas ONG denuncian estos días, su estancia en la cárcel tiene la cobertura legal de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siempre que no se les mezcle con presos condenados ni se les retenga más allá de 60 días. Después de aquel viernes que puso al Gobierno en jaque, han arribado a Cartagena de forma escalonada otros 120 argelinos, la mayoría de los cuales permanecen en el CIE de Madrid a la espera del papeleo.

Pero aquel dispositivo especial al que dio lugar el «ataque coordinado y sin precedentes contra la Unión Europea» en Cartagena tenía un tercer objetivo, este de carácter diplomático. Zoido le leyó la cartilla en Madrid a la embajadora de Argelia, a quien reclamó -veremos si con éxito- que Bouteflika ponga coto a las mafias que engatusan a los inmigrantes. Aunque pecara de impetuoso al adjetivar como «ataques» las llegadas masivas de pateras, Francisco Bernabé acertó con su apelación a la UE, que no puede quedarse al margen de lo sucedido en Cartagena, porque España forma parte de sus fronteras exteriores. Cuesta confiar en que Bruselas se ocupará de unos cuantos miles de argelinos que solo pretenden mejorar sus condiciones de vida y recalan aquí de paso hacia Francia y Bélgica, donde cuentan con amigos, familiares y oportunidades, si antes no los pillan. La Comisión Europea se enfrenta a su mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, con un millón de peticionarios de asilo, muchos de los cuales huyen realmente del infierno. Pero tendrá que engrasar mejor su maquinaria legal y reforzar los mecanismos de solidaridad. Solo el año pasado, llegaron a sus 28 países miembros 720.000 inmigrantes, el triple de los que recibieron en conjunto EE UU, Canadá y Australia, por lo que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció en su último discurso sobre el estado de la Unión un programa de ayuda a África, algo parecido a un ‘plan Marshall’, con el que combatir en origen la pobreza y las desigualdades sociales.

Ojalá funcione. Si la buena intención de Juncker no se traduce en una recuperación de la dignidad al otro lado del Mediterráneo, no habrá barcos para rescatar a tantos inmigrantes ni dispositivos capaces de atenderlos ni aviones ni ataúdes donde meterlos.

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‘Rock and roll’ en las vías
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Joaquín García Cruz | 12-11-2017 | 12:08| 0

No es solo que el PP quiera darle más peso político a la Delegación del Gobierno con la designación de Francisco Bernabé. Es que se habían roto algunos puentes entre San Esteban y Antonio Sánchez-Solís

Aquel racimo de dátiles sobre la mesa de la Delegación del Gobierno me pasó inadvertido hasta que el anfitrión del almuerzo, Juan Manuel Eguiagaray, me lo señaló con sonrisa chacotera cuando ya nos despedíamos. Eran dátiles argelinos. Felipe González había enviado a Eguiagaray a Murcia como delegado del Gobierno, en 1988, para acercarlo a Argel, donde él y Rafael Vera se reunían discretamente con ETA. Eguiagaray ocupó luego dos carteras ministeriales, y ahora, con la perspectiva que da el tiempo, queda claro que el socialista vasco fue, de largo, el político más sólido que ha pasado por la Delegación del Gobierno, en cuya variopinta galería de retratos figuran inquilinos tan singulares como Eduardo Ferrera Kétterer, causante de roces protocolarios porque nunca se hizo a la idea de que el presidente de la Comunidad Autónoma mandaba más que él; una mujer de armas tomar –la científica Concha Sáenz–, y el dentista personal de Felipe González, Eugenio Faraco. Si nos remontamos a la transición, encontramos incluso al presentador más popular de la TVde los setenta, Federico Gallo, ejerciendo también de gobernador civil en Murcia. De entre los delegados del PSOE, a Rafael González Tovar (2008-2011) le tocó bailar con la más fea, obligado a trasladar a la ciudadanía los éxitos de un Ejecutivo, el de Zapatero, que había derogado el trasvase del Ebro y estaba ya de capa caída, por lo que hubo de emplearse a fondo.

Al arribar el PP a La Moncloa (1996), bajó mucho el nivel de los delegados del Gobierno, que empezaron a ocuparse más de proteger desde el despacho de Teniente Flomesta los logros de Ramón Luis Valcárcel que de ‘vender’ las decisiones del Consejo de Ministros. Los decretos de La Moncloa que favorecían a la Región se atribuían sin disimulo por aquellos obedientes delegados del Gobierno al presidente autonómico, aunque este no tuviera competencias en el asunto a ponderar. Valcárcel era un activo electoral y la orden del partido consistía en mimarlo al máximo para reforzar su progresión ascendente en las urnas. Perfil bajo. Esa era la consigna, que todos acataban disciplinadamente. También hubo delegados que procedían directamente de los gobiernos de Valcárcel, dos de los cuales, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, pasaron a la reserva con borrones judiciales en sus expedientes por actuaciones que databan de sus etapas de consejeros. La comunicación era fluida, sin obstáculos insalvables en el camino y siempre al servicio del Gobierno regional.

El porqué y el cómo de la destitución
Antonio Sánche z-Solís llegó a la Delegación en el verano de 2015, después de una dilatada carrera funcionarial que alternó con varias direcciones generales y otros cargos de segunda fila en la Comunidad Autónoma. Hombre leal a su partido, en el que echó a volar aupado sobre las alas de Ramón Luis Valcárcel, imprimió a su gestión un carácter menos político aún del que cabía esperar. Tanto que parecía perdido en combate. Sus apariciones públicas fueron contadas, jamás levantó la voz, ni siquiera cuando grupos de radicales atacaron hasta cinco veces las obras del soterramiento del AVE. Más que un delegado del Gobierno, parecía el jefe del gabinete de un delegado del Gobierno. En San Esteban se cree que no estuvo a la altura. No siempre se le localizó a tiempo cuando el presidente lo buscaba. No siempre aportó la información que se le solicitaba con la celeridad requerida. No siempre mandó a las Fuerzas de Seguridad a las vías. Tras instalarse Fernando López Miras en palacio, hace seis meses, la relación de confianza se quebró pronto, hasta el punto que su relevo fue una de las primeras decisiones que adoptó Miras, si bien no la planteó en Madrid hasta esta misma semana, con el fin de que la destitución no se relacionara directamente con el vandalismo en las vías y los escraches casi diarios a altos cargos del PP, incluido el que el propio presidente sufrió en su casa de la huerta. Desde círculos influyentes de Murcia se criticó entonces la pasividad de la Policía, dado que esta actúa bajo las órdenes del delegado del Gobierno. De los puentes rotos entre la avenida Teniente Flomesta y el palacio de San Esteban da cuenta el modo en que se comunicó a Sánchez-Solís su destitución –por teléfono y desde Madrid–, el miércoles pasado por la tarde, apenas unas horas antes de que ‘La Verdad’ adelantara la noticia. Fue Sánchez-Solís quien llamó después a López Miras –y no al revés– para cruzarse una parrafada. También llamó a Valcárcel, su mentor.

El ya exdelegado solicitará la semana próxima su reingreso como letrado de la Comunidad Autónoma, y quizá algún día reaparezca en otro puesto de libre designación. Mantener la lealtad incólume hasta el final suele hallar recompensa en política. Antonio Sánchez-Solís se va agradecido a su partido, pese a todo, a juzgar por lo que aseguran quienes le han ayudado en las últimas horas a digerir el mal trago de un cese que él no esperaba.

Y en eso llegó Bernabé. Su nombramiento garantiza en la Delegación del Gobierno el ‘rock and roll’ que prometió al tomar posesión de la Consejería de Fomento, donde apenas pudo marcarse un aburrido valls. Francisco Bernabé es el delegado del Gobierno que el PP buscaba para lo que resta de legislatura. No parará de ensalzar al presidente López Miras para ayudarle en sus objetivos electorales, no le temblará el pulso para mandar a la Policía cuando lo vea conveniente, pecará de impetuoso en ocasiones (no lo podrá evitar, esto lo lleva en su carga genética), y se dejará la vida en garantizar el desarrollo de las obras del soterramiento y en hacer posible que, entre tanto, nada –y nadie– sabotee la entrada provisional del AVE en superficie. Estará dispuesto a quemarse por la causa. Y tendrá la oportunidad de viajar a Madrid en AVE para tomarse las uvas de 2018 (esta vez, sí), a poco que todo salga como su partido y él mismo prevén que saldrá. Si hace falta, Bernabé sacará el ‘rock and roll’ de la Delegación y lo llevará a las vías, donde ahora se escucha solo la música más calma de Pink Floyd. El mensaje que su compañero en el Congreso Teodoro García lanzó ayer desde su cuenta de Twitter parece premonitorio: «Los que quieren parar el AVE y el futuro de la región de Murcia van a tener enfrente a @bernabepaco. No se lo aconsejo».

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Andrés Ayala ‘Torquemada’
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Joaquín García Cruz | 08-11-2017 | 07:17| 0

Le ves el bigote de guardia civil de la posguerra, y su ademán severo, y piensas que ahora no habrá pájaro que se le escape al PP, que no podría haber elegido Rajoy a un vigilante mejor de las esencias legalistas. Pero no.

Te fijas en Andrés Ayala, en su intimidador mostacho de guardia civil de la posguerra, su gesto adusto, la voz grave y su ademán severo, y te dices que no podría haber elegido el Comité Ejecutivo Nacional del PP mejor presidente para la Oficina del Cargo Popular; que ahora no habrá pájaro que se le escape al partido con Ayala al frente de esta brigada anticorrupción montada por Rajoy para advertir desde dentro cualquier pillería. Pocos cargos públicos tendrá el PP en España que conozcan como Ayala la frontera que separa los intereses privados del interés público, porque el abogado y exdiputado al Congreso se ha manejado durante años en ese proceloso mundo como pez en el agua, pero sin que nadie le pudiera probar nunca que se hubiera pasado de la raya y su conducta mereciera un reproche penal. Me recuerda la incorporación de Andrés Ayala a la Oficina del Cargo Popular el fichaje por Telefónica de un famoso ‘hacker’ para que se responsabilice de la ciberseguridad de la empresa. ¿Quién mejor que el más reputado pirata informático de España defendería a su compañía de posibles ataques?

Algo así debió de figurarse Rajoy de Ayala, aposentado siempre en el ojo del huracán por su inclinación a mezclar lo privado y lo público. Es amigo de los exalcaldes de Cartagena José Antonio Alonso, investigado en la ‘operación Púnica’, y Pilar Barreiro, a la que quizá se vea obligado a expedientar -en su nueva condición de garante disciplinario- por la imputación de la senadora en el Tribunal Supremo a cuenta también de sus relaciones con Púnica. Pero las agarraderas de Ayala están en Madrid, más que en Murcia. Allí vivió en el palacio de la Carrera de San Jerónimo sus tardes de gloria parlamentaria este veterano abogado urbanista, ministrable en las quinielas de varios gobiernos del PP y azote de los exministros socialistas Magdalena Álvarez y José Blanco. A ‘Male’ la sacó de quicio, literalmente, por asuntos como las huelgas de Iberia, los socavones del AVE a Barcelona y el accidente de Spanair. La llamó «chula» y «arrogante», y a ella se le escapó en un mitin que Ayala era «el cabrón que me machaca en el Congreso».

Desterrado en su juventud a Galicia tras organizar «la primera huelga que hubo en la Universidad de Murcia» (así me lo contó), Ayala regresa con la jefatura de la Oficina del Cargo Popular al patio político, que abandonó por sorpresa en mayo de 2016 al apearse de la lista al Congreso, en la que se le reservó un puesto que le aseguraba el escaño pero que a él le parecía muy alejado de la cabeza. Dijo entonces que le urgía retomar su actividad profesional y se despidió del partido como un caballero, a través de una carta de agradecimiento en la que hacía votos por el triunfo de Rajoy. Ahora retoma sus tareas orgánicas, pero en un destino para el que no era, posiblemente, el candidato más idóneo.

Investigador investigado

Ayala fue investigado en su día por la Comisión del Estatuto del Diputado, que finalmente declaró compatible su acta con la concesión por el Gobierno popular de La Rioja de una licencia de casino a una sociedad cuyo 40% del accionariado pertenecía a una empresa presidida por Ayala. Le gustó caminar habitualmente por el filo de la navaja, y en lugar tan arriesgado se le vio también cuando le tocó dar explicaciones de por qué presidía una mercantil dedicada a la explotación de salas de bingo durante su portavocía de la Comisión de Interior, el ministerio donde residen las competencias en materia de juego.

Está reciente aún (verano pasado) el último caso en el que Ayala salió a la palestra por pisar la línea divisoria entre lo público y lo privado, de la mano del intento fallido de construir un hotel en el faro de Cabo de Palos. Su compañero de bancada Teodoro García impulsó en el Congreso una proposición no de ley, fracasada al trascender que, antes de que existiera un marco legal que permitiera hacer negocios en el faro, una promotora tenía ya presentado ante la Autoridad Portuaria el proyecto de hotel… cuyo armazón jurídico llevaba la firma del bufete de Ayala, hasta meses antes diputado y portavoz de la Comisión de Fomento. Siempre al borde.

La polémica persiguió a Andrés Ayala desde sus inicios en la carrera política. Era secretario general de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, en el primer Ejecutivo de Valcárcel cuando su departamento convirtió en urbanizable el suelo de Lo Poyo, un humedal protegido junto al Mar Menor para cuyos propietarios, la familia Armengol, trabajaba o venía de trabajar Ayala. La reclasificación fue tumbada dos veces por el Tribunal Superior de Justicia. Y hace solo unas semanas que la oposición le buscó de nuevo las cosquillas en la Cámara Baja, al interpelar Javier Sánchez (Podemos) al Ministerio de Fomento por haber adjudicado la explotación de salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga a una empresa de la que era accionista Ayala, a la sazón portavoz -todavía entonces lo era- de su partido en la Comisión de Fomento.

Todo esto, y más, figura en la hemeroteca. Y, aunque esta contuviera más insidia que verdad, habría que convenir que Ayala ha frecuentado terrenos pantanosos, dejándose acompañar por la sospecha y desatando habladurías que en nada contribuían a confiar en su rectitud legalista, la que ahora se le encomienda vigilar en el PP. Pero está de vuelta, porque Andrés Ayala es -y fue siempre- de los más listos de la clase. Sabe mucho.

Elecciones de perfil alto en el Metal

Alfonso Hernández y López Abad se disputarán la presidencia

El cartagenero Alfonso Hernández, desde julio presidente de la Federación de Empresarios del Metal (FREMM), la más poderosa de la Región, ha decidido presentarse a las elecciones para renovar su mandato, que inició por la dimisión de Juan Antonio Muñoz. De 44 años y licenciado en Filosofía (‘rara avis’ en el empresariado), Alfonso Hernández tiene ilusión a raudales y un proyecto a medio construir. Deberá vérselas con Miguel López Abad (Grúas París), que perdió por muy poco los comicios anteriores frente a Juan Antonio Muñoz.

Los comicios serán en primavera, así que hay tiempo por delante para negociar. Pero, hoy por hoy, los dos quieren ganar y ninguno tiene vocación de segundón. Asistiremos a unas elecciones muy reñidas con candidatos de perfil alto.

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‘Operación Mercader’
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Joaquín García Cruz | 29-10-2017 | 21:59| 0

El tiempo lo cura todo, pero hay heridas que tardan en cicatrizar y otras que nunca sanan. También en política sucede. El desgarro que provocó en el PP la deserción de Alberto Garre es todavía una llaga purulenta de pronóstico difícil. Aún resuena en el alma de los populares el portazo que les dio su viejo camarada de los años duros en la oposición, el diputado que se jugó la soldada desacatando a su grupo parlamentario para proteger el Tajo-Segura y con aquel gesto de arrojo en el Congreso se ganó a los regantes. La carta a Mariano Rajoy en la que Alberto Garre se borraba del PP fue televisada en ‘prime time’ por todos los medios nacionales, que tenían el foco puesto sobre Murcia en aquellos días de marzo ante la certeza de que a Pedro Antonio Sánchez estaban a punto de darle las campanadas. Fue una misiva sin la menor concesión a la sutileza, hecha de hiel, en la que Garre acusaba a Rajoy de haber «sepultado bajo las alfombras las inmundicias de la corrupción política», y al PP regional le afeaba haber perdido 147.000 votos, 11 diputados y la mayoría absoluta en la Asamblea.       Es pronto para olvidar aquel escarnio. Pero algo ha acontecido. La confirmación por Garre de que creará y liderará un partido político de corte regionalista preocupa y mucho al PP ante el escenario electoral novedoso de 2019, que propicia el acceso al Parlamento de formaciones minoritarias, y visto que los regantes (el colectivo social más querido de los populares) están tan cabreados con los gobiernos de Madrid y Murcia, por su incapacidad para sortear la sequía, como agradecidos a Garre por su hoja de servicios y sus contundentes mensajes trasvasistas. De ahí que se haya oído salir de la boca de dirigentes del PP, aunque vaporosa, una frase con aires de consigna: «Hay que hablar con Alberto». La misión de tantear al expresidente autonómico y tender puentes con él, ya sea para alcanzar un pacto de no agresión o incluso para neutralizarlo políticamente, no dimana del Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva, ni consta como una resolución del partido, donde tampoco se ha debatido, y nadie del PP la reconoce en público. Tampoco se admite -oficialmente- desde la plataforma en la que Garre trabaja. La herida por el portazo de marzo sigue abierta en canal, y tanto el PP como el futuro partido de Garre están obligados a proclamar ante sus seguidores que saldrán a ganar en las urnas, en ningún caso a pactar.

«Esto ya no hay quien lo pare»

Pero la misión está en marcha, y podría denominársela ‘Operación Mercader’ por su imaginaria similitud con la que la Unión Soviética encargó en 1940 al comunista español Ramón Mercader para deshacerse de León Trotski (al que mató), cuya heterodoxia marxista se percibía en Moscú como una amenaza para los intereses del Politburó. Esto de aquí es más prosaico, más de andar por casa, y se localiza en Torre Pacheco, muy lejos de Moscú. No pasará a la Historia. La ‘Operación Mercader’ hace referencia a Benito Mercader, exconsejero de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Valcárcel, íntimo e hijo político de Garre, pachequero y cazador como él. Quizá la sospecha de que la ‘operación Mercader’ ya está rulando tenga su origen en un aparte que ambos hicieron ante numerosos invitados a la boda de un amigo común, el 1 de julio pasado. El uno y el otro aseguran que no se han visto después. Sin embargo, los contactos (de los que, según la versión apócrifa circulante, habría participado también un influyente empresario), tienen toda la verosimilitud del mundo. Si Alberto Garre se presenta a los comicios, arañará diputados a un PP al que la fragmentación de la Asamblea podría dejar, incluso suponiendo que renovara su alianza ‘de facto’ con Ciudadanos, capitidisminuido  y a merced de una mayoría alternativa deseosa de sacarlo del Gobierno a cualquier precio. «Hay que hablar con Alberto» no parece, por tanto, una consigna caprichosa. Ahí está el caso de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, que se ha coaligado indistintamente con populares y socialistas, tanto monta, para auparse al poder de su comunidad autónoma con su minoritario Partido Regionalista de Cantabria (PRC).       La encuesta de Consultores CSA que publica hoy ‘La Verdad’ arroja al respecto dos conclusiones a tener en cuenta. La primera es la que sitúa a Garre como el segundo político mejor valorado de Murcia, a solo una décima de Fernando López Miras, y con un nivel de conocimiento del 56,1%, únicamente tres décimas por debajo del presidente… y 24 puntos por encima de Miguel Sánchez, la cara visible de Ciudadanos. La segunda consideración guarda relación con la aceptación social de un nuevo partido de vocación regionalista. Cierto es que la mitad de la población consultada no ve que haga falta una formación de estas características, pero no debe ningunearse el reverso de la moneda: uno de cada tres encuestados juzga necesario un partido como el que Alberto Garre está amasando con sus colaboradores. De la proyección de tales datos sobre el censo electoral resulta un dividendo muy jugoso para un futuro partido regionalista, aun ponderando todas las precauciones propias de una encuesta de estas dimensiones. Si la ‘Operación Mercader’ no existe, algún día existirá, con este u otro apelativo, y se le dará carta de naturaleza. Al tiempo.

De momento, la plataforma que impulsan Garre y el exconsejero popular José Gabriel Ruiz mantiene unos objetivos maximalistas y aparentemente más voluntariosos que realistas. De seis diputados para arriba, dice Garre, para un total de 45. Sería una buena cosecha, atendiendo al hecho de que Ciudadanos mantiene al Gobierno del PP cogido del cuello con solo cuatro diputados. Le pregunto al expresidente si a ratos flaquea en la penumbra, si a sus 65 años presenta síntomas de agotamiento, si cabría aventurar, en fin, que a última hora se apartará a un lado para no enfrentarse a sus excompañeros del PP en una campaña que podría devenir cruenta. «No», responde. Y asegura que pasan de 2.000 las personas que se han acercado a su proyecto, que 500 trabajan en las comisiones que cimentarán los futuros estatutos, que decanos y exdecanos figuran entre las incorporaciones más recientes… «Esto ya no hay quien lo pare», concluye.

Ya veremos. Puentes hay tendidos desde el PP, por si acaso, empezando por la ‘Operación Mercader’. ¿Y qué pasa con las heridas abiertas? Llegado el momento, bastará quizá con no echarles sal.

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