La Verdad

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Papeles mojados
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Joaquín García Cruz | 13-03-2017 | 09:11| 0

Si Trump llegó a asegurar en la campaña electoral que Obama no era americano, y muchos de sus compatriotas le creyeron y además lo votaron, ¿por qué no iba a declarar Pedro Antonio Sánchez (PAS) ante el juez que no conocía al arquitecto del auditorio de Puerto Lumbreras? Dos años antes de convocarse el -preceptivo- concurso de ideas, ya Sánchez se hizo con Martín Lejarraga fotos que aún siguen colgadas en la Red, y ambos anunciaron públicamente que Lejarraga diseñaría el auditorio, lo que no impidió que el presidente perdiera el otro día la memoria en sede judicial. Estaba en su derecho, el mismo que asiste a cualquier imputado, de faltar a la verdad para protegerse. Pero a los ojos de la opinión pública queda claro que PAS conocía a su arquitecto, que le encargó la obra, que la adjudicación contravino el procedimiento administrativo, y que, si no sufre amnesia (esperemos que no), el presidente hizo uso de su derecho a protegerse de preguntas incómodas que pudieran perjudicarle.

Desde que la crisis institucional se hizo patente con la investigación a Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), valores como la verdad, la honorabilidad de la palabra y el respeto a la ley se están yendo al garete, un poco cada día, y dejando que ocupen su lugar la mendacidad, el ruido dispersador y la laxitud en la observancia de la norma jurídica. Algo de esto apuntaba Zygmunt Bauman al introducir en el debate social su teoría de la modernidad líquida, según la cual la zozobra se apodera del individuo, y de los colectivos, al punto de terminar renegando de los valores que hasta el estallido de la crisis sostenían en pie nuestro modelo de convivencia. La complicidad del electorado estadounidense con Trump, y las veleidades extremistas de un signo y otro que también asoman en Europa, son buenos ejemplos, aunque entreverados hasta el tuétano por la fiebre populista, de esa pérdida consciente de valores que antes creíamos esenciales.

Da la impresión de que Rajoy ha decidido ensayar en el tablero de Murcia sus movimientos en la política nacional. Solo esto explicaría el apoyo firme del PP al enrocamiento de Sánchez a costa de la palabra dada, del compromiso firmado con su socio de investidura y del acatamiento de la ley, que parecen los valores a sacrificar para ganar la partida en juego. Que Sánchez, una vez investigado, se niegue a dimitir y meta en una licuadora el término ‘imputación’, para extraer según su conveniencia y la de sus correligionarios la inexistente figura de la ‘imputación formal’, encuentra su justificación en los incumplimientos del propio Rajoy. Si el presidente del Gobierno quebranta el pacto, también de investidura, que suscribió con Albert Rivera para seguir en La Moncloa, ¿por qué habría de respetar Sánchez el suyo de aquí con Ciudadanos? Lo haría únicamente si se dejara guiar por un sentido elevado del honor y se obligara por la palabra dada, valores estos anteriormente sólidos pero hoy evanescentes al pairo de la modernidad líquida.

Y luego está la ley. El ruido que se oye en torno al ‘caso Auditorio’ no debería hacernos olvidar la ley regional de Transparencia, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional (también con los votos del PP), y cuyo artículo 54 emplaza a los cargos públicos imputados a dimitir; su redacción es tan farragosa y dubitativa que ni siquiera parece vinculante, pero su espíritu y la finalidad con la que se promulgó resultan más claros que el agua cristalina. El ‘terremoto PAS’ amenaza con reducir también a cenizas el Código Penal y hacernos olvidar que no solo debe respetarse la  presunción de inocencia, sino también, y con idéntico entusiasmo, la vigencia de cuantos artículos tipifican como delitos las conductas que se investigan en el ‘caso Auditorio’: prevaricación, malversación, fraude y falsedad. Al margen de lo que resuelva en su día la Sala de lo Civil y lo Penal, que es donde quedará establecida la inocencia o la culpa del presidente, debería convenirse al menos la necesidad de respetar las leyes -todas-, en lugar de fijar la raya roja en el hecho de meter la mano, como viene haciendo el PP en una dialéctica perversa de la que podría colegirse que todo vale mientras no se robe.

Perder la memoria en sede judicial está permitido, pero hacerlo desde el Gobierno, no. Faltar a la palabra dada por escrito merece un reproche democrático, y reinterpretar las leyes a gusto del consumidor, también. Más allá del desenlace judicial y político de esta situación, y por encima incluso de la erosión que sufre la imagen regional y la reputación de las instituciones (circunstancias, todas ellas, importantes pero a la postre pasajeras), haríamos bien en apuntalar los principios que cimentan una sociedad democrática, antes de que se nos caigan los palos del sombrajo. La crisis económica nos deja la enseñanza de cuán difícil resulta recuperar algunas de las conquistas y algunos de los valores que se quedaron por el camino mientras intentábamos remontar la cuesta.

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Otra victoria de PAS
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Joaquín García Cruz | 01-03-2017 | 00:17| 0

El Consejo de la Transparencia tomó ayer el camino equivocado, el que lo arrastrará a la futilidad si no remonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el guardián de las esencias. Tal es, que sepamos, su razón de ser, de la que ayer desertó, embaucado por la zorrería del PP, que le ganó la partida antes de tirar los dados. Llegó el representante popular a la reunión acusando a José Molina, su presidente, de convertir el Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y Podemos. Y se salió con la suya, a juzgar por el resultado de la sesión. Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria, pero la marró. Más aún: tenía el deber de iluminar a la sociedad, la noble obligación de pronunciarse acerca de si el presidente de la Comunidad Autónoma incurre estos días en fraude de ley, por su interesada interpretación del artículo 54 de la ley regional de Transparencia (el que habla de los imputados por corrupción), o si es la oposición quien hace una lectura espuria de la norma. Que el PP y la oposición discrepen al respecto no aporta sino confusión. Más de lo mismo, mucho ruido. Es el Consejo de la Transparencia quien debería alumbrar en estos casos con una declaración valiente, en el sentido que tocara, y bien invitar a Pedro Antonio Sánchez a dimitir -en aplicación de la ley- o avalar su permanencia en el cargo. Porque el Consejo de la Transparencia, aunque desprovisto de competencias para desalojar al presidente, está, sin embargo, legitimado (¿quién mejor?) para alzar la voz y emplazarlo en público. Pero ayer optó por soltar al aire una filípica sobre «valores esenciales» y sobre «observancia de la ley», que para nada sirve. Ninguna virtualidad tiene una ley -la de la Transparencia- que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional -también con los votos del PP-, si nadie hay que la haga cumplir. Ninguna utilidad tiene el Consejo de la Transparencia, si el Gobierno le niega el pan y la sal, la Asamblea y los ayuntamientos le regatean la fuerza legal que reclama, los partidos se pelean en su interior para tapar la realidad con cortinas de humo, los vocales no abren la boca, quizá para no molestar, y finalmente -cuando más se esperaba un esclarecedor dictamen- se resigna a soltar una perorata de cuatro líneas sobre la ética y el buen gobierno.

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Un calvario por recorrer
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Joaquín García Cruz | 22-02-2017 | 16:12| 0

El respaldo del PP a Sánchez topará, en los próximos días, con nuevas dificultades

Debió de incomodar a Rajoy que le preguntaran el lunes por la imputación del presidente de Murcia en la rueda de prensa que compartía con François Hollande durante la cumbre hispano-francesa de Málaga. Pero se habría llegado a sonrojar si algún periodista bien informado le hubiera vuelto a interpelar después de que el presidente del Gobierno repitiera, por enésima vez, que Pedro Antonio Sánchez (PAS) «ha tenido 16 archivos en los últimos dos o tres años».

Esta intervención de Rajoy en una reunión internacional sirve para visibilizar hasta qué punto llega ya la ola expansiva del ‘caso PAS’, que en apenas una semana se ha adueñado de la escena política, a escasa distancia de la sentencia del ‘caso Nóos’ y el desafío separatista de Cataluña. Nunca como ahora se habló tanto de Murcia. Es posible que ningún dirigente político de primera fila falte ya por sumarse al coro declarativo en torno a PAS y, desde luego, ningún otro jefe del Gobierno regional recibió antes desde Madrid un apoyo tan ruidoso a su persona como el que el PP y el Gobierno de España brindan estos días a PAS. Pero el martilleo va para largo. Un vistazo al calendario de las próximas semanas deja entrever un viacrucis doloroso, en el que las hojas están señaladas con una muy probable exposición razonada que el juez de la ‘Púnica’ enviará al TSJ (con la consiguiente posibilidad de que se le abra una segunda investigación penal), el ultimátum de una semana marcado ayer por Albert Rivera para que PAS dimita, las inminentes comparecencias en el Senado y el Congreso del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado -para responder de la orden que se transmitió a las dos fiscales del caso para no acusar a PAS en la ‘Púnica’-, la declaración del propio presidente ante el TSJ en calidad de investigado, fijada para el 6 de marzo, y las iniciativas parlamentarias registradas por la oposición, en Madrid y Murcia.

Difícil congreso del PP

La encrucijada que tiene ante sí el PP, mientras sostenga a su hombre fuerte en la Región, no termina ahí. Los populares celebrarán los días 18 y 19 de marzo el congreso regional que debe elevar a Sánchez a la presidencia del partido, en lugar de Ramón Luis Valcárcel, y los tiempos habituales de la Justicia convierten en una entelequia pensar que PAS llegará a esa fecha libre de la imputación por el ‘caso Auditorio’, que acaba de incoarse. No hay tiempo para acelerar un sobreseimiento. Más razonable parece imaginar que para entonces pueda pesar sobre él una segunda investigación, la de ‘Púnica’. ¿Se aceptará desde Madrid que el PP encumbre a la cima del partido en Murcia a un candidato con tan pesada carga?

Albert Rivera dejó claro ayer que Ciudadanos va en serio cuando exige al PP un relevo en la presidencia de Murcia. Si no lo hiciera, se dejaría por el camino la bandera de la regeneración, que constituye su principal activo, y perdería la legitimación para exigir el cese del presidente, pues incumpliría su pacto de investidura en la misma medida que lo haría el PP. Aunque la moción de censura con la que amaga Podemos en la Asamblea Regional tiene pocos visos de prosperar, por la complicación que entrañaría ponerse de acuerdo con PSOE y Ciudadanos para consensuar un candidato alternativo, es posible que, llegados a este punto, Rivera quiera cobrarse la cabeza política de PAS a cambio de apoyar al PP en los Presupuestos Generales del Estado. En el mejor de los casos para el presidente de Murcia, ahí estaría la línea roja que llevaría a dimitir a Pedro Antonio Sánchez: en los apoyos parlamentarios que Rajoy necesita para mantener la gobernabilidad de España.

Medias verdades y mentiras

Es precisamente la estabilidad institucional lo que más inquieta hoy -aunque se mantenga mudo- al empresariado de la Región: que el rifirrafe se prolongue mucho más, con el buen nombre de Murcia ligado a la corrupción, a un cambio traumático de gobierno y a términos como crisis e inestabilidad, sus demonios tradicionales. La frustración, ayer mismo, del acuerdo que debía adoptar el Consejo de Administración de Aena para cerrar el aeropuerto de San Javier, paso previo para licitar Corvera, bien podría interpretarse como una primera consecuencia tangible de este enrarecido clima que se respira en Murcia.

La desatinada intervención de Rajoy en Málaga en favor de PAS encarna igualmente la ofuscación por disfrazar la realidad -cuando esta se tuerce- con un mantra que acoge legítimos argumentarios partidistas, medias verdades y también alguna mentira. Los ‘16 archivos’ mencionados por Rajoy para invocar la presunción de inocencia y el acoso judicial de la oposición al presidente de Murcia abarcan -aunque esto no lo dicen los dirigentes del PP- desde una misma causa archivada y recurrida después -pero contada como si fueran dos distintas- hasta cuatro viejas denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos contencioso-administrativos.

No es esta la única posverdad que el PP trata de construir. El pacto de investidura firmado con Ciudadanos para sostener a PAS en el Gobierno es muy claro en el compromiso mutuo de «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Tan claro que, para posibilitar su investidura, y en aplicación del mismo acuerdo escrito con Ciudadanos que ahora discute, el PP dejó caer a su delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a su alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y a la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín. El intento de redefinir el término ‘imputación política’, como último escudo para PAS, parece también condenado al fracaso. El Consejo General del Poder Judicial tiene dicho que la prevaricación sí es un delito de corrupción política, y la ley regional de Transparencia hace lo propio en su artículo 54, donde estipula que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones». Aunque esta norma tenga efectos jurídicos discutibles, se trata de una ley en vigor, cuyo incumplimiento podría provocar un reproche social -o una denuncia ante los tribunales- del Consejo Regional de la Transparencia.

Las apelaciones constantes a la presunción de inocencia, también en boca de Rajoy, están fuera de lugar. Cualquiera sabe que se trata de un derecho individual que nada tiene que ver con la política y que acompañará a Pedro Antonio Sánchez mientras no recaiga contra él, no ya una imputación -ni dos ni tres-, sino una condena judicial firme, algo que, hoy por hoy, no se atisba en el horizonte.

Es la política, no la Constitución ni los tribunales, lo que aprieta al presidente. La presión agobiante de Ciudadanos, el riesgo de poner en jaque la gobernabilidad de España y de Murcia, la paciencia de Rajoy, y el pacto suscrito de su puño y letra para asegurarse el poder. Y también la palabra que dio, que era la palabra del presidente de todos los murcianos.

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Señor Lobo
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Joaquín García Cruz | 16-02-2017 | 12:55| 0

Cuánto agradecería esta región la llegada de un ‘señor Lobo’ como el de ‘Pulp Fiction’, un acreditado especialista en sacar las castañas del fuego. «Soy el señor Lobo, soluciono problemas», dice Harvey Keitel en la película de Tarantino. La reputación de Murcia cotiza otra vez a la baja, empujada por el Mar Menor, la ‘crisis de las lechugas’ y el trajín de los tribunales, que, más allá de sus efectos jurídicos y políticos, causa daños colaterales a la imagen regional. Convendría limpiarla. Pero los dos asaltos a la casa del fiscal Anticorrupción, el perpetrado (también sin botín) en la vivienda del inspector de Hacienda que elabora informes tributarios de gente bajo sospecha, y la injerencia de la Fiscalía General del Estado en la instrucción de la ‘Púnica’ son para temerse lo peor. Quizá los malos se han adelantado en la contratación de un ‘señor Lobo’.

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Esto no es América, ¿ok?
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Joaquín García Cruz | 02-02-2017 | 23:13| 2

La designación como juez vitalicio del Supremo del ultramontano Neil Gorsuch ha sido la última astracanada de Trump. Gorsuch deshace con su presencia en el más alto tribunal de EE UU el empate numérico entre los magistrados conservadores y los progresistas, lo que garantiza al atrabiliario presidente un parapeto frente a cuantos recursos contra sus decretos ejecutivos lleguen al Supremo. Cualquier juez de distrito puede dejar provisionalmente en suspenso las resoluciones de Trump, pero, cuando los recursos subsiguientes deban sustanciarse en la cúspide de la judicatura, allí estará Neil Gorsuch para echarlos abajo. La decisión de vetar la entrada a los ciudadanos de siete países de confesión islámica, y la de levantar un muro en la frontera con México, por citar solo dos de los antojos del presidente, resultan más mediáticas que la designación de un juez amigo, pero son menos trascendentales -y más peligrosas para la higiene democrática- que el aseguramiento de un Tribunal Supremo sumiso.

La anomalía que implica esta politización de la Administración de Justicia se da también en España. Los partidos se reparten magistraturas en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, al que ayer mismo enviaron PP y PSOE desde la Asamblea Regional sus respectivas propuestas para cubrir sendas vacantes (cada una, de su color, claro), y también en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas. La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que ayer metió en graves problemas al presidente de la Comunidad Autónoma, adolece de idéntica tacha. De sus tres integrantes, dos son magistrados de carrera (Miguel Pasqual del Riquelme y Julián Pérez-Templado), pero el tercero, Enrique Quiñonero, es un catedrático promovido al TSJ por la Asamblea Regional, que, como sucede en todos los parlamentos, toma sus acuerdos en función de una mayoría política. Del PP, en este caso. Más allá de las consideraciones meramente jurídicas, la decisión de asumir el ‘caso Auditorio’ o devolverlo al juzgado instructor de Lorca era delicada para los tres componentes de la Sala, perfectamente conocedores de su alcance social. Tampoco a ellos se les escapa que mantener en su auto los indicios delictivos apreciados desde Lorca en la fase de instrucción acarrearía consecuencias políticas para la Región, y no solo para la persona de Pedro Antonio Sánchez. La Sala podía haber archivado la exposición razonada, lo que habría salvado el pellejo -definitivamente- de Sánchez. Podía haberle dado una patada adelante, regalándole en tal caso al presidente lo que este más anhela: tiempo para seguir gobernando. Pero la Sala aceptó quedarse con la patata caliente, en una resolución que a muchos habrá sorprendido. Los jueces del TSJ forman parte de una sociedad pequeña y por tanto influenciable, sujeta a presiones de todo tipo, y parecía natural que la extracción política de alguno de sus integrantes diera que pensar. Eran prejuicios: han firmado la resolución más comprometedora para el presidente, que es también la menos acomodadiza para ellos.

En Estados Unidos, cualquiera acertaría hoy qué pasaría si la suerte de Trump cayera en manos del Supremo y de su amigo Gorsuch. Pero la resolución del ‘caso Auditorio’ viene a demostrar que esto no es América, pese a las imperfecciones del sistema y a la necesidad de cambiarlo. Afortunadamente.

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El PSOE ante su historia
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Joaquín García Cruz | 12-01-2017 | 09:26| 0

El PSOE-RM se obstina en reencontrarse con su historia, cainita y electoralmente suicida. Una simple andanada radiofónica contra Susana Díaz no parecía -en ningún caso es- razón suficiente para atacar con mortero al secretario general. Está claro que se la tenían guardada. La embestida de los críticos, ayudada por la reacción ultradefensiva de González Tovar, deja al desnudo la carencia de liderazgo de que adolecen los socialistas en la Región. Lo mismo sucede en España desde que Pedro Sánchez se fue al garete en aquel grotesco Comité Federal del que Fernández Vara salió escondido en el maletero de su coche, pero sería terrible, para el PSOE-RM y para la Región, que una costurera lograra suturar al final la herida en Ferraz, y aquí, sin embargo, hubiera que meter otra vez al partido en un quirófano.

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Dejen las pensiones en paz
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Joaquín García Cruz | 11-01-2017 | 09:24| 0

El copago farmacéutico de los pensionistas debería ser una raya roja, como las recetas de antes, que ningún Gobierno traspasara. Ni crisis ni milongas. A esa provecta edad, las mieses son menos y el gasto en botica, más. Por no hablar de lo que viene. Los veinteañeros y muchos cuarentones de hoy se jubilarán con una pensión miserable, dado que difícilmente podrán reunir el periodo de cotización necesario para disfrutar de un retiro digno. Cierto es que la hucha se agota, porque el mercado laboral está hecho una calamidad, pero sumen ustedes el sueldo que los diputados cesantes cobran por gracia divina, el que perciben muchos políticos inútiles, las fortunas que en la Administración se dilapidan, y lo que algunos roban, y verán que hay más tela donde cortar, antes que tocarle los ‘güevos’ a los pensionistas.

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Quedamos a las seis
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Joaquín García Cruz | 16-12-2016 | 10:01| 0

España se confirmaría como un país ‘different’ si fraguara la sugestiva propuesta de generalizar la conclusión de la jornada laboral a las seis de la tarde. El globo sonda de la ministra de Empleo para lograr un pacto de Estado en este asunto parece más una maniobra de distracción (fue lanzado en la víspera de que el Congreso tumbara la reforma laboral del PP) que un intento sincero de racionalizar los horarios de trabajo y así facilitar la conciliación. Antes de embarcarse en la quimera de echar la persiana casi a la hora de la siesta, España debería recuperar el huso horario de Greenwich (aunque la ley de la Memoria Histórica no haya reparado en que fue Franco quien nos sacó del meridiano), y aplicarse los partidos en alcanzar otros pactos de Estado -educación, agua, corrupción- para los que, hasta hoy, se han mostrado vergonzosamente incapaces.

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Matones
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Joaquín García Cruz | 13-12-2016 | 11:11| 3

El matón (*) de discoteca que mandó a la UCI de un puñetazo a Andrés Martínez, ¿tiene la ESO o similar, un certificado limpio de antecedentes penales, el carné de controlador de acceso y la aptitud necesaria para superar una prueba psicotécnica? No son preguntas retóricas, sino las exigencias mínimas de la ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia. Es una ley que se aprobó hace cinco años, pero que, como tantas otras, no se aplica. Asusta imaginar que, de haberse desarrollado, y de haber velado la Administración regional por su cumplimiento, el matón no podría estar donde estaba el domingo por la tarde, y Andrés Martínez tampoco estaría hoy en la UCI. Aterra pensarlo.

(*) Matón, na. Coloq. Hombre jactancioso y pendenciero que procura intimidar a los demás. (RAE)

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La bala del 54
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Joaquín García Cruz | 09-12-2016 | 16:11| 0


El PSOE guardaba en su cartuchera nueva munición contra PAS. Y esta vez no parece palabrería. Es la ley de Transparencia y tiene la apariencia de un proyectil mortífero

Malas noticias. Una pregunta desquiciante se abre paso estos días, cada vez con más fuerza, entre cenáculos políticos de Murcia y Madrid, despachos oficiales, comidas de empresa y reuniones de negocios. ¿Dimitirá Pedro Antonio Sánchez (PAS) si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo llama a declarar como investigado por el ‘caso Auditorio’? Su mera formulación convierte la pregunta en un proyectil dañino, en una bomba de racimo que siembra preocupación entre dirigentes sociales y empresariales, porque una vacancia precipitada en la presidencia de la Comunidad Autónoma sumiría a la Administración en una inevitable parálisis y asestaría un golpe reputacional a la Región. Una crisis es una crisis, por más que en Murcia nos hayamos acostumbrado a los mandatos presidenciales abruptamente interrumpidos.

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