La Verdad

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Esto no es América, ¿ok?
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Joaquín García Cruz | 02-02-2017 | 23:13

La designación como juez vitalicio del Supremo del ultramontano Neil Gorsuch ha sido la última astracanada de Trump. Gorsuch deshace con su presencia en el más alto tribunal de EE UU el empate numérico entre los magistrados conservadores y los progresistas, lo que garantiza al atrabiliario presidente un parapeto frente a cuantos recursos contra sus decretos ejecutivos lleguen al Supremo. Cualquier juez de distrito puede dejar provisionalmente en suspenso las resoluciones de Trump, pero, cuando los recursos subsiguientes deban sustanciarse en la cúspide de la judicatura, allí estará Neil Gorsuch para echarlos abajo. La decisión de vetar la entrada a los ciudadanos de siete países de confesión islámica, y la de levantar un muro en la frontera con México, por citar solo dos de los antojos del presidente, resultan más mediáticas que la designación de un juez amigo, pero son menos trascendentales -y más peligrosas para la higiene democrática- que el aseguramiento de un Tribunal Supremo sumiso.

La anomalía que implica esta politización de la Administración de Justicia se da también en España. Los partidos se reparten magistraturas en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, al que ayer mismo enviaron PP y PSOE desde la Asamblea Regional sus respectivas propuestas para cubrir sendas vacantes (cada una, de su color, claro), y también en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas. La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que ayer metió en graves problemas al presidente de la Comunidad Autónoma, adolece de idéntica tacha. De sus tres integrantes, dos son magistrados de carrera (Miguel Pasqual del Riquelme y Julián Pérez-Templado), pero el tercero, Enrique Quiñonero, es un catedrático promovido al TSJ por la Asamblea Regional, que, como sucede en todos los parlamentos, toma sus acuerdos en función de una mayoría política. Del PP, en este caso. Más allá de las consideraciones meramente jurídicas, la decisión de asumir el ‘caso Auditorio’ o devolverlo al juzgado instructor de Lorca era delicada para los tres componentes de la Sala, perfectamente conocedores de su alcance social. Tampoco a ellos se les escapa que mantener en su auto los indicios delictivos apreciados desde Lorca en la fase de instrucción acarrearía consecuencias políticas para la Región, y no solo para la persona de Pedro Antonio Sánchez. La Sala podía haber archivado la exposición razonada, lo que habría salvado el pellejo -definitivamente- de Sánchez. Podía haberle dado una patada adelante, regalándole en tal caso al presidente lo que este más anhela: tiempo para seguir gobernando. Pero la Sala aceptó quedarse con la patata caliente, en una resolución que a muchos habrá sorprendido. Los jueces del TSJ forman parte de una sociedad pequeña y por tanto influenciable, sujeta a presiones de todo tipo, y parecía natural que la extracción política de alguno de sus integrantes diera que pensar. Eran prejuicios: han firmado la resolución más comprometedora para el presidente, que es también la menos acomodadiza para ellos.

En Estados Unidos, cualquiera acertaría hoy qué pasaría si la suerte de Trump cayera en manos del Supremo y de su amigo Gorsuch. Pero la resolución del ‘caso Auditorio’ viene a demostrar que esto no es América, pese a las imperfecciones del sistema y a la necesidad de cambiarlo. Afortunadamente.

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