La Verdad

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Un calvario por recorrer
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Joaquín García Cruz | 22-02-2017 | 16:17

El respaldo del PP a Sánchez topará, en los próximos días, con nuevas dificultades

Debió de incomodar a Rajoy que le preguntaran el lunes por la imputación del presidente de Murcia en la rueda de prensa que compartía con François Hollande durante la cumbre hispano-francesa de Málaga. Pero se habría llegado a sonrojar si algún periodista bien informado le hubiera vuelto a interpelar después de que el presidente del Gobierno repitiera, por enésima vez, que Pedro Antonio Sánchez (PAS) «ha tenido 16 archivos en los últimos dos o tres años».

Esta intervención de Rajoy en una reunión internacional sirve para visibilizar hasta qué punto llega ya la ola expansiva del ‘caso PAS’, que en apenas una semana se ha adueñado de la escena política, a escasa distancia de la sentencia del ‘caso Nóos’ y el desafío separatista de Cataluña. Nunca como ahora se habló tanto de Murcia. Es posible que ningún dirigente político de primera fila falte ya por sumarse al coro declarativo en torno a PAS y, desde luego, ningún otro jefe del Gobierno regional recibió antes desde Madrid un apoyo tan ruidoso a su persona como el que el PP y el Gobierno de España brindan estos días a PAS. Pero el martilleo va para largo. Un vistazo al calendario de las próximas semanas deja entrever un viacrucis doloroso, en el que las hojas están señaladas con una muy probable exposición razonada que el juez de la ‘Púnica’ enviará al TSJ (con la consiguiente posibilidad de que se le abra una segunda investigación penal), el ultimátum de una semana marcado ayer por Albert Rivera para que PAS dimita, las inminentes comparecencias en el Senado y el Congreso del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado -para responder de la orden que se transmitió a las dos fiscales del caso para no acusar a PAS en la ‘Púnica’-, la declaración del propio presidente ante el TSJ en calidad de investigado, fijada para el 6 de marzo, y las iniciativas parlamentarias registradas por la oposición, en Madrid y Murcia.

Difícil congreso del PP

La encrucijada que tiene ante sí el PP, mientras sostenga a su hombre fuerte en la Región, no termina ahí. Los populares celebrarán los días 18 y 19 de marzo el congreso regional que debe elevar a Sánchez a la presidencia del partido, en lugar de Ramón Luis Valcárcel, y los tiempos habituales de la Justicia convierten en una entelequia pensar que PAS llegará a esa fecha libre de la imputación por el ‘caso Auditorio’, que acaba de incoarse. No hay tiempo para acelerar un sobreseimiento. Más razonable parece imaginar que para entonces pueda pesar sobre él una segunda investigación, la de ‘Púnica’. ¿Se aceptará desde Madrid que el PP encumbre a la cima del partido en Murcia a un candidato con tan pesada carga?

Albert Rivera dejó claro ayer que Ciudadanos va en serio cuando exige al PP un relevo en la presidencia de Murcia. Si no lo hiciera, se dejaría por el camino la bandera de la regeneración, que constituye su principal activo, y perdería la legitimación para exigir el cese del presidente, pues incumpliría su pacto de investidura en la misma medida que lo haría el PP. Aunque la moción de censura con la que amaga Podemos en la Asamblea Regional tiene pocos visos de prosperar, por la complicación que entrañaría ponerse de acuerdo con PSOE y Ciudadanos para consensuar un candidato alternativo, es posible que, llegados a este punto, Rivera quiera cobrarse la cabeza política de PAS a cambio de apoyar al PP en los Presupuestos Generales del Estado. En el mejor de los casos para el presidente de Murcia, ahí estaría la línea roja que llevaría a dimitir a Pedro Antonio Sánchez: en los apoyos parlamentarios que Rajoy necesita para mantener la gobernabilidad de España.

Medias verdades y mentiras

Es precisamente la estabilidad institucional lo que más inquieta hoy -aunque se mantenga mudo- al empresariado de la Región: que el rifirrafe se prolongue mucho más, con el buen nombre de Murcia ligado a la corrupción, a un cambio traumático de gobierno y a términos como crisis e inestabilidad, sus demonios tradicionales. La frustración, ayer mismo, del acuerdo que debía adoptar el Consejo de Administración de Aena para cerrar el aeropuerto de San Javier, paso previo para licitar Corvera, bien podría interpretarse como una primera consecuencia tangible de este enrarecido clima que se respira en Murcia.

La desatinada intervención de Rajoy en Málaga en favor de PAS encarna igualmente la ofuscación por disfrazar la realidad -cuando esta se tuerce- con un mantra que acoge legítimos argumentarios partidistas, medias verdades y también alguna mentira. Los ‘16 archivos’ mencionados por Rajoy para invocar la presunción de inocencia y el acoso judicial de la oposición al presidente de Murcia abarcan -aunque esto no lo dicen los dirigentes del PP- desde una misma causa archivada y recurrida después -pero contada como si fueran dos distintas- hasta cuatro viejas denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos contencioso-administrativos.

No es esta la única posverdad que el PP trata de construir. El pacto de investidura firmado con Ciudadanos para sostener a PAS en el Gobierno es muy claro en el compromiso mutuo de «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Tan claro que, para posibilitar su investidura, y en aplicación del mismo acuerdo escrito con Ciudadanos que ahora discute, el PP dejó caer a su delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a su alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y a la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín. El intento de redefinir el término ‘imputación política’, como último escudo para PAS, parece también condenado al fracaso. El Consejo General del Poder Judicial tiene dicho que la prevaricación sí es un delito de corrupción política, y la ley regional de Transparencia hace lo propio en su artículo 54, donde estipula que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones». Aunque esta norma tenga efectos jurídicos discutibles, se trata de una ley en vigor, cuyo incumplimiento podría provocar un reproche social -o una denuncia ante los tribunales- del Consejo Regional de la Transparencia.

Las apelaciones constantes a la presunción de inocencia, también en boca de Rajoy, están fuera de lugar. Cualquiera sabe que se trata de un derecho individual que nada tiene que ver con la política y que acompañará a Pedro Antonio Sánchez mientras no recaiga contra él, no ya una imputación -ni dos ni tres-, sino una condena judicial firme, algo que, hoy por hoy, no se atisba en el horizonte.

Es la política, no la Constitución ni los tribunales, lo que aprieta al presidente. La presión agobiante de Ciudadanos, el riesgo de poner en jaque la gobernabilidad de España y de Murcia, la paciencia de Rajoy, y el pacto suscrito de su puño y letra para asegurarse el poder. Y también la palabra que dio, que era la palabra del presidente de todos los murcianos.

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