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La UMU y la corrupción

La expulsión de la exalcaldesa de Pliego como diputada de la Asamblea, avalada por los servicios jurídicos de la Cámara y adoptada de forma unánime por todos los partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado, dejó en segundo plano asuntos colaterales que me causan estupor y que revelan una particular forma de gestionar las asuntos públicos en la Región. El punto en común es el dictamen presentado en la Asamblea por la exalcaldesa para evitar la pérdida de su escaño. Que se defendiese entra dentro de lo natural, pero lo sorprendente es que lo hiciera con un dictamen encargado por el Ayuntamiento de Pliego, a través de su secretario, para un asunto que no es de competencia municipal, sino estrictamente personal de quien, en el momento de contratar ese informe, seguía en su puesto, pero ya estaba condenada por prevaricación a nueve años de inhabilitación. Solo veo dos explicaciones a ese uso institucional de la Corporación: o una falta total de luces para ejercer cargos públicos o una ausencia clamorosa de decoro cívico, ambas inhabilitantes desde el punto de vista político. El susodicho dictamen, a la postre fallido, advertía de posibles acciones legales por prevaricación contra la letrada y los diputados de la Asamblea Regional si se consumaba la expulsión de Toledo. Suena fuerte, pero fue así. Lo más chirriante es que ese amenazador informe llevaba el aval de la Universidad de Murcia (UMU), con la firma del profesor ayudante José Muñoz Clares. Tan discutible me parece que el Ayuntamiento de Pliego pagara el dictamen como que la Universidad de Murcia haya convertido en rutinario el cobro por servicios jurídicos de defensa frente a casos de corrupción, a través de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), para asombro del mundo de la Justicia y parte de la comunidad docente universitaria. Uno de los objetivos de la OTRI es la formalización de contratos y convenios de prestación de servicios en conocimiento y de investigación bajo demanda, de los cuales un 10% del montante es para la UMU y el resto para el profesor contratado. No tengo nada que objetar al respecto. Al contrario, para las universidades públicas debe ser una obligación trasladar los resultados de sus investigaciones a la sociedad y conseguir vías propias de financiación. Pero empieza a ser difícilmente digerible, por muy legal que sea, constatar cómo la UMU sigue recaudando, a través de contratos con la OTRI, por servicios de asesoría y defensa que realiza el catedrático de Derecho Penal, Jaime Peris, a imputados como Matías Carrillo, Higinio Pérez Mateos o Francisco Marqués, o el grupo del profesor Muñoz Clares, quien ha representado a varios imputados por el caso ‘Umbra’ e interpuso una querella fallida por prevaricación, en nombre del imputado Joaquín Peñalver, contra el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez David Castillejos. El amenazante dictamen de Isabel Toledo a la Asamblea es el último ejemplo de esta dudosa aportación social de la UMU.

Las claves de la actualidad analizadas por el director editorial de La Verdad

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