La Verdad
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Deuda permanente revisable
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Alberto Aguirre de Cárcer | hace 21 horas| 0

Para llegar a un acuerdo y satisfacer a todas las comunidades, Montoro estudia convertir en perpetua parte de la deuda con el Estado de las autonomías. Mientras no haya solución, el Gobierno regional debería actuar con cautela

Cuando Montoro sentenció el lunes en la comida de los barones del PP que no habría quita para la deuda autonómica, López Miras, contrariado, resopló: «Algo habrá que hacer». Después de que se impusiera el criterio del gallego Núñez Feijóo y del castellanoleonés Juan Vicente Herrera, la frase del presidente murciano sonó como aquella advertencia celebérrima del economista Keynes: «Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo». En otras palabras, que el Gobierno regional no está de entrada por la labor de devolver los préstamos por valor de 6.700 millones recibidos del Estado desde 2012, una cantidad que representa el 80% de la deuda pública murciana. Alega, como es totalmente cierto, que la Región ha estado infrafinanciada, al igual que la comunidad valenciana o la balear, desde que se instauró el actual modelo en 2010. Con los mercados financieros prácticamente cerrados y una prima de riesgo en cotas estratosféricas, Montoro creó en su momento los fondos de liquidez autonómica y de pago a proveedores para rescatar a las comunidades autónomas, pero ahora que llega el momento de ajustar cuentas, como paso previo a la negociación del nuevo modelo de financiación, la batalla territorial entre las regiones cumplidoras e incumplidoras del déficit amenaza con estallar incluso en el seno de las distintas formaciones políticas. Montoro, que conoce bien a Keynes, sabe que con el 56% de la deuda autonómica en manos de la administración central tiene un verdadero problema. Sobre todo ante Bruselas. No puede aceptar la condonación solicitada por la Región de Murcia, Valencia y Cataluña, porque mandaría un mensaje muy negativo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Pero tampoco puede obviar la realidad de que una gruesa parte de los números rojos de esas comunidades incumplidoras se debe a la insuficiente financiación, aunque no toda, ni mucho menos, en el caso de la Región. Una solución que el ministro estaría barajando sería la eliminación del pago de intereses. Entre otras razones porque es discutible que, en su calidad de prestamista, el Estado obtenga ingresos de las asfixiadas autonomías. Otra consistiría en aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades con el Estado, llegando incluso a plantearse, como adelantaba ‘La Vanguardia’, que una parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos. Una especie de deuda permanente revisable. Dicho eso, lo que finalmente sucederá es imprevisible porque Montoro apunta cada día en una dirección diferente.

Pocos asuntos públicos son más áridos y aburridos pero a la vez tan importantes como el debate de la financiación autonómica. Tanto como el pacto educativo o el pacto del agua. La consecución de un acuerdo territorial en materia de financiación autonómica es crucial para asegurar la sanidad, la educación y el resto de prestaciones públicas básicas, que se comen prácticamente los presupuestos de las comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis, la deuda pública española, incluida la de la Administración central, se ha triplicado y alcanza ya los 1,14 billones de euros. El pasado año marcó un récord tras repuntar 37.424 millones, el mayor ritmo ascendente desde 2014. Ya representa el 98,08% del PIB nacional. Una auténtica barbaridad, aunque se encuentra en el límite fijado por Bruselas, gracias al crecimiento de la economía. Pero los bajos tipos de interés no durarán siempre y la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo empezará a paralizarse este mismo año. Entonces, el peso de la deuda se convertirá en un serio problema para todos los contribuyentes.

Algo habrá que hacer, como dijo López Miras. Por la parte que le toca al Gobierno regional, lo primero debería ser actuar con prudencia. Como lo están haciendo muchas familias y empresas murcianas, según se desprende del bajo incremento del crédito bancario, algo inusual en momentos de crecimiento económico. Quizá por la percepción de que el despegue no se ha consolidado, las familias se decantan por el consumo y el ahorro (aquellas que pueden) y las empresas por invertir parte de sus beneficios. Pero apenas se endeudan. El ministro Montoro ya ha advertido que el fondo de liquidez autonómica tiene los días contados, de forma que las comunidades deberán volver a los mercados financieros. Siete de ellas ya lo hicieron en 2017. Especialmente ahora, cuando aún se desconoce cómo será la reforma tributaria que anuncia el Ministerio para sustentar el nuevo modelo (Montoro habla de armonización fiscal del impuesto de sucesiones justo cuando se ha dejado aquí al mínimo posible), o cuánto dinero recibirá la Región si hay acuerdo para un reparto más equitativo, el Ejecutivo regional debería actuar con suma cautela. Más aún al no estar ni siquiera asegurado un pacto imprescindible con el PSOE de Pedro Sánchez.

En este incierto contexto solo el hecho de que estamos en año preelectoral explica que López Miras y su equipo hayan arriesgado tanto anunciando que bajarán el IRPF en el plazo de un año. Hace solo unos días, el consejero Andrés Carrillo añadía que «Murcia será la región donde menos impuestos se paguen», pero «lo haremos de manera paulatina y responsable, siendo conscientes de lo que supone mantener los servicios públicos esenciales». Son mensajes que suenan a música celestial en los oídos de los votantes, aunque no dejan de tener un timbre inquietante en la región campeona del déficit público cuando cada año el Tribunal de Cuentas nos recuerda el ‘agujero’ existente en las cuentas del Servicio Murciano de Salud o nos alerta del rampante gasto farmacéutico. La buena noticia de que la economía regional lideró el crecimiento en 2017 no debe llevar a la precipitación o a suscitar desmesuradas expectativas.

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Auctoritas y potestas
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Alberto Aguirre de Cárcer | 11-02-2018 | 12:42| 0

Miras acierta con un congreso abierto para ganarse su liderazgo. Fue probablemente Ballesta quien le hizo ver la diferencia entre el poder moral basado en el reconocimiento y el prestigio, y el poder político impuesto desde arriba
A principios de semana me llegaron señales de que el presidente López Miras iba a mover ficha. Se especulaba con cambios en el partido o en el Gobierno regional. En ámbitos empresariales próximos al PP ya circulaban incluso algunos nombres de potenciales damnificados, aunque no pasaban de ser meras elucubraciones sobre una posibilidad con razones de fondo para ser ciertas: la perentoria elección de varios ‘caballos de refresco’ en el Gobierno para dotarlo de mayor perfil político de cara a lo que resta hasta las elecciones del próximo año. Pero Miras no soltaba prenda ni siquiera a sus colaboradores más cercanos. El mismo miércoles por la tarde se negaba desde San Esteban a este periódico la posibilidad de que hubiera cambios inminentes. Tampoco en el PP regional se sabía el motivo de la convocatoria urgente de su Junta Directiva. Lo que solo había hablado con Rajoy y Cospedal acabó trascendiendo en la tarde del jueves para sorpresa de todos los suyos, excepto para el alcalde de Murcia, José Ballesta, que estaba en el ajo: la convocatoria de un congreso extraordinario para el 18 de marzo, el primero en la historia del partido a nivel nacional sin compromisarios y donde el presidente regional será elegido bajo la fórmula de un afiliado, un voto. Miras daba un golpe de efecto con el que empieza a purgar el pecado original que arrastra, la designación a dedo de forma apresurada por su antecesor, Pedro Antonio Sánchez, e intenta movilizar al partido para darle la vuelta a los pronósticos más pesimistas. Si todo transcurre como parece, López Miras dejará de ser simplemente Fer y se habrá ganado el liderazgo de los suyos para renovar el ideario del partido, hacer cambios profundos de modos y personas en el interno del PP y establecer una relación más estrecha con la sociedad murciana en base a nuevos objetivos programáticos.

Las palabras del exvicepresidente Juan Bernal en ‘La Verdad’, cuestionando a principios de enero no tanto la idoneidad de Miras como su discutible designación a la búlgara, no cayeron en saco roto. No eran pocos los destacados militantes populares que compartían esa opinión, aunque ninguno se atrevía a expresarla, bien por considerarla políticamente inconveniente o por desidia, comodidad, temor a ser señalado o sencillamente por cobardía. «El presidente debe ser elegido por todos los militantes del partido -aseveró Bernal-. Es un hecho clave que no admite discusión en los tiempos actuales. El presidente no puede resultar elegido en un proceso de nombramiento a dedo sin saber muy bien por qué y cómo se ha hecho. Esa no es la forma en la que queremos tener a un presidente del PP. Si deseamos que realmente transmita ilusión y confianza, tiene que ser alguien que pase un proceso de elección dentro del partido». La entrevista a Juan Bernal agitó el avispero popular, aterrado por el vaticinio que figuraba como corolario de sus declaraciones: «El PP lleva camino de perder las elecciones». Aunque Miras dijo al día siguiente que no había leído las declaraciones, una solemne torpeza porque no resulta creíble, tuvo el buen tino de quedarse con lo mollar, a diferencia de algunos de sus colaboradores, empeñados en desentrañar una conspiración inexistente, ocupación muy habitual en los cenáculos de la política murciana en su ala más pacata. Probablemente fue José Ballesta quien le hizo ver a Miras la diferencia entre la ‘auctoritas’ y la ‘potestas’, el poder moral basado en el reconocimiento o prestigio de una persona y el poder político que se impone por la fuerza desde arriba. Elegido de la misma forma que Pedro Antonio Sánchez, Miras goza hoy de ‘potestas’, pero tiene que ganarse la ‘auctoritas’ ante quienes le ven demasiado bisoño y falto de cuajo político como para llevar a buen puerto un partido desgastado por tantos años en el poder, más desmovilizado que nunca desde 1995 y, en muchos aspectos, desfasado en relación a los vertiginosos cambios sociales que vivimos. Nadie, en definitiva, terminaba de creerse aquello del ‘nuevo PP’. Apostar por un congreso abierto, inédito en los populares, es una decisión valiente, inteligente y acertada de López Miras, que le hace recuperar iniciativa política y ganar enteros, fuera y dentro del Partido Popular. Su eventual elección por los militantes sintoniza con una corriente mayoritaria en la opinión pública, que apuesta por partidos con democracia interna y dispuestos a primar la meritocracia para poder llevar a los mejores a la política. El ‘aggiornamento’ del PP, no obstante, debe ser profundo porque por primera vez sus votantes tendrán en 2019 otras opciones que no les suscitan reparos ideológicos (Ciudadanos y la formación de Alberto Garre). Ahora se le abre al PP una oportunidad única para, de una vez por todas, asumir un discurso creíble sobre regeneración democrática, igualdad y medio ambiente…, y proyectar una visión de futuro para la Región que no incluya solo el agua y las infraestructuras.

Es muy probable que esa renovación de ideas y de caras vaya seguida de un inmediato anuncio de los candidatos para las municipales, al menos en aquellos lugares donde no gobierna, y de una remodelación, parcial o profunda de la composición del Gobierno regional, para impulsar el nuevo relato político que surja del congreso extraordinario. Después de cuatro presidentes en cuatro años al frente del Gobierno regional, los populares han tenido que verse al borde del precipicio para reaccionar y tomar una decisión sensata. Nada tienen garantizado de antemano, pero al menos se han caído del guindo a tiempo para intentar enderezar un rumbo que les conducía al desastre. Políticamente, el asunto empieza a ponerse interesante.

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Carles, déjalo ya
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-02-2018 | 11:20| 0

«Esto se ha terminado», confesó Puigdemont. Y pese a todo persiste el bloqueo institucional en el Parlament para hastío de la resquebrajada sociedad catalana y del resto de España, ahíta de cansera por el omnipresente ‘procés’

En las antiguas misas de coronación papal, el maestro de ceremonias pronunciaba en tres ocasiones la frase ‘Sic transit gloria mundi’ (Así pasa la gloria del mundo) mientras en un brasero ardía fugazmente un fragmento de estopa. Una liturgia que ilustraba al sucesor de Pedro la fragilidad del poder humano y lo efímero de nuestra existencia. Ya antes, cuando los generales de la antigua Roma que volvían victoriosos desfilaban por la ciudad, un esclavo del séquito les susurraba a cada paso ‘Memento mori’ para recordarles que eran mortales y no dioses que puedan hacer un uso del poder que sea arbitrario o contrario a lo dictado en las leyes. Hasta esta misma semana nadie aparentemente musitaba en las filas independentistas de Puigdemont sobre la irrefutable evidencia de que en un Estado de Derecho es imposible investir como presidente de Cataluña a un prófugo de la justicia. Fue el propio Puigdemont, admitiendo descarnadamente su derrota política en mensajes privados enviados a un colaborador, el que en contra de su voluntad ha abierto los ojos a sus pretorianos ante lo que a todas luces es una infructuosa huida hacia adelante en busca de impunidad personal. «Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado», escribía el expresident, abocado tarde o temprano a prisión por orden judicial como consecuencia de un presunto delito de rebelión. No hay otro desenlace previsible para esta efímera república virtual catalana que duró lo que un trozo de lino sobre unas brasas. Y sin embargo persiste un bloqueo institucional en el Parlament para hastío de la resquebrajada sociedad catalana y del resto de España, ahíta de cansera por el omnipresente ‘procés’. Los Presupuestos del Estado, la negociación del modelo de financiación autonómica, el pacto nacional por el agua, el de educación, la reforma de las pensiones… La aritmética parlamentaria ya pone cuesta arriba trenzar acuerdos para avanzar en reformas, pero para colmo de males hasta el más mínimo paso adelante parece bloqueado por la ausencia de un Gobierno catalán legalmente constituido que ponga fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. España es un clamor: Carles, escucha lo que ahora balbucean los tuyos y déjalo ya. ‘Sic transit gloria mundi’, mindundi.

Viento de cola

Los resultados de las últimas elecciones autonómicas fueron el particular ‘Memento mori’ del PP regional. Recuerda que eres mortal, dijeron los votantes murcianos a una organización política que acumulaba veinte años de aplastantes victorias y parecía imbatible. Lejos de tomar convenientemente nota, entró en una espiral de errores políticos que acentuó su inestabilidad y vulnerabilidad ante una oposición que no deja de poner en evidencia su debilidad en la Asamblea regional. La aprobación de las enmiendas a la ley del Mar Menor demuestra la impotencia del partido mayoritario en una Cámara legislativa donde solo ha llevado tres proyectos de ley en el último año para evitar el vapuleo de sus rivales. Para espantar el fantasma del fin de ciclo que aterroriza en sus filas, los populares se aferran al viento de cola que impulsa la economía y al desbloqueo de las infraestructuras de transporte que ha emprendido Rajoy. La situación dista mucho de ser idílica, pero por primera vez en muchos años el Gobierno regional puede sacar pecho del dinamismo económico. En un año de récord en turismo extranjero, que benefició a todo el arco mediterráneo, la Región de Murcia fue la comunidad autónoma cuyo PIB creció más en 2017, junto a la Comunidad Valenciana y Baleares. Cierto es que estamos lejos en muchos parámetros (nivel de renta, empleo…) de la media nacional, pero es innegable el repunte de una economía murciana que crece con un patrón mucho más sólido que antes de la crisis. No todos los huevos, afortunadamente, están ya depositados en una única cesta. La mayor parte del mérito procede de las empresas, que han sabido buscar y afianzar los mercados exteriores, y de los trabajadores, que con sus sacrificios salariales dotaron de competitividad a sus empleadores. El acierto del equipo económico del Gobierno regional consistió en desplegar adecuadamente las velas y en asumir como ineludible la necesidad de avanzar en la simplificación administrativa, una tarea en la que sí han encontrado el apoyo de Ciudadanos, como sucedió igualmente con la aprobación de los Presupuestos regionales. La cuestión es si el PP regional sabrá aprovechar los vientos favorables para hacer todos los deberes económicos pendientes, que son muchos, empezando por facilitar que la recuperación, en términos de renta y empleo, llegue a las economías de los hogares más castigados por la crisis.

Una ley integral del Mar Menor

Los últimos análisis muestran una sensible mejoría en la turbidez del agua respecto al año pasado por estas fechas, lo que indica que el control de los vertidos de nitratos agrícolas es la estrategia adecuada. Pensar, sin embargo, que el Mar Menor hoy está a salvo sería caer en una imprudencia catastrófica porque el daño medioambiental persiste y ha sido mayúsculo. Convertidas en ley el conjunto de medidas urgentes, toca velar por su cumplimiento y ponerse a trabajar en una ley integral que, con el mayor consenso posible, blinde a la laguna contra todas las amenazas que comprometen su futuro. Va a ser muy difícil en año preelectoral, pero es un mandato social ineludible para nuestros representantes públicos.

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Y sin embargo se mueve
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-01-2018 | 09:25| 0

Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. No hay duda de que aquello fue una arenga clientelar. Pero antes de aclarar qué hay entre lo dicho y lo hecho, el PSOE ya acudió a la Fiscalía

Un par de meses después de que el Santo Oficio le sometiera a juicio por mantener, como Copérnico, que la Tierra no es el centro inmóvil del Universo sino que gira alrededor del Sol, y no al revés, Galileo Galilei se vio obligado a leer de rodillas un texto de abjuración para salvar el pellejo. Cuenta la leyenda que en algún momento posterior Galileo susurró: «Eppur si muove» (Y sin embargo se mueve). Parece poco probable que pudiera decirlo públicamente, por la cuenta que le traía, aunque se sabe que nunca dejó de pensar que la Tierra se desplaza en el espacio. Lo dijera o no, ‘Eppur si muove’ aún se utiliza como frase para expresar que, aunque se niegue la veracidad de un hecho, este es totalmente verídico. La carta de renuncia dirigida al alcalde Ballesta por el exconcejal Roque Ortiz, tras un proceso político sumarísimo, es la antítesis de un texto de abjuración. Niega la mayor, persiste en que todo fue un «desafortunado error verbal» y arremete contra sus supuestos inquisidores, esa «nueva política» que, dijo, «retuerce fácilmente la realidad» y aprovecha la «mentira que se difunde en el anonimato de las redes sociales». Tras cinco días achicharrándose en las nuevas hogueras digitales, Ortiz entonó un «me voy» que deja al alcalde sin uno de los planetas más cercanos del sistema heliocéntrico que conforma con sus más estrechos colaboradores. Sabiendo que está más solo y que la crisis es producto del fuego amigo, Ballesta afrontará ahora el desgaste de una comisión de investigación en el Ayuntamiento. Es lo que toca y procede por cuestión de higiene democrática. Para aclarar qué hay entre lo dicho y lo hecho. De lo primero no hay duda. Aquello sonó como lo que fue: una arenga caciquil y clientelar. Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Pero para ir a Fiscalía, a donde ya acudió el PSOE únicamente con lo puesto, faltan los hechos que demuestren una vulneración de la ley. En juego está la alcaldía del municipio que dará la llave de San Esteban en 2019, y la oposición no soltará fácilmente esta presa. Aun a costa de caer en la contradicción de elevar una moción a la Asamblea sobre lo ocurrido en Murcia, como ha hecho el PSOE, y disculpar a su exalcalde de Calasparra, que se jactaba hace siete años en un vídeo conocido ahora de enchufar a un edil de IU, con el argumento de que solo pidió que Esamur contratara para una depuradora a gente del pueblo. Se ve que esa cosa marrana del clientelismo y el caquicismo es una paja que existe solo en el ojo ajeno. Y sin embargo se mueve. Por muchos municipios de todo signo en la Región.

Corredor saturado

¿Se mueve el AVE, ese tren con pico de pato, a alta velocidad o a velocidad alta desde ese centro del universo ferroviario llamado Madrid? Depende. Porque lo que marca la diferencia no es el tren sino el trayecto, las vías y el tráfico compartido. Desde esta semana, los castellonenses tardarán 35 minutos menos en llegar a la capital de España, aunque ahorrarán tiempo (y dinero) si su destino es Valencia y optan por un tren regional o el Euromed en lugar del AVE. Son las paradojas de este carajal de tramos, anchos de vías y saturado tráfico ferroviario compartido que es hoy el Corredor Mediterráneo. Por distintas razones lo que vemos hoy en Castellón, lo veremos con el AVE en Murcia a finales de 2018 o principios del 2019. De Madrid a Alicante (Monforte, por precisar) tendremos alta velocidad y a partir de ahí velocidad alta hasta Murcia. Porque aunque no habrá un rudimentario tercer hilo, como de camino a Castellón, los 62 kilómetros finales están plagados de motivos para pisar el freno. Desde el nudo de Monforte, que se atraviesa a 50 km/h., y tres largos túneles a varias curvas pronunciadas y el tobogán para superar el canal del Trasvase… Sin contar una parada en Elche de seis minutos y otra en Orihuela si hay demanda suficiente… Se ahorrará mucho tiempo, qué duda cabe, en llegar a Madrid en el AVE, pero el tramo Murcia-Alicante se hará a trompicones. Todavía será peor para los cartageneros, pendientes de su tercer hilo, y no digamos para los usuarios de los cercanías que se mueven en dirección a Alicante, obligados desde 2020 a 2023 a efectuar transbordos en San Isidro. Ellos pagarán parte del pato de un Corredor Mediterráneo abocado a su congestión en un par de años.

Mar Menor, eficacia y premura

En dos horas se puede recorrer caminando el sendero circular de Tallante (Cartagena) en torno a su Cabezo Negro. Un paseo muy recomendable por un paisaje trufado de almendros, que algunos empezaban a florecer el pasado domingo. Apenas se ven regadíos en este paraje incluido en la zona 3 de protección en el decreto ley de medidas sobre el Mar Menor, aunque está junto a la rambla de la Azohía que vierte a la bahía de Mazarrón. No tengo dudas de que el vertido de nutrientes, en especial los nitratos agrícolas del Campo de Cartagena, es la causa directa del proceso de eutrofización de la laguna. Y que la primera medida y más urgente debe ser eliminar por completo los vertidos antes de que la catástrofe sea irreversible. Pero veo los almendros secos de esas pequeñas fincas, y dudo de la utilidad, para frenar el deterioro del Mar Menor, de colocar setos que habrá que regar -¿con qué agua?- en unos terrenos de secano tan alejados de la laguna. Da la impresión de que se ha ido demasiado lejos en las enmiendas al decreto con la aplicación obligatoria de iguales medidas en todas las zonas. Ocurre, sin embargo, que, al transitar por la ribera del Mar Menor y ver cómo está, este mismo paseante piensa que toda prevención parece poca. Por eso, diagnosticado el problema, las soluciones deben ser técnicas y científicas, no basadas en impresiones o posiciones personales, e implicando en su búsqueda al sector agro. Parece que no lo hizo el Gobierno ni la oposición. Tampoco sabemos qué científicos han sido oídos y en qué estudios se basaron el decreto y sus enmiendas. Mal asunto porque hay que actuar pronto y con eficacia.

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Miedo escénico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-01-2018 | 06:21| 0

Si la rebaja del IRPF se lleva a efecto y no queda en un recorte testimonial, Fernando López Miras dispondrá de una baza electoral importante. Pero si no cumple con las expectativas anunciadas, el batacazo será monumental

El miedo a la prisión ha quebrado el bloque independentista y ha dejado solo a Puigdemont con su lunática idea de gobernar Cataluña por vía telemática o, en su defecto, a través de un hombre de paja con boca de ganso. El denostado plasma pero llevado a su paroxismo, esta vez vía Skype.

El miedo a dar la cara tras el vapuleo a Podemos en Cataluña ha mantenido fuera de todo foco durante tres semanas a Pablo Iglesias, que al elegir la calle de en medio entre el constitucionalismo y el independentismo llevó a su partido hasta un callejón de difícil salida en el conjunto del país.

El miedo a un ‘sorpasso’ nacional de Ciudadanos entre los barones del PP ha provocado una cita, mañana en Génova, para fijar un plan de reactivación que detenga la hemorrágica herida infringida en las elecciones catalanas antes de que infecte a todo el cuerpo electoral. A ese encuentro llegan los dirigentes populares sin hacer autocrítica y con el pavor en el cuerpo por la primera encuesta que sitúa a Ciudadanos por encima del PP en intención de voto. Y del PSOE de Pedro Sánchez, que a la vista de las catalanas y los nuevos sondeos, temeroso, ya no reclama a Rajoy un adelanto electoral.

Y es el miedo a que al mordisco electoral de Cs se sume el de la formación de Alberto Garre lo que ha provocado, en buena parte, que el presidente López Miras anunciara esta semana una rebaja del IRPF con casi un año de antelación de su hipotética entrada en vigor. Excepto para Ciudadanos, que vive su momento más dulce, el panorama político secreta todo tipo de hormonas del miedo en vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales que están a la vuelta de la esquina.

Dieciséis meses son un suspiro en términos políticos. Especialmente en una región como la nuestra donde los liderazgos políticos son más líquidos que sólidos y todo indica que nos encaminamos a una fragmentación aún mayor del arco parlamentario. La posibilidad real de que el PP pierda el poder (por el desgaste de tantos años de gobierno, no pocos errores de bulto, la circunscripción electoral única y el posterior proceso de alianzas) ha llevado a quien será su candidato autonómico a apostar fuerte con el anuncio de esa rebaja del tramo autonómico del IRPF. Una reducción fiscal, en línea con la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que está en consonancia con el ideario liberal en lo económico que Pedro Antonio Sánchez y ahora López Miras querían imprimir para dinamizar la economía, ahora que crece por encima del 2%, y recuperar de paso, así, el afecto de las clases medias de cara a las urnas. Pero no deja de ser una medida de alto riesgo y polémica porque la Región sigue necesitada de ingresos en sus arcas públicas y va a ser la única comunidad autónoma que incumplirá el objetivo de déficit en 2017. Un año más, el Tribunal de Cuentas nos acaba de recordar cómo fue necesario en 2015 aportar más de 400 millones adicionales a los presupuestados para mantener las prestaciones del Servicio Murciano de Salud.

Es verdad que buena parte de la infrafinanciación estatal procede del injusto modelo autonómico, y que existe una promesa política de reparar esa injusticia para con la Región a lo largo de este año, pero a día de hoy ni están aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ni hay garantías de que el nuevo sistema autonómico de financiación se apruebe en cuestión de meses. Tampoco de que el Gobierno central acepte la propuesta de mutualizar la deuda de la Región derivada del fondo de liquidez autonómica. Y, entretanto, no serán pocas las comunidades que en el proceso de negociación del nuevo modelo echarán en cara al ministro Montoro que la región que más incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria vuelve a bajar los impuestos.
Si esta apuesta política le sale bien y la rebaja del IRPF no queda en un recorte testimonial para el bolsillo de todos los murcianos, Miras dispondrá de una baza electoral importante porque prácticamente coincidirá la entrada en vigor de la reforma fiscal con la llamada a las urnas. Si, por el contrario, el presidente no cumple con las expectativas anunciadas, el batacazo será monumental. Cuentan en San Esteban que la propuesta del IRPF tiene el visto bueno de Rajoy (no sería de extrañar que entre las medidas que el PPnacional ponga sobre la mesa haya una reducción de impuestos), pero lo cierto es que hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado todas las comunidades autónomas van a tener una merma mensual en sus ingresos. Y eso aumentará el riesgo de incrementar la morosidad de la administración regional en el pago a sus empresas proveedoras, lo que en nada ayudará a la dinamización económica. Al contrario.
López Miras ha precipitado su anuncio de manera plenamente consciente. Reconoció que aún no se han hecho los estudios necesarios para saber cuándo y cuánto se reducirá el IRPF. Pedro Antonio Sánchez anticipó con meses de antelación que suprimiría el impuesto de sucesiones y López Miras cumplió después con ese compromiso. Por tanto, si se hizo con anterioridad, esta nueva promesa fiscal puede volver a concretarse. Pero esta vez el objetivo es mucho más comprometido porque el Gobierno regional actuará sobre el tramo autonómico de un impuesto estatal que puede sufrir variaciones en Madrid, bien por decisión política del Gobierno central antes de las elecciones o bien durante la negociación del modelo de financiación autonómica. Precisamente, una de las hipótesis sobre la mesa apunta a una mayor cesión de lo recaudado por IVA e IRPF a las comunidades autónomas. De ahí que el objetivo político marcado por el presidente regional sea mucho más complicado que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Miras sabe que tiene poco tiempo para consolidarse y ha decidido jugar fuerte, intentando marcar agenda política desde el arranque del año. Esta es, de hecho, su primera apuesta personal de cierta entidad. Ocurre que el riesgo de una decisión equivocada o precipitada no solo afecta al futuro político de quien hoy está al volante de la Comunidad, sino al conjunto de la sociedad murciana. Es de esperar que esté suficientemente meditada. Lo contrario sería para echarse a temblar.

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Doce uvas, doce deseos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 31-12-2017 | 13:47| 0

Los seres humanos, según planteó el filósofo Isaiah Berlin, se pueden dividir en erizos y zorros. Mientras los primeros creen que un gran principio ordenador permite explicar y dar sentido a los acontecimientos históricos y sucesos individuales, los segundos piensan que pueden tener innumerables explicaciones y responder a principios distintos y hasta contradictorios. Pero aunque somos la única especie con conciencia del mañana, con permiso de las cigarras, ni erizos ni zorros podemos predecir el futuro. En las páginas siguientes, la Redacción de ‘La Verdad’ anticipa los acontecimientos que, en principio, centrarán la atención pública e informativa en la Región durante 2018. Lo que sigue bajo estas líneas son doce deseos personales para el próximo año.

Bajar de la barrera de los 100.000 desempleados

1. Las cifras de paro en la Región, pese a la evolución positiva en términos de afiliación, siguen siendo socialmente inasumibles. Precariedad, temporalidad y bajo nivel adquisitivo son la cruz de un mercado de trabajo revitalizado. Las políticas de empleo deberían atender fundamentalmente a los jóvenes. De los 229.000 murcianos de entre 16 y 29 años, 43.400 ni estudian ni trabajan. Uno de cada cuatro. El 82% de ellos están ya inscritos en el programa de Garantía Juvenil, que debería multiplicar sus frutos.

Ni una víctima mortal más por violencia de género

2. 2017 se cerró con tres mujeres asesinadas. 2018 llega con las numerosas medidas previstas en el Pacto de Estado alcanzado en julio, aunque algunas tardarán en entrar en vigor porque exigen cambios legislativos. Trabajar con eficacia, decisión y fondos suficientes para dejar a cero los crímenes machistas debería ser una prioridad para el Gobierno regional y los partidos políticos.

Última oportunidad para proteger el Mar Menor

3. La ley de medidas urgentes que se tramitará en la Asamblea Regional no puede quedar en un mero maquillaje. Puede que esta oportunidad sea la última. La prioridad debe ser medioambiental porque de la salud de ese valioso ecosistema dependerá todo el desarrollo socioeconómico de la comarca. Los criterios de sostenibilidad, basados en el consenso científico, deben imponerse a las urgencias políticas. Habrá que dar soluciones a la agricultura del Campo de Cartagena y esta asumir las prácticas que sean necesarias para preservar la gran laguna salada.

 Pacto Nacional por el Agua, ya

4. La Región necesita como el comer que llueva en la cuenca del Segura y en la cabecera del Tajo, pero las previsiones no son halagüeñas. Un quinto año de sequía, con el Trasvase cerrado y las desaladoras lejos de su pleno rendimiento, puede ser letal para la agricultura más competitiva de España. Los regantes piden a los políticos que cumplan con su trabajo y busquen soluciones. No hay excusa posible para dilatar un Pacto Nacional por el Agua que no se ciña a una vaga declaración de intenciones. De no llegar soluciones estructurales en 2018, los votantes depurarán responsabilidades un año después.

Derecho a saber

5. La democracia muere en la oscuridad. 2018 debería servir de impulso al derecho a saber. Que la transparencia, participación y el buen gobierno no solo sean recursos dialécticos para mejorar la imagen pública de los gobernantes. La nueva ley de contratos públicos debe aplicarse en toda su extensión. Hacen falta más jueces para desatascar causas complejas de presunta corrupción, más rendición de cuentas y menos dobles varas de medir.

Es la educación

6. La peor política universitaria es la que no existe. Una cosa es la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y otra bien distinta es la falta de ordenación, planificación y fijación de objetivos en la enseñanza superior. La ley de universidades regional debería salir adelante para adaptarse a una realidad muy cambiante y buscar parámetros de excelencia tanto en la investigación como en la docencia. Hay miedo a abrir ese melón y muy poca ambición. Los ‘ranking’ reflejan bien dónde estamos.

Sanear las cuentas públicas

7. Urge un nuevo modelo de financiación autonómica que no penalice a la Región. La deuda pública asciende ya a 7.000 millones y volvemos a ser campeones nacionales del déficit, incumpliendo además la regla de gasto. El Gobierno regional hace bien en bajar los impuestos, pero incumple con su obligación de garantizar el equilibrio financiero de sus cuentas. No todo es achacable al modelo de financiación. No debería olvidarlo en 2018. En año preelectoral las tentaciones de fiesta no son pocas.

Más foco en la Atención Primaria

8. Reforzar la red de Atención Primaria para mejorar la ratio de pacientes por profesional y descongestionar los centros más masificados (aún no ha llegado el invierno más duro y la saturación en las Urgencias ya ha causado la suspensión de intervenciones). Reducir las listas de espera debe ser otra prioridad ineludible en 2018.

Carreteras más seguras

9. Las cifras de siniestralidad en las carreteras de la Región durante 2017 exigen una actuación inmediata. Las constantes noticias de conductores profesionales que dan positivo al alcohol y drogas deberían conducir a la adopción de medidas contundentes para preservar la vida de las personas.

Apoyar la ciencia y la innovación

10. La Región no será competitiva mientras no dé un notable respaldo financiero a un plan de I+D+i con objetivos a medio y largo plazo, algo de lo que carecemos en la actualidad. Todo el talento generado escapará en busca de oportunidades en el exterior y las empresas irán perdiendo fuerza en un competitivo mercado globalizado y digitalizado. El cortoplacismo pasará factura.

Profesionalización del turismo

11. Nadie viaja a Venecia por la calidad o ubicación de su aeropuerto. La motivación del viajero es otra.  Corvera y el AVE lo pondrán mucho más fácil, pero hace falta una oferta turística bien armada, un sector tan emprendedor como el agroalimentario y destinar más fondos a promoción, si es que se quiere competir con los gigantes que nos flanquean. La ciudad de Murcia no tiene un hotel de 5 estrellas y Roquetas, más camas hoteleras que toda la costa cartagenera. Así seguirá siendo difícil.

Protección del patrimonio cultural

12. Asignatura pendiente en la que progresamos con lentitud en Murcia, Cartagena y Lorca. Despedimos 2017 con incertidumbre sobre la continuidad del proyecto de La Bastida y con la esperanza depositada en las excavaciones del anfiteatro de Cartagena. Nuestro patrimonio es valioso, amplio y diverso. Necesita en 2018 una defensa proactiva de las administraciones.

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Astronautas del Mar Menor
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2017 | 20:34| 0

Durante años se hizo la vista gorda para no perjudicar a la agricultura sin ver, aún hoy, que el deterioro del Mar Menor es la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos

En las vísperas de la presentación de la denuncia de la Fiscalía, el astronauta Pedro Duque divulgaba en las redes sociales una espectacular foto del Mar Menor tomada desde la estación espacial internacional. Frente al intenso azul del Mediterráneo, nuestra laguna lucía verdosa. Muchos usuarios de Twitter interpretaron la hermosa imagen como una prueba inequívoca de su deterioro. Pocos repararon en que la fotografía, como se especificaba, databa de 2011, y en que los ríos o las lagunas no muestran el azul marino de los grandes mares porque su profundidad es mucho menor. (La intensidad del azul depende de cuánta agua haya para absorber la luz solar). Por eso, el Mar Menor nunca se verá tan azul como el Mar Mayor desde el espacio. Lo observaremos con mayor palidez o con un verde más intenso cuanto más proliferen, como sucedió en los últimos años, las algas microscópicas por el vertido de nitratos agrícolas. En 2016 ya pudimos constatar, con imágenes subacuáticas de los naturalistas de Anse, hasta qué punto este proceso de eutrofización había disminuido la visibilidad. Y cómo esa pérdida de luz y oxígeno essquilmaba la flora del fondo, poniendo en riesgo la cadena trófica. Esa catastrófica sopa de nutrientes estuvo acumulándose durante años hasta que se puso biológicamente en ebullición por la subida de temperaturas del calentamiento global. En 2010, un año antes de la foto del astronauta, la Confederación Hidrográfica ya había cuantificado en el Plan de Cuenca del Segura que las conocidas filtraciones subterráneas y los vertidos superficiales, intencionados o como producto de escorrentías, alcanzaban entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos al año. Pero la respuesta del entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, fue negar el rigor de los datos y acusar de alarmismo a quien los lanzaba. «El Mar Menor está mejor que nunca», aseveró. La CHS diagnosticó el problema, pero tampoco puso en marcha ninguna de las medidas correctoras que planificó. Por desidia, por falta de dinero o por no perjudicar a la agricultura. Solo a partir de 2013 la CHS comenzó a abrir expedientes por los pozos ilegales, sin que aún hubiera trascendido públicamente la existencia de cientos de desalobradoras en fincas de particulares o de empresas que lanzaban salmuera con nitratos al Mar Menor. La denuncia de la Fiscalía no está exenta de críticas a las consecuencias medioambientales del proceso de transformación de los cultivos del Campo de Cartagena, pero no abre una causa general, como ocurrió en el sobreseido caso por la contaminación del Segura, fruto de una denuncia genérica de un partido, sino que delimita la posible comisión de delito medioambiental y prevaricación continuada a 13 ex altos cargos y 24 agricultores y empresas. Es a la juez a quien corresponde determinar si esos hechos y actuaciones merecen reproche penal y cuál es la responsabilidad jurídica de cada uno de los señalados. Con todas las garantías para los acusados, debe hacerlo caiga quien caiga. Esa tarea judicial no excluye el debate social sobre la gestión del problema, las consecuencias dramáticas para el Mar Menor y las medidas correctoras para mitigar en la medida de lo posible un desastre consentido, según el fiscal. Y en esa discusión pública hay que incluir también el futuro de la industria agroalimentaria porque a la falta de recursos hídricos se suma ahora un golpe reputacional.

Si la razón de unos y otros para mirar a otro lado era no perjudicar a la competitiva agricultura del Campo de Cartagena no se pudo ser más torpe y miope. El deterioro del Mar Menor es hoy la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos, que tienen en cuenta cada vez más los criterios de sostenibilidad al decidir qué productos adquieren. ¿Cómo van a reaccionar los compradores del Reino Unido cuando sepan que una multinacional con capital británico presuntamente arrojó entre 2012 y 2016 al Mar Menor salmuera con nitratos sin depurar en una cantidad equivalente a 767 piscinas olímpicas? ¿Cuál será el efecto reputacional y económico cuando a lo largo de la investigación judicial salgan a la luz fotografías de desalobradoras ocultas en zulos subterráneos o de cientos de tuberías pinchadas a un salmueroducto inconcluso que vierte a un ecosistema de altísimo valor, teóricamente protegido por múltiples figuras jurídicas? ¿Afectará injustamente este potencial estigma sobrevenido a la mayoría de empresas de la Región, que destacan por sus buenas prácticas agrícolas? Por lo visto, nadie pensó en las consecuencias durante el Gobierno de Valcárcel y en la última etapa de la CHS del Ejecutivo de Zapatero de tanta irresponsable inacción.

La nueva Política Agraria Común se centrará en la sostenibilidad. La UE ya no solo pedirá a la agricultura que respete las leyes que protegen el medio natural, sino que se convierta en un verdadero agente medioambiental. Se puede dedicar el tiempo que se quiera a especular por qué el presidente de la CHS, habiendo sido director general del Agua durante casi todo el mandato de Cerdá, no está señalado en la denuncia. O a debatir de dónde saca el fiscal, sin acreditar la fuente como hace profusamente en el resto de su escrito, que hay más de 20.000 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena. El asunto de fondo es cómo se adaptará nuestra exitosa agricultura a las exigencias medioambientales de una UE que, además, apuesta por controlar la demanda del agua.

Desde todos los puntos de vista, la prioridad regional debe ser recuperar el Mar Menor. Con eficacia, rigor y sin más urgencias que las medioambientales. Sabiendo que el acumulativo deterioro quizá sea irreversible porque el medio natural, aunque goce de sus propios mecanismos de plasticidad y recuperación, no se puede modular a voluntad. Es posible paralizar el daño y tomar medidas correctoras, pero restañar el deterioro infringido quizá lleve décadas y sin garantías de que el paciente en estado crítico recuperará un buen estado de salud. Así ocurre en todos los ecosistemas, especialmente en los más vulnerables, como se sabe desde hace muchas décadas en todo el mundo. Aquí, algunos responsables políticos siguen sin poner los pies en la tierra, acuciados por otras cuitas y pensando en su foto desde su particular atalaya orbital.

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La academia de los ociosos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-12-2017 | 13:28| 0

Nos espera un 2018 repleto de importantes debates sobre el modelo territorial que serán punto de partida para una reforma constitucional. Está por ver si sus protagonistas estarán a la altura de los desafíos que se pretenden superar

Es de esperar que la comisión creada en el Congreso de los Diputados para evaluar a partir de enero la reforma del modelo territorial no se convierta en la napolitana Academia de los Ociosos en la que ingresó Francisco de Quevedo. Aunque agrupados bajo un engañoso nombre (su lema era ‘no quedarse en la apatía’ y sus integrantes no eran perezosos desocupados sino poetas y literatos que apostaban por cultivar el espíritu), Quevedo y sus contertulios derivaban con facilidad en bizantinas discusiones sobre qué tipo de canciones cantaron las sirenas para atraer a Ulises o con qué pie tocó tierra Eneas cuando desembarcó en Italia. Ahora son malos tiempos para la lírica y lo deseable es que la apertura del melón del estado autonómico, de cara a una eventual reforma de la Constitución, no sirva a la postre para que cada partido saque su particular tajada de un debate necesario, siempre que conduzca a una mejora estructural del sistema autonómico y a los cambios precisos para dar respuesta a los problemas de un país que empieza a parecerse poco al de 1978. Los dos grandes partidos ya han avanzado la lista de comparecientes que desfilarán por el Congreso durante los próximos seis meses, sin que por el momento sepamos muy bien a qué va a conducir todo un proceso que no debería utilizarse para satisfacer o apaciguar a los separatistas. Las dificultades para llegar a un consenso son elevadas porque de partida las posiciones son muy distantes. Por un lado, frente a la impasibilidad del PP de Rajoy nos encontramos la alternativa federalista del PSOE de Sánchez, que no se termina ni de concretar ni de entenderse. Y luego en los extremos aparecen Podemos, que apuesta por tirar la casa en lugar de reformarla, y los nacionalistas, renuentes a cualquier acuerdo por su falta de interés político en un proyecto común. Pero las dificultades de inicio no deberían poner freno a una revisión ineludible, habida cuenta de la grave crisis institucional que ha vivido España en los últimos siete años. Mucho más complicado era el entorno político y social de los años previos a la redacción y aprobación de la Constitución. Pero lo que entonces parecía imposible se hizo realidad por la talla política de los actores implicados, la existencia de una verdadera voluntad de cambio democrático y, desde luego, la participación activa de una ciudadanía que se sentía protagonista de la transición a la democracia. Ninguna de esas tres premisas previas se dan ahora. Da igual, la situación obliga.

Más allá de la sempiterna necesidad de dar contenido y competencias territoriales al Senado, habría que buscar soluciones de fondo para algunos males que han lastrado la competitividad política, económica y social del país. Algunas de esas taras, como la fractura del sistema educativo en 17 diferentes, han contribuido al debilitamiento de España como proyecto, aunque ya tienen difícil remedio dado que no cabe, ni sería deseable, una involución de competencias autonómicas. Existen mecanismos de coordinación real para lograr la cohesión y la equidad o de garantías para aplicar políticas de Estado, por ejemplo en materia de agua. Durante años, los técnicos de las comunidades autónomas han aportado soluciones a retos comunes en el seno de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, soluciones que a la hora de la verdad han sido orilladas por los dirigentes políticos de distinto signo en beneficio de posiciones partidistas o territoriales. Me temo pues que no es tanto la falta de nuevas herramientas, sino de voluntad política, lo que impedirá avances sustanciales en las posibles reformas territorial y constitucional.

De ahí que sería bueno que antes, o al menos paralelamente, hubiera un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya entrada en vigor está pendiente desde hace tres años. Parece que espoleado por las críticas de los barones de su partido y del PSOE por la aprobación del cupo vasco, Rajoy ha dado órdenes a Montoro para que entre en materia, a lo que ha respondido el ministro con una convocatoria para el próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, de los técnicos autonómicos. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno en Cataluña. Teóricamente, el panorama se habrá despejado. O quizá no, en función del nuevo signo político de la Generalitat.

Lo cierto es que la Región de Murcia se juega mucho en ese envite y no le conviene en absoluto que la nueva financiación se posponga sine die. El comité de sabios dirigido por Ángel de la Fuente, el IVIE, Fedea… apuntan con claridad que somos, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio autonómico más perjudicado por el actual modelo. Hace solo unos días, el mapa de la financiación autonómica elaborado por la Universidad de Barcelona ha vuelto a confirmar lo ya sabido: los mecanismos de compensación financiera introducidos en el modelo vigente penalizan a la Región. La necesidad de revertir esa situación es más acuciante porque, además, el Gobierno de López Miras ha tomado la decisión política de eliminar a partir del 1 de enero el impuesto de sucesiones y donaciones, de acuerdo con Ciudadanos y asumiendo una reclamación de los empresarios de Croem y otras organizaciones sociales. Por el momento, el Ejecutivo murciano lo apuesta todo a la dinamización de la economía y el consumo, hasta el punto de que prevé un incremento de 174 millones en sus ingresos por la vía de los impuestos estatales. Una mejora en las arcas regionales que no deja de ser relevante, pero que en definitiva sigue dejando un margen muy estrecho para inversiones productivas de calado porque un altísimo porcentaje de las cuentas públicas es absorbido por el mantenimiento de la educación, la sanidad y otros servicios básicos esenciales. Nos espera un 2018 repleto de importantes debates territoriales. Lo que está por ver es si sus protagonistas van a estar a la altura de los desafíos que se pretenden superar.

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Es la educación
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-11-2017 | 12:06| 0

Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y escuchar cómo desde la cúspide de las universidades se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado la acreditación de la Aneca o la alta demanda de plazas

Al exministro de Obras Públicas Josep Borrell le han ofrecido ir en el tercer puesto de las listas socialistas en las elecciones catalanas, pero a estas alturas no se le pasa por la cabeza volver a la política y se ha blindado contra cualquier tentación para poder así continuar con su vida profesional y personal. Solo en el plano de las hipótesis responde que si le ofrecieran hoy una cartera ministerial elegiría Educación. «España tiene hoy mucha infraestructura física y poca infraestructura personal. Nos gusta mucho inaugurar obras, porque se ven, pero los países que ganan la batalla son los que invierten en educación. Lo que necesita este país ahora es invertir en inteligencia, en capital humano», dijo Borrell el viernes en el Foro Nueva Murcia. Como en otros asuntos, acierta en el centro de la diana el expresidente del Parlamento Europeo, hoy una isla de racionalidad en este océano político donde se activan resortes emocionales y se falta a la verdad para movilizar adhesiones. Sí, es la educación. No lo duden. Y lo que es fundamental para España lo es especialmente para la Región de Murcia.

Este jueves, en su informe anual sobre Educación, la Comisión Europea nos sacaba una vez más los colores. España tiene la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano de la UE. Nada menos que un 19%, casi nueve puntos por encima de la media de los Veintiocho. Pero si se analizan las diferencias territoriales el panorama todavía es más oscuro. Frente a una tasa de abandono del 7,9% en el País Vasco, Baleares alcanza el 26,8% y la Región de Murcia el 26,4 %. Esta semana el INE nos ha enviado otra fea fotografía emparentada con la anterior: las diferencias salariales entre regiones siguen en ascenso. En el País Vasco los sueldos medios ya son un 40% superiores a los de Extremadura o la Región de Murcia. Esa brecha de desigualdad salarial se concreta en unos 4.200 euros menos al año en los bolsillos de los murcianos. La causa directa es el diferente modelo productivo. La Región está reduciendo su tasa de desempleo gracias a la hostelería y la agricultura, pero son precisamente las actividades con el salario medio más bajo de las analizadas por el INE. Si esas dos son nuestras únicas grandes bolsas de trabajo, difícil lo tendremos para evitar que los adolescentes murcianos renuncien a completar su formación. Por el contrario, los jóvenes vascos abandonan en menor medida los estudios porque necesitan mayor cualificación para entrar en un mercado laboral más tecnificado y mejor remunerado.

Invertir más en la educación pública es imprescindible, aunque no basta si no se prioriza bien el gasto, si el modelo educativo no se adapta al entorno económico y social que muta irrefrenablemente por la globalización y la digitalización, y si no se producen cambios en el modelo productivo que prioricen áreas de actividad tecnológicas e industriales. A la vista está que el Pacto de Estado por la Educación y la apuesta por la I+D+i es ya una cuestión de pura supervivencia en este conectado y tecnológico mundo.

El Gobierno autónomo se ha fijado como objetivo convertir a la Región en un espacio de libertad económica que genere riqueza y empleo. Hace bien si elimina todas las trabas administrativas que alejan las inversiones productivas hacia otros territorios, siempre que no dañen nuestro patrimonio natural e histórico. Pero se equivocará si se limita a dejar hacer y no diseña una política industrial y educativa fijándose objetivos y tomando decisiones para emplear con eficacia los recursos públicos. Hace falta una estrategia regional claramente definida que priorice, por ejemplo, las industrias asociadas a la agricultura, desde la agroalimentaria a las empresas innovadoras en riego, semillas… El carajal que se ha creado con el cambio de modelo de las ITV y las primeras turbulencias por la prometida reforma universitaria muestran un Gobierno con ganas, aunque dubitativo, a veces torpón y con un discurso argumental tan básico que en ocasiones sonroja.

Quizá no sea el mejor momento para plantear la reforma de la ley universitaria regional, con elecciones al rectorado de la UMU a la vuelta de la esquina, pero más nos valdría que los partidos políticos y las propias universidades murcianas asuman que nuestros parámetros de excelencia, empleabilidad e internacionalización son claramente mejorables. Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y observar cómo desde la cúspide de los centros superiores de enseñanza se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado las acreditaciones de la Aneca (que solo fijan los mínimos exigibles) o la gran demanda de plazas, lo que bien puede explicarse por los precios de las tasas y la apetecible vida universitaria en una ciudad como Murcia. Que se cuenten por decenas de miles los universitarios en la Región de Murcia es un criterio tan endeble que vale para andar por casa, pero no para esgrimirlo en foros con una mínima altura académica. Si piensa el Gobierno regional que la mejor política universitaria es la que no existe anda muy equivocado. Es verdad que los efectos dañinos no se aprecian a corto plazo, pero son acumulativos y terminan por emerger. ‘Otra educación es posible’ es el lema del congreso Proyecto Aula que celebra este fin de semana ‘La Verdad’ con expertos en innovación pedagógica de dentro y fuera de la Región. Ahí se constata que no todo es negativo en nuestro sistema educativo. Al contrario, tenemos docentes excelentes y muy implicados, junto a no pocos alumnos brillantes. Hagamos de la educación un asunto central, dediquemos los recursos suficientes y fijemos objetivos ambiciosos. Los resultados terminarán por llegar.

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La política suspende
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-10-2017 | 21:39| 0

A falta de año y medio para las elecciones autonómicas, el estudio de opinión pública que ‘La Verdad’ publica este domingo refleja un toque de atención de la sociedad murciana a sus políticos. Casi la mitad de los encuestados opina que la situación política es mala o muy mala (el 60% cree que es similar a la de los tiempos de Valcárcel) y está sumida en una enquistada inestabilidad. Aunque más del 50% piensa que es positiva la existencia de un gobierno sin mayoría absoluta, tres de cada cuatro personas manifiestan que los partidos regionales no están siendo capaces de colaborar entre ellos por el bien de la ciudadanía. Ninguno de los líderes regionales sobresale o alcanza el aprobado. Solo un 10% considera que los políticos actuales son mejores que los de anteriores legislaturas. De hecho, para el 62% son iguales a los de hace unos años. A unos les votarán más y a otros menos, pero en esta fotografía panorámica nadie sale favorablemente retratado. La aparición de dos nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) no ha supuesto a la postre una mejora en la percepción pública. El efecto de la ‘nueva política’ que abanderaban las formaciones emergentes se ha diluido con gran rapidez. Si existe realmente otra forma de hacer política, la gente no la percibe. Superado el ecuador de la legislatura, todavía marcada por la grave crisis a causa de la imputación y renuncia del expresidente popular Pedro Antonio Sánchez, este estudio deja un sabor amargo porque, en definitiva, ahí sigue la brecha de desafecto entre los ciudadanos y sus representantes electos, lo cual sigue siendo tremendamente negativo para el bien común e injusto para muchos políticos, de todos los partidos, que han asumido con honradez y voluntad de servicio una tarea que hoy no resulta gratificante (basta con asomarse a las redes sociales), salvo para aquellos que no tienen otra alternativa mejor en sus vidas.

Las razones son múltiples y complejas porque en muchos aspectos la calidad democrática ha experimentado en la Región de Murcia una clara mejoría en muy poco tiempo. Tenemos una Asamblea Regional claramente revitalizada y en el centro del debate público, la lucha contra con la corrupción ha salido reforzada, se han dado pasos (aún insuficientes) en transparencia y participación, y ha habido un innegable esfuerzo de los partidos por abrirse a la sociedad y mejorar sus mecanismos de participación interna (en algunos casos). Pero dicho todo eso, persisten los viejos vicios partidistas y la sensación de que, en términos generales, los mejores y mejor preparados no están presentes en la vida política murciana. Los partidos parecen haber olvidado que, estando en franco retroceso los vínculos de identificación ideológica o sentimental, lo que prima hoy en la ciudadanía es una relación instrumental con los políticos. La mayoría social desea simplemente que sus representantes resuelvan los problemas colectivos por la vía del acuerdo y el consenso. Que sean parte de la solución y no generadores de nuevos conflictos que sometan a la vida pública a una tensión adicional a la ya existente por una recuperación económica que dista de haber llegado a todos los murcianos. Resulta descorazonador para muchos observar que en algunos asuntos relevantes para la Región haya tanta incapacidad, y voluntad, para alcanzar posiciones comunes y superar desafíos que hasta ahora parecían consensuados. Dado que las elecciones autonómicas asoman ya en el horizonte, no conviene hacerse ilusiones. Al contrario, es muy posible que las posiciones y actitudes se fortifiquen. A estas alturas nadie le regalará nada al adversario. No hay nada peor que una sociedad sin pulso y nervio político que entre en un indeseable adormecimiento. Pero tanto tanto ruido y tan pocas nueces es igualmente frustrante.

Estos días asistimos, con aflicción, al lastimoso resultado de un proyecto de ingeniería social iniciado hace décadas por los nacionalistas catalanes para desgajar una parte del territorio español. Las aspiraciones de los separatistas, legítimas pero labradas a fuerza de adoctrinamiento, sectarismo y atajos en las leyes, desembocaron a la postre en un golpe ilegal y antidemocrático que ha causado a Cataluña una honda fractura social, ha dañado a su economía y ha terminado por limitar temporalmente su propio autogobierno. El Estado de derecho permitirá recuperar el orden constitucional, pero quién sabe si harán falta varias generaciones para restañar las heridas abiertas en el tejido social. La política es una arma poderosa para transformar la sociedad. Hagamos buen uso de ella. A veces produce desastres de incalculables consecuencias.

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