La Verdad

img
El reto del maniquí
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 26-03-2017 | 05:52| 0

Lo dijo Camilo José Cela en presencia del Rey cuando recibió hace treinta años el premio Príncipe de Asturias: «En España, quien resiste gana». Otro gallego, Mariano Rajoy, ha hecho de la máxima del Nobel de Literatura toda una filosofía política que le ha reportado indudables réditos porque ha sabido completarla con una estrategia de supervivencia frecuente en el reino animal: en los momentos de peligro, mejor es permanecer quieto que moverse. Un banderillero llamado Tancredo López la convirtió en una suerte taurina que consiste en esperar, impertérrito aún a riesgo de una embestida letal, la salida del morlaco. Pocos como Rajoy dominan ese arte de la petrificación y de la capacidad para ponerse de perfil a la espera de que el adversario yerre una y otra vez en sus acometidas, terminando por perder el resuello de tanto baldío esfuerzo. De hecho, hace tiempo que en España las elecciones no se ganan por adhesión entusiasta de los votantes sino por los errores estrepitosos de los adversarios. La búsqueda del éxito político ha derivado en España en un ejercicio de pura resistencia y de capacidad para atemorizar a los votantes con las funestas alternativas que representan los otros, sean quienes sean. En el centro de la arena política, el presidente murciano Pedro Antonio Sánchez está ahora en la encrucijada de apostar por el quietismo o por hacer un requiebro en el último instante ante la inminente llegada de un bicharraco negro en forma de moción de censura que salió de chiqueros con torva mirada. Por mucho que advierta al tendido de las consecuencias que tendría el pitonazo, su suerte está en manos de terceros que no están en eso o no les afecta lo más mínimo lo que diga porque precisamente piensan lo contrario que él. Su supervivencia depende, por un lado, de la decisión que tome un magistrado del TSJ de Murcia y, de otro, de las estrategias que, a una eternidad en tren de la Región, enhebran Fernando Martínez-Maillo (PP), José Manuel Villegas (Ciudadanos) y Antonio Hernando (PSOE) en clave regional y nacional. Entretanto, a PAS le quedan pocas opciones y todas entrañan riesgos. Moverse, activando un plan B, o permanecer inmóvil, confiando en el archivo del caso o en que fracase la moción por falta de entendimiento de la oposición. El toro tiene intenciones maliciosas, pero a primera vista parece cojitranco. Moverse para evitar la cornada consistiría en anticiparse a la admisión de la moción de censura del PSOE por la Mesa de la Asamblea y presentar, antes de las 9 de la mañana del lunes, una convocatoria anticipada de elecciones. Esa posibilidad fue descartada hace unos días por el presidente, aunque entonces la moción de censura era solo una hipótesis. Esta salida podría ser tentadora para PAS porque se iría a votar a las urnas cuando ya habría decidido el juez Pérez-Templado si le procesa o archiva su caso. Sin embargo, entraña demasiados riesgos para el PP regional, cuya línea roja fijada desde Madrid es evitar a toda costa la pérdida del Gobierno regional. Solo en el supuesto de que la querella quedara archivada, los populares podrían tener ‘a priori’ una representación parlamentaria superior a la actual, aunque, con la circunscripción única de la nueva ley electoral, lo más probable sería que hubiera una mayor atomización de la Asamblea, de la que no se beneficiaría precisamente el PP. Más aún con la posible entrada en liza de Alberto Garre al frente de una agrupación electoral. Por eso, ayer se daba por descartada esta vía de escape desde las filas populares.

La otra opción es no precipitarse y esperar a que fracase la moción de censura del PSOE por la falta de apoyo de Ciudadanos, dispuesto a echar a PAS del Gobierno solo si es para ir a nuevas elecciones. La reunión de la ejecutiva naranja de mañana será clave porque Rivera tendrá que decidir entre la continuidad del presidente o aliarse con el PSOE y Podemos para facilitar un gobierno alternativo, una decisión que tendría difícil explicación ante sus votantes y más después de que el presidente de Ciudadanos manifestara hace solo unos días que el socialista González Tovar debe quitarse de la cabeza el sueño de ser presidente regional. Aún así, nada hay seguro. A nadie se le escapa que la gobernabilidad de Murcia no está en juego solo porque se ha incumplido un pacto de investidura regional sino también porque es una pieza más de las estrategias nacionales de PP y Ciudadanos, muy marcadas por sus solapamientos ideológicos y electorales, y por la falta de sintonía personal entre Rajoy y Rivera. El primero preferiría pactar los grandes asuntos con un PSOE liderado por Susana Díaz que con quien le araña su granero de votos y le afea sin parar su inacción contra la corrupción. Y como el segundo lo sabe, no está dispuesto a convertirse en una muleta instrumental de usar y tirar. Rivera apoyará la aprobación de los Presupuestos, pero el voto contrario al decreto de la estiba y la alianza con PSOE y Podemos en las iniciativas para investigar la financiación del PP hacen intuir que C’S no dejará de buscar una fórmula para no quedar en entredicho en el caso de Murcia, ganando todo el tiempo que sea necesario hasta dar con ella. De ahí que para el PP de Murcia esperar a que fracase la moción entrañe también sus riesgos, más aún cuando el ‘caso Auditorio’ no tiene garantizado el fin de su instrucción a lo largo de la próxima semana. A día de hoy, los populares siguen sin plan B porque están convencidos de que, por coherencia, C’s no apoyará la moción de censura del PSOE, aunque no es descartable que, llegado el caso, Pedro Antonio Sánchez termine por sopesar en solitario, por muy duro que sea, una vía para asegurar la gobernabilidad del PP, como la posibilidad de presentar sobre la marcha un candidato alternativo durante el debate de la moción de censura.

El PP termina una semana de infarto convencido de que quien resiste gana. El tancredismo galaico del líder ha imbuido a todo su partido, pese a que practicado con asiduidad y sin destreza deja lesiones de pronóstico reservado. Cualquier cosa puede pasar. «Es evidente que yo no lo sé», dijo ayer Rajoy, antes de adentrarse en las brumas de su particular bosque animado de donde a veces sale una frase que tiembla el misterio: «Si lo supiera estaría en una situación diferente a la que estoy hoy». Fiel al estilo del jefe, el PP está por el quietismo y a verlas venir. En modo ‘mannequin challenge’ y rezando para que el toro pase de largo.

Ver Post >
El señor de Murcia
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 19-03-2017 | 06:39| 0

Desde 1995, con las apabullantes mayorías absolutas de Valcárcel, el PP ha podido presumir de que es el partido que más se parece a la Región de Murcia. Un intenso crecimiento económico completado con el maná de los fondos europeos, una oposición desarbolada y hundida con la derogación del Trasvase del Ebro frente a un partido convertido en una perfecta máquina electoral, una hábil instrumentación política de la reivindicación del agua y las infraestructuras, una incrustación en el tejido social trenzada con habilidad, empatía y ayudas públicas, un indiscutible liderazgo interno de quien supo dar juego a los suyos, rodeándose de pesos pesados… Es una larga combinación de factores la que hizo del PP, en una región de ideología mayoritariamente conservadora, todo un ejemplo de éxito político, especialmente en sus primeros ocho años. Más tarde, el coloso empezó a flojear abruptamente con la llegada de la crisis económica y el distanciamiento con una sociedad donde bullía el anhelo de una profunda regeneración da la vida pública. Esa comunión perfecta con el electorado se diluyó cuando bajó la marea, hubo que gestionar las vacas flacas y se comprobó que el rey estaba desnudo. Veinte años después quedó patente un legado significativo de nuevas carreteras, hospitales, depuradoras… pero también un modelo productivo fallido y una patente incapacidad para resolver los grandes problemas de la Región, como la falta de agua e infraestructuras. Y donde no había problemas se crearon por miopía o desidia, como sucede con el Mar Menor. Costosos ‘elefantes blancos’ como el aeropuerto de Corvera o la desaladora de Escombreras siguen todavía lastrando a la Región, pero aún así el PP sigue proyectando más atributos positivos que sus adversarios ante la opinión pública. De hecho pudo haber logrado la mayoría absoluta en las autonómicas de 2015 si Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez no la hubieran tirado por la borda por el empeño en mantener a Pilar Barreiro, un activo de gran valor durante muchos años que derivó en una previsible y pesada losa electoral. El resultado fue la pérdida de 146.000 votos, 11 escaños y el fin de la mayoría absoluta en la Asamblea, por un solo diputado.
La crisis económica y el desafecto hacia la clase política hicieron mella en una sociedad murciana que cambió más rápido que el PP, que vio cómo un alto porcentaje de sus votantes se refugiaron en la abstención y en Ciudadanos. De lejos sigue siendo hoy la opción mayoritaria, pero tenía pendiente una renovación de liderazgos, políticas y mensajes si no quería continuar pendiente abajo. La oportunidad le llega de la mano de Pedro Antonio Sánchez, el delfín de Valcárcel que quiere marcar su propia impronta, investido ayer como presidente del partido por abrumadora aclamación. La posibilidad de que pueda acabar siendo procesado por el ‘caso Auditorio’ no ha mermado la confianza de los suyos, que lo arropan monolíticamente. Tiene el aprecio y la confianza de sus militantes. De entre todos ellos es el que reúne las mayores cualidades para dirigir el partido.
Tiene juventud, suficiente experiencia, ímpetu, empatía, ganas de hacer y una enorme capacidad de trabajo, cualidades que vienen a suplir otras carencias y defectos, como la obsesión por la hipervisibilidad, el relato icónico y la elección de no pocos colaboradores de discretos méritos, más allá de la fidelidad a su liderazgo. No es Churchill (como yo no soy Larra) pero demuestra estar hecho de una pasta especial. Sangre, sudor y lágrimas. Antes que tirar la toalla, se la come. Y todo por un rasgo, el esencial y definitorio de su personalidad: la ambición política. Es su mayor activo. Dinamiza a sus equipos, se fija objetivos y se lanza a por ellos. Pero también es su talón de aquiles. Si mantuvo contactos que no fructificaron con los empresarios de la ‘Púnica’ o tramitó el Auditorio de forma chapucera de principio a fin habría sido por esa irrefrenable ambición por triunfar en política desde que participó en un mitin con 14 años. Le conozco lo suficiente para saber que no aspira a privilegios personales o a vivir por encima de sus posibilidades. Con su chaqueta con coderas y su ausencia de complejos por sus orígenes humildes, PAS no está en eso ni para eso en política.
Dicho lo cual, sinceramente no sé qué haría para ganar unas elecciones o por su partido. Si se pasó de frenada y vulneró el principio de legalidad, de manera consciente o no, es una cuestión que deben dilucidar los jueces. Y si el TSJ determina que hay evidencias para procesarlo deberá responder por ello y tendrá que irse. La Región perdería a uno de sus mejores políticos, pero mantendría intactos los principios democráticos del Estado de derecho, aquellos que históricamente han defendido la gente de orden que respeta el cumplimiento de la ley y el trabajo de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por encima de intereses partidistas o personales. Si supera el trance judicial, sus actuales adversarios que le han investigado hasta la saciedad quedarán tocados ante la opinión pública, aunque tampoco él saldrá completamente indemne de esta crisis política. De su discurso inicial, a la par regeneracionista y reformista, ya solo queda lo segundo. Deberá recuperar rápidamente su crédito personal dado que es indiscutible que rompió su pacto de investidura, incumplió la palabra dada y para defenderse creó un relato donde se entrevera lo real con lo ficticio. Y la Región está necesitada tanto de un liderazgo fiable como de esos acuerdos políticos por el agua, las infraestructuras y la educación que él mismo ofertó a una oposición donde ya no encontrará un puente de conexión en pie.
Por el contrario, el interno del PP es una balsa. La etapa abierta tras 25 años de valcarcismo arrancó ayer con un cierre de filas con PAS en un congreso marcado por el trasfondo de su situación judicial. Un cónclave de adhesión personal, reivindicativo sobre el proyecto popular y con duras críticas al líder socialista, Rafael González Tovar. Sin un ápice de autocrítica, excepto cuando Valcárcel asumió, en un gesto que le honra, toda la responsabilidad de los proyectos fracasados. Sánchez renovó ampliamente la cúpula dirigente del partido combinando experiencia y juventud, pero también en clave de lealtades personales. Apostó sobre seguro al elegir como secretaria general a Maruja Pelegrín, un ejemplo de seriedad y rigor que cuenta con el respeto de todos los militantes. Con ello eliminaba cualquier señalamiento que pudiera interpretarse en clave sucesoria por si el ‘caso Auditorio’ le dejara en fuera de juego. Potencia a sus dos ‘pretorianos’ (Víctor Martínez y Fernando López Miras), Patricia Fernández y Marcos Ortuño se quedan como estaban y Teodoro García sigue de enlace en Madrid. No hay plan B ni más líder que el ‘señor de Murcia’, como le llamaron Rajoy y el fiscal general del Estado.

Ver Post >
‘Los otros’ de la política
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 18-03-2017 | 00:04| 0

La coyuntura política regional me recuerda un episodio que viví en una redacción de periódico donde, como decía el colega Enric González, cada mesa era un Vietnam. Se barruntaba una revolución en la cúpula, pero los afectados lo desconocían o lo disimulaban bien. Los redactores que intuían el relevo se referían a los defenestrados en ciernes como ‘Los Otros’: están muertos pero no lo saben, decían, como Nicole Kidman y los dos críos de la película de Amenábar.

En la arena política murciana se presagian luctuosos acontecimientos en las próximas semanas o meses. La crisis abierta por la investigación al presidente, y las que discurren en paralelo, se cobrarán cabezas. ¿Cuántas y cuáles? ‘Los Otros’ de la política regional pueden ser uno, dos, tres e incluso cuatro. Es tan posible que los cuatro líderes sigan en sus puestos a final de año como que no quede ninguno. Pedro Antonio Sánchez saldrá hoy elegido presidente del PP con el apoyo unánime del partido, pero su destino está ligado a una resolución del TSJ. Desde ayer se sabe que Pérez-Templado no resolverá antes del 27M, lo que traslada toda la presión a Miguel Sánchez. Al líder regional de Ciudadanos le tiemblan las piernas y cualquier día, visto que PAS no afloja, nos sorprende incluso con su dimisión. Si finalmente hay moción de censura y convocatoria inmediata de elecciones tampoco está claro que Sánchez fuera el candidato de C’s. Para Tovar, el último tranvía es ocupar San Esteban por la vía de la moción de censura. Si falla estaría listo de papeles. La gestora del PSOE no quiere elecciones anticipadas antes del congreso regional, donde las alcaldesas del PSOE quieren dar un golpe de timón en busca de otro liderazgo.

Y los ‘pablistas’ de Podemos ya han comenzado a moverle la silla a Urralburu. Si no prospera la moción de censura, sus adversarios encontrarán otro motivo para precipitar su caída con la ayuda de Madrid. Ya ven, ‘Los Otros’ pueden ser todos.

Ver Post >
Lentejas para todos
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 12-03-2017 | 06:58| 0

Es muy probable que haya hoy más españoles que sepan de la existencia de un Auditorio en Puerto Lumbreras que de la infraestructura hidráulica que da trabajo a cien mil personas en el Sureste

El pasado 15 de febrero, en medio del eco ensordecedor por el pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción contra la investigación al presidente Sánchez por el ‘caso Púnica’, uno de los columnistas españoles más influyentes escribía en la contraportada de ‘El Mundo’ un artículo titulado ‘Matando el Tajo’. «El trasvase al Segura se ha llevado miles de hectómetros cúbicos y el cieno crece en los pantanos. Emiliano García-Page dice, amargamente, que la naturaleza decidió que el Tajo iba al Atlántico y la política decidió con el trasvase que desembocara en el Mediterráneo», escribía Raúl del Pozo, quien arrancaba su artículo con versos de Garcilaso, entraba en materia con prosa ya descarnada («Por Toledo fluye el río lleno de mierda») y terminaba de la siguiente forma: «La situación de los pantanos, de donde sale el agua para los trasvases, es angustiosa, mientras se recrudece la guerra del agua entre partidos, territorios, ‘famiglie’, constructores, hoteleros, ‘lobbys’ hídricos y políticos rateros».

Lo que me sorprende de esta columna no es su contenido. Me sé de memoria la letra, la música e intuyo quién susurra la melodía. Y aunque discrepo abiertamente del artículo (no digamos ya de su apostilla), respeto todos los puntos de vista. No son pocos los textos que no comparto y que publicamos en las páginas de opinión para favorecer la libre contraposición de ideas. Lo que me impresiona es que quede sin respuesta argumental porque no hay nadie, de semejante influencia en Madrid, dispuesto a desmontar esa historieta sobre la codicia hídrica y la falta de sensibilidad medioambiental de los murcianos. Es verdad que lo ponemos difícil cuando cualquier observador repara en la desidia política acumulada durante tantos años en la protección del Mar Menor. Lo malo es que a esa crisis de credibilidad ganada a pulso se suma la escasa influencia para introducir asuntos y mensajes de Región en la agenda nacional a través de los medios que crean opinión pública en la capital, donde se dirimen los asuntos territoriales. A otras comunidades ni les hace falta hacer ‘lobby’ en La Moncloa. Hace solo unos días, el PNV ya hizo valer su peso decisivo de cara a la cuentas del Estado para obtener de Fomento un soterramiento de lujo para el AVE en Bilbao. Si todos los tertulianos que durante un mes se han pronunciado, a favor y en contra, sobre la situación del presidente Sánchez hubieran hablado de nuestro déficit hídrico y de la aportación al PIB nacional de nuestra agricultura quizá no se hubiera solucionado absolutamente nada, pero al menos sabrían un poco de nuestras debilidades y fortalezas económicas. Quizá no hay ‘share’ televisivo que resista eso, supongo. Lo cierto es que hoy es probable que haya más españoles que sepan de la existencia del Auditorio de Puerto Lumbreras que de esa infraestructura hidráulica que desde hace décadas da trabajo a 100.000 personas en el Sureste. Visto el éxito cosechado desde Murcia para colocar en Madrid argumentarios de parte sobre los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’ (no hay tertuliano o político que no opine de esos sumarios, sus aristas políticas y posibles consecuencias), no puedo dejar de preguntarme si ese mismo esfuerzo con los asuntos de interés general (infraestructuras, agua, energía solar…) fue tan intenso en el pasado como debía haber sido.

Con ello no quiero minimizar lo que está sucediendo en nuestra Comunidad. Al contrario, está sumida en una de las mayores crisis políticas de su historia democrática por la investigación judicial a su presidente. El daño reputacional es ya incuestionable. Pero tengo la impresión de que en buena parte se consolida como un problema nacional porque de alguna forma ha sido utilizado por Rajoy y Rivera para perfilar sus diferentes estrategias en este conflictivo e inédito arranque de legislatura con un gobierno sin mayoría parlamentaria. Somos, de alguna forma, una especie de laboratorio político donde los líderes nacionales miden sus fuerzas, actuales y futuras. Si el juez Pérez-Templado no resuelve en uno u otro sentido antes del 27 de marzo, el desenlace final se decidirá en los cuarteles generales de los partidos en función de diversos intereses. Hoy, con los Presupuestos del Estado sin visos de prosperar sin el apoyo del PSOE, el ambiente político desprende un nítido aroma preelectoral que Rajoy intentó disipar el viernes en Bruselas. Entre otras razones porque hablar allí de elecciones anticipadas es poco menos que mentar la bicha. El plazo constitucional para otra llamada a las urnas queda expedito el próximo 3 de mayo. Entonces ya se verá.

Aquí seguimos a la espera de acontecimientos, con los partidos en modo tregua, y sin saber cómo acabará el pacto de las lentejas firmado por Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez (C’s). Un pacto fáustico, aunque en esta ocasión el supuesto ‘diablo’, ante la queja de que el desahucio de San Esteban era una cláusula abusiva que además habría decaído con un cambio terminológico legal, se muestra dubitativo y acumula dos ultimátum. Ciudadanos quiere dejar una puerta abierta. Sabe que el sobreseimiento es tan posible como el procesamiento del presidente, aunque parece ignorar que es probable que Pérez-Templado no haya podido decidir antes del día 27. En ese caso, el embrollo será colosal porque lo que no le habría solucionado el juez querrá que lo hagan los electores, con el riesgo de que después de una moción de censura y una llamada a las urnas, Sánchez quedase desimputado antes de votar los murcianos. Ahí está el caso de la consejera Martínez-Cachá como recordatorio. Hace semanas apunté que aquí huele a ‘cadáver político’, pero aún hoy sigue sin estar claro qué bando será el escuadrón suicida en este tablero dominado por el inmovilismo de unos, las dudas de otros y las prisas de un cuarto.

Pronto arrancará el debate del modelo de financiación autonómica, una batalla que, con el órdago separatista catalán, será a cara de perro. Justo en nuestro mayor momento de debilidad institucional, con el destino inmediato de la Región depositado increíblemente sobre los hombros de un juez del TSJ, mientras otro sopesa en la Audiencia Nacional si envía un misil judicial a Murcia por la ‘Púnica’. Agua faltará, pero desgraciadamente nos vamos a hinchar a lentejas. Hay lentejas para todos. Queramos o no.

Ver Post >
¿Qué será lo próximo?
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 05-03-2017 | 09:33| 0

En cuestión de semanas, no de meses, la ciudadanía debe tener despejado el horizonte político de los nubarrones que han venido a entorpecer la recuperación económica. Esta crisis empieza a dejar demasiados pelos en la gatera

El presidente Pedro Antonio Sánchez acude mañana en calidad de investigado al Tribunal Superior de Justicia para responder ante el juez Pérez-Templado por los indicios de cuatro presuntos delitos relacionados con la adjudicación, tramitación y recepción del Auditorio de Puerto Lumbreras que fueron detallados por la juez de Lorca en su exposición razonada. De esa comparecencia decisiva para su futuro político solo se pueden anticipar las cuestiones que presumiblemente le serán formuladas por las acusaciones, así como las líneas generales de su defensa. En ningún caso, el desenlace de una declaración ante los tribunales, cuya concreción no será inmediata por la propia mecánica procesal de un sistema judicial garantista como el nuestro. Es probable, no obstante, que todas las partes implicadas salgan el lunes del TSJ con una idea aproximada de los derroteros que puede tomar el caso y de las posibilidades de que continúe adelante la investigación del presidente. Eso último es lo que dilucidará el juez: si a la vista de su declaración y de las evidencias que se pondrán a consideración en el TSJ hay sólidos indicios racionales para procesar o no al presidente regional. Como cualquier ciudadano, Sánchez acude amparado por la presunción de inocencia, un derecho constitucional que rige en el ámbito judicial y que perdura hasta el momento en que se produce una sentencia condenatoria. Otra cuestión diferente es el crédito político, que se sustancia fuera de los tribunales y es igualmente relevante porque en esta ocasión atañe, además, a quien representa a toda la sociedad murciana. Las posibles responsabilidades penales y las políticas operan en territorios diferentes, aunque las judiciales afectan a las segundas de manera decisiva. La sempiterna cuestión de debate, sobre la que ya nos hemos pronunciado reiteradamente, es cuándo deben concretarse en la separación del cargo, un asunto en el que los partidos no acaban de alcanzar un consenso, para desesperación de una sociedad hastiada de las dobles varas de medir, del sectarismo y de los intereses partidistas.
Esta semana, Ciudadanos ha retirado su apoyo al Gobierno regional porque considera que Sánchez ha incumplido su palabra y el primer punto de su pacto de investidura. No tenía otra salida política si no quería quedar ninguneado a la vista de sus votantes. Por más vueltas que le dé el PP al término jurídico de ‘imputado’, si se investigan o no delitos de corrupción o las posiciones ambiguas de C’s a nivel nacional y territorial, la formación naranja tenía razones objetivas para dar por incumplido el pacto firmado en Murcia. Eran lentejas, como dice Maillo, pero se aceptaron a cambio del Gobierno regional. Cuestión distinta es si habría sido más prudente que C’s hubiera esperado a la declaración de mañana dado que su decisión tiene difícil marcha atrás. De hecho, ya ha dado un segundo paso: una vez que el PP ha rechazado presentar un sustituto para Sánchez, el partido de Rivera iniciará conversaciones con el PSOE este miércoles de cara a una posible moción de censura, que sería secundada por Podemos. Que sea esa la mejor solución, o incluso que sea factible, es una cuestión discutible, pero lo cierto es que hoy es la hoja de ruta a la que vamos abocados por una crisis que, pese a que era previsible, ha puesto a la Región en el foco mediático nacional, no precisamente para bien del interés general de la sociedad murciana.
Es la crisis política más grave que vive la Región desde hace décadas y debe resolverse cuanto antes. El presidente Sánchez pidió a sus adversarios una tregua hasta mañana para intentar aclarar su situación judicial, convencido de que no hay ilícitos penales. Lo que solicitó el viernes parece sensato y parecía dar a entender que a la vista de cómo transcurran los acontecimientos en el TSJ se reafirmará en su posición de continuar o meditará otras alternativas. Ya se verá. Dicho eso, la confianza de PAS y los dirigentes populares en que todo le irá bien este lunes ante el juez Pérez-Templado era ayer absoluta. El hecho de que C’s y PSOE hayan decidido esperar al miércoles para empezar a hablar parece una aceptación tácita de esa especie de ‘alto el fuego’. Y es que Ciudadanos no se va a lanzar a una moción de censura sin meditarlo a fondo, ya que saben que posteriormente podría tener un devastador castigo en las urnas. Albert Rivera ya ha dejado entrever que, bajo estrictas condiciones, podrían volver a dar su apoyo a Sánchez si el TSJ decide no investigarlo porque no ve delito punible en esa chapuza administrativa que la Intervención General del Estado observa en la tramitación del Auditorio. Hoy, pues, todo está abierto.
Pase lo que pase, en cuestión de semanas, y no de meses, la ciudadanía debería tener despejado el horizonte de todos estos nubarrones que han venido a entorpecer una recuperación económica en vías de consolidación. Esta crisis empieza a dejar demasiados pelos en la gatera. Quedan serios daños colaterales que tardarán en restañarse cualquiera que sea el desenlace. El cúmulo de falsedades o medias verdades exhibidas en estas semanas, con tertulianos nacionales de trinchera ideológica repitiendo los argumentarios de los partidos, fue lamentable. A cuenta de los casos ‘Púnica’ y ‘Auditorio’ se ha llegado a descalificar a la Guardia Civil, se ha amenazado con expedientar a dos fiscales de la Audiencia Nacional, ha quedado en entredicho la independencia de la Fiscalía General del Estado, hay dudas sobre la injerencia del ministro de Justicia, se han improvisado semblanzas denigratorias y laudatorias sin en el mínimo rigor del presidente regional, el Consejo de la Transparencia y la propia ley han quedado gravemente tocados, se ha relativizado el principio de legalidad en función de si hay manos o patas, las redes sociales se han convertido en un lodazal propicio para la guerra sucia, se ha evidenciado que básicamente hay dos tipos de justiciables (los aforados y el resto), Aena y García Page han aprovechado la crisis murciana para tapar exigencias u otros asuntos, crece la desconfianza exterior derivada de nuestra inestabilidad política… ¿Qué será lo próximo? Más vale que todo esto acabe pronto.

Ver Post >
Escuadrón suicida
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 26-02-2017 | 07:07| 0

Una de las escenas más hilarantes de ‘La vida de Brian’, la célebre comedia de Monty Python, tiene lugar al pie del cadalso cuando los romanos huyen despavoridos al ver aproximarse a la carrera a trece miembros del autodenominado ‘Frente del Pueblo Judaico’. Para desesperación de Brian, resultaron ser miembros de un escuadrón suicida que, al grito de «así aprenderán esos romanos», se apuñalaron en el corazón para dar un escarmiento a los invasores. En el terreno de la política regional sucedió algo parecido hace pocos años cuando el entonces portavoz de UPyD en Caravaca, el hoy líder regional de Ciudadanos Miguel Sánchez, anunció que renunciaría a su acta de concejal si en diez días no dimitía el alcalde Domingo Aranda, recién imputado por el caso ‘Roblecillo’. El primer edil no dimitió y Miguel Sánchez se inmoló: «Me voy más que en un gesto de generosidad, en un gesto de dignidad». Como en ‘La vida de Brian’, ese ‘suicidio’ político tuvo su punto teatral porque Sánchez resucitó al cabo de un mes en Ciudadanos, aunque las escrituras no apócrifas oficializan que se cayó del caballo, como Pablo de Tarso, cuando en ese ínterin vio la luz en un mitin de Albert Rivera. De lo que no hay duda es de que Miguel Sánchez es un político que cumple su palabra y se esfuerza por estar a la altura del éxito sobrevenido de un partido formado con una precipitada leva de disidentes de uno y otro lado para hacer frente al ‘imperio’ popular, unidos todos bajo la bandera de la regeneración democrática. Ciudadanos sabe que se juega hoy el ser o no ser en la Región, si lo firmado en el pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez no se lleva a término por el cauce que sea, ahora que empiezan a mostrar también fortalezas con su trabajo en las instituciones regionales. Por eso Albert Rivera no apunta otra solución que la dimisión del presidente regional desde que fue citado a declarar el 6 de marzo como investigado, antes imputado, por el ‘caso Auditorio’. En su estrategia de defensa de PAS, el Gobierno de Rajoy y Génova han hecho todo lo posible en estos días para debilitar el empuje de Ciudadanos mostrando sus ambigüedades: el apoyo al alcalde socialista de Granada (investigado por varios delitos), su apuesta por fijar en una ley la línea roja para las dimisiones por corrupción en la apertura de juicio oral, la obviedad compartida de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano… Finalmente, los líderes nacionales de C’s y PP pactaron una tregua que expira el día 6 si PAS no ofrece el próximo jueves a Miguel Sánchez un candidato alternativo del PP para la presidencia. Y es que unos y otros saben que una moción de censura implica un acuerdo con Podemos y posiblemente la elección de un presidente del PSOE, lo que no entenderían los votantes de la formación naranja. A estas alturas, el asunto huele a muerto, pero está por ver quién actuará como escuadrón suicida por mor de un pacto de investidura que entraña riesgos para ambas partes en función de cómo acabe la historia. Como medida disuasoria, Pedro Antonio Sánchez ya ha hecho saber, por vía indirecta, que como está convencido de que el caso será archivado rápidamente, podría ser él quien convocara elecciones anticipadas después, con previsible resultado arrollador.

Es obvio que el peor pronóstico de partida es para PAS, pese a que ha logrado interiorizar en el Gobierno de Rajoy y en Génova, ambos todavía afectados por lo sucedido con Rita Barberá, que este caso se archivará como los anteriores. Lo ha conseguido sobre la base de una clara convicción en su inocencia pero también de un relato trufado de fantasías sobre el número de querellas penales recibidas (en realidad ha tenido dos en Murcia y solo una impulsada por el fiscal), de juegos florales de naturaleza semántica sobre los presuntos delitos investigados (que son contra la Administración pública y catalogados de corrupción por el CGPJ) y una interpretación jurídica de un pacto de investidura que está muy claro. Nada de eso se dirimirá en el TSJ porque forma parte del ámbito de la política y no tendrá ningún peso, ni a favor ni en contra, en la verdad judicial que terminará por emerger. Pese a que ha generado un colosal problema añadido al Gobierno con su indiscreción sobre el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, PAS sigue teniendo hoy el respaldo de Madrid porque confían en su inocencia, valoran su acción de gobierno, creen que representa el futuro del partido y el propio presidente ha dejado en evidencia, con esos más de 5.000 avales, que su liderazgo regional es incuestionable. Por tanto, entienden que tiene el derecho a defenderse ante el TSJ, más aún si asegura por activa y por pasiva que quedará demostrado que los «errores administrativos» en la tramitación del Auditorio no son ilícitos penales.

Los problemas internos vendrán si después de su declaración la instrucción se alarga durante muchos días o algunas semanas, lo que es muy probable. Y no lo digo porque ponga en cuestión su inocencia, sino porque sería impensable desde el punto de vista procesal que se produjera un hipotético sobreseimiento nada más terminar de declarar o que tanto el fiscal y las acusaciones particulares no lo recurrieran, entonces o en días posteriores, para que se pronunciara la Sala de lo Civil y lo Penal compuesta por tres magistrados. El instructor del caso, Pérez Templado, ha demostrado ser un magistrado que no marea las causas, pero se tomará sus tiempos, que son distintos a los de la política, para dar todas las garantías procesales y porque su resolución será mirada con lupa, cualquiera que sean sus conclusiones.

El pacto de investidura que firmaron voluntariamente PP y Ciudadanos fue un acuerdo político que hoy nos afecta a todos, tanto a quienes consideran que la imputación indiciaria de un delito debe llevar aparejada la dimisión como a quienes creemos que debe ser en el momento previo a la apertura de juicio oral. Lo menos que cabe exigirles a los partidos es que actúen con responsabilidad, sin menoscabar la presunción de inocencia de nadie ni someter a la ciudadanía a relatos y debates carentes de veracidad. Esta crisis de descrédito nacional e inestabilidad política debe cerrarse cuanto antes sin perder de vista el interés general y sin renunciar a despejar toda duda sobre la actuación ajustada a la legalidad de quien representa institucionalmente a todos los murcianos. Lo contrario sería suicida para todos.

Ver Post >
Política judicial
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 19-02-2017 | 06:48| 0

La tormenta judicial sobre Pedro Antonio Sánchez arreciaba en Murcia, pero ahora descarga también en Madrid. Una indiscreción del presidente y una torpe actuación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha derivado en un problema que ahora le estalla al Gobierno de Rajoy, acusado por la oposición de intervenir, a través de la Fiscalía General del Estado, para evitar la imputación de un presidente autonómico del PP. El auto del juez Velasco, que atribuye a PAS tres presuntos delitos, era una auténtica bomba judicial, aunque su espoleta fue inactivada por un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, contrario a su acusación. En días o semanas, el juez remitirá una exposición razonada al TSJ pidiendo que se investigue a PAS por una prolija relación de indicios, pero cualquiera que sea entonces el fiscal jefe (López Bernal, Díaz Manzanera o Sánchez Lucerga), el principio acusatorio del Ministerio Público quedó desactivado el lunes porque prevalecerá el criterio de los superiores jerárquicos. Aunque haya acusación particular, el ‘caso Púnica’ pierde fuelle jurídico para PAS. No así para el resto de los no aforados, después de que el juez Velasco procesara el viernes a todos, con un auto de procedimiento abreviado que le permite retener la causa y rebatir los argumentos jurídicos de la Fiscalía Anticorrupción.

Entrar a valorar el dictamen de Anticorrupción, avalado por cuatro fiscales del Supremo, o los razonamientos del juez Velasco sería absurdo por mi parte. Son cuestiones jurídicas que están al alcance de expertos cualificados en derecho y dudar de la competencia de unos u otros profesionales sería caer en el mismo reprobable comportamiento del portavoz popular Rafael Hernando, que, de nuevo para pasmo general, espetó este viernes que «hay fiscales que se inventan los delitos».

La polémica no hubiera ido a más, momentáneamente, si el propio presidente murciano no hubiera cometido el grave error de desvelar en una radio que cuatro fiscales del Supremo avalaron el dictamen, una interioridad del proceso que no debía conocer. Ahora quien tiene un problema político es el ministro, que deberá explicar en el Congreso cómo y por qué se gestó el dictamen sobre PAS, contrario al criterio de las fiscales que desde 2014 impulsaron la investigación del ‘caso Púnica’ en la Audiencia Nacional. No hay que ser un lince para intuir quién le dijo al presidente el lunes que cuatro fiscales del Supremo avalaron ese informe de la Fiscalía Anticorrupción. Ni tampoco de qué asuntos podrían estar hablando el día anterior el ministro de Justicia y el presidente cuando en Madrid tuvieron una conversación a solas en el congreso nacional del PP.

Que la Fiscalía General del Estado pida un dictamen no es un hecho excepcional en los procedimientos penales que afectan a aforados. Y entra, además, en el ámbito de sus competencias. Lo anómalo es que se filtren las interioridades de un proceso realizado en un órgano constitucional que tiene autonomía funcional, que el propio beneficiado del dictamen dé detalles a posteriori en un medio de comunicación, que la Fiscalía Anticorrupción saque una nota de prensa comunicando su decisión y que el ministro de Justicia arremeta contras las dos fiscales de ‘Púnica’, alentando un expediente sancionador, porque ambas, pese a que acatan la orden y no piden que se investigue a PAS, no firman un dictamen de su superior que en 12 líneas se adapta más al relato público del posible investigado que al que ambas hilvanaron tras años de pesquisas. Lo que realmente piensan las dos fiscales, para gran malestar del ministro, lo dejaron plasmado en su escrito de acusación sobre Barreiro, al afirmar que la senadora y Sánchez concertaron un «plan criminal» para que los trabajos de reputación personal fueran pagados con fondos públicos de la Consejería de Educación.

Como todo el proceso derivó efectivamente en anómalo, no es de extrañar que las asociaciones de fiscales, desde las conservadoras a las progresistas, hayan condenado las arremetidas del ministro contra unas fiscales que no han tenido posibilidad de calificar los supuestos indicios delictivos que investigaron durante dos años. Y le han recordado a Catalá que el principio de jerarquía, en el ámbito de la autonomía fiscal, está asociado al de unidad de acción para garantizar un criterio común y preservar así la seguridad jurídica. Así lo entendieron siempre los anteriores fiscales generales del Estado en esta etapa ministerial de Catalá, Torres Dulce, que dimitió, y Consuelo Madrigal, que no renovó en el cargo. Ambos, por lo visto, demasiado blandengues para el concepto de jerarquía exhibido por el ministro. Mal momento escogió el titular de Justicia para verbalizarlo, ahora que debe impulsar la reforma para que los fiscales, y no los jueces, instruyan las investigaciones penales. Y justo cuando el Consejo Fiscal procederá a renovar la Fiscalía Anticorrupción, varias especiales y muchas fiscalías superiores, entre ellas la de Murcia. Si el deseo del Gobierno es relevar a López Bernal en el TSJ, como reclama el PP regional desde hace años, lo están haciendo de la peor manera posible: echando material inflamable a ese colectivo y en un momento donde esa renovación tendrá polémica garantizada.

Lo peor de este episodio es que lejos de garantizar la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y la autonomía de los fiscales no ha hecho más que empeorarla, acentuando la percepción de que la justicia está politizada y de que hay dos tipos de justiciables: los aforados y el resto de ciudadanos, cuyas cuitas en los tribunales se solventan con muchas menos garantías procesales. Tan cierto como que PAS lleva dos años en el ojo público con un demoledor desgaste político y personal lo es que goza de privilegiadas garantías judiciales al ser aforado. Ni la juez de Lorca ni el juez Velasco le han podido investigar de forma directa, pudiendo, sin estar acusado, haberse personado en el ‘caso Auditorio’ para pedir pruebas y formular recursos. Y el número de fiscales que han analizado los indicios incriminatorios contra él, solo para decidir si se le puede investigar, alcanza la decena. Tiene todo el apoyo de su Gobierno y de su partido, que le respaldará incluso si es llamado a declarar como investigado. La vida pública en Murcia gira hoy en torno a su suerte judicial. Porque las investigaciones judiciales siguen abiertas y la oposición no está dispuesta a soltar a su presa. Lo inaudito es que también sea por sus propios errores.

Ver Post >
Duelo al sol
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 12-02-2017 | 06:42| 0

Es difícil imaginarse a Podemos sin el liderazgo de Pablo Iglesias, pero también resultaba inimaginable hace unos meses que fuera él mismo quien iba a conducir a su partido directamente hasta el borde de un abismo. En la cita de Vistalegre no solo está en juego su continuidad al frente de Podemos, por su empeño en convertir este congreso en un plebiscito sobre su persona, en un ‘o yo o Errejón’, sino las propias expectativas de la formación morada a medio y largo plazo. El problema de fondo no es que haya dos proyectos en discusión, sino que la democrática confrontación interna de ideas, estrategias y propuestas ha derivado finalmente en una especie de duelo al sol entre él y su secretario político, un todo o nada aventado públicamente a cañonazos en los últimos meses y cuyo resultado se conocerá hoy en directo, con alta probabilidad de que uno de los dos pistoleros no sobreviva políticamente. A nadie le puede extrañar que la opinión pública haya percibido estas diferencias estratégicas y de organización como una auténtica pugna por el poder en la formación morada, totalmente alejada de las inquietudes de los ciudadanos, incluidos muchos de sus cinco millones de votantes en las últimas generales. Que miembros del 15M hayan declarado en la víspera de Vistalegre que hoy no se ven representados por Podemos, el partido que supo aprovechar esa ola de indignación ciudadana, es sintomático de su delicada situación.

El relato de ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ es bien distinto, pero desde la distancia se observan sobrados argumentos de fondo para esa rebelión interna. En junio pasado, Iglesias empezó a cometer errores políticos y no ha parado desde entonces. Hay que retrotraerse a esa rueda de prensa donde reclamaba la vicepresidencia y varios ministerios claves para llegar a un pacto de investidura del PSOE de Pedro Sánchez y al llamado ‘pacto de los botellines’ con IU, una alianza para lograr el ‘sorpasso’ que resultó fallida y dejó a Podemos sin la vitola de transversalidad que atrajo a muchos jóvenes votantes, desvelando al tiempo una obsesiva fijación de Iglesias por conquistar el poder a toda costa y lo más rápidamente posible. Luego llegaron las purgas a los errejonistas, una vez derrotados en las elecciones de Madrid, que sacaron a la luz los tics autoritarios y poco respetuosos con la pluralidad del hasta entonces indiscutido líder. El Comité de Garantías Democráticas, el órgano independiente que debe velar por una participación igualitaria en Podemos, quedó luego en entredicho cuando avaló la acumulación de cargos de Ramón Espinar, secretario general de Madrid, diputado autonómico y senador. Un comité presidido por quien es, al mismo tiempo, vicepresidenta del Congreso de los Diputados y letrada de la formación morada. Con esa discutida acumulación de cargos era esperable que los círculos, la base de ese partido, terminaran por dudar de la participación igualitaria en ese partido. La situación en las organizaciones territoriales también era propicia para el malestar interno. La concentración de poder en Madrid es manifiesta. Aunque la representación territorial estaba garantizada en el Consejo Estatal Ciudadano, la autonomía funcional y orgánica es limitada. Por no hablar de los recursos económicos. Hasta el 30% de los fondos obtenidos territorialmente se destinaban al sostenimiento estatal del partido, para desesperación de los círculos locales.

La dialéctica de la división alentada en la antesala de Vistalegre le pasará factura a Podemos, cualquiera que sea hoy el desenlace. Si al PSOE le quedan muchos meses de coser heridas, a Podemos le aguarda un escenario no menos problemático. Entre otras razones porque esa fractura entre Iglesias y Errejón se ha replicado en algunos territorios. En la Región de Murcia, que podía presumir de cohesión interna, se han escenificado ambos frentes, con el secretario general Óscar Urralburu del lado ‘errejonista’ y el diputado Javier Sánchez apoyando a los ‘pablistas’. Y a todo esto, con la eurodiputada Lola Sánchez dispuesta a plantearle batalla a Urralburu por la dirección regional. En un tiempo récord, a Podemos le han brotado todos los males de los partidos políticos tradicionales a los que aspiraba a sustituir. Ahora le ha llegado el momento de demostrar si su nacimiento y exitosa infancia no fue producto de un momento coyuntural en la fase más aguda de la crisis. Pese a las llamadas de ayer a la unidad en Vistalegre, el pronóstico es reservado.

Ver Post >
La hora de la justicia
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 05-02-2017 | 19:24| 0

El insoslayable debate público sobre la investigación al presidente Pedro Antonio Sánchez no puede menoscabar su presunción de inocencia ni erosionar la confianza en la independencia del ministerio fiscal y de la judicatura

La justicia es representada históricamente con una estatua de una mujer con los ojos tapados o cerrados porque debe impartirse con imparcialidad y porque el cumplimiento de la ley es obligado para todos, cualquiera que sea su condición. En los tribunales se investigan hechos, no personas. El pasado jueves, los tres magistrados que componen la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ apreciaron que en la exposición razonada remitida por la juez de Lorca se consignan hechos que pudieran ser delictivos e indicios o principios de prueba de que en ellos participó el que entonces era alcalde de Puerto Lumbreras, el presidente Pedro Antonio Sánchez. Asumida la causa del ‘caso Auditorio’, el juez Pérez-Templado determinará en el proceso de instrucción si se consolidan evidencias sólidas de que Sánchez, en la adjudicación, tramitación y recepción del auditorio, incurrió en la comisión de cuatro presuntos delitos que, en algunos casos, están penados con prisión y catalogados por el CGPJ y la ley de transparencia como de corrupción política.

En ningún caso se dirime en el TSJ una causa general sobre la honestidad de Pedro Antonio Sánchez. Allí no se dilucida la eficacia y honradez de su gestión como alcalde o si es un buen o mal presidente, si ha sido sometido a una persecución política por el PSOE en los tribunales o si el PP infla el número de denuncias dirigidas con él y el desenlace de éstas. Si debe dimitir en caso de ser llamado a declarar en virtud del artículo 54 de la ley regional de transparencia o si está obligado o no a cumplir las promesas públicas y compromisos con otros partidos que haya podido realizar en relación a este asunto. En el TSJ no se sustanciará si una imputación formal se produce cuando un investigado es encausado y se le señala el camino del banquillo. Todo eso forma parte del debate público, que es legítimo, insoslayable y relevante cuando el investigado es el presidente elegido democráticamente por todos los murcianos, a quienes representa institucionalmente y con quienes se comprometió, en primer lugar, a cumplir y hacer cumplir la ley. La ciudadanía no está obligada a ponerse una venda o a mirar para otro lado. Especialmente quienes tienen responsabilidades públicas. Los partidarios y adversarios de Sánchez están en su derecho de anticipar que todo quedará en nada o en reclamar que debería ya renunciar a la presidencia, pero unos y otros tienen la responsabilidad de dejar trabajar a la justicia y respetar sus resoluciones. Por un lado, sin menoscabar la presunción de inocencia, un derecho fundamental que asiste al presidente como al resto de los ciudadanos hasta el momento de una hipotética sentencia. Y por otro, sin erosionar la confianza en la independencia de instituciones que son claves para nuestra calidad democrática, como el ministerio fiscal y la judicatura. Aquello que criticamos en Cataluña cuando lo practican los separatistas no puede parecernos admisible aquí. Depende de cómo actúen unos y otros, el perjuicio general puede ser aún más profundo.

Solo un necio o un irresponsable puede concluir que la investigación judicial por cuatro presuntos delitos al presidente de la Comunidad, cualquiera que fuese su color político, comporta beneficios para el interés general de la Región, que de partida sufre un serio revés reputacional y entra en una fase de grave incertidumbre política. Dicho eso, en el plano democrático existe un valor superior que está en juego en este asunto judicial: velar por el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del estado de derecho, que no puede quedar en entredicho, ni en este ni en ningún otro caso.

La sociedad murciana no puede permanecer durante mucho tiempo en esta situación. El fiscal, la juez de Lorca y tres magistrados del TSJ, «en una valoración muy provisional», han apreciado indicios de delito que deben ser esclarecidos sin dilación en un proceso que debe reunir las plenas garantías previstas en la ley de enjuiciamiento criminal para todas las partes personadas. Anticipar el desenlace de esta investigación judicial es, en mi opinión, temerario. Supondría asumir que toda la investigación está ya instruida cuando aún no ha declarado el principal investigado. El horizonte no parece alentador para Sánchez, ahora que tres magistrados han asumido el relato indiciario de la juez de Lorca, pero también es cierto que es a partir de este momento cuando se determinará, oído al principal señalado, si el peso de las evidencias en todos los supuestos delictivos es suficiente para encausarlo y llevarlo a juicio.

En el plano político tiene a su favor que no existen obstáculos para que todo el proceso en el TSJ sea rápido y que cuenta con el respaldo regional y nacional de su partido. En contra, que tiene a la vuelta de la esquina la amenaza de otra investigación por la ‘operación Púnica’ en vísperas del congreso nacional del PP y de la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado. Y ya se vio con el caso de Rita Barberá que cualquier obstáculo, por apreciado y respetado que sea en sus filas, es despejado si Rajoy detecta que pone en peligro la gobernabilidad del país. Respetando todas las opiniones, nuestro punto de vista no ha variado en los últimos años sobre la continuidad de los políticos electos en sus cargos. La apertura de juicio oral, cuando ya la única salida es el banquillo de los acusados, parece el momento más oportuno, salvo que el delito sea flagrante y cause una generalizada alarma social o produzca un destrozo irreparable al interés general. Las responsabilidades políticas tienen líneas rojas difusas, basadas en criterios de valoración subjetivos, que generalmente incumplen la mayoría de los partidos políticos porque para eso recurren a la doble vara de medir. De una vez por todas deberían dejar claras sus posiciones, cumplir sus compromisos y respetar lo que aprueban en sus códigos éticos y leyes.

Los grandes políticos son aquellos que se mantienen democráticamente en el poder por su buen hacer refrendado en las urnas y que saben marcharse cuando su permanencia causa un indiscutible deterioro en la confianza en las instituciones. Estoy convencido de que Pedro Antonio Sánchez, al que deseo la mejor de las suertes en el plano personal, sabrá si en algún momento se alcanza ese punto y de que actuará en consecuencia. Si no lo hiciera, la sociedad civil se lo reclamará. Llegado ese supuesto, este periódico cumpliría con su obligación y se lo haría saber.

Ver Post >
Tribalismo
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 30-01-2017 | 20:24| 0

El muro con México propuesto por Trump, presidente de Estados Unidos de día y ‘troll’ en jefe de Twitter por las noches, y el ‘Brexit’ duro que impulsará la británica Theresa May, brotan de un mismo manantial: una globalización imperfecta que muta a velocidad de vértigo hacia un tribalismo que requiere de culpables externos para todos los males propios o colectivos, ya sean inmigrantes de México o procedentes de ocho países con religión musulmana. Resulta aterrador el espectáculo mundial de deshumanización al que asistimos en directo en nuestra sociedad digital. Ya es difícil digerir que en las redes sociales se criminalice a la víctima de una paliza brutal en Murcia, que luego aparezca el inefable Willy Toledo legitimando la violencia por cuestiones ideológicas, que unos cuantos sociopatas de la jauría tuitera escupan sobre el cadáver de Bimba Bosé, que se busquen precipitadamente culpables del suicidio de una adolescente porque alguien tiene que pagar como sea por un caso de acoso escolar que está por dilucidar… Pero que sea el propio presidente de EE UU el que no rechace los interrogatorios bajo tortura porque «funcionan» nos conduce directamente a las tinieblas y la barbarie del Medievo. Los valores y derechos civiles de la sociedades democráticas están hoy amenazados por dos ‘sietemachos’ que se tienen en buena estima, Trump y Putin, y un tercero, Xi Jinping, convertido en adalid del libre comercio, pero no así de las libertades públicas. Con nocturnidad y alevosía, este triunvirato parece dispuesto a trolear a la humanidad y su planeta. Entre el buenismo y el ‘pensamiento Alicia’ de la alianza de las civilizaciones a los nuevos planteamientos que buscan unas relaciones internacionales basadas en el enfrentamiento y los muros existía un término medio que se malogró por el desagüe de la historia. Viendo lo que sucede ahí fuera resulta hasta enternecedor que Rajoy nos anuncie que va a llover y se suavizará el ‘tarifazo’ eléctrico, que Pedro Sánchez proclame que vuelve para su enésimo fracaso y que Pablo Iglesias movilice a los suyos, desde Youtube, hablando con un leño frente a una hoguera.

Ver Post >

Otros Blogs de Autor