La Verdad
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Un cambio de gobierno sin relato
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Alberto Aguirre de Cárcer | hace 22 horas| 0

López Miras releva a los consejeros del área económica para jugar el segundo tiempo del partido, asumiendo riesgos y sin una explicación muy convincente de los cambios. El resultado de la remodelación es una total incógnita

Tenía su lógica política que López Miras acometiera un cambio de gobierno. Es verdad que el anterior Ejecutivo apenas tenía un año de vida y que queda solo otro para las elecciones, pero si quería dar sentido a los mensajes del ‘nuevo PP’, alumbrado en ese último congreso de aires refundacionales, debía adaptar su gabinete a ese nuevo relato. La realidad es que la remodelación no tiene nada que ver con eso sino que parece responder a razones exclusivamente electorales. López Miras busca un impulso político en la recta final de la legislatura para los proyectos estratégicos (agua, infraestructuras y turismo) y consejeros dispuestos, por un lado, a desatascar los obstáculos pendientes y, por otro, a vender la acción de gobierno con mucha presencia pública. Eso al menos es lo que parece porque el presidente anunció la alineación para el segundo tiempo del partido sin concretar el porqué de las incorporaciones y las razones de los relevos, que estarían motivadas por un distanciamiento con sus dos consejeros económicos, Andrés Carrillo y Juan Hernández, uno porque se consideraba que ponía demasiadas pegas a los encargos de San Esteban y otro porque iría demasiado por libre.

Lo cierto es que López Miras arriesga al cambiar a los consejeros que sostenían su política económica. Más aún si, como dijo, «estamos liderando el crecimiento en España». Después de todos los mensajes lanzados en el congreso extraordinario, ha sorprendido que como ‘caballo de refresco’ para una de esas consejerías críticas recupere a un exconsejero de Valcárcel y asesor muy próximo a Pedro Antonio Sánchez, Fernando de la Cierva, que representa al PP de siempre, dicho sin ninguna intención peyorativa, pero con indisimulado asombro. De igual forma que se entiende la salida de Francisco Jódar de Agricultura, dada la atonía política de su gestión, cuesta comprender la marcha del fiable consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, justo cuando se negociará el modelo de financiación y se necesita a alguien que conozca bien los números para no pifiarla como en ocasiones anteriores. Lo cierto es que la tarea de embridar el déficit y negociar la financiación con Montoro recae ahora en un político que dejó el Gobierno regional en 2007 para fichar como directivo de Polaris, la empresa que hace un año estaba en el ‘top’ de la lista nacional de morosos con Hacienda. Curioso. Miras, lo dicho, arriesga y confía en las tablas y la capacidad resolutiva de Fernando de la Cierva, una incorporación de última hora después de que Juan Hernández rechazara la cartera de Hacienda, más el Info. Puso condiciones y Miras optó por De la Cierva. Igual le sale bien si lo que busca es perfil político. En eso supera con creces a los salientes. Todo el peso de gestión recae en Javier Celdrán, quien siempre transmitió una querencia por responsabilidades mayores. Bajar el IRPF, negociar el modelo de financiación y crear la agencia que agilice los trámites medioambientales serán las prioridades de De la Cierva y Celdrán.

La otra gran sorpresa fue la incorporación de Patricio Valverde, un empresario de contrastada solvencia y experiencia al frente de Estrella de Levante, para una consejería, la de Fomento, en la que la tramitación administrativa de los proyectos tiene tiempos que están en las antípodas de los propios de la gestión empresarial. Sin dudar de la capacidad y el ímpetu de Valverde, poco podrá hacer en doce meses si necesita unos cuantos para ponerse al día con las peliagudas cuestiones técnicas del AVE, el soterramiento de las vías y el conflicto social que lo rodea. A su favor cuenta con el conocimiento profundo de las posibilidades empresariales del aeropuerto, el AVE y las ZAL de Murcia y Cartagena y una capacidad innata para la innovación, tecnológica y de gestión. Por su parte, Miguel Ángel del Amor, cuyo perfil no es muy diferente al de Jódar, lo tiene fácil para visibilizar un poco más de empuje. El tema se lo sabe. La última sorpresa fue la incorporación de Miriam Guardiola, una joven abogada de la que se conoce poco, pero a quien López Miras ha confiado nada menos que el turismo. Pronto sabremos si la remodelación del Gobierno tendrá efectos positivos o queda en una operación cosmética para aparentar iniciativa. Llega sin un relato convincente y sin la sensación de que el nuevo Gobierno vaya a ser mejor que el anterior. Solo el tiempo dirá si los riesgos asumidos por Fernando López Miras merecieron la pena.

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Ecos de la caverna
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Alberto Aguirre de Cárcer | hace 22 horas| 0

El primer humano que insultó a su enemigo, en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización, dijo Sigmund Freud. El uso de la palabra, sin duda, supuso un salto cualitativo en tiempos de la caverna, pero el recurso persistente a la descalificación personal es hoy una conducta que solo pone en evidencia la indigencia intelectual de quien lo practica. En el ámbito de la política no debería tener cabida si la ejemplaridad pública fuese una exigencia ineludible. Más aún cuando el blanco de expresiones denigrantes, como reiteradamente ocurre con el exalcalde cartagenero José López, son sus adversarias directas. Tienen razón los portavoces de PP, PSOE, Cs y Podemos cuando señalan que «la violencia hacia la mujer no necesita ser física para ser condenada y rechazada, hay muchas maneras de menoscabar a las personas y el desprecio verbal es una de ellas». Aludir a la consejera Arroyo como «peluca rubia con labios bien pintados» es una expresión machista que cosifica y denigra a una mujer, un proceso aberrante que está en la raíz del fenómeno de la violencia machista en sus distintas formas. El rechazo de todos los partidos, reflejo del hartazgo social por el maltrato a las mujeres, no hace mella en quien hace del desprecio a sus rivales, reales e imaginarios, la base de un agresivo discurso político, cargado de cinismo para justificar lo injustificable. Hay que estar ciego para no ver cuál fue el efecto político de este chusco episodio para él y para su rival. Este es un caso para Freud. Cartagena no ha tenido suerte con sus últimos alcaldes. Debe haber algo en la vara de mando que predispone a los ‘tics’ autoritarios. Todo lo positivo que acumulan los depositarios del bastón acaba diluyéndose por los desagües de la soberbia, que eclipsan los aciertos y manchan inmerecidamente la imagen de la ciudad de la Región que más y mejor se transformó en las últimas décadas.

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De sirenas y cisnes
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-04-2018 | 12:58| 0

No deja de ser lamentable que se hable de la ‘vía murciana’ como solución al ‘caso Cifuentes’ y pase desapercibido el modelo murciano que trajo, a través de un plan plurianual, la estabilidad financiera a nuestras universidades públicas

La Constitución española de 1978 recogía el principio de autonomía universitaria para garantizar que los centros públicos de enseñanza superior pudieran ejercer la docencia y la investigación de forma totalmente libre de injerencias externas. Pero lo que hemos visto en el ‘caso Cifuentes’ es que, al amparo de ese incuestionable principio constitucional, la Universidad Rey Juan Carlos creó un centro asociado, el Instituto de Derecho Público, cuyo máximo responsable hizo presuntamente uso de su poder académico sobre las titulaciones de máster para conceder todo tipo de privilegios a quien hoy preside la Comunidad de Madrid. La propia Universidad afectada, que otorgó su propio CIF a ese centro y ahora descubre, estupefacta, todo tipo de graves irregularidades en su funcionamiento, ha debido trasladar el asunto a la Fiscalía por un posible delito de falsedad documental en las actas del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Más allá del posible cambio de signo político en la Comunidad si prospera la moción de censura o de si la presidenta madrileña cede su cargo a un compañero de filas, lo más lamentable es el daño reputacional que afecta a esa universidad pública. A su equipo de gobierno, a sus docentes, a su personal administrativo y, desde luego, a los alumnos, que ven cómo el prestigio de sus títulos ganados con esfuerzo está empañado por el trato de favor a una dirigente política. La propia Cifuentes ha contribuido bastante a ello poniendo en marcha el ventilador y atribuyendo toda la responsabilidad a quienes, muy posiblemente, le ofrecieron cursar un máster con todo tipo de facilidades. Cantos de sirena que hoy se tornan en el canto del cisne para Cifuentes porque la responsabilidad del indecente ofertante no puede diluir la suya propia, como alumna beneficiada de esos favores y como máxima garante de la calidad de las universidades madrileñas. En esta historia tampoco hay excusa posible para los engaños a la opinión pública con justificaciones que se demostraron inciertas en el curso de la investigación universitaria.

Aunque la práctica de engrosar los currículum con titulaciones inexistentes acumula un largo y transversal historial en nuestra clase política, el ‘caso Cifuentes’ ha hecho saltar todas las alarmas en los rectores, que se han visto obligados a reclamar a todos los partidos que mantengan a la universidad al margen de sus legítimas contiendas políticas. Si bien estamos ante un caso concreto y acotado, el estigma reputacional puede terminar por dañar, de forma inmerecida y altamente contraproducente, a toda la sociedad si este torpedo abre una vía de agua en la línea de flotación de ese principio constitucional que ampara la autonomía universitaria. Es incuestionable que las universidades españolas deben hacer mucho más en términos de transparencia, rendición de cuentas y control interno, como otras muchas instituciones que se nutren del dinero de los contribuyentes. De hecho, mucho antes de este escandoloso episodio ya estaban en ello. Pero ha venido a suceder justo cuando las universidades empezaban a recuperarse de los recortes sufridos por la crisis y en pleno debate del pacto educativo, con cuestiones en el tapete tan cruciales como el proceso de elección de los rectores, los mecanismos internos de gobernanza o la puesta en marcha de una financiación estable. Tiene razón la Conferencia de Rectores cuando afirma que es inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de toda la universidad española. «Esa actitud manifiesta una mayúscula e irresponsable frivolidad, impropia del ejercicio de un representante democrático», aseveró su presidente, el rector Roberto Fernández.

Pero dicho eso, solo si los equipos rectorales asumen con liderazgo este debate, la mancha no irá a más. No basta con condenar cualquier irregularidad en la vida universitaria. Toca exhibir mucha ambición en el escrutinio interno y una actitud expeditiva en el control de esos centros asociados de gestión opaca. Esa es la mejor manera de demostrar que no hay un problema que afecte a la esencia misma de la Universidad española sino solo casos individuales. Una tarea que también compete a las comunidades autónomas, proclives a hacer dejación de su responsabilidad sobre la calidad y la buena ordenación académica de la enseñanza superior.

No deja de ser lamentable que este escándalo haya traído a colación la llamada ‘vía murciana’, en referencia a la ineludible salida de Pedro Antonio Sánchez de San Esteban por la presión de Ciudadanos, y sin embargo pase desapercibido el plan plurianual pactado por ese expresidente con los responsables de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, el modelo murciano que garantizó la estabilidad financiera de los centros públicos de la Región en los últimos años y se ganó el reconocimiento del mundo académico nacional. El Ejecutivo autonómico y la oposición, que empujó en la dirección correcta, estuvieron entonces a la altura del problema. Veremos qué ocurrirá ahora que se avecina la nueva y necesaria ley regional de universidades.

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El pastel presupuestario
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Alberto Aguirre de Cárcer | 07-04-2018 | 22:36| 0

Las cuentas estatales de 2018 elevan un 25% la inversión pública en la Región de Murcia, lo que sirve para recuperarnos del batacazo del pasado año y crecer ligeramente respecto a 2016. Mejoramos, pero no hay razones para la euforia

 

Los Presupuestos Generales del Estado hay que analizarlos como el currículum académico de Cristina Cifuentes y el de no pocos políticos. Con mucha cautela y un prudente distanciamiento. Más aún si se trata de las cuentas públicas previas a una cita en las urnas, donde siempre hay guiños a nichos del electorado (subidas para pensionistas y funcionarios, rebajas fiscales para las rentas más bajas…) o a comunidades autónomas cuyas fuerzas mayoritarias son claves para su aprobación. Desde una perspectiva regional, lógicamente la mirada se focaliza en la inversión pública territorializada. Es la fórmula habitual para comprobar cómo salimos parados en el reparto del pastel. Y lo primero que cabe decir de los Presupuestos presentados por Montoro es que ni son tan maravillosos para la Región de Murcia como sostiene el Gobierno de López Miras y el PP, ni tan horrorosos como afirma el principal partido de la oposición.
Sin duda, en cuanto a inversión pública, son mejores que los del año pasado. Para Murcia y para el resto de comunidades. En todas ellas, excepto en Canarias, cayó la inversión estatal en las cuentas de 2017. El recorte fue especialmente duro para nuestra región, que perdió 58 millones, nada menos que un 19%. Por el contrario, en el Presupuesto para 2018 la inversión repunta en todas las comunidades, salvo en La Rioja y Navarra. Murcia es la quinta donde más sube. Un 25%, hasta alcanzar los 340 millones. Pero si comparamos la inversión territorializada de los últimos tres años, veremos que en realidad solo crecemos en una decena de millones respecto a 2016. De aprobarse en el Congreso, estos Presupuestos servirán fundamentalmente para recuperarnos del batacazo del pasado año, crecer ligeramente y dar continuidad a esos proyectos estratégicos regionales cuyos presupuestos se deslizan de un año para otro sin que parezcan tener fin. Si la única alternativa es una prórroga de las cuentas vigentes, mejor será que se aprueben estas nuevas, donde aparecen consignados todos los proyectos regionales relevantes, aunque algunos sin asignación concreta sino englobados en partidas más amplias o mencionados en las memorias aportadas por los distintos ministerios. Dicho eso, por favor, que nadie repita que son «los mejores de la historia de la Región». Hay hipérboles que producen bochorno. Recibimos 340 millones en 2018 cuando en 2015 se nos asignaron 428. Y ya no solo por la cifra global prometida. Aunque parte de la financiación para la recuperación del Mar Menor llegará a través de fondos comunitarios Feder, es clamorosa la ausencia de fondos destinados directamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco constan las necesarias inversiones ferroviarias en Cercanías, que se concentran en Madrid y Cataluña.
Existen otros elementos de valoración que tampoco pueden perderse de vista. Por un lado, la inversión estatal per cápita. En gasto por habitante salimos a 231,7 euros por murciano. Ligeramente por encima de la media nacional y mejor que valencianos, catalanes, andaluces y baleares, pero muy lejos de cántabros (468 euros), castellanoleoneses, extremeños, gallegos y aragoneses. Por otro lado, está el nivel de ejecución de los Presupuestos, lo que realmente luego se gasta, que siempre es mucho menos de lo que aparece en las cuentas del ministro de Hacienda de turno.
Así, según la Intervención General del Estado, se invirtieron 82 millones menos de los presupuestados en la Región para 2016. Adif fue la sociedad pública que ese año dejó más dinero sin gastar y el AVE, el proyecto más perjudicado por los incumplimientos. La Mancomunidad de Canales de Taibilla solo ejecutó el 27% de sus inversiones previstas y Acuamed, la empresa pública de las desaladoras, el 4,5%. Según un estudio de Croem, el nivel de ejecución presupuestaria en el trienio 2014-2016 fue del 50,2%, el tercero más bajo del país. Y si el rango temporal se amplía a diez años, desde 2006 a 2016, la ejecución fue del 57,6%, dejándose de gastar un total de 1.871 millones en la Región. Las partidas se fueron deslizando de un Presupuesto a otro, con el PSOE y el PP, condenando a perpetuidad a los proyectos estratégicos regionales. De ahí que el AVE aparezca en los Presupuestos desde tiempos inmemoriales. Y no se ven visos de cambio. El último informe de la Intervención General del Estado, relativo al primer semestre de 2017, muestra que sigue esta tónica en la Región de Murcia. El nivel de ejecución presupuestaria fue del 41%, cifra que baja en el sector público empresarial (Adif, Acuamed, Sepi, Puertos del Estado…) hasta el 18,4%.
Con la economía en crecimiento y el déficit bajo control, Montoro y Rajoy abrieron un poco la mano y, pese a la mareante deuda, impulsan un 15% la inversión en las autonomías, que irá sobre todo a obra pública. Sin embargo, la realidad es que la inversión en España sigue por debajo del 2% del PIB y los calendarios de ejecución de los proyectos se dilatan tanto en el tiempo que pierden toda credibilidad y se reciben con generalizado descreimiento, por muy frenética que sea la campaña de compromisos lanzada por el ministro Íñigo De la Serna en todo el país. Con las cuentas de 2018, si resultan aprobadas, se podrá recuperar una parte del terreno perdido, fundamentalmente a través de Fomento, dado que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sigue estancado en los bajos niveles del pasado año. En suma, las cuentas públicas son mejores sobre el papel que las de 2017, pero no hay ninguna razón para recibirlas con especial euforia en una región que tendrá menos inversión que en 2015 y donde el incumplimiento presupuestario se ha convertido en la norma.

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La bicha
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Alberto Aguirre de Cárcer | 25-03-2018 | 05:22| 0

El Trasvase es en el Palacio toledano de Fuensalida lo que la desaladora de Escombreras es en el Palacio murciano de San Esteban. Una mochila con material políticamente inflamable que arde en manos de todos sus inquilinos

Hablar del problema del agua es siempre un asunto incómodo para los ocupantes del Palacio de Fuensalida. Hacerlo allí ya es directamente mentar la bicha. Lo era para María Dolores de Cospedal, como constaté al poco de que ganara las elecciones autonómicas en una conversación en la sede del Gobierno manchego. A diferencia de su antecesor («creo que soy muy popular en Murcia», me dijo hace años José María Barreda en Albacete, sonriendo irónica pero afablemente), Cospedal abordaba el asunto con especial frialdad y rigidez. Ella entonces tenía mucho más que perder que ganar, sobre todo después del batacazo con el proyecto de estatuto que ponía fecha de caducidad al Trasvase. Como en la Región de Murcia, también allí la ‘guerra del agua’ da y quita votos. Y de esa necesidad política de la secretaria general del PP nació la ley del Memorándum del Tajo, tejida por los barones populares bajo la batuta del exministro Arias Cañete, para endurecer los desembalses al Segura, como quería Cospedal. Después de diez meses con el tablacho echado al acueducto, lo que no pudo conseguir la multitudinaria protesta en Madrid de los regantes, porque esa ley lo impedía, se va a producir ahora por la sucesión de borrascas que descargaron agua y nieve en cantidad abundante sobre los embalses de cabecera. Ha sido cosa del cielo, no de la política, que a partir del 1 de abril pueda reabrirse el Trasvase y lleguen los primeros veinte hectómetros cúbicos desde mayo pasado. Después de su ‘annus horribilis’, el sector agroalimentario murciano afronta con relativa tranquilidad lo que resta de 2018. Si algo de bueno hay en la ley del Memorándum, que elevó notablemente la reserva mínima en la cabecera, es que las reglas de explotación del Trasvase quedaron desprovistas de criterios políticos en favor de técnicos que deben ser de aplicación automática. Y hoy, de seguir el lento deshielo, se dan las condiciones exigidas para que el agua vuelva a fluir hacia el Levante.

A poco más de un año de las elecciones autonómicas, el nuevo escenario augura un repunte de la bronca política. Por las declaraciones de los últimos días, el presidente manchego, Emiliano García-Page, anticipa que dará la batalla. Lo tiene complicado. Al menos en los tribunales. Pero la diatriba política, en plena negociación entre PP y PSOE por un pacto nacional del agua, subirá de tono: es mucho más fácil arremeter contra las transferencias al Segura que dar explicaciones sobre qué infraestructuras hidráulicas se han hecho en esa comunidad con los 400 millones de euros pagados por los regantes de Murcia, Alicante y Almería por el uso del acueducto durante treinta años. Un dinero que debía haberse utilizado para garantizar el abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyos habitantes se ven obligados en ocasiones de extrema sequía a ser abastecidos con camiones cisterna. O las obras para asegurar el riego a municipios albaceteños que ven cómo pasa por sus territorios el canal del Trasvase hacia Murcia y Alicante sin que allí quede una gota. A mayor ruido menos focos habrá puestos en otros problemas domésticos: en Guadalajara, los empresarios y la agrupación provincial de agricultores y ganaderos esperan desde mediados de marzo una reunión con García-Page para resolver el problema de la falta de conexión entre los pantanos de Alcorlo y Beleña, este último desembalsando agua por falta de capacidad. Paralizado con Cospedal y con Page, la puesta en marcha de ese proyecto frustrado garantizaría el abastecimiento de medio millón de habitantes y el desarrollo de la provincia.

Viernes de Dolores

El Trasvase representa en el Palacio de Fuensalida lo que la desaladora de Escombreras significa en el Palacio de San Esteban. La bicha que no se menta. Material políticamente inflamable que ardía en las manos a todos los sucesores de Valcárcel. Garre, Sánchez y ahora López Miras han tenido que lidiar con este ‘elefante blanco’, transformado ahora en una causa judicial que toca de lleno al «macizo de la raza» de la familia popular. El ‘caso Púnica’, con unos pocos miles de euros presuntamente malversados, o el mismo ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, son ‘pecata minuta’ en comparación con este sumario judicial recién abierto donde se ventilan decisiones de Consejo de Gobierno que pudieron tener un perjuicio potencial para las arcas públicas de hasta 600 millones. El paso al Grupo Mixto de la senadora Pilar Barreiro y la declaración del expresidente Pedro Antonio Sánchez, todo en este mismo Viernes de Dolores, son rescoldos políticos y judiciales que palidecen ante la magnitud del ‘caso desaladora’. Los informes de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad ya obligaron al Gobierno regional, recién investido Pedro Antonio Sánchez, a colaborar con la Fiscalía y a comunicar, hace unos días, que se personará en la causa emprendida por la juez. La clave puede estar en la actitud a partir de ahora de algunos de los imputados que no están vinculados al PP y por tanto sin ataduras para fijar su defensa jurídica de la manera más conveniente para sus intereses personales. Dado que los tiempos de la Justicia son lentos, este quinario se va a hacer eterno para los potencialmente implicados.

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Una ‘teoría del todo’
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-03-2018 | 09:29| 0

Gracias a Stephen Hawking estamos más cerca de entender las leyes que gobiernan el Universo y cómo nació tras un gran estallido primigenio, pero jamás podremos explicarnos cómo alguien es capaz de quitarle la vida a un niño

Aquel día de octubre de 1989, las 1.300 plazas del auditorio Ramón y Cajal de la Complutense resultaron insuficientes para ver y escuchar a Stephen Hawking. Era tanta la expectación despertada entre los alumnos por el científico más popular del mundo que los organizadores de la conferencia tuvieron que habilitar monitores en los pasillos y en el exterior de la Facultad de Medicina. Cuando concluyó su charla, media docena de periodistas pudimos participar en una breve pero a la fuerza inolvidable rueda de prensa con Hawking. Solo hubo tiempo para tres preguntas porque el físico británico, aunque se comunicaba con frases muy cortas, tardaba una eternidad en responder con ayuda de su ordenador y un sintetizador de voz. O así nos lo pareció, en el silencio sepulcral de la sala, a los presentes, inmóviles y expectantes, mientras su mirada no se desviaba de un punto fijo en la habitación. Físicamente atenazado por la esclerosis lateral amiotrófica, la fragilidad de su cuerpo contrastaba con la prodigiosa brillantez de su mente. Hawking habló en Madrid de uno de sus temas de estudio favoritos: los ‘agujeros negros’ y los universos nacientes. El genio británico ya había demostrado que los ‘agujeros negros’, objetos tan masivos que no dejan escapar ni la luz y que por tanto son invisibles para el ojo humano, pueden detectarse por la radiación que desprenden al engullir toda la materia circundante. Como otros investigadores, parte de su trabajo se basaba en la observación de un sistema binario llamado ‘Cygnus X-1’, que está formado por una estrella normal que orbita alrededor de un ‘agujero negro’. Hawking perseguía su peculiar santo grial: una ‘teoría del todo’ que unificara la Teoría General de la Relatividad y la mecánica cuántica, las leyes físicas que gobiernan el universo a gran escala y las que actúan a nivel microscópico dentro de la materia. El fallecido físico avanzó muchas respuestas y suscitó nuevos interrogantes en una aventura intelectual casi obsesiva que marcó también sus relaciones personales, como recientemente reflejó la película ‘La teoría del todo’.

De alguna forma, Hawking y hasta entonces su inseparable primera esposa Jane formaban un particular sistema binario: ella era la estrella que giraba permanentemente alrededor de ese enigmático sabio, una especie de fuente de emisión de grandes ideas que concitaba toda la atención allí donde estuviera. A su lado, cualquiera quedaba eclipsado por su inmensa fuerza de atracción. Jane vivía por y para él desde que la esclerosis lateral amiotrófica convirtió al gran divulgador de la ciencia en una persona totalmente dependiente. Cómo no, Jane le acompañó en ese viaje en el que recibiría, además, la medalla de oro del CSIC y el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Meses después volví a verla. Vino a Madrid, esta vez sola, para hablar en la Fundación Areces del lado más humano de la enfermedad de su esposo, que ese año tomó la decisión de dejarla para establecer una relación de pareja con una de sus enfermeras.

Años después, el nuevo Centro de Astrobiología creado en España me encargó un libro sobre el Big Bang y la evolución de la vida, como material divulgativo de la ciencia que desarrollaría ese flamante instituto de investigación. Una especie de puesta al día de cuanto Hawking y otros muchos investigadores habían aportado al conocimiento sobre el origen del Universo y de lo que somos. Aproveché las vacaciones de verano para completar el encargo. Mientras mi hijo y su madre iban a la playa, me encerraba todas las mañanas a escribir en un apartamento. En Rodalquilar (Almería). A menos de un kilómetro de la finca donde, durante doce días, estuvo enterrado el cadáver de Gabriel, el niño que soñaba con pescaítos, no mucho mayor que mi hijo por esas fechas. Esta semana, Hawking se marchó dejando un legado inmenso. Gabriel, sin la posibilidad de cumplir su sueño de ser biólogo marino. Hoy siento que estamos más cerca de poder entender las leyes que gobiernan el Universo que el asesinato de un niño a manos de la pareja de su padre. Lo segundo parece inconcebible y sin embargo ocurrió de forma atroz. La ‘teoría del todo’ que buscaba Hawking jamás podría servir para explicar los microcosmos humanos y las fuerzas que interactúan entre personas con vínculos emocionales de todo tipo. Ya sea en una casa de campo en las Hortichuelas o en un piso de un campus universitario en Cambridge. El amor, los celos, la grandeza de espíritu, la maldad… impulsan resortes inescrutables con consecuencias dispares. Desde actos brutales revestidos de la mayor vileza, como el asesinato de Gabriel, a comportamientos de enorme entereza y dignidad humana, como el mostrado por sus padres durante la búsqueda y tras el hallazgo del cuerpo. Resulta paradójico que persigamos una teoría para explicar el origen y la evolución de la vida cuando hay, entre nosotros, quienes destruyen vidas ajenas si son un estorbo para las suyas. Afortunadamente, la generosidad, la solidaridad y otros rasgos luminosos de la condición humana brillan con más intensidad que las facetas más sombrías e invisibles que anidan en nuestro interior. Salvo muy pocos, todos seguimos sin poder explicarnos cómo se puede ser capaz de matar a un niño. Y en este caso, nuestra ignorancia, perplejidad y dolor es, inequívocamente, la más esperanzadora de las señales.

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Nada puede seguir igual
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Alberto Aguirre de Cárcer | 11-03-2018 | 07:06| 0

Los partidos están obligados a escuchar el histórico y transversal clamor de millones de mujeres. Pero no solo ellos. El 8-M fue una interpelación directa a cada hombre, empresa, institución y organización social del país

Han pasado 41 años desde que un centenar de mujeres reivindicaron sus derechos por primera vez durante la Transición democrática en un 8-M. La concentración tuvo lugar en el Pozo del Tío Raimundo, la barriada obrera de Vallecas que pocos años después dejaría de ser una de las mayores bolsas de chabolismo de Europa. Al cabo de un lustro, las manifestaciones convocadas por los movimientos feministas crecieron en asistencia, aunque no superaban, en la mejor de las estimaciones, las diez mil participantes en la ciudad más poblada de España. Protestas que casi siempre discurrían desde la estación de metro de Estrecho, en la popular calle de Bravo Murillo, hasta la plaza de Cuatro Caminos. A esas movilizaciones de mediados de los 80 acudían históricas activistas, como Justa Montero, Consuelo Abril o Empar Pineda, pero apenas se veían políticos. Tampoco de izquierdas. A veces ni siquiera acudían los dirigentes de los sindicatos que, en ocasiones, coorganizaban esas protestas. En aquellos tiempos, me dicen, se contaban solo por decenas quienes acudían a la llamada del 8-M hasta la plaza murciana de Santo Domingo. Pero este último Día Internacional de la Mujer ha sido otro cantar. Cientos de miles de mujeres pararon, hicieron huelga o se manifestaron en las principales arterias de todas las grandes ciudades para reivindicar su protagonismo y protestar contra la violencia machista, la brecha salarial o los techos de cristal. Fue una histórica movilización, ideológicamente transversal, que desbordó todas las expectativas, aunque semanas antes había indicios de que en este 8-M algo grande podía suceder. El malestar de las mujeres se palpaba en la calle y lo reflejaban los sondeos de opinión. Con la violencia de género sin signos de remisión y la precariedad laboral cebándose especialmente en ellas, las mujeres acumulaban sobradas razones para la protesta. Los sindicatos UGT y CC OO, tan ausentes en los últimos años, mostraron la sensibilidad oportuna, aunque fueron las organizaciones feministas y otros colectivos afectados, como las periodistas, quienes catapultaron la convocatoria hasta su deslumbrante magnitud.
Las discrepancias sobre el alcance de la movilización, entre quienes abogaban por un paro de dos horas o una huelga en toda regla, tuvieron un epílogo marginal cuando, entrada la noche, cientos de miles de mujeres tomaron las calles hasta formar un gigantesco caudal unitario en favor de sus derechos. Transversal pero monolítico en la exigente reivindicación. Ni los más optimistas daban crédito ante tamaña movilización. La masiva marcha por la Gran Vía de Murcia fue impresionante. Toda una interpelación directa a cada hombre de esta Región, que ni debe ni puede caer en saco roto. Se avecinan, afortunadamente, malos tiempos para los ‘machos alfa’, ‘sietemachos’ y demás ‘fauna’ machista, que, admitámoslo, es amplia y diversa en sus distintas intensidades dado que muchos, si no prácticamente todos los hombres, crecimos en tiempos donde no existió más educación en igualdad que la recibida en cada casa.
El clamor del 8-M alcanza también de lleno a todos los partidos políticos. Y en especial al Gobierno de Rajoy, que no vio venir esta marea de mujeres de toda sensibilidad política hasta el último instante, como ya ocurrió con las protestas de los pensionistas, después de tildar de ‘elitista’ e ‘insolidaria’ la convocatoria de una huelga feminista, pensando que se trataba solo de una movilización ideada por la izquierda para instrumentarla políticamente. Superado el desconcierto, Rajoy deberá reaccionar ante este irrefrenable movimiento social como corresponde al presidente del Gobierno. No basta con asumir las reivindicaciones genéricas expresadas el 8-M o exhibir lo hecho en esta materia, que sin duda algo hay, pero dista mucho de lo reclamado. Porque el mensaje principal de esa jornada fue que el ritmo exigido hacia la igualdad real debe ser mucho más veloz del imaginado hasta ahora por todos. Una conclusión que es extensible para el conjunto de las instituciones, organizaciones sociales y empresas de todo el país. Nada puede seguir igual. Las formaciones políticas e instituciones más refractarias a estas demandas de la mitad de la población se equivocan si piensan que estamos ante un fenómeno pasajero, un desahogo colectivo que se diluirá hasta el próximo 8-M. Pronto la ciudadanía empezará a pedir cuentas por los retrasos en la puesta en marcha de algunos avances conseguidos. No tiene un pase, por ejemplo, que buena parte de las medidas consensuadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no puedan aplicarse porque no se han librado ya los 200 millones de euros comprometidos. Bloqueada por la situación de ingobernabilidad en Cataluña, la consiguiente falta de apoyos para aprobar los Presupuestos y las distintas estrategias partidistas para las elecciones de 2019, la agenda política se aleja vertiginosamente de la agenda social, que discurre por derroteros muy distintos de lo que preocupa y urge en las alturas. A la vista está que las reivindicaciones del 8-M no admiten más esperas.

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Ombligos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 04-03-2018 | 09:58| 0

Mientras la sociedad debatía sobre la desigual remuneración de hombres y mujeres, descubrimos que el Gobierno regional andaba ocupado en resolver la brecha salarial de sus asesores. Todo un traspié, por el modo y el momento

La onfaloscopia era una técnica de oración que practicaban los monjes de una antigua secta cristiana de Grecia. Sentados desnudos en el suelo, rezaban mirándose el ombligo durante días enteros con la esperanza de atisbar la luz divina. En España, un país con 17 ombligos, uno por comunidad autónoma, caemos con frecuencia en esa práctica. Despojada de todo misticismo, pero igualmente enfocada a una introspección que nos aleja de la realidad y nos impide resolver los problemas colectivos. Le ha pasado al Gobierno regional, que tuvo esta semana su momento onfaloscópico. Mientras la sociedad debatía sobre el menguante poder adquisitivo de los pensionistas y sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, descubrimos que, intramuros, los consejeros estuvieron, en apariencia al menos, ocupados parcialmente en resolver la brecha salarial de sus asesores. Así lo demuestran las actas del Consejo de Gobierno, donde algunos miembros del Ejecutivo proponían para su entrada en vigor en febrero subidas para doce asesores que llegaban hasta el 33%. Actas que no figuraban en el Portal de Transparencia, pero que salieron a la luz. Dice el Ejecutivo que todo fue un error subsanado en el siguiente Consejo. Que en realidad se trataba de propuestas para un estudio que permita la homologación retributiva del personal eventual de acuerdo a sus funciones, lo cual, en principio, sería razonable si no implica más gasto. Así lo hizo en su momento la Asamblea con los salarios públicos que paga por igual a los jefes de prensa de los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Cs, por cierto que con mejor retribución que la de algunos de sus homólogos del Gobierno regional. Pero con la filtración, por el modo y el momento, al Ejecutivo se le quedó el ombligo al aire (las actas no refrendan su relato) y sale de esta historia con una brecha autoinfligida en su discurso de transparencia y buen gobierno. Al menos parece que está sabiendo encajar las críticas y no me consta que se haya dedicado a idear en las redes sociales titulares alternativos para el asunto de los asesores, como por ejemplo hizo Podemos, con una información reciente de este periódico sobre el ‘ranking’ de la Fundación CYD, que sitúa al sistema universitario murciano formado por las dos públicas y la privada en el último lugar nacional por rendimiento en base a cinco criterios. A las universidades, como es natural, no les gustó el retrato del ‘ranking’ CYD y dos sacaron comunicados con los datos que consideraban más positivos. Podemos optó por una memez, entre injuriosa y amenazante. «Algún día la prensa regional será libre y objetiva… Digamos las cosas como son. Acabemos con la censura y la autocensura», escribía el diputado Miguel García Quesada, junto al titular alternativo «que hemos hecho en Podemos». Antes de que a alguien se le ocurra nacionalizarnos, y acabe con la libertad de prensa para que digamos «las cosas como son», visto lo visto, me limitaré a opinar libre y subjetivamente, como hacen todos los partidos políticos en este diario, que, para brechas, la profunda que ha dejado Antonio Urbina en su grupo parlamentario tras cumplir su palabra y marcharse a mitad de legislatura.

Incertidumbre en la UMU
Entre la votación del próximo martes, para elegir al próximo rector de la Universidad de Murcia, y la prevista para el próximo día 18, para designar al presidente regional del PP, no hay color en cuanto a incertidumbre. La victoria de Fernando López Miras se da por descontada. La única incógnita era cuántos afiliados votarían en las primeras elecciones directas, sin compromisarios, y hoy la desvelamos en ‘La Verdad’. Solo 1.430 militantes, de los teóricamente 37.640 que decían los populares contar en sus filas, se han registrado para depositar su papeleta en las urnas. Poco entusiasmo parece que han suscitado las ‘primarias’. Todo el interés se desplaza al contenido de las cinco comunicaciones del congreso. Ahí se verá hasta qué punto hay ruptura, discurso de futuro y acercamiento a la nueva realidad social. En las elecciones a la UMU, donde con toda seguridad habrá una segunda vuelta entre dos de los cinco candidatos, el principal interrogante será el grado de participación de los estudiantes, que con el sistema de voto ponderado puede resultar decisivo si la distribución de apoyos en el grupo de catedráticos y profesores titulares es amplia. Con sus diferencias apreciables, los cinco aspirantes son buenos candidatos y es imposible hacer pronósticos con un mínimo de base. Menos aún para un observador externo al mundo universitario, donde se vota con otro tipo de claves. Estoy convencido de que profesores, personal administrativo y estudiantes sabrán elegir a quién debe dirigir una institución académica tan relevante para el desarrollo de toda la sociedad murciana.

Luchadoras y valientes
Nunca la Región de Murcia había tenido tantas alcaldesas. Quince primeras ediles que se han reunido por primera vez a petición de ‘La Verdad’. Luchadoras y valientes, ellas han roto el techo de cristal de la política municipal. No lo han tenido fácil, pero ahí están, liderando municipios en tiempos complejos para la actividad pública. A todas las dificultades económicas o las derivadas de la desafección ciudadana con sus dirigentes, las alcaldesas suman la larga lista de obstáculos habituales por su condición de mujeres. Alguna incluso debe soportar a rivales con perfiles psicológicos inquietantes porque maltratan, por la vía del agresivo insulto de taberna, a sus adversarios, a periodistas, a ciudadanos de otros municipios… Visibilizar sus méritos, sus opiniones y sus experiencias personales debería contribuir a combatir la desigualdad de género. No fueron las primeras ni serán las últimas, pero todas ellas son un testimonio real de que los tiempos están cambiando. Para bien.

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Talento de exportación
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Alberto Aguirre de Cárcer | 26-02-2018 | 11:24| 0

Sin una ley de universidades bien planificada, un giro en el modelo productivo y un plan de I+D+i será difícil que dejemos de ser la tercera comunidad con los salarios más bajos, una desigualdad aún más dura para las mujeres

No han sido pocas las ocasiones en las que el lector de ‘La Verdad’ se ha encontrado reportajes de jóvenes investigadores murcianos realizando ciencia puntera en centros de referencia internacional. En esta edición dominical les mostramos a una decena de ingenieros informáticos formados en la Región, la mayoría exalumnos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, que han conseguido hacerse un hueco profesional en multinacionales como Toyota, WhatsApp, Amazon o en organismos públicos de investigación de la talla del CERN en Suiza. Son jóvenes excelentemente preparados que están siendo protagonistas, en distintos puntos del planeta, del veloz proceso de transformación digital y de la irrupción de la nueva economía globalizada basada en la innovación tecnológica. No hay fronteras para el talento y el esfuerzo. Afortunadamente. Porque aquí, en España, y especialmente en nuestra región, encuentran contadas oportunidades para desplegar sus conocimientos adquiridos. No hay apenas sitio en el modelo productivo de la Región de Murcia para la nueva hornada de jóvenes que apuestan por la innovación tecnológica, lo que desincentiva la incorporación de alumnos a los estudios superiores que serán el trampolín para los empleos más demandados a corto y medio plazo. Es un problema que ya sufren en sus carnes los responsables de la UPCT, que han puesto en marcha varias iniciativas para fomentar las vocaciones tecnológicas, fundamentalmente entre las mujeres. Ojalá sirva este reportaje para inspirar a nuestros jóvenes. Les va mucho en ello. En realidad, a todos, si aspiramos a una sociedad competitiva. La lectura positiva es que, en determinados grados universitarios, la formación recibida en los centros de enseñanza superior de la Región es de muy alta calidad. Dicho eso no cabe, lamentablemente, generalizar y sacar pecho. Los resultados del último ‘ranking’ CYD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sitúan el sistema universitario murciano, integrado por las dos públicas y la privada, en el escalón más bajo por comunidades autónomas, una vez analizados los rendimientos en enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y contribución al desarrollo regional. Siempre envueltos en la polémica, los discutidos ‘rankings’ académicos muestran las fortalezas, pero también las vergüenzas. Ocultarlas solo sirve para autoengañarse. De ellos hay que extraer reflexiones y actuar con eficiencia y sin dramatismos para huir de los cortoplacismos y actuar con ambición en la fijación de objetivos. A día de hoy son un motivo más que evidente de la necesaria nueva ley regional de universidades, de dar una vuelta de tuerca al debate sobre el modelo productivo regional y de elaborar un plan autonómico de I+D+i que no termina de llegar.

A vueltas con la brecha salarial

Si no se pone en marcha todo lo anterior va a ser complicado lograr que la Región deje a medio plazo de ser la tercera comunidad con los salarios más bajos de España. Ni tampoco se conseguirá reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que muestra en nuestra comunidad una desviación del 26%. A nivel nacional, las diferencias laborales entre hombres y mujeres no se limitan a lo que cobran por sus empleos. En casi todas las variables del mercado, ellas se llevan la peor parte. El paro femenino crece con la recuperación y supera en 15 puntos al masculino. La tasa de actividad es 10 puntos inferior a la masculina. Tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial son ocupados por mujeres. Y ellas asumen nueve de cada diez reducciones de empleo para el cuidado de hijos o dependientes. El Gobierno autonómico acaba de darse un plazo de un mes para pactar con los agentes sociales un plan de lucha contra la desigualdad y la brecha salarial. Todas las medidas puestas sobre la mesa parecen positivas para favorecer la igualdad, pero poco podrán conseguir si las ocupaciones peor pagadas, en sectores como la agricultura o la hostelería, continúan siendo desempeñadas mayoritariamente por mujeres. Aunque los factores que inciden en la brecha salarial son múltiples, entre ellos también figura la elección de estudios, tanto en FP como en la Universidad. En ambos casos no se ha logrado todavía atraer a mujeres en la proporción necesaria a los cursos y grados más técnicos, que en muchos casos son los más demandados y mejor remunerados por las empresas.

Retener el talento

El crecimiento económico y la generación de empleo son el punto de partida a fin de encarar esos retos, pero ambas premisas resultan insuficientes para restañar las desigualdades que la extendida precariedad salarial y la temporalidad llevan asociadas. Si debido a la digitalización una parte importante de los empleos tradicionales van camino de desaparecer, hace tiempo que la educación debería estar adaptándose al mercado laboral que se avecina. No es suficiente con conectar todas las escuelas a internet con banda ancha. O estimular las vocaciones tecnológicas desde edades tempranas. Hacen falta, además, oportunidades laborales propiciadas por un tejido productivo adaptado a los nuevos tiempos. Solo así la búsqueda de un puesto de trabajo en el extranjero se convertirá en una elección personal, y no en un forzoso exilio por la ausencia de horizontes profesionales en nuestra tierra. Demasiado talento formado eficazmente con dinero público se nos va fuera. Con lo que está por venir, el mayor de los errores sería creer que estamos sobrados de capital humano.

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Deuda permanente revisable
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-02-2018 | 06:40| 0

Para llegar a un acuerdo y satisfacer a todas las comunidades, Montoro estudia convertir en perpetua parte de la deuda con el Estado de las autonomías. Mientras no haya solución, el Gobierno regional debería actuar con cautela

Cuando Montoro sentenció el lunes en la comida de los barones del PP que no habría quita para la deuda autonómica, López Miras, contrariado, resopló: «Algo habrá que hacer». Después de que se impusiera el criterio del gallego Núñez Feijóo y del castellanoleonés Juan Vicente Herrera, la frase del presidente murciano sonó como aquella advertencia celebérrima del economista Keynes: «Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo». En otras palabras, que el Gobierno regional no está de entrada por la labor de devolver los préstamos por valor de 6.700 millones recibidos del Estado desde 2012, una cantidad que representa el 80% de la deuda pública murciana. Alega, como es totalmente cierto, que la Región ha estado infrafinanciada, al igual que la comunidad valenciana o la balear, desde que se instauró el actual modelo en 2010. Con los mercados financieros prácticamente cerrados y una prima de riesgo en cotas estratosféricas, Montoro creó en su momento los fondos de liquidez autonómica y de pago a proveedores para rescatar a las comunidades autónomas, pero ahora que llega el momento de ajustar cuentas, como paso previo a la negociación del nuevo modelo de financiación, la batalla territorial entre las regiones cumplidoras e incumplidoras del déficit amenaza con estallar incluso en el seno de las distintas formaciones políticas. Montoro, que conoce bien a Keynes, sabe que con el 56% de la deuda autonómica en manos de la administración central tiene un verdadero problema. Sobre todo ante Bruselas. No puede aceptar la condonación solicitada por la Región de Murcia, Valencia y Cataluña, porque mandaría un mensaje muy negativo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Pero tampoco puede obviar la realidad de que una gruesa parte de los números rojos de esas comunidades incumplidoras se debe a la insuficiente financiación, aunque no toda, ni mucho menos, en el caso de la Región. Una solución que el ministro estaría barajando sería la eliminación del pago de intereses. Entre otras razones porque es discutible que, en su calidad de prestamista, el Estado obtenga ingresos de las asfixiadas autonomías. Otra consistiría en aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades con el Estado, llegando incluso a plantearse, como adelantaba ‘La Vanguardia’, que una parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos. Una especie de deuda permanente revisable. Dicho eso, lo que finalmente sucederá es imprevisible porque Montoro apunta cada día en una dirección diferente.

Pocos asuntos públicos son más áridos y aburridos pero a la vez tan importantes como el debate de la financiación autonómica. Tanto como el pacto educativo o el pacto del agua. La consecución de un acuerdo territorial en materia de financiación autonómica es crucial para asegurar la sanidad, la educación y el resto de prestaciones públicas básicas, que se comen prácticamente los presupuestos de las comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis, la deuda pública española, incluida la de la Administración central, se ha triplicado y alcanza ya los 1,14 billones de euros. El pasado año marcó un récord tras repuntar 37.424 millones, el mayor ritmo ascendente desde 2014. Ya representa el 98,08% del PIB nacional. Una auténtica barbaridad, aunque se encuentra en el límite fijado por Bruselas, gracias al crecimiento de la economía. Pero los bajos tipos de interés no durarán siempre y la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo empezará a paralizarse este mismo año. Entonces, el peso de la deuda se convertirá en un serio problema para todos los contribuyentes.

Algo habrá que hacer, como dijo López Miras. Por la parte que le toca al Gobierno regional, lo primero debería ser actuar con prudencia. Como lo están haciendo muchas familias y empresas murcianas, según se desprende del bajo incremento del crédito bancario, algo inusual en momentos de crecimiento económico. Quizá por la percepción de que el despegue no se ha consolidado, las familias se decantan por el consumo y el ahorro (aquellas que pueden) y las empresas por invertir parte de sus beneficios. Pero apenas se endeudan. El ministro Montoro ya ha advertido que el fondo de liquidez autonómica tiene los días contados, de forma que las comunidades deberán volver a los mercados financieros. Siete de ellas ya lo hicieron en 2017. Especialmente ahora, cuando aún se desconoce cómo será la reforma tributaria que anuncia el Ministerio para sustentar el nuevo modelo (Montoro habla de armonización fiscal del impuesto de sucesiones justo cuando se ha dejado aquí al mínimo posible), o cuánto dinero recibirá la Región si hay acuerdo para un reparto más equitativo, el Ejecutivo regional debería actuar con suma cautela. Más aún al no estar ni siquiera asegurado un pacto imprescindible con el PSOE de Pedro Sánchez.

En este incierto contexto solo el hecho de que estamos en año preelectoral explica que López Miras y su equipo hayan arriesgado tanto anunciando que bajarán el IRPF en el plazo de un año. Hace solo unos días, el consejero Andrés Carrillo añadía que «Murcia será la región donde menos impuestos se paguen», pero «lo haremos de manera paulatina y responsable, siendo conscientes de lo que supone mantener los servicios públicos esenciales». Son mensajes que suenan a música celestial en los oídos de los votantes, aunque no dejan de tener un timbre inquietante en la región campeona del déficit público cuando cada año el Tribunal de Cuentas nos recuerda el ‘agujero’ existente en las cuentas del Servicio Murciano de Salud o nos alerta del rampante gasto farmacéutico. La buena noticia de que la economía regional lideró el crecimiento en 2017 no debe llevar a la precipitación o a suscitar desmesuradas expectativas.

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