La Verdad

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Política judicial
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Alberto Aguirre de Cárcer | 19-02-2017 | 06:48

La tormenta judicial sobre Pedro Antonio Sánchez arreciaba en Murcia, pero ahora descarga también en Madrid. Una indiscreción del presidente y una torpe actuación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha derivado en un problema que ahora le estalla al Gobierno de Rajoy, acusado por la oposición de intervenir, a través de la Fiscalía General del Estado, para evitar la imputación de un presidente autonómico del PP. El auto del juez Velasco, que atribuye a PAS tres presuntos delitos, era una auténtica bomba judicial, aunque su espoleta fue inactivada por un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, contrario a su acusación. En días o semanas, el juez remitirá una exposición razonada al TSJ pidiendo que se investigue a PAS por una prolija relación de indicios, pero cualquiera que sea entonces el fiscal jefe (López Bernal, Díaz Manzanera o Sánchez Lucerga), el principio acusatorio del Ministerio Público quedó desactivado el lunes porque prevalecerá el criterio de los superiores jerárquicos. Aunque haya acusación particular, el ‘caso Púnica’ pierde fuelle jurídico para PAS. No así para el resto de los no aforados, después de que el juez Velasco procesara el viernes a todos, con un auto de procedimiento abreviado que le permite retener la causa y rebatir los argumentos jurídicos de la Fiscalía Anticorrupción.

Entrar a valorar el dictamen de Anticorrupción, avalado por cuatro fiscales del Supremo, o los razonamientos del juez Velasco sería absurdo por mi parte. Son cuestiones jurídicas que están al alcance de expertos cualificados en derecho y dudar de la competencia de unos u otros profesionales sería caer en el mismo reprobable comportamiento del portavoz popular Rafael Hernando, que, de nuevo para pasmo general, espetó este viernes que «hay fiscales que se inventan los delitos».

La polémica no hubiera ido a más, momentáneamente, si el propio presidente murciano no hubiera cometido el grave error de desvelar en una radio que cuatro fiscales del Supremo avalaron el dictamen, una interioridad del proceso que no debía conocer. Ahora quien tiene un problema político es el ministro, que deberá explicar en el Congreso cómo y por qué se gestó el dictamen sobre PAS, contrario al criterio de las fiscales que desde 2014 impulsaron la investigación del ‘caso Púnica’ en la Audiencia Nacional. No hay que ser un lince para intuir quién le dijo al presidente el lunes que cuatro fiscales del Supremo avalaron ese informe de la Fiscalía Anticorrupción. Ni tampoco de qué asuntos podrían estar hablando el día anterior el ministro de Justicia y el presidente cuando en Madrid tuvieron una conversación a solas en el congreso nacional del PP.

Que la Fiscalía General del Estado pida un dictamen no es un hecho excepcional en los procedimientos penales que afectan a aforados. Y entra, además, en el ámbito de sus competencias. Lo anómalo es que se filtren las interioridades de un proceso realizado en un órgano constitucional que tiene autonomía funcional, que el propio beneficiado del dictamen dé detalles a posteriori en un medio de comunicación, que la Fiscalía Anticorrupción saque una nota de prensa comunicando su decisión y que el ministro de Justicia arremeta contras las dos fiscales de ‘Púnica’, alentando un expediente sancionador, porque ambas, pese a que acatan la orden y no piden que se investigue a PAS, no firman un dictamen de su superior que en 12 líneas se adapta más al relato público del posible investigado que al que ambas hilvanaron tras años de pesquisas. Lo que realmente piensan las dos fiscales, para gran malestar del ministro, lo dejaron plasmado en su escrito de acusación sobre Barreiro, al afirmar que la senadora y Sánchez concertaron un «plan criminal» para que los trabajos de reputación personal fueran pagados con fondos públicos de la Consejería de Educación.

Como todo el proceso derivó efectivamente en anómalo, no es de extrañar que las asociaciones de fiscales, desde las conservadoras a las progresistas, hayan condenado las arremetidas del ministro contra unas fiscales que no han tenido posibilidad de calificar los supuestos indicios delictivos que investigaron durante dos años. Y le han recordado a Catalá que el principio de jerarquía, en el ámbito de la autonomía fiscal, está asociado al de unidad de acción para garantizar un criterio común y preservar así la seguridad jurídica. Así lo entendieron siempre los anteriores fiscales generales del Estado en esta etapa ministerial de Catalá, Torres Dulce, que dimitió, y Consuelo Madrigal, que no renovó en el cargo. Ambos, por lo visto, demasiado blandengues para el concepto de jerarquía exhibido por el ministro. Mal momento escogió el titular de Justicia para verbalizarlo, ahora que debe impulsar la reforma para que los fiscales, y no los jueces, instruyan las investigaciones penales. Y justo cuando el Consejo Fiscal procederá a renovar la Fiscalía Anticorrupción, varias especiales y muchas fiscalías superiores, entre ellas la de Murcia. Si el deseo del Gobierno es relevar a López Bernal en el TSJ, como reclama el PP regional desde hace años, lo están haciendo de la peor manera posible: echando material inflamable a ese colectivo y en un momento donde esa renovación tendrá polémica garantizada.

Lo peor de este episodio es que lejos de garantizar la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y la autonomía de los fiscales no ha hecho más que empeorarla, acentuando la percepción de que la justicia está politizada y de que hay dos tipos de justiciables: los aforados y el resto de ciudadanos, cuyas cuitas en los tribunales se solventan con muchas menos garantías procesales. Tan cierto como que PAS lleva dos años en el ojo público con un demoledor desgaste político y personal lo es que goza de privilegiadas garantías judiciales al ser aforado. Ni la juez de Lorca ni el juez Velasco le han podido investigar de forma directa, pudiendo, sin estar acusado, haberse personado en el ‘caso Auditorio’ para pedir pruebas y formular recursos. Y el número de fiscales que han analizado los indicios incriminatorios contra él, solo para decidir si se le puede investigar, alcanza la decena. Tiene todo el apoyo de su Gobierno y de su partido, que le respaldará incluso si es llamado a declarar como investigado. La vida pública en Murcia gira hoy en torno a su suerte judicial. Porque las investigaciones judiciales siguen abiertas y la oposición no está dispuesta a soltar a su presa. Lo inaudito es que también sea por sus propios errores.

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