La hipertrofia silenciosa de la Administración
“¿Cuánta prosperidad y cuánta democracia estamos perdiendo por la lentitud institucional, el exceso normativo y la falta de evaluación real?” Andrés Pedreño
El pasado jueves 12/02/26 tuvo lugar la presentación pública de mi libro “Metamorfosis y Concordia” contando con la participación de Juan Bernal, prologuista y coautor motivacional—sin su decisiva influencia esta obra nunca habría visto al luz— y con la de Juan A. Megías, quien tuvo la deferencia de ejercer de anfitrión en su calidad de Presidente del Real Casino de Murcia, en cuyo salón de actos se celebró el evento.
En el artículo anterior ya anticipaba un resumen de los contenidos del ensayo que hace especial hincapié en la inquietud generada por la creciente polarización política que tanto deteriora nuestra convivencia y dificulta la construcción de un proyecto común así como por la tendencia imparable de la burocracia a la hipertrofia tanto legislativa—se crea una norma nueva cada 45 minutos— como de personal—aumento de un 58% de los funcionarios de los Ministerios, con muchas de las competencias transferidas a las autonomías y en pleno desarrollo de tecnologías facilitadoras—, con la consiguiente carga impositiva estructural asociada, sin olvidar la preocupación por la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
En un país descentralizado y digitalizado, ¿tiene sentido que el Estado central crezca por inercia acumulativa? No nos referimos a sus funciones esenciales —seguridad, justicia, política exterior— sino a su estructura administrativa, en sus capas intermedias, en sus unidades técnicas, en sus asesores, en sus organismos satélite. Tamaño que se va agrandando poco a poco, no de forma abrupta. Así opera y se consolida la hipertrofia silenciosa de la Administración que no se percibe hasta que se convierte en carga estructural.
La realidad es que todo poder institucional tiende a expandirse: más estructura implica más influencia, más nombramientos y por tanto, más capacidad política. Reducir estructura no genera rédito inmediato, crearla sí. Pero un Estado que crece estructuralmente sin revisión periódica genera unos efectos indeseados:
- Rigidez presupuestaria creciente.
- Menor margen para reducir deuda.
- Mayor presión fiscal.
- Sensación ciudadana de opacidad.
Pero la consecuencia más delicada es otra: la erosión de la confianza que se produce cuando el ciudadano percibe que el aparato público se expande sin justificación clara. El vínculo entre contribuyente y administración se debilita bajo la sospecha de que el gasto excesivo puede estar vinculado a redes clientelares: subvenciones, contratos públicos dirigidos y empleos a dedo. Con el agravante de que, si se financia con deuda, se transfieren cargas al futuro condicionando las decisiones de los gobiernos siguientes. Con el temor de que un Estado sobreendeudado o despilfarrador puede acabar bajo supervisión externa (UE, FMI), como ocurrió en Grecia o Portugal, debilitando la soberanía democrática.
Y sin confianza, la democracia liberal se fragiliza. Fortalecer la democracia no consiste en debilitar el Estado, sino en disciplinarlo por lo que se refiere a las decisiones que comportan gasto y restan eficiencia. Fue precisamente el crecimiento imparable de la deuda pública unos de los aspectos que más llamaron la atención de los asistentes que llenaron el salón de actos del Casino de Murcia en la presentación del libro.
Unas cifras descomunales que generan unos intereses anuales de 44.000 M€ . Para darnos una idea de la cantidad de proyectos que se podrían realizar con tantos recursos recordemos que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) tenía un presupuesto de 22.000 M€, que el trasvase del Ebro costaba unos 4.000M€—cuánta riqueza perdida de forma irracional—, que construir un hospital puede suponer unos 300 M€ o un colegio 5 M€.
Reducir el gasto público no significa necesariamente recortar derechos; significa optimizar recursos, priorizar lo esencial y eliminar lo superfluo. Significa asumir como sociedad que el dinero público no es infinito, que es de los ciudadanos y que es posible optimizarlo aplicando algunas medidas como las siguientes:
1️ Reducir duplicidades: España tiene tres niveles administrativos y numerosos organismos paralelos. Racionalizar competencias ahorraría miles de millones.
2️ Revisar subvenciones: no todas las ayudas públicas son eficientes ni necesarias. Una auditoría independiente podría recortar aquellas que no generen valor público claro.
3️ Profesionalizar el sector público: evitar cargos políticos innecesarios, reducir asesores, fomentar la carrera profesional basada en mérito.
4️ Digitalización de servicios: como en Estonia, automatizar trámites reduce costes y aumenta la eficiencia.
5️ Controlar el gasto sanitario y educativo sin recortes: apostar por sistemas de gestión más eficientes (historias clínicas unificadas, compras centralizadas, reducción del abandono escolar).
6 Establecer reglas fiscales claras: la “regla de oro” alemana impide déficits estructurales. La llamada “Schuldenbremse” (freno de la deuda) es una norma constitucional adoptada por Alemania en 2009.
Nuestra mentalización como ciudadanos es clave. Necesitamos una cultura fiscal madura, donde se entienda que pedir más gasto sin preguntar de dónde sale o quién lo paga es una forma de irresponsabilidad cívica. Donde se valore el equilibrio presupuestario no como un capricho tecnocrático, sino como una garantía de justicia intergeneracional y de estabilidad democrática.
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