“Una actuación que afecta a los derechos de los demás resulta moral y jurídicamente sospechosa cuando sus verdaderos motivos no pueden hacerse públicos sin comprometer su legitimidad”. Esta idea, inspirada en el principio de publicidad de Immanuel Kant (1795), conserva una extraordinaria actualidad. La transparencia no es un adorno democrático: es uno de los mejores instrumentos para prevenir los abusos de poder. La rendición de cuentas obliga a dar explicaciones y asumir responsabilidades.

La psicología denomina efecto espectador a nuestra tendencia a permanecer pasivos ante situaciones que requieren intervenir, confiando en que otros lo harán. Algo parecido sucede cuando descubrimos mentiras de los gobernantes, episodios de corrupción, enchufismo o despilfarro público: nos indignamos, protestamos en privado y esperamos que alguien actúe.

Aquí surge una reflexión interesante. La izquierda cuenta históricamente con una sólida tradición de movilización ciudadana, apoyada en sindicatos y movimientos sociales. En cambio, determinados sectores liberales o conservadores parecen más reacios a trasladar su indignación a la acción colectiva.

No se trata de cuestionar las legítimas reivindicaciones sociales ni de atribuir superioridad moral a ninguna ideología. Pero sí de preguntarnos por qué algunas causas movilizan multitudes mientras otras, que afectan a la calidad de nuestras instituciones, apenas despiertan una indignación pasajera.

En este punto conviene distinguir la movilización democrática del vandalismo. Los recientes disturbios de París, La Coruña, Bilbao y Barcelona, algunos vinculados a colectivos radicales antifascistas y otros sin una motivación ideológica acreditada, merecen una condena inequívoca. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la violencia, los destrozos ni la intimidación de quienes piensan diferente. Manifestarse es un derecho; imponer las ideas por la fuerza, no.

El Dedómetro: cuando el mérito compite con el dedo

¿Quién dirige nuestras empresas públicas? ¿Cómo se selecciona a sus responsables? ¿Quién responde cuando una contratación resulta irregular? ¿Cuántos asesores y funcionarios necesitamos realmente?

La Fundación Hay Derecho ha contribuido a abrir este debate mediante su Dedómetro, una herramienta que evalúa el mérito, la capacidad y la independencia de los directivos públicos. En su estudio estatal de 2024, que examinó 215 directivos de 40 entidades, la puntuación media en mérito y capacidad fue de apenas 5,15 sobre 10. Un resultado preocupante, que no significa que todos los nombramientos sean inadecuados, pero sí revela carencias en los mecanismos de selección y profesionalización.

La confianza política puede justificar determinados nombramientos, pero no debería sustituir a la competencia profesional ni convertir nuestras instituciones en agencias de colocación. Particularmente interesantes y oportunos son la versión del Dedómetro aplicado a los directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y   su reciente informe sobre la realidad de nuestro Estado de Derecho.

El debate no concluye en la designación de directivos; atañe también a la propia creación de plazas de funcionarios. Con más de 3,1 millones de empleados públicos en España (1), el crecimiento del personal no debe juzgarse de manera dogmática: muchos de ellos cumplen funciones indispensables en ámbitos como la sanidad, la educación, la seguridad o la justicia pero sí debemos cuestionarnos su expansión incontrolada.

Gráfico de la evolución del número de empleados públicos en España 2018-2026

Antes de consolidar compromisos permanentes de gasto mediante la estabilización de interinos o la apertura de nuevos puestos, la Administración debe explicar con rigor para qué se necesita cada plaza, qué coste tendrá y qué mejora tangible percibirá el contribuyente. Los efectos de la reorganización y el control de los servicios, la reducción de jornada,  la simplificación de trámites y el aprovechamiento de la inteligencia artificial y la digitalización deben explorarse antes de recurrir al incremento de plantillas públicas ya de por sí bastante nutridas.

Necesitamos procedimientos transparentes para justificar nuevas plazas de funcionarios y asesores, selecciones basadas en criterios objetivos, auditorías de resultados y una participación más activa de universidades, colegios profesionales, organizaciones empresariales y sociedad civil en la vigilancia de nuestras Administraciones.

La tentación de utilizar las instituciones en beneficio partidista no es exclusiva de ningún gobierno ni ideología. Precisamente por eso, la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas deberían unirnos, no enfrentarnos.

Una democracia no se fortalece únicamente votando cada cuatro años. También necesita ciudadanos informados, exigentes y dispuestos a actuar pacíficamente cuando se vulneran las reglas. Porque, mientras todos esperamos que otro levante la voz, el poder del dedo seguirá encontrando su mejor aliado: nuestro silencio.

(1) Según el registro administrativo de Función Pública y los datos de la EPA, el conjunto de las Administraciones Públicas (20% AGE, 20% A.Local, 60%, CCAA, 20%) ha rebasado por primera vez los 3,1 millones de empleados públicos (y más de 3,6 millones si se computa la ocupación total del sector público según la EPA).

Web del autor

Artículos relacionados:

Transparencia y rendición de cuentas

La hipertrofia silenciosa de la Administración

Verdad y responsabilidad frente al populismo

El gobierno de los peores

Concordland, el país de la concordia y la confianza

Sin polarización, una España mejor