Verdad y responsabilidad frente al populismo
«Tener una ideología política es muy útil. Te ahorra mucho tiempo, porque te dice lo que piensas sobre cosas de las que no sabes nada» Hendrik Hertzberg.
Una democracia madura —aquella con instituciones consolidadas, alternancia pacífica en el poder y un Estado de derecho robusto— tiene la capacidad de resistir importantes adversidades sin que por ello se rompa el orden constitucional. Podemos sobrellevar, sin que colapse el imperio de la ley, gobiernos mediocres, crisis económicas o graves errores colectivos, como pueden ser el respaldo cívico al endeudamiento y al gasto insostenible, las grandes burbujas normativas y crediticias o decisiones —como el controvertido Brexit, por ejemplo— enormemente divisivas y de gran impacto económico.
En contraste con estas adversidades que sí puede superar, lo que una democracia difícilmente soporta y la erosiona fatalmente es la pérdida progresiva y calculada del sentido de la realidad, el incremento deliberado de la mentira, la polarización de la sociedad, la colonización silenciosa de las instituciones y la atenuación de los contrapesos constitucionales.
Cuando los hechos dejan de importar, la ceguera ideológica se impone, el discrepante muta en enemigo público y los problemas más complejos pretenden resolverse con consignas instantáneas. En ese preciso instante, se pueden hacer promesas sin sentirse obligados a explicar quién, cómo y cuándo se pagará la factura y la conversación civil queda secuestrada por el fanatismo, la demagogia y el populismo.
El fanático no duda. Ordena el mundo en una rígida frontera moral de «buenos» y «malos», interpreta cualquier matiz como un ataque y resulta hermético a los datos empíricos. El populista, por su parte, señala culpables visibles, promete remedios milagrosos y elude cualquier rigor técnico. Son dinámicas que ya abordé al analizar cómo cristaliza el gobierno de los peores, una patología institucional especialmente insidiosa porque carcome el Estado de derecho desde dentro.
El debate sobre la vivienda ilustra a la perfección esta deriva. El problema es indiscutible: existe una grave escasez de oferta frente a una alta demanda concentrada en las ciudades, agravada por el auge del alquiler turístico y la falta de parque público. Esto dispara los precios de compra y alquiler a niveles inasumibles para unos salarios que no han crecido al mismo ritmo. Sin embargo, la respuesta demagógica habitual no consiste en ampliar la oferta ni en blindar la seguridad jurídica para los propietarios ni en incentivar la inversión, sino en señalar chivos expiatorios y recurrir al control burocrático de precios.
La economía, por desgracia para los predicadores de atajos, tiene la costumbre implacable de castigar el voluntarismo mágico. Ya en 1920, Ludwig von Mises formuló un principio económico esencial: sin propiedad privada no concurren intercambios libres, sin los cuales desaparece el sistema de precios de mercado que actúan como semáforos que transmiten información sobre escasez y preferencias reales; y sin éstos el cálculo económico racional deviene imposible. Anularlos por decreto estatal conduce invariablemente al desabastecimiento, a la proliferación del mercado negro y a una escasez todavía más aguda
La experiencia histórica del siglo XX evidenció que las utopías económicas centralizadas no solo desembocan en regímenes liberticidas, sino que resultan operativamente inviables. Cuanto más absoluto es el paraíso prometido, con mayor facilidad se legitima la coacción para imponerlo.
El populismo no es patrimonio exclusivo de una sola orilla ideológica. Brota a derecha e izquierda siempre que se apela al “pueblo” frente a las instituciones, se tilda el informe técnico de sabotaje, se intenta movilizar a las masas y se exige pleitesía al líder antes que juicio crítico. Existe además un deterioro silencioso, menos estentóreo que un choque institucional abierto, pero extraordinariamente disolvente: acostumbrarnos a que nuestros gobernantes mientan de forma sistemática.
«La polarización y el populismo reducen el tablero social a un enfrentamiento de bandos; la concordia democrática exige rigor, templanza y salvaguarda institucional».
Frente a esta anestesia cívica, surgen iniciativas inspiradoras en el derecho comparado. Resulta sugerente lo que debate el Parlamento de Gales al plantear medidas legales para sancionar el engaño deliberado de los cargos públicos. No se pretende criminalizar el error de apreciación ni la promesa electoral incumplida por cambios de coyuntura —nunca por intereses personales o partidistas—, sino introducir una exigencia elemental de higiene democrática: sancionar la falsedad consciente empleada para manipular al electorado.
Gales ha consolidado además un marco pionero con su Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras, que obliga a todas las administraciones públicas a evaluar el impacto a largo plazo de sus decisiones presentes, perspectiva que transforma radicalmente el debate. En vivienda, por ejemplo, el criterio responsable no consiste únicamente en contener el coste inmediato para la foto electoral de hoy, sino en garantizar qué parque residencial, qué diseño urbano y qué oportunidades reales de vida encontrarán los jóvenes en un futuro más o menos próximo.
Lo mismo rige para el endeudamiento del Estado. Apelar al crédito está justificado cuando financia infraestructuras estratégicas, innovación o activos que disfrutarán las próximas generaciones. Lo que resulta éticamente insostenible es hipotecar el porvenir de nuestros hijos para pagar la fiesta del consumo político presente.
Verdad, límites y responsabilidad. Esas tres nociones resumen lo que exige una democracia adulta. Frente al fanático, capacidad de autocrítica; frente al demagogo, rigor presupuestario; frente al populista, contrapesos institucionales; frente al embuste, rendición de cuentas; y frente al cortoplacismo extractivo, justicia intergeneracional.
La concordia democrática no consiste en forzar una uniformidad de pensamiento. Consiste en una conquista cívica mucho más exigente: ser capaces de mantener viva la discrepancia y el pensamiento propio sin dejar de reconocer como conciudadano legítimo a quien piensa de otra manera. Los expertos suelen resumir que la mayor vulnerabilidad actual de una democracia madura no es que sea destruida por sus enemigos, sino que sus propios ciudadanos dejen de creer que vale la pena defenderla.
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