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Joaquín García Cruz

Menuda política

Sus señorías preparan el striptease

La Asamblea Regional está a punto de publicar en internet las declaraciones de bienes de los 45 diputados, pero no sin la fuerte resistencia de algunos de ellos

El diputado regional y alcalde de Mula José Iborra guarda en su casa un Wolkswagen Polo, el Mini que le regaló a su hija cuando acabó la carrera (pero él mantiene a su nombre), un Land Rover BX antiguo con el que sale a cazar, otro todoterreno nuevo de la misma marca, una Harley Davidson 883, y una Sanglas 350, de aquellas que conducía la Guardia Civil de Tráfico en los setenta y que Iborra se compró a los 18 años, con un dinero que se ganó cortando albaricoques porque ya entonces tenía capricho de moto. Todo el mundo en Mula sabe que su alcalde, procurador de los tribunales desde hace 35 años, colecciona motores, pero Iborra se teme que, aun así, sus vecinos lo critiquen cuando la web de la Asamblea Regional publique la próxima semana su relación de bienes, junto con las de los otros 44 diputados regionales.
Algo parecido pulula estos días por la cabeza del socialista Francisco Oñate, quien no olvida la mirada torva de algún compañero de dominó en Javalí Nuevo el día en que el PSOE colgó en internet las declaraciones patrimoniales de sus candidatos a las elecciones autonómicas de 2011. Llegaron a decir en el pueblo que Oñate -pese a ser socialista-tenía fincas; en realidad, lo que refleja su declaración (que permanece visible en la Red) es que posee tres cuartos de tahúlla en pro indiviso con sus tres hermanos. Oñate espera que nadie se malicie en Javalí cuando trascienda que tiene también una cuenta de ahorro con unos 50.000 euros, pero ya imagina qué incómodo le resultaría que un amigo de la infancia le pidiera un préstamo para salir del apuro: no podría responder con el convencionalismo de ‘lo siento, me es imposible’, porque en Javalí Nuevo también funciona internet. Y un tanto de lo mismo podría decirse del jefe de filas del Grupo Popular, Juan Carlos Ruiz, titular de una cuenta de ahorro con 30.000 euros, y de la cuarta parte de una casa de su bisabuelo en un pueblo de Jaén, aparte de lo que poseen muchos de los mortales que, al igual que los políticos, militan en la clase media: su primera vivienda, un apartamento en la playa y vehículo.
El caso es que, por una razón u otra, la inminencia de la publicación del listado de casas, coches y rentas tiene de los nervios a unos cuantos diputados, algunos de los cuales -en la bancada del PP- lucen apellidos ilustres a los que la gente ligó siempre a grandes fortunas, y que comparten hemiciclo con algún otro -éste, del PSOE- que, a diferencia de su compañero Oñate, sí posee fincas.
A nadie le gusta desnudarse en público, y menos a los políticos, presa fácil de la indignación social en un tiempo dominado por el paro, los desahucios y otras calamidades. Los diputados regionales de PP, PSOE e IU pondrán en la Red sus bienes por disciplina de partido, porque sus dirigentes nacionales se comprometieron a hacerlo, impelidos por la necesidad de contrarrestar el sunami de los escándalos que sacuden a la vida pública en España. Pero se saben carne de cañón. Juan Guillamón, por ejemplo, está en contra de someterse al striptease, y Juan Bernal, diputado además de vicepresidente de la Comunidad Autónoma, también. No porque pretendan ocultar nada, sino por principio. Guillamón se muestra especialmente beligerante con una medida que en un ejercicio literario equipara en su blog personal a «la degeneración en que devino la praxis de la Santa Inquisición, cuyas técnicas daban la opción a cualquiera para que -so pretexto de defender la Fe de Cristo- pudiera acusarse en falso al vecino enemigo de cualquier cosa, como que no asistía a misa, negaba la virginidad de la Virgen o no creía en la Santísima Trinidad». Y Juan Bernal no se recata en repetir por activa y por pasiva, en la mesa del Consejo de Gobierno y en la Asamblea, su opinión contraria a que «se nos exponga en el escaparate del cotilleo». Le parece, como a Guillamón y a otros diputados menos habladores, que publicar las declaraciones de bienes no servirá de parapeto a la corrupción, y que un político no tiene por qué probar su inocencia.
Pero navegan contracorriente. La mayoría de los parlamentos y algunos gobiernos regionales ya exhiben estas declaraciones, a las que obligará también la ley de Transparencia que prepara el Ejecutivo de Rajoy. Estarán listas -las 45, incluida la de Valcárcel, dada su doble condición de presidente y diputado- en una semana y, cuando aparezcan en la Red, se podrá, efectivamente, curiosear con ellas, establecer comparaciones, practicar la demagogia y el tiro al blanco. Dará mucho juego, sin duda, conocer en detalle cuentas corrientes y planes de ahorro, préstamos, pólizas y créditos con saldo pendiente de pago, rentas monetarias, bienes inmuebles con sus fechas de adquisición, vehículos y embarcaciones, herencias (al menos cuatro diputados tramitan actualmente declaraciones de herederos por la muerte de sus padres) y, naturalmente, los sueldos y las retenciones de Hacienda. Todo. O casi todo. El formulario que han convenido para llevar a cabo este striptease colectivo les permite dejar fuera lo que uno de ellos llama ‘las joyas de la abuela’: sortijas, pendientes y relojes, plumas y bolígrafos, pintura y escultura, cuyo inventario seguirá a buen recaudo en la Comisión del Diputado, a la que nadie tiene acceso salvo sus propios integrantes.
Será, por tanto, una desnudez casi integral.

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