No hacía falta ser adivino para anticipar que la rescisión del contrato del aeropuerto desataría una batalla legal entre la Comunidad y Sacyr, el socio principal de Aeromur. De hecho, ya se han visto las caras numerosas veces en los tribunales, con resultado no siempre favorable al Gobierno regional, a causa de conflictos relacionados con la concesión de la autovía del Noroeste, por la que pagan los murcianos un millón de euros al mes. Por sentido común y por prudencia, el Ejecutivo debía actuar ahora con pies de plomo para evitar un resbalón judicial que atrasará aún más la apertura de Corvera o causara perjuicio económico a los ciudadanos. Parecía que iba en esa línea, tras solicitar el dictamen del Consejo Jurídico, pero tropezó con estrépito este martes cuando el director general de Transportes se presentó con la Guardia Civil en Corvera para inspeccionar el aeródromo, sin orden judicial y cuando no ha acabado el plazo legal para que Aeromur pueda alegar contra la rescisión. Si la estrategia de Sacyr pasa por demostrar que existe una vulneración de la seguridad jurídica, el Gobierno regional ciertamente le ha echado una mano a la constructora y además se ha metido precipitadamente en un laberinto judicial de desenlace siempre incierto. Ni siquiera calculó el impacto mediático del incidente y fue obviado en una comparecencia del consejero de Obras Públicas. Pocas horas después, en la tarde del miércoles, Sacyr se anticipó y dio su versión de unos hechos rocambolescos, mientras, una vez más, el Ejecutivo comenzó a actuar a remolque de los acontecimientos, sin una estrategia de comunicación prefijada, alegando que se estaba sacando material del aeropuerto. Además de un frente judicial, en la pugna abierta hay un litigio reputacional. Pese a que Aeromur ha incumplido los plazos, después de haber sido auxiliada con un aval de 200 millones, el Gobierno tiene aquí las de perder porque ha demostrado con creces no saber manejar la información de interés público. O no la cuentan bien o simplemente se silencia. Tremendo error porque ni lo uno ni otro impide que al final se sepa la trastienda de los asuntos relevantes por la obligación profesional de quienes somos depositarios del derecho a la información de la ciudadanía. El Gobierno debe hacerse merecedor de la confianza que reclama a la sociedad y convencerla de que eligió el mejor camino para la puesta en marcha de una infraestructura, necesaria para la Región pero sobre la que pende la ejecución de un aval de 200 millones. Incidentes como el de esta semana en Corvera no se solucionan escondiéndolos o minimizándolos, sino evitándolos con un poco de cabeza. En nada favorecen a la imagen de la Región en el exterior, ya bastante castigada por el incumplimiento del déficit público y de normativas urbanísticas y medioambientales. La credibilidad política debe ganarse día a día y son los hechos los que moldean una opinión pública que hoy está muy preocupada por el futuro del aeropuerto.