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El tabú, la impolítica y el AVE

Es comprensible la desconfianza ante el acuerdo sobre el soterramiento con Adif. No es una panacea ni una garantía absoluta, pero nadie pone sobre la mesa una alternativa factible que hoy sea mejor para el interés general

Jean-François Revel, el pensador liberal que transitó desde la oposición al nazismo a la denuncia del marxismo soviético, decía que cuando la censura desaparece en las democracias perduran otras cortapisas a la libertad de expresión e información. «Los prejuicios, la parcialidad, los odios entre partidos políticos y las familias intelectuales alteran y adulteran los juicios e incluso las simples comprobaciones», afirmaba en su obra ‘El conocimiento inútil’. Para Revel, eliminada la censura, la mayor mordaza en democracia es el tabú.

España ya no es ese país donde el periodista Manuel Chaves Nogales, por denunciar los totalitarismos de todo signo hace 80 años, decía que «era perfectamente fusilable por ambos bandos». Pero por nuestro secular frentismo de trincheras, sigue existiendo hostilidad a quienes no muestran apego a ninguna bandería. Y aunque ya no padecemos la censura, persisten los tabúes. Uno de ellos es apuntar que la parte más débil en un conflicto, teniendo gran parte de razón, no la tiene por completo, por ejemplo en la polémica por el soterramiento del AVE en Murcia. De hacerlo, como decía Revel, uno debería de inmediato señalar todos los errores garrafales de la parte más fuerte, pero ya lo he hecho tantas veces en este caso que hoy se lo ahorro al lector. La Plataforma Pro Soterramiento, reitero, es el único actor en este tema que siempre ha mantenido la misma posición. Está totalmente en lo cierto cuando afirma que, con el proyecto constructivo pactado con Adif, los trenes entrarán en superficie a El Carmen durante más de un año, y puede que dos o tres, hasta que se soterre la estación, ya que esa parte no comenzará hasta que esté redactado el proyecto a finales de 2016.
La Plataforma exige cumplir lo pactado en el Convenio de 2006, aunque no incide por igual en la globalidad de ese acuerdo, que no incluía plazos de ejecución. De la financiación del proyecto, que ha sido la clave de su incumplimiento junto a la ineficacia de los políticos de Murcia y Madrid, hoy nadie habla, incluidos todos los grupos municipales. El soterramiento estaba presupuestado en 195 millones de euros, de los cuales 84 millones los aportaría la Sociedad Murcia Alta Velocidad con las plusvalías de la operación urbanística asociada. El resto, 110 millones, serían sufragados por Fomento (66%), la Comunidad (26%) y el Ayuntamiento (6%). El coste del nuevo proyecto no se sabrá hasta que esté terminado su estudio, pero se calcula en 450 millones, más del doble de lo previsto. De las plusvalías no se ha obtenido un euro, de forma que todo el dinero saldrá directamente de los presupuestos de las tres administraciones públicas. Eso significa que el coste per cápita para los habitantes de Caravaca, Águilas o San Javier del soterramiento en Murcia será muy superior y en un contexto económico mucho menos favorable que en 2006.
Dicho eso, el soterramiento integral de las vías es tan necesario como urgente. Debía estar hecho hace mucho tiempo. Primero, por los vecinos que tienen su vida partida por los trenes. También por todos los ciudadanos de Murcia, que se merecen infraestructuras ferroviarias dignas y una conexión por AVE como otras decenas de capitales de provincias. Si el coste ahora es superior para el conjunto de ciudadanos, hágase desde luego, pero con maximalismos hoy corre más riesgo el soterramiento que el AVE. Y necesitamos avanzar en ambas cosas. Ya no es posible disponer del soterramiento antes de la llegada del tren. Dejarlo en Beniel, a más de media hora por carretera secundaria del centro, hasta que esté toda la obra o soterrada la estación, ni es realista ni justo para quienes, pagando parte del proyecto, viviendo en Cieza o Lorca, tendrían muy complicado su acceso al AVE y al propio centro de Murcia por vía ferroviaria. El acuerdo entre Comunidad, Ayuntamiento y Fomento no es una panacea ni una garantía absoluta, pero sobre la mesa nadie pone una alternativa factible que hoy sea mejor para el interés general.
Es comprensible la desconfianza de la Plataforma. Hasta 2017 verá soterrado solo el paso de Santiago el Mayor y llegar trenes en superficie un año o dos más. Qué ciudadano de la Región no va a recelar de un Gobierno de Madrid en materia de infraestructuras ferroviarias (Camarillas, ni una sola vía electrificada…). La desconfianza es una virtud cívica, pero tiene sus límites razonables. Lo explica bien el historiador Pierre Rosanvallon en su obra ‘Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza’ (2007). Representante de la nueva izquierda francesa, moderna y liberal, Rosanvallon escruta el positivo papel de las organizaciones sociales que vigilan, analizan, critican e interpelan a los poderes públicos en nuestras democracias. El objetivo de este poder indirecto diseminado por el cuerpo social «es velar por que el poder sea fiel a sus compromisos y eso permita mantener la exigencia inicial de un servicio al bien común». La contrademocracia no sería, por tanto, lo contrario a la democracia, sino su contrafuerte. El problema es que es muy frágil la frontera con su peor peligro, el populismo, que conduce a la «impolítica, donde la preocupación activa y positiva de vigilar la acción de los poderes se transforma en una estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes hasta convertirlos en una suerte de potencia enemiga». Frente a la política, entendida como el arte de lo posible, la impolítica nunca conduce a la construcción de un proyecto positivo ni al bien común. Los movimientos sociales que han dado el salto a las instituciones, para hacer política, deberían reflexionar. También los nuevos partidos que aún andan cortos de sentido institucional.
Finalmente, este viernes, toda la oposición expresó en el Pleno municipal su rechazo al acuerdo con Adif e instó a iniciar la paralización del primer tramo, cuya legalidad está puesta en entredicho por el fiscal y por los servicios jurídicos de la Corporación, en un informe preliminar, por falta de declaración de impacto ambiental. El criterio de Adif difiere y probablemente el asunto terminará en contencioso administrativo. Y así acaba otra semana política murciana. De nuevo con incertidumbre sobre el AVE y el soterramiento.

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