En una organización jerarquizada, cuando se asigna a dedo, los puestos de trabajo más atractivos o los ascensos, la desmoralización de la plantilla se generaliza. Esta suele conducir a una implicación menor en el trabajo y, en el peor de los casos, a la ley del mínimo esfuerzo. También es verdad que para muchos políticos y para algunos jefes, en el ámbito público, la pasividad de sus empleados puede ser ventajosa, ya que como siempre se ha dicho, por ejemplo en la policía: “ El mejor servicio es el que no se hace”.
También dicha arbitrariedad se convierte en un instrumento de control y castigo, en el que cualquier trabajador, que manifiesta su descontento, puede empeorar en su puesto de trabajo o ser desterrado a los infiernos. Ir generando un miedo latente, especialmente entre los funcionarios más ambiciosos y capacitados, que saben como se las gastan sus jefes, los conducirá a callar y a evitar la queja, mantenéndose así el statu quo.
El problema no es solo ético, al haber renunciado a la meritocrática (esa renuncia en la actualidad está bien vista, tanto por las derechas como por las izquierdas, que necesitan tontos útiles).
Puede que esta política de empresa no le interese a nadie pero esta omertá afectará a la calidad del servicio ofrecido a una ciudadanía, ajena a una disfunción, contraria a derecho, de los engranajes de sus administraciones.