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Astronautas del Mar Menor

Durante años se hizo la vista gorda para no perjudicar a la agricultura sin ver, aún hoy, que el deterioro del Mar Menor es la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos

En las vísperas de la presentación de la denuncia de la Fiscalía, el astronauta Pedro Duque divulgaba en las redes sociales una espectacular foto del Mar Menor tomada desde la estación espacial internacional. Frente al intenso azul del Mediterráneo, nuestra laguna lucía verdosa. Muchos usuarios de Twitter interpretaron la hermosa imagen como una prueba inequívoca de su deterioro. Pocos repararon en que la fotografía, como se especificaba, databa de 2011, y en que los ríos o las lagunas no muestran el azul marino de los grandes mares porque su profundidad es mucho menor. (La intensidad del azul depende de cuánta agua haya para absorber la luz solar). Por eso, el Mar Menor nunca se verá tan azul como el Mar Mayor desde el espacio. Lo observaremos con mayor palidez o con un verde más intenso cuanto más proliferen, como sucedió en los últimos años, las algas microscópicas por el vertido de nitratos agrícolas. En 2016 ya pudimos constatar, con imágenes subacuáticas de los naturalistas de Anse, hasta qué punto este proceso de eutrofización había disminuido la visibilidad. Y cómo esa pérdida de luz y oxígeno essquilmaba la flora del fondo, poniendo en riesgo la cadena trófica. Esa catastrófica sopa de nutrientes estuvo acumulándose durante años hasta que se puso biológicamente en ebullición por la subida de temperaturas del calentamiento global. En 2010, un año antes de la foto del astronauta, la Confederación Hidrográfica ya había cuantificado en el Plan de Cuenca del Segura que las conocidas filtraciones subterráneas y los vertidos superficiales, intencionados o como producto de escorrentías, alcanzaban entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos al año. Pero la respuesta del entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, fue negar el rigor de los datos y acusar de alarmismo a quien los lanzaba. «El Mar Menor está mejor que nunca», aseveró. La CHS diagnosticó el problema, pero tampoco puso en marcha ninguna de las medidas correctoras que planificó. Por desidia, por falta de dinero o por no perjudicar a la agricultura. Solo a partir de 2013 la CHS comenzó a abrir expedientes por los pozos ilegales, sin que aún hubiera trascendido públicamente la existencia de cientos de desalobradoras en fincas de particulares o de empresas que lanzaban salmuera con nitratos al Mar Menor. La denuncia de la Fiscalía no está exenta de críticas a las consecuencias medioambientales del proceso de transformación de los cultivos del Campo de Cartagena, pero no abre una causa general, como ocurrió en el sobreseido caso por la contaminación del Segura, fruto de una denuncia genérica de un partido, sino que delimita la posible comisión de delito medioambiental y prevaricación continuada a 13 ex altos cargos y 24 agricultores y empresas. Es a la juez a quien corresponde determinar si esos hechos y actuaciones merecen reproche penal y cuál es la responsabilidad jurídica de cada uno de los señalados. Con todas las garantías para los acusados, debe hacerlo caiga quien caiga. Esa tarea judicial no excluye el debate social sobre la gestión del problema, las consecuencias dramáticas para el Mar Menor y las medidas correctoras para mitigar en la medida de lo posible un desastre consentido, según el fiscal. Y en esa discusión pública hay que incluir también el futuro de la industria agroalimentaria porque a la falta de recursos hídricos se suma ahora un golpe reputacional.

Si la razón de unos y otros para mirar a otro lado era no perjudicar a la competitiva agricultura del Campo de Cartagena no se pudo ser más torpe y miope. El deterioro del Mar Menor es hoy la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos, que tienen en cuenta cada vez más los criterios de sostenibilidad al decidir qué productos adquieren. ¿Cómo van a reaccionar los compradores del Reino Unido cuando sepan que una multinacional con capital británico presuntamente arrojó entre 2012 y 2016 al Mar Menor salmuera con nitratos sin depurar en una cantidad equivalente a 767 piscinas olímpicas? ¿Cuál será el efecto reputacional y económico cuando a lo largo de la investigación judicial salgan a la luz fotografías de desalobradoras ocultas en zulos subterráneos o de cientos de tuberías pinchadas a un salmueroducto inconcluso que vierte a un ecosistema de altísimo valor, teóricamente protegido por múltiples figuras jurídicas? ¿Afectará injustamente este potencial estigma sobrevenido a la mayoría de empresas de la Región, que destacan por sus buenas prácticas agrícolas? Por lo visto, nadie pensó en las consecuencias durante el Gobierno de Valcárcel y en la última etapa de la CHS del Ejecutivo de Zapatero de tanta irresponsable inacción.

La nueva Política Agraria Común se centrará en la sostenibilidad. La UE ya no solo pedirá a la agricultura que respete las leyes que protegen el medio natural, sino que se convierta en un verdadero agente medioambiental. Se puede dedicar el tiempo que se quiera a especular por qué el presidente de la CHS, habiendo sido director general del Agua durante casi todo el mandato de Cerdá, no está señalado en la denuncia. O a debatir de dónde saca el fiscal, sin acreditar la fuente como hace profusamente en el resto de su escrito, que hay más de 20.000 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena. El asunto de fondo es cómo se adaptará nuestra exitosa agricultura a las exigencias medioambientales de una UE que, además, apuesta por controlar la demanda del agua.

Desde todos los puntos de vista, la prioridad regional debe ser recuperar el Mar Menor. Con eficacia, rigor y sin más urgencias que las medioambientales. Sabiendo que el acumulativo deterioro quizá sea irreversible porque el medio natural, aunque goce de sus propios mecanismos de plasticidad y recuperación, no se puede modular a voluntad. Es posible paralizar el daño y tomar medidas correctoras, pero restañar el deterioro infringido quizá lleve décadas y sin garantías de que el paciente en estado crítico recuperará un buen estado de salud. Así ocurre en todos los ecosistemas, especialmente en los más vulnerables, como se sabe desde hace muchas décadas en todo el mundo. Aquí, algunos responsables políticos siguen sin poner los pies en la tierra, acuciados por otras cuitas y pensando en su foto desde su particular atalaya orbital.

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La academia de los ociosos

Nos espera un 2018 repleto de importantes debates sobre el modelo territorial que serán punto de partida para una reforma constitucional. Está por ver si sus protagonistas estarán a la altura de los desafíos que se pretenden superar

Es de esperar que la comisión creada en el Congreso de los Diputados para evaluar a partir de enero la reforma del modelo territorial no se convierta en la napolitana Academia de los Ociosos en la que ingresó Francisco de Quevedo. Aunque agrupados bajo un engañoso nombre (su lema era ‘no quedarse en la apatía’ y sus integrantes no eran perezosos desocupados sino poetas y literatos que apostaban por cultivar el espíritu), Quevedo y sus contertulios derivaban con facilidad en bizantinas discusiones sobre qué tipo de canciones cantaron las sirenas para atraer a Ulises o con qué pie tocó tierra Eneas cuando desembarcó en Italia. Ahora son malos tiempos para la lírica y lo deseable es que la apertura del melón del estado autonómico, de cara a una eventual reforma de la Constitución, no sirva a la postre para que cada partido saque su particular tajada de un debate necesario, siempre que conduzca a una mejora estructural del sistema autonómico y a los cambios precisos para dar respuesta a los problemas de un país que empieza a parecerse poco al de 1978. Los dos grandes partidos ya han avanzado la lista de comparecientes que desfilarán por el Congreso durante los próximos seis meses, sin que por el momento sepamos muy bien a qué va a conducir todo un proceso que no debería utilizarse para satisfacer o apaciguar a los separatistas. Las dificultades para llegar a un consenso son elevadas porque de partida las posiciones son muy distantes. Por un lado, frente a la impasibilidad del PP de Rajoy nos encontramos la alternativa federalista del PSOE de Sánchez, que no se termina ni de concretar ni de entenderse. Y luego en los extremos aparecen Podemos, que apuesta por tirar la casa en lugar de reformarla, y los nacionalistas, renuentes a cualquier acuerdo por su falta de interés político en un proyecto común. Pero las dificultades de inicio no deberían poner freno a una revisión ineludible, habida cuenta de la grave crisis institucional que ha vivido España en los últimos siete años. Mucho más complicado era el entorno político y social de los años previos a la redacción y aprobación de la Constitución. Pero lo que entonces parecía imposible se hizo realidad por la talla política de los actores implicados, la existencia de una verdadera voluntad de cambio democrático y, desde luego, la participación activa de una ciudadanía que se sentía protagonista de la transición a la democracia. Ninguna de esas tres premisas previas se dan ahora. Da igual, la situación obliga.

Más allá de la sempiterna necesidad de dar contenido y competencias territoriales al Senado, habría que buscar soluciones de fondo para algunos males que han lastrado la competitividad política, económica y social del país. Algunas de esas taras, como la fractura del sistema educativo en 17 diferentes, han contribuido al debilitamiento de España como proyecto, aunque ya tienen difícil remedio dado que no cabe, ni sería deseable, una involución de competencias autonómicas. Existen mecanismos de coordinación real para lograr la cohesión y la equidad o de garantías para aplicar políticas de Estado, por ejemplo en materia de agua. Durante años, los técnicos de las comunidades autónomas han aportado soluciones a retos comunes en el seno de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, soluciones que a la hora de la verdad han sido orilladas por los dirigentes políticos de distinto signo en beneficio de posiciones partidistas o territoriales. Me temo pues que no es tanto la falta de nuevas herramientas, sino de voluntad política, lo que impedirá avances sustanciales en las posibles reformas territorial y constitucional.

De ahí que sería bueno que antes, o al menos paralelamente, hubiera un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya entrada en vigor está pendiente desde hace tres años. Parece que espoleado por las críticas de los barones de su partido y del PSOE por la aprobación del cupo vasco, Rajoy ha dado órdenes a Montoro para que entre en materia, a lo que ha respondido el ministro con una convocatoria para el próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, de los técnicos autonómicos. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno en Cataluña. Teóricamente, el panorama se habrá despejado. O quizá no, en función del nuevo signo político de la Generalitat.

Lo cierto es que la Región de Murcia se juega mucho en ese envite y no le conviene en absoluto que la nueva financiación se posponga sine die. El comité de sabios dirigido por Ángel de la Fuente, el IVIE, Fedea… apuntan con claridad que somos, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio autonómico más perjudicado por el actual modelo. Hace solo unos días, el mapa de la financiación autonómica elaborado por la Universidad de Barcelona ha vuelto a confirmar lo ya sabido: los mecanismos de compensación financiera introducidos en el modelo vigente penalizan a la Región. La necesidad de revertir esa situación es más acuciante porque, además, el Gobierno de López Miras ha tomado la decisión política de eliminar a partir del 1 de enero el impuesto de sucesiones y donaciones, de acuerdo con Ciudadanos y asumiendo una reclamación de los empresarios de Croem y otras organizaciones sociales. Por el momento, el Ejecutivo murciano lo apuesta todo a la dinamización de la economía y el consumo, hasta el punto de que prevé un incremento de 174 millones en sus ingresos por la vía de los impuestos estatales. Una mejora en las arcas regionales que no deja de ser relevante, pero que en definitiva sigue dejando un margen muy estrecho para inversiones productivas de calado porque un altísimo porcentaje de las cuentas públicas es absorbido por el mantenimiento de la educación, la sanidad y otros servicios básicos esenciales. Nos espera un 2018 repleto de importantes debates territoriales. Lo que está por ver es si sus protagonistas van a estar a la altura de los desafíos que se pretenden superar.

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Golpe a la democracia

No hay suficientes palabras para describir el bochorno vivido en el Parlamento catalán, pero la vicepresidenta Sáenz de Santamaría estuvo atinada al tildarlo de «patada a la democracia». La ley del referéndum sobre la independencia de Cataluña no solo viola la legalidad establecida en la Constitución. También la propia legalidad catalana, dado que el Estatut requiere para su cambio una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados. La prueba evidente de la ilegalidad fue el rechazo del letrado mayor de la Cámara a tramitar la norma. Ayer, sin embargo, con la presidenta Forcadell a la cabeza, los independentistas decidieron saltarse a la torera hasta los propios trámites y garantías parlamentarias para fraguar este insensato órdago de quienes están dispuestos a dejar de pertenecer a la UE, con tal de intentar culminar su delirante aventura separatista.

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