El archivo de la causa por cohecho que pendía sobre el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, es una grata noticia. Especialmente para él y su familia, como es lógico, pero también debería serlo para el conjunto de la sociedad, al verse despejada una sombra de sospecha sobre un político de peso en la Región. La Justicia ha resuelto por fin el caso y, además, en términos exculpatorios. No hubo delito. Escribí hace pocas semanas que creía en su honradez, pero, como no puede ser de otra forma, depositaba toda mi confianza en la labor de la Justicia, en la profesionalidad e imparcialidad de jueces y fiscales, objeto estos últimos de presiones inadmisibles por algunos de sus compañeros de partido. El futuro inmediato de Sánchez no está del todo despejado porque existe una querella de la Fiscalía que aún está pendiente de ser admitida, o no, por el TSJ. La resolución de ese primer caso, o lo que pueda venir ahora, no altera mi convicción de que ningún político imputado, como opinan el 98% de los murcianos en las encuestas publicadas por ‘La Verdad’, debe ser designado para cargo público o ir en las listas electorales. La responsabilidad jurídica, donde rige el derecho individual a la presunción de inocencia, no debe confundirse con la responsabilidad política, en virtud de la cual no es aceptable presentar a un candidato que, como presidente regional y por tanto representante público de todos los ciudadanos, pudiera verse obligado a declarar ante un juez porque ve indicios racionales de la posible comisión de un delito. El prestigio de las instituciones y la confianza en la limpieza de nuestra democracia, tan urgente hoy para el interés general, debe prevalecer sobre la situación particular de cualquier persona. Una cuestión diferente es en qué momento un cargo público debe abandonar su puesto si es imputado. Sobre este punto existen discrepancias. Pensamos que debe ser, como norma general y si el presunto delito no es flagrante, con la apertura de juicio oral. La mejor prueba es lo que acaba de ocurrir con Pedro Antonio Sánchez y antes con otros dirigentes, como José Blanco o Enrique Ujaldón. Así opinan, sobre el papel, tanto el PP como el PSOE, aunque luego usan la doble vara de medir y recurren a la vía judicial para neutralizar o desgastar al adversario. Lo que unos hacen en Madrid, los otros lo aplican aquí. El problema de fondo es que en el PP regional existió mucho liderazgo político, pero escaso liderazgo ético, acumulándose en veinte años imputaciones por doquier hasta niveles insoportables, con unas cuantas condenas y algunos cargos implicados en hasta tres causas. Y luego hay casos singulares, porque afectan al delegado del Gobierno, responsable político de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o un alcalde, como el de Murcia, que debía haber meditado hace tiempo su renuncia. Y no porque estuviera imputado, sino por incumplir con su obligación de asistir y presidir su Junta de Gobierno durante dos meses y medio. Una nítida y objetiva causa de despido en otros ámbitos.